La Diputación de Valladolid solicitará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la transferencia de la titularidad de las parcelas a los ayuntamientos que los tienen cedidos en precario por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, según se ha aprobado por unanimidad durante la celebración de la sesión plenaria correspondiente al mes de abril.
La proposición, presentada por la diputada 'popular' Consuelo Sánchez está motivada por el "claro perjuicio" a los municipios que poseen estas demarcaciones (las rentas derivadas del patrimonio son un recurso "esencial" con el que cuentan los municipios).
A este respecto, el diputado de IU, Salvador Arpa, ha señalado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "se está ganando a pulso convertirse en una persona non grata".
"Hay que registrar esos terrenos que quedaron en el limbo y, si hay que hacerlo, que sea en beneficio de los ayuntamientos", ha agregado Arpa, antes de que, desde la bancada del PSOE, Cirilo Moro, haya cuestionado la situación de dichos terrenos bajo la gestión de "otras administraciones".
Por otro lado, la Institución ha respaldado unánimemente la propuesta socialista que solicita la construcción de un centro de educación especial en Valladolid. Presentada por Marta Olmedo, la medida contempla exigir a la Junta crédito suficiente en los Presupuestos de 2015 y agilidad en los trámites administrativos.
Además, pide al Gobierno autonómico que con la puesta en marcha del nuevo centro, éste preste el servicio de residencia al alumnado del Centro de Integración Juvenil de la Diputación.
PASIVIDAD DE LA JUNTA
En este sentido, Olmedo ha lamentado que la Junta haya mostrado "desinterés" al no establecer esta inversión como "prioritaria" y que, al continuar sin ejecutar el compromiso de construcción de este espacio, la Diputación se vea "obligada" a asumir una competencia distinta a las propias que supondrá un gasto de 538.620 euros para el año 2014.
Para Arpa, el hecho de que la Región asuma sus competencias es una reclamación que se realiza "insistentemente" y considera que la "mejor forma de hacerlo es que cumpla con lo acordado".
En la actualidad, los padres con niños con discapacidad cuentan con el CEIP María de Molina, un espacio que ni reúne "las condiciones adecuadas", según Olmedo, ni cuenta con las características "necesarias", según el diputado de IU.
En este sentido, el diputado de Cultura e Igualdad, Artemio Domínguez, ha puntualizado que el proyecto esta realizado, "sólo falta la partida económica", y ha indicado a Olmedo que, como recoge el texto, lo importante es que los niños reciban esta atención.
Además, en la sesión plenaria Emiliana Centeno (PSOE) ha logrado la unanimidad de los grupos para que la Diputación solicite al Gobierno nacional que reconsidere la aplicación del tipo general del IVA del 21 por ciento a los servicios de peluquería y volver a aplicar el tipo reducido del 10 por ciento.
Centeno ha informado de que en Valladolid en 2011 existían 800 salones en los que se daba trabajo a 1.500 y que, dos años después, se ha registrado una caída del 28 por ciento, tras el cierre de 160 y el despido de 270 empleados.
"Hay más sectores que revisar", ha señalado Arpa antes de que el diputado de Economía y Turismo, Víctor Alonso, señalara que "echaba en falta" un análisis entre 2008 y 2011, cuando el paro pasó de 8,3 a 21,5 por ciento "por ver los datos de los salones".
Asimismo, ha puntualizado que hay que tener en cuenta que las administraciones pueden controlar el gasto "si hay ingresos suficientes", en relación al aumento de 13 puntos del IVA, a lo que Arpa ha contestado que es "consciente" de que la prestación de servicios es a través de los impuestos.
SERVICIOS MUNICIPALES
Por otro lado, la Diputación ha aprobado por unanimidad el mantenimiento de la totalidad de los programas y servicios municipales derivados de las competencias delegables o distintas a las propias, de forma que se garantice la oferta de servicios a los ciudadanos de la provincia y solicitar a la Junta y al Gobierno financiación "suficiente y adecuada" para ello.
Esta propuesta ha sido presentada por el portavoz del Grupo Provincial del PSOE, Juan José Zancada, no si debate y con varios matices. Así, Alfonso Centeno (PP) ha señalado que obtendría el respaldo 'popular' si incluía un apartado en el que se contemple la solicitud de los informes necesarios conformes a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como así fue finalmente.
Además, en lugar de exigir una financiación necesaria a la Junta de Castilla y León y al Estado, la proposición ha contemplado solicitar a la Junta una financiación "local adecuada y suficiente" en la que se estudiarían, en su caso, los convenios vigentes en los términos establecidos en la Disposición adicional de dicha Ley.
En este sentido, Zancada ha aseverado que la Reforma Local "sólo" ha servido para crear confusión y que "tanto caos" sirve para que "siga pagando los mismos"; la Diputación, "que destinará 26 millones en competencias no propias" y los ayuntamientos rurales, "cuyos alcaldes tienen que buscarse la vida para continuar dando los servicios".
"Hay sensación de criminalización del mundo local: los ayuntamientos eran los responsables de todos los males y esto es una falacia porque han tenido superávit", ha lamentado Zancada.
Por el contrario, la sesión plenaria ha rechaza dos propuestas, presentadas por IU, para mejorar la reactividad de la denominada Comunidad Urbana de Valladolid (CUVA) y para la mejora de las condiciones de trabajo del servicio de prevención y extinción de incendios forestales.
En la primera, Arpa ha defendido la necesidad de impulsar la actividad de la CUVA, cuyos resultados han sido "escasos" desde su creación, en 2012, por lo que sería necesario un programa "amplio" de trabajo y que la Junta lo integre en el Plan de Ordenación Territorial.
Sin embargo, ha sido rechazada con la abstención del PSOE, cuyo diputado Félix Velasco considera que se requieren acuerdos entre ayuntamientos y permisos de las administraciones, y el voto en contra del PP, al entenderse que "no era el foro" para debatirla y se estarían "usurpando sus competencias", según el alcalde de Laguna de Duero y diputado 'popular', Luis Minguela.
TRABAJADORES FORESTALES
Asimismo, Arpa ha obtenido 16 votos en contra en la propuesta que instaba a la Junta a que regule la condiciones laborales de los trabajadores del servicio de prevención y extinción de incendios Forestales.
A pesar del apoyo de la socialista María Jesús Lobo, que ha incidido en la necesidad de dotar de estabilidad laboral la sector, Agapito Hernández (PP) ha señalado que no está de acuerdo con los términos en los que se plantea, pues "se exige a la Junta cómo tiene que organizarse".
En el turno de ruegos y preguntas, Zancada ha pedido al presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, que "vuelva" a hacer un esfuerzo por defender los juzgados de Paz y los partidos judiciales de Medina de Rioseco y del Campo, a lo que Carnero ha solicitado a los tres grupos que presenten una proposición conjunta en la sesión de mayo.
Por último, la socialista María Blanco ha interpelado al Equipo de Gobierno por el funcionamiento del Servicio de Recogida de residuos de construcción y demolición, transcurridos dos años desde su puesta en marcha.
Desde la bancada popular, Máximo Gómez, ha respondido que la valoración es "positiva", con más de dos millones de kilos recogidos, 70.000 vecinos atendidos y más de 110 contenedores repartidos por la provincia.
Blanco ha matizado que cuando todo parte de cero "siempre es positivo" y que "aún" quedan escombreras, por lo que sería necesario poner servicios complementarios para evitarlos y se requieren labores de sensibilización.
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