viernes, 28 de noviembre de 2014

El Vicepresidente de la Junta de Andalucía ve a los municipios de menos de 20.000 habitantes como "los auténticos sufridores" de la reforma local


El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado este jueves que los municipios menores de 20.000 habitantes serán los "auténticos sufridores" de la reforma local del Gobierno central porque "perderán su autonomía financiera", que queda sujeta a decisiones tomadas en los respectivos ámbitos provinciales y al informe preceptivo del órgano de tutela financiera.


Así se ha pronunciado Valderas en el Pleno del Parlamento, donde ha explicado las consecuencias para los ayuntamientos andaluces de la aplicación de la nueva normativa estatal sobre criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.


El número dos del Gobierno andaluz ha reiterado que esta nueva normativa (artículo 116 de la Ley de Reforma Local) es una "agresión clara" contra la administración local y los municipios más pequeños, basada en una filosofía "economicista" y no en la calidad u oportunidad de la prestación.


Según el citado artículo se implanta como medida de sostenibilidad la obligación de determinar el coste efectivo de los servicios que se prestan por todas las Entidades Locales, teniendo que remitir éstas al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, con anterioridad al uno de noviembre de cada año natural, información sobre el importe total del coste de los servicios de prestación obligatoria y de competencias propias de los municipios.


Asimismo, a partir de esta nueva Ley las diputaciones son las competentes para efectuar el seguimiento de dichos costes en los municipios de la provincia, convirtiéndose así en instrumentos de vigilancia del Ministerio de Hacienda en la prestación de los servicios municipales, especialmente en lo que respecta a las cuantías económicas de sus costes.


A través de esta fórmula, los municipios en general y muy especialmente en los menores de 20.000 habitantes, podrá el ente provincial proponer al Gabinete estatal la forma de prestación de estos servicios con la finalidad de reducir los costes efectivos, dejando que sea el Ministerio quien decida el modo de prestarlo, con el informe preceptivo del órgano de tutela financiera.


"Se trata, señorías, de una injerencia en la capacidad de autoorganización y Gobierno sin precedentes", ha enfatizado el vicepresidente, quien también ha resaltado que con esta ley el "coste efectivo" anula la capacidad de gestión que la propia Ley de Autonomía Local concede al los municipios de Andalucía.


Finalmente, Valderas ha subrayado que los referidos costes efectivos van a ser "medidos, estudiados y racionalizados" bajo unos parámetros que, posiblemente, no considerarán tanto la calidad u oportunidad de la prestación "como su filosofía economicista o de solvencia económica".


Fuente: Europa Press







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PP, PAR, CHA e IU rechazan en las Cortes de Aragón el texto alternativo del PSOE sobre las competencias de la Administración local


PP, PAR, CHA e IU han sumado 44 votos en contra a la enmienda a la totalidad, con texto alternativo, presentada por el PSOE a la Proposición de Ley de distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales aragonesas. La iniciativa socialista solo ha recibido los 21 apoyos de su grupo en el pleno de las Cortes de Aragón.


El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha defendido el texto de su formación parar "abrir el debate" de forma "valiente" y "dar respuesta a los ciudadanos" que piden "simplificar, aligerar" las estructuras administrativas públicas, "evitar gastos superfluos" y "más democracia, participación y control" y "el lugar de esto es el municipio".


Por eso, proponían en su texto alternativo que solo tuvieran competencias propias la Comunidad autónoma y los ayuntamientos, "no existiendo niveles intermedios", ha apuntado el portavoz socialista.


Sada ha reconocido que ante la dispersión y el elevado número de municipios pequeños en Aragón es precisa "una intermunicipalidad", pero ha opinado que las comarcas requieren una "reforma profunda" y una "despolitización, centrando su actividad en la prestación de servicios".


Por su parte, ha dicho, las diputaciones provinciales "debe tener como función exclusiva el apoyo y asistencia a los municipios y que la distribución de fondos no sea dependientes de criterios discrecionales".


La diputada del PP, María del Mar Vaquero, ha sostenido que esta propuesta "llega tarde" después de que el PSOE "no haya hecho ni una sola aportación en todos los intentos de consenso" que ha habido esta legislatura en las Cortes sobre esta cuestión y ahora tampoco ha presentado enmiendas parciales a la Proposición de Ley de distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales presentada por PP y PAR.


A juicio de Vaquero, el PSOE "reniega de su pasado, repudia la posibilidad de consenso y se niega la posibilidad de futuro" porque "no plantea ninguna solución a la prestación de servicios y se queda solo, huyendo de la reordenación competencial", para subrayar que PP y PAR, en su propuesta "colocan al municipio en el centro".


Renuncia al autogobierno


La diputada del PAR, María Herrero, ha lamentado que el PSOE con su texto alternativo realice una "renuncia total y absoluta a nuestro autogobierno" y plantee una "recentralización dentro de Aragón, al alejar la toma de decisiones de los ciudadanos", además de "menosprecia la disposición adicional" de la ley estatal de racionalización y sostenibilidad de la Administración local "que nos faculta a reordenarnos".


También ha advertido de que con ella "quieren matar" a las comarcas, apostando por otros modelos, y creando "inseguridad jurídica", para solicitar al PSOE una "actitud constructiva y colaborativa" ante el texto de PP y PAR "en beneficio de los aragoneses, no de ninguna entidad en concreto".


La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha recalcado que el texto propuesto por el PSOE "ni por asomo refleja nuestro modelo" y desarrolla uno que "no es adecuado para Aragón", algo que refleja que "no conocen la realidad demográfica y geográfica" de la Comunidad ya que "solo desde el municipalismo no responderemos" a las necesidades del territorio, además de ser "ambiguo" respecto a comarcas y diputaciones provinciales.


La parlamentaria ha defendido "el municipalismo, una ley de Capitalidad para Zaragoza, constituir el área metropolitana y la administración comarcal para cubrir los servicios que gran parte de los ayuntamientos, por su tamaño, no pueden ofrecer", aunque ha reconocido que hay que "revisar" estructura y funcionamiento de las comarcas y que sus consejeros "sean elegidos por sufragio universal".


El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha compartido con el PSOE "su apuesta por el municipalismo", pero ha reivindicado la supresión de las diputaciones provinciales, y mientras eso no sea posible, su "vaciado de competencias", que deben ostentar ayuntamientos y comarcas, defendiendo a estas últimas en una Comunidad con el 80 por ciento de sus 731 municipios con menos de 500 habitantes.


No obstante, ha sostenido que "debe haber una participación más activa de las sociedad civil" en la comarca, a través de órganos consultivos, "democratizarse más" y "combatir el clientelismo", así como "recuperar el poder adquisitivo perdido estos 12 últimos años", para apuntar la posibilidad de futuro de "reducir su número en aras de la sostenibilidad, eficiencia y racionalización del gasto".


Fuente: Europa Press







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jueves, 27 de noviembre de 2014

El presidente de la Diputación de Jaén lamenta las consecuencias de la reforma local en la prestación de los servicios ambientales


El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha participado este martes por la tarde como ponente del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama), que se desarrolla desde este lunes y hasta el jueves en Madrid, donde ha detallado de qué forma afecta, a su juicio, la reforma de la administración local aprobada por el Gobierno central a la ciudadanía y qué consecuencias medioambientales tiene.


Así, Reyes ha expuesto en su intervención "las complejidades que está suponiendo la aplicación de este nuevo marco de competencias para ayuntamientos y diputaciones", y ha remachado que "se está cumpliendo todo lo que en su día vaticinamos; en especial, el desmantelamiento y el deterioro de los servicios que prestan los ayuntamientos, y una pérdida importante del empleo público local". En esa línea, ha indicado que "hasta diciembre del año pasado primaba la concepción de que estos eran servicios públicos universales", y, "en concreto, en el ámbito medioambiental, se trata de una obligación colectiva que deriva del artículo 45 de la Constitución, que habla de que todos tenemos derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y, por lo tanto, las administraciones tenemos una obligación de proveer todos los servicios públicos para que se atienda ese objetivo". Ahora, con la nueva ley en la mano, "esa obligación se topa de lleno con el problema de la financiación de los propios ayuntamientos, aún más en un momento de crisis y déficit en las arcas municipales como el actual", según ha apostillado Reyes, para quien "así, con competencias asignadas, pero con muchas dificultades de financiación, la puerta se abre a que esos servicios, incluidos los que tienen que ver con la protección del medio ambiente, puedan pasar a ser prestados por el sector privado". "Nuestra apuesta es clara", ha incidido Reyes, quien ha asegurado que "utilizamos literalmente el texto de la Constitución: el medio ambiente es un bien colectivo y los poderes públicos tienen la obligación de protegerlo", al respecto de lo cual ha puntualizado que "lo que no concebimos es dejar la gestión de los servicios a los ciudadanos en manos de quien no haga una lectura literal de ese artículo constitucional, en manos de quienes legítimamente y como empresas privadas puedan tener otras prioridades". Según ha informado la Diputación, el Congreso Nacional de Medio Ambiente albergará más de un centenar de actividades y en él participan más de medio millar de entidades para abordar aspectos relacionados con el medio ambiente hasta en nueve áreas temáticas diferentes. Reyes ha intervenido en el denominado Foro de Diputaciones, donde se ha debatido sobre las consecuencias ambientales de la reforma de la Administración Local, mientras que, también dentro de este congreso, la diputada provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias Velasco, ha participado en una mesa técnica en la que ha dado cuenta de la iniciativa 'Degusta Jaén' que impulsa la Corporación provincial. El Congreso Nacional de Medio Ambiente, que se celebra cada dos años, está considerado como "uno de los eventos periódicos en temática medioambiental más importantes de España", y en su última edición, celebrada en 2012, participaron más de 7.000 personas, según cifras de la organización citadas por la Diputación.


Fuente: Europa Press







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miércoles, 26 de noviembre de 2014

Videos de lecciones de función pública

Gracias a Fini Torralba por ponerme en la pista sobre estos videos. Marco constitucional de la Función Pública http://ift.tt/1FqWYsr Clases de empleados públicos http://ift.tt/1FqWVNj Organización de la función pública http://ift.tt/15ywqZy Ingreso en la función pública http://ift.tt/15ywpos La carrera administrativa de los funcionarios http://ift.tt/1FqWW3B Provisión de puestos de trabajo (I): Cuestiones generales. El concurso http://ift.tt/15ywrg6 Provisión […]



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Las Confederaciones Hidrográficas no son competentes para la limpieza de los cauces de los ríos a su paso por zonas urbanas

Desestima el TS el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Salamanca frente a la Resolución que afirmó que la Confederación Hidrográfica de Duero no era competente para la limpieza del cauce de río Duero a su paso por el término municipal de Salamanca.



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Relaciones de puestos de trabajo (blog contencioso)

Las Relaciones de Puestos de Trabajo han sido la estrella de la política de recursos humanos de las Administraciones Públicas españolas en las tres últimas décadas. Nunca una herramienta técnica afectó a tantas personas en su vida profesional (puestos, requisitos, retribuciones, movilidad, etc). Sin embargo, las RPT eran un instituto escurridizo al Derecho por su […]



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Montoro recalca que el FLA social permitirá a los ayuntamientos cobrar lo que les adeuden las autonomías


El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recalcado que el FLA social que su departamento piensa aprobar antes de final de año permitirá a los ayuntamientos cobrar lo que les adeudan los gobiernos regionales por prestar servicios que son competencia autonómica. En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro ha respondido a una pregunta de Entesa pel Progrés de Catalunya sobre la aplicación de la reforma local, aprobada el año pasado.


La senadora María Jesús Sequera ha censurado la nueva regulación prevista en esa ley, que obliga a las autonomías a prestar los servicios de su competencia en educación, sanidad y servicios sociales o a pagar por ello a los ayuntamientos que los presten por delegación. A su juicio, el resultado será que habrá menos servicios públicos y de menor calidad. "Compartirá conmigo que la situación financiera de las comunidades impedirá que se presenten igualando cantidad y calidad", ha dicho. También ha descalificado el trato de Hacienda a los ayuntamientos, "de fiscalización permanente" y "de amenazas".


Montoro ha asegurado que los servicios que presenten los ayuntamientos por delegación de las autonomías deberán estar pagados por estas y que para asegurar ese pago, se está preparando el llamado FLA social, que complementará el Fondo de Liquidez Autonómico ya en marcha. "Será el Estado el que supla a las comunidades para garantizar la financiación de esos ayuntamientos. Estoy seguro de que recibe con entusiasmo esta acción que ya anuncié en Cataluña", ha añadido. Montoro ha defendido la aplicación de la reforma local, cuyos "pilares" son la estabilidad presupuestaria y el reparto de competencias entre administraciones para "evitar duplicidades".


Fuente: Europa Press







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El PP se opone a regular el destino del superávit de los ayuntamientos alegando que el Gobierno ya puso obligaciones


El PP se ha opuesto este martes en el Pleno del Congreso a tramitar una proposición de ley con el objetivo de definir a qué programas pueden destinar los ayuntamientos españoles su superávit alegando que se trata de una "mala copia" de una iniciativa ya aprobada por el Gobierno y que está en vigor.


El Pleno de la Cámara Baja ha debatido la tramitación de la proposición presentada por el PSOE para autorizar a las corporaciones municipales a emplear su superávit presupuestario en la "reactivación de la economía, la creación de empleo, la promoción del bienestar social o la atención a los más necesitados".


El PP, que se ha quedado solo en el rechazo de esta iniciativa, ha defendido que el Gobierno ya reguló la materia el pasado mes de febrero aprovechando un decreto ley sobre los daños causados por un temporal. Un asunto que, sin embargo, para el PSOE está "mal resuelto" porque asegura que sólo sirve para este año y "excepcionalmente" para 2015.


PP: PROMUEVEN DESPILFARRO Y DESCONTROL


"Han traído a la Cámara una mala copia de una propuesta ya en vigor", ha reprochado a los socialistas el diputado del PP Rafael Merino, quien ha advertido de que la iniciativa "rebasa el marco legal" y se dirige "hacia el despilfarro y el descontrol".


En este punto, ha defendido las medidas de ajuste y estabilidad presupuestaria puestas en marcha por el Gobierno y las ha contrapuesto a los planes de inversión local, los denominados plan E, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Frente a la política de dilapidar el dinero, nosotros practicamos la de facilitar la liquidez a las entidades locales y conseguir que lleguen a los objetivos establecidos", ha presumido.


Merino considera un "ejemplo a seguir" la reducción del déficit presupuestario lograda por las administraciones locales y ha preguntado al PSOE "por qué se empeña en poner palos a las ruedas". "¿Por qué están en contra del municipalismo?", ha preguntado exigiendo a los socialistas que "abandonen la demagogia, no se dejen arrastrar por los populismos y vuelvan al camino de la sensatez".


DESMANTELAMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL


Frente a esto, el encargado de presentar la proposición, el diputado del PSOE Joan Rangel, ha criticado el "desmantelamiento del gobierno local" que está sufriendo España para convertir a los municipios en "una simple administración tutelada y dirigida de forma centralizada" por el Gobierno.


Por ello, ha defendido la necesidad de dotar a las entidades locales de un marco estable de carácter normativo que les permita planificar o abordar inversiones importantes. "Necesitamos un marco estable si de verdad queremos inversiones sensatas, la posibilidad de sostenibilidad y que no sean cosas improvisadas", ha advertido.


Para ello, los socialistas planteaban añadir una disposición a la Ley de Haciendas Locales con un listado "lo suficientemente comprensivo" de áreas donde invertir ese excedente presupuestario como para que los ayuntamientos tengan "margen de maniobra" y "diferentes opciones" de inversión.


En concreto, se proponía que los fondos pudiesen ir a vivienda, pensiones, servicios sociales, dependencia, fomento del empleo, salud, educación, cultura, fiestas populares y festejos, industria, deportes, desarrollo empresarial o carreteras, además de otras áreas como aguas, residuos, alumbrado público, medioambiente, estructuras agropecuarias, energía, comercio, promoción turística, transportes, recursos hidráulicos, investigación científica o sociedad de la información.


APOYO CON MATICES DE TODA LA OPOSICIÓN


Este listado de servicios es el que ha cosechado algunas críticas del resto de grupos de la oposición, pese a que todos han apoyado la tramitación de la proposición por considerar necesario dar autonomía a los municipios para decidir a qué destinan sus remanentes de tesorería.


Por parte de CiU, Carles Pàramo ha advertido de la necesidad de concretar y "dar coherencia" al contenido de la iniciativa por su actitud "generalizadora" de los programas de inversión, pero ha reconocido la necesidad de clarificar sus inversiones ante la "injusta condena" que sufrieron las administraciones locales, acusándolas de mala gestión.


A su juicio, los cuestionamientos al buen gobierno de los municipios formaban parte de una "campaña" para "justificar las políticas de recentralización" y ha destacado la capacidad de los ayuntamientos para generar riqueza y crear empleo.


La proposición de ley también ha sumado el apoyo de La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuya diputada Ascensión de las Heras ha arremetido contra los "recortes" que han tenido que sufrir las administraciones locales durante la presente legislatura y ha censurado que los ayuntamientos no puedan invertir en cuestiones como servicios sociales, escuelas infantiles o la atención a víctimas de violencia de género pese a "disponer dinero para ello".


Pese a ello, ha señalado que tampoco comparte el listado ofrecido por el PSOE porque no tiene en cuenta cómo han conseguido las entidades locales llegar a superávit, si lo han hecho recortando servicios públicos, y tampoco aclara qué sucedería con el gasto asociado a esas inversiones. "Lo uno no puede ser sin lo otro a no ser que se dé por supuesto una gestión privada. Y para eso con nosotros no cuenten", ha advertido.


UPyD ACUSA DE BUSCAR BENEFICIOS ELECTORALES


El diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Álvaro Anchuelo ha compartido que "no tiene sentido" generalizar las restricciones a los ayuntamientos en equilibrio presupuestario y deberían limitarse a aquellos en mala situación financiera. Sin embargo, tampoco comparte la lista ofrecida por los socialistas sobre inversiones financieramente sostenibles, como los festejos populares.


"Su iniciativa tiene mucho que ver con que 2015 es año electoral", ha reprochado al PSOE anunciando sin embargo su apoyo a la tramitación de la iniciativa como una "buena ocasión de reabrir el debate de la reforma local" y volver a defender las propuestas de UPyD en materia local, como la fusión de municipios o la eliminación de las diputaciones provinciales.


ABANDONAR EL "ESPÍRITU POLICIAL"


Por parte del PNV, Pedor Azpiazu ha explicado que los municipios del País Vasco no están afectados por esta medida debido al régimen foral, pero ha apoyado la iniciativa porque cree que los gobiernos locales deben tener la "libertad" para invertir sus remanentes. "Dejémosles actuar y dejemos de lado ese espíritu policial que a veces desde las leyes se puede tener", ha pedido.


La diputada del BNG Olaia Fernández ha anunciado que su partido comparte la propuesta para "activar la economía y la creación de empleo" y ha defendido que los municipios deben tener autonomía para llevar a cabo inversiones "que tengan una orientación de dinamizar la economía local". También ha criticado la reforma local "como límite de competencias" y capacidad de actuación de las entidades locales.


Por último, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha recordado que los ayuntamientos son la administración mejor valorada y con menor déficit y la ley, "en vez de premiarles", los "castiga" prohibiéndoles decidir dónde destina sus remanentes de tesorería, en función de las necesidad que detectan "en el día a día". "Todo lo que sea acercar las instituciones a los ciudadanos contará con nuestro voto a favor", ha garantizado.


Fuente: Europa Press







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martes, 25 de noviembre de 2014

El INAP Premio COSITAL 2014


El Consejo General concedió el pasado 21 de noviembre en el marco de su Congreso el Premio COSITAL 2014 al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) por ser una institución líder de las Administraciones Públicas españolas y referente internacional en la generación y difusión de conocimiento y aprendizaje transformadores de la Administración y por ende transformadores de la sociedad, como promotor de una buena administración orientada al bien común, por su labor en la mejora de la cualificación profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local y en particular por seguir manteniendo la singularidad tan necesaria e imprescindible de la formación en Administración Local desde las instituciones del Estado.







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El Congreso debate hoy a qué objetivos deben los ayuntamientos destinar su superávit presupuestario


El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición de ley presentada por el PSOE para definir qué se considera una 'inversión financieramente sostenible', es decir, a qué objetivos pueden destinar los ayuntamientos españoles su superávit.


En la iniciativa, que recoge Europa Press, el principal partido de la oposición aboga por autorizar a las corporaciones municipales a emplear su superávit presupuestario en la "reactivación de la economía, la creación de empleo, la promoción del bienestar social o la atención a los más necesitados".


"Es una medida que premia a las administraciones eficientemente gestionadas y que coloca a cada ayuntamiento beneficiario como ejemplo de política a seguir. Así, se quiere apostar de forma decidida por el protagonismo de las entidades locales en la detección de las fórmulas más idóneas para la dinamización de la economía y para la solución de los problemas acuciantes de sus vecinos", añade.


DAR MARGEN DE MANIOBRA.


Para ello, los socialistas plantean añadir una disposición a la Ley de Haciendas Locales con un listado "lo suficientemente comprensivo" de áreas donde invertir ese excedente presupuestario como para que los ayuntamientos tengan "margen de maniobra" y "diferentes opciones" de inversión.


En concreto, se propone que los fondos puedan ir a vivienda, pensiones, servicios sociales, dependencia, fomento del empleo, salud, educación, cultura, fiestas populares y festejos, industria, deportes, desarrollo empresarial o carreteras, además de otras áreas como aguas, residuos, alumbrado público, medioambiente, estructuras agropecuarias, energía, comercio, promoción turística, transportes, recursos hidráulicos, investigación científica o sociedad de la información, que ya había planteado el PP.


Y es que la Ley de Deuda Comercial modificó la normativa de Estabilidad Presupuestaria para permitir a las haciendas locales con superávit destinar ese dinero a inversiones, y emplazaba al Ejecutivo a regular en otro texto legal la definición de 'inversión financieramente sostenible' para hacer efectiva esta posibilidad.


El partido que da sustento al Gobierno presentó entonces una enmienda a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios proponiendo que se considerara que una inversión es financieramente sostenible cuando "contribuye al crecimiento económico a largo plazo", considerando "exclusivamente" las inversiones que se recojan en los programas presupuestarios mencionados.


RETIRADA DE LA ENMIENDA.


Sin embargo, los socialistas exigieron la retirada de dicha enmienda por no guardar ninguna relación con el proyecto de ley de Consumidores y Usuarios, queja que los 'populares' atendieron. Poco después, el PSOE presentó esta proposición de ley, que amplía el listado de apartados donde estaría permitida la inversión del superávit.


No obstante, los socialistas quieren que el único requisito para que una inversión sea considerada financieramente sostenible sea que "contribuya al crecimiento económico a largo plazo" y que "no comprometa, durante su vida útil, la sostenibilidad financiera de la corporación local" bien porque genere recursos suficientes para financiar su funcionamiento o porque propicie un ahorro superior a su coste.


Sin embargo, la propuesta del PP preveía excluir las inversiones con una vida útil inferior a los cinco años, así como las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos "salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte". De forma excepcional podrían incluirse indemnizaciones o compensaciones por la rescisión de contratos "siempre que tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión".


En el caso de las diputaciones provinciales, los consejos y los cabildos insulares, los 'populares' estaban dispuestos a incluir las transferencias de capital destinadas a financiar inversiones que cumplan con los requisitos anteriores.


MEMORIA DE IMPACTO.


Los dos partidos mayoritarios sí coinciden en que, para controlar que estas inversiones no ponen en riesgo la estabilidad financiera de la corporación municipal, el expediente deberá contar con una memoria económica específica que recoja una "proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil".


No obstante, el PSOE plantea que el Pleno municipal tenga conocimiento anual del grado de cumplimiento de todos estos criterios a la vez que se detalla la liquidación presupuestaria, y que la inversión de los superávits de 2012 y 2013 no computen en el déficit de este ejercicio, precepto que los 'populares' no mencionaban en su enmienda.


Fuente: Europa Press







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lunes, 24 de noviembre de 2014

Premio de Investigación Instituto Universitario García Oviedo


LOGO_INSTITUTO_GARCIA_OVIEDOEl Instituto Universitario de Investigación García Oviedo convoca la primera edición del “Premio de Investigación Instituto Universitario García Oviedo”, de carácter anual que tiene como objeto fomentar la investigación y su difusión en el ámbito del “Derecho Administrativo”.


Ver aquí







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Tirant lo Blanch es la editorial jurídica más prestigiosa de España según el ranking del CSIC


La editorial Tirant lo Blanch se ha situado como la editorial de Derecho mejor valorada en la clasificación SPI (Scholarly Publishers Indicators) que realiza el grupo ILÍA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este prestigioso estudio otorga a Tirant lo Blanch 31.563 puntos.


El SPI es un sistema de información que ofrece indicadores y herramientas relacionados con las editoriales científicas o de interés para la investigación en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales y que ofrece una serie de rankings general, por disciplinas, de editoriales extranjeras y de editoriales españolas basados en la opinión de expertos españoles en Humanidades y Ciencias Sociales.


Además, Tirant lo Blanch se sitúa entre las editoriales mejor valoradas en las clasificaciones sectoriales de Ciencias Políticas, Sociología y Filosofía.


Salvador Vives, director de la Editorial, ha mostrado “la enorme satisfacción” que la noticia ha provocado en la empresa ya que “viene a reconocer el esfuerzo y la vocación de excelencia” que guían a Tirant lo Blanch, empresa “de capital exclusivamente español” y ha mostrado su reconocimiento al equipo de la editorial y a su Comité Científico.


Tirant lo Blanch edita cerca de 400 novedades al año, relacionadas con todas las ramas del Derecho, tanto doctrinales como prácticas o para el estudio, así como una vasta edición en el resto de las Ciencias Sociales.


También la editorial, pionera en la implementación de nuevas tecnologías, ha desarrollado inteligentes bases de datos para juristas, programas de formación y cualificación jurídica en colaboración con las más prestigiosas universidades y está presente en la información jurídica con su participación en la edición de Vida Jurídica en el diario Cinco Días, en la producción audiovisual de Lawyerpress Tv y Tirant Tv y las redes sociales.


A esta intensa actividad se une su consolidada presencia en el ámbito iberoamericano a través de Tirant México.


Ver el SPI (Scholarly Publishers Indicators)


Fuente: CSIC







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