viernes, 9 de mayo de 2014

Montoro afloja en 1.000 millones la presión en las cuentas autonómicas


Anuncia una reducción de 140 puntos en los intereses que pagan por el Pago a Proveedores


El Gobierno quiere compartir su optimismo en la recuperación. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este jueves que aflojará la soga sobre las cuentas autonómicas facilitando un mecanismo que reduzca en un 1,4% el tipo de interés que pagan por el dinero solicitado en el primer tramo del Plan de Pago a Proveedores, con lo que quedaría, según Hacienda, en un 4,2% durante. De este modo se ahorrarán 980 millones de euros en el plazo de diez años por los 30.219 millones que utilizaron para pagar facturas atrasadas. “Podemos hacer esto porque España tiene los mercados financieros abiertos y porque las Administraciones públicas estamos comprometidas en la corrección del déficit”, señaló Montoro después de presidir la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).


Las medidas también beneficiarán a los Ayuntamientos, que se podrán ahorrar hasta 270 millones: para 361 municipios con problemas muy graves de liquidez (que presenten ahorro neto y remanente de tesorería negativo o elevado endeudamiento), se amplía el periodo de amortización de 10 a 20 años y el plazo de carencia de 2 a 4 años. Este grupo de municipios solicitó del Plan de Pagos 4.574 millones de euros.


Otro bloque de 1.925 consistorios con una situación más saneada podrán optar por una de las siguientes opciones: ampliar de 2 a 3 años el plazo de carencia y reducir el tipo de interés en 131 puntos básicos o reducir los tipos en 140 puntos manteniendo los periodos actuales de amortización y carencia.


Los que opten por dilatar la amortización en diez años deberán aprobar nuevos planes de ajuste y establecer medidas de control más estrictas, los mismos que se han aplicado al plan de rescate de 2013, al que se acogieron 101 alcaldes. Al resto le bastará con poner en marcha el proyecto Emprende 3 para facilitar apertura de negocios a los emprendedores; adherirse al punto general de entrada de facturas electrónicas del Ministerio de Hacienda, y avanzar en las declaraciones responsables que facilitan las licencias de apertura en los Ayuntamientos. No tendrán que adoptar ninguna medida económica que afecte a sus cuentas o a su autonomía financiera.


Optimismo frente a recortes


El ministro de Hacienda pasó de puntillas por las nuevas recomendaciones de Bruselas, que mantiene la necesidad de que España siga haciendo recortes durante dos años y mira con inquietud la rebaja de impuestos. “Las reformas están en marcha, las estamos materializando en una tarde como hoy. El compromiso del Gobierno es cumplir con el déficit, seguimos comprometidos y convencidos de que el año próximo cumpliremos el objetivo [del 4,2%] para facilitar la recuperación”.


Para el ministro nada ha cambiado: “El camino sigue siendo difícil pero sigue siendo el único. Los objetivos de déficit son alcanzables. Cuando planteamos la reforma tributaria lo hacemos en el escenario de crecimiento de la recaudación. Por eso aunque bajemos los impuestos la recaudación crecerá porque habrá más contribuyentes”. Para apoyar su pronóstico mencionó el crecimiento de la recaudación en abril del 6,3%. El compromiso del Ejecutivo es que el proyecto de reforma fiscal entre en las Cortes en la primera quincena de junio para su aprobación definitiva el 1 de enero de 2015.


Por su parte, Íñigo de la Serna, presidente de la Federación de Municipios y alcalde de Santander (PP) apoyó lo que califica de “alto grado de diálogo”, del Gobierno con los municipios. “Hemos hablado del cierre de 2013 y la administración local ha cumplido con un superávit cercano al 0,4% del PIB, lo que ha conseguido salvar las cuentas del país y evitar nuevos ajustes. El Gobierno reconoce el esfuerzo que hemos hecho”. Como contrapartida la FEMP quiere ser un actor importante en la futura negociación del sistema de financiación autonómico y local. Para ello se ha constituido un grupo de trabajo para “analizar las propuestas en el ámbito tributario”, que afecten a los Ayuntamientos españoles.


Fuente: El País







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Hacienda tutela a cerca de 300 municipios que incumplen con el déficit


Montoro comunica a los alcaldes cómo tendrán que calcular lo que cuesta cada servicio local.


Aunque España no esté sometida a la tutela de la troika, el Gobierno tiene a sus propios "hombres de negro". El Ayuntamiento de Alicante, con necesidades de financiación de 28,7 millones de euros encabeza la lista de los cerca de 300 que han tenido que pedir auxilio al Estado y presentar un plan de austeridad por incumplir, hace dos años, las reglas de la estabilidad presupuestaria. Todos siguen bajo vigilancia y Hacienda se encarga de que lo sepan. La Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), integrada por representantes de la Federación de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda, ha presentado este jueves en Madrid la lista completa de los municipios con planes de ajuste en vigor a 31 de diciembre de 2013.


A Alicante le siguen la diputación de Granada, ahogada por 25 millones de euros; el Ayuntamiento de Marbella (21,7 millones), San Lucar de Barrameda (Cádiz, 12,7 millones); Torrevieja (Alicant, 10,9 millones); Vélez-Málaga (9,7 millones) y la diputación de Cáceres, con 9,5 millones. La mayoría de los consistorios tienen las manos atadas para comprometer nuevos gastos que no pasen por el Ministerio de Hacienda. Muchos tendrán que seguir aplicando medidas de austeridad para corregir sus desequilibrios este año, víspera de los comicios locales de 2015.


Otras ciudades con problemas fueron Fuenlabrada (Madrid), que presentó un plan para contener un déficit de 7,9 millones, Cambils y Tortosa en Tarragona (4,3 millones) y Xixona en Alicante (3,9). La lista evaluada por la CNAL, que ha presidido este jueves el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, incluye los cerca de 300 municipios que suman un desequilibrio presupuestario de 210 millones. Aunque en el desglose en muchos casos no figuran datos de a cuánto asciende ese desequilibrio presupuestario.


En la reunión, el ministro también ha informado a los alcaldes de cómo deberán calcular el periodo medio de pago a proveedores y algo más peliagudo: el llamado “coste efectivo”, un concepto incluido en la ley de reforma local para medir lo que cada Ayuntamiento se gasta en la atención ciudadana. Es una variable parecida al “coste estándar”, que iba incluido en los borradores de la reforma local y que fue tumbado por el Consejo de Estado durante la tramitación de la norma.


A partir de ahora los municipios tendrán que especificar cuánto les cuestan servicios como alumbrado público, cementerios, recogida de basuras, saneamiento, limpieza de parques, bibliotecas, policía o servicios sociales. Con esos datos Hacienda publicará cada año, antes del mes de noviembre, la comparativa entre Ayuntamientos, algo que ha sido rechazado de plano por la mayoría de los partidos, excepto por el PP. En la CNAL se negocia introducir variables que ponderen el resultado final, según señaló Íñigo de la Serna, presidente de la Federación de Municipios y Provincias y alcalde de Santander (PP).


En la Comisión, el ministro Montoro ha comunicado las nuevas condiciones financieras, más laxas, para la devolución, por parte de los Ayuntamientos, del dinero que recibieron para el pago a proveedores. Pero la soga a las cuentas no afloja del todo: el próximo lunes el ministerio publicará los últimos datos de la deuda viva de todos los municipios españoles.


Fuente: El País







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jueves, 8 de mayo de 2014

Hacienda y Ayuntamientos acordarán en la CNAL aplazar la devolución de los créditos a proveedores


Reunión presidida por Montoro.


También estudiarán medidas para los municipios que se encuentren en una especial situación financiera, según avanzó el ministro.


El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, preside este jueves la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), en la que, entre otras cosas, ofrecerá a las corporaciones locales un aplazamiento en el pago de créditos del denominado Plan de Pago a Proveedores y mejores condiciones para la devolución de los mismos.


Tal y como avanzó el propio ministro hace una semana, éste será el tema principal de la reunión entre Hacienda y los entes locales, cuya delegación estará encabezada por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.


A este respecto, el representante de los municipios manifestó tras conocer la convocatoria de la CNAL que esperaba poder cerrar durante el encuentro "un buen acuerdo" ya que se trata de "una reivindicación justa de los Ayuntamientos".


"JUSTA" REIVINDICACIÓN DE LA FEMP


La FEMP viene reclamando desde hace meses que se revise el tipo de interés aplicado a los préstamos del primer plan de pago a proveedores, así como la posibilidad de ampliar los periodos de carencia y los plazos de devolución del principal de las cantidades que deben reintegrar la entidades locales.


Por otra parte, el encuentro entre el Gobierno y la Administración Local española, que se celebrará como es habitual en la sede de Administraciones Públicas del Paseo de la Castellana número 3, abordará previsiblemente un catálogo de medidas para mejorar la financiación de los créditos para los municipios que se encuentren en una especial situación financiera.


Montoro también avanzó que la CNAL tiene previsto estudiar el desarrollo normativo de la reforma local, que entró en vigor a finales de 2013; una norma que, a juicio del ministro, es fruto "de un largo proceso de negociación política", que ha demostrado que no era necesario "cerrar ayuntamientos" para conseguir administraciones públicas saneadas y eficientes.


CONTRIBUCIÓN AL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO


Además, se espera que el ministro aproveche esta ocasión para reconocer en persona a los representantes de la Administración Local la contribución de los ayuntamientos al equilibrio presupuestario, gracias al superávit del 0,41% alcanzado por estas administraciones en 2013.


"Este rigor que emana de la gestión municipal debemos celebrarlo todos", aseguró Montoro cuando dio a conocer las cifras, tras destacar que son las administraciones que "más están contribuyendo a la credibilidad" de la economía española.


Fuente: Europa Press







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La FEMP prevé poner en marcha su central de compras para los municipios en junio


El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha asegurado este miércoles que confía en poner en marcha a finales de junio la central de compras de la entidad para abaratar los costes de telefonía móvil y fija, gas, electricidad, correo postal, seguros o gestión de multas.


En Lleida, donde se ha reunido con alcaldes y concejales populares y ha visitado el Ayuntamiento de la ciudad, Íñigo de la Serna ha señalado que este servicio beneficiará especialmente a los municipios pequeños, con menos capacidad de compra.


Según ha explicado, la central de compras de la FEMP comienza con estos servicios porque son los que los municipios consideran más necesarios y así lo han hecho saber en una encuesta de la entidad.


De la Serna ha señalado que esta central que permitirá "conseguir precios más baratos y acotar plazos" formalizará los contratos con la unanimidad de todos los partidos que forman parte del gobierno de la FEMP.


El también alcalde de Santander ha recordado la situación delicada en la que se encontraban muchos ayuntamientos cuando el PP accedió al Gobierno y ha considerado que por el esfuerzo y la austeridad en el gasto de la mayoría de consistorios, y a las medidas tomadas por el Gobierno de España en favor de los municipios, como el Plan de Proveedores, la situación de los ayuntamientos ha mejorado.


Según sus datos, "9 de cada 10 ayuntamientos se encuentran ahora en superávit", razón por la que en su opinión sin el esfuerzo de los municipios España no habría podido cumplir el objetivo del déficit.


El presidente de la FEMP ha defendido la Ley de Reforma Local que está tramitando el Gobierno central, y ha anunciado que este jueves planteará en una reunión al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la necesidad de bajar los tipos de interés para los ayuntamientos para pagar sus créditos, así como aumentar el periodo de devolución de deuda y el tiempo de carencia para pagar los créditos.


Fuente: Europa Press







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Un juez impide que los alcaldes financien a una entidad soberanista


La justicia anula el acuerdo de Garriguella con la Asociación de Municipios por la Independencia.


La delegada del Gobierno en Cataluña ha denunciado otros 34 Consistorios.


La justicia ha dado un varapalo a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) que dirige el alcalde por CiU de Vic, Josep María Vila d'Abadal. El Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Girona ha dictado una sentencia en la que anula el acuerdo del Consistorio de Garriguella (Alt Empordà), también gobernado por CiU, para pagar una cuota anual de 75 euros a la entidad. El juez sostiene que los Ayuntamientos no pueden destinar fondos públicos a intereses y proyectos que exceden al ámbito de sus competencias. Esta es la primera sentencia que se emite en el conflicto que mantiene la Delegación del Gobierno en Cataluña y los 692 Consistorios, 38 consejos comarcales y dos diputaciones adheridas a la AMI.


La sentencia descansa en la Ley de Bases de Régimen Local, que detalla las competencias municipales. Considera que el Ayuntamiento afectado ha hecho una lectura equivocada de la Constitución cuando define que los municipios gozarán de "autonomía para la gestión de sus respectivos intereses". "Resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía. En ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de este donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución", señala el texto en alusión al epígrafe que apela a la "indivisible" unidad de España.


La entidad, cuya legalidad no cuestionan los Abogados del Estado ni el juez, se financia con los fondos de los municipios, que transfieren una cuota proporcional a su población. Garriguella (900 habitantes), es uno de los más pequeños, pero Vic, por ejemplo, destina 3.600. Llanos de Luna, delegada del Gobierno, ha ordenado cursar otros 34 recursos contra Ayuntamientos adheridos y la lista crecerá en cuanto examine las actas de los Plenos que autorizaron el pago.


La sentencia de Garriguella se inscribe en la batalla jurídica que la delegada mantiene con los Ayuntamientos secesionistas. En total, han cursado 270 procedimientos: 35 contra la AMI; 80 por la denominada guerra de banderas; un centenar contra los que han declarado la "soberanía fiscal" (traspasan sus tributos a la Generalitat) y 60 que se definen como territorio "libre y soberano".


El juez también acepta la impugnación del Abogado del Estado que denunciaba que el Ayuntamiento no había consignado la partida para la AMI en sus Presupuestos. En sus fundamentos, el magistrado apela a una sentencia del Supremo, que consideró nulo un acuerdo de un Ayuntamiento vasco de donar fondos a la entidad municipalista Udalbitza. De igual modo, cita la resolución que condenó que los Ayuntamientos de Girona y Figueres organizaran trenes para acudir a la Diada de 2012 porque no beneficiaban a los vecinos en su conjunto.


La AMI aseguró que no tiene constancia de la sentencia y prefirió aplazar cualquier valoración. La entidad considera absurdo que la Delegación del Gobierno intervenga en decisiones municipales al tiempo que lamenta que poner en marcha la maquinaria del Estado es mucho más costoso que los 75 euros que fijó de cuota el Ayuntamiento de Garriguella.


Fuente: El País







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miércoles, 7 de mayo de 2014

Hacienda hará públicas las retribuciones de los funcionarios de todas las administraciones

buho


El departamento de Cristóbal Montoro lleva más de dos años recopilando datos y trabajando en lo que se conoce como Sistema ISPA- Información Salarial de los Puestos de la Administración, iniciativa que se realiza por primera vez en España.


El Ministerio de Hacienda ultima un ‘mapa’ sobre las retribuciones de los empleados públicos de todas las administraciones españolas, con el objetivo de aumentar la calidad y homogeneidad de los datos existentes e impulsar la transparencia en esta materia.


Según fuentes ministeriales, la idea es que una vez completado el sistema se conozca la retribución de 2todos y cada uno de los empleados públicos”, respetando la protección de datos, de la Administración del Estado, las 17 comunidades autónomas, los más de 8.000 municipios españoles y los organismos dependientes.


En este ‘mapa’ se incluirá a los cargos electos y de confianza. El Sistema ISPA “no está completado pero sí muy avanzado”, indicaron desde Hacienda, para explicar que el proyecto “no es sencillo porque es una novedad”, “el espectro es muy amplio”, “la información muy extensa y la recogida, análisis y el trabajo para “pulir” requiere tiempo.


Noticia completa:


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via Responsables personal Ayuntamientos http://ift.tt/1s3mwDb

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES.


Se ha publicado en trámite de información pública:"Proyecto de Orden por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestado por las Entidades Locales." Ver aquí


También se ha publicado la Memoria del análisis de impacto normativo de la orden. Ver aquí


Fecha de publicación: 6 de mayo de 2014. Fecha límite de admisión de observaciones: 23 de mayo de 2014. Pueden enviarse observaciones a la dirección de correo electrónico: orden.costefectivo@seap.minhap.es







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PAe - Nueva nota técnica del OBSAE. La Plataforma de Contratación del Sector Público.

Hacienda ofrecerá datos de los altos cargos de todas las administraciones


El Ministerio constata que existen diferencias significativas entre administraciones para puestos de competencias semejantes.


El Ministerio de Hacienda espera poner en marcha este año el llamado sistema de Información Salarial de los Puestos de la Administración (ISPA), que permitirá recoger y comparar las retribuciones que percibe el personal de todas las administraciones públicas, incluidos los funcionarios, los cargos electos o los de confianza.


Con esta iniciativa, el Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro facilitará a los ciudadanos los salarios de todas las administraciones, entre las que se incluyen las corporaciones locales, las comunidades autónomas y otros órganos dependientes como las Universidades.


Por el momento, el proyecto se encuentra en fase de recogida y análisis de los datos. No obstante, con la información ya recabada, el ministerio ha podido comprobar que existe una «buena dispersión» en cuanto a los niveles retributivos en las diferentes administraciones para puestos que desarrollan competencias semejantes. Precisamente, el proceso de «afinamiento» resulta, según Hacienda, fundamental en estos casos, para determinar si dichas diferencias salariales están o no justificadas.


Asimismo, las mismas fuentes de Hacienda han matizado que el proceso de puesta en marcha de este sistema también es complicado en lo que tiene que ver con la protección de los datos. Es por esto por lo que todavía no se ha definido qué nivel de acceso y de detalle que se dará a la información.


Se trata de una de las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, para avanzar en el proceso de desarrollo de la Administración Electrónica, y entre las que también se encuentran, entre otras, la reducción de cargas administrativas o la plataforma de intermediación de datos. Según fuentes del Ministerio, el ahorro total para ciudadanos y empresas que se consiguió en 2013 por el uso de servicios telemáticos fue de 16.602,4 millones de euros, más de 800 millones que en el año 2012.


Fuente: ABC







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El PP asegura que el Principado está contra la reforma de la administración local porque "le molesta tener que pagar"


Es el mayor deudor de los Ayuntamientos.


El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Matías Rodríguez ha asegurado que el Gobierno regional se opone a la refirma de la Ley de bases del Régimen Local porque "le molesta tener que pagar" a los Ayuntamientos tras la puesta en marcha de la ley.


Así lo ha asegurado en una rueda de prensa este martes en la que ha explicado que a raíz de la ley, el Principado tendrá que financiar al cien por cien los servicios de su competencia que ofrezcan los consistorios. "El Principado es el mayor deudor de los Ayuntamientos, y no le gusta la ley porque le obliga a pagar", ha criticado Rodríguez.


En este sentido ha asegurado que el Principado "cumple con el objetivo de déficit" a costa, precisamente, de "no pagar a los Ayuntamientos". Solo en materia de Policía Local, ha matizado Rodríguez, "el Principado debe más de 10 millones de euros".


Además, ha dicho el diputado del PP, el Gobierno autonómico "da la batalla legal" a la nueva ley mientras "no da respuesta a los concejos y no aclara cómo va a gestionar las nuevas competencias ni cómo van a garantizar la prestación de algunos de los servicios".


"La batalla legal no exime del cumplimiento de la norma", ha recordado el diputado, por lo que ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una Proposición No de Ley para que el Principado "ofrezca respuestas" sobre cómo va a asumir la nueva normativa.


"Queremos que ofrezca información sobre la implantación de la ley a los Ayuntamientos, que defina el papel de las administraciones y que asuma las competencias que le son propias", ha explicado.


Por otro lado, el parlamentario 'popular' ha instado al Gobierno de Javier Fernández a coordinar a los ayuntamientos para que la ejecución de la ley se realice en los plazos establecidos, entre 2014 y 2015. "Es necesario y urgente el consenso", ha insistido.


Fuente: Europa Press







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martes, 6 de mayo de 2014

Un informe de Vodafone sitúa la administración electrónica como el principal hándicap para las personas con discapacidad - Cyleon

Normas en tramitación: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

La Junta de Andalucía blinda las 29 competencias municipales propias ante la reforma local


Un decreto ley fija la aplicación de la ley de Rajoy: todo queda como está, se examinarán las nuevas atribuciones y quedan en el limbo los servicios sociales especializados o los transportes.


Los municipios andaluces mantendrán las competencias asignadas en la ley andaluza de autonomía local (Laula) de 2010, en la que por primera vez se definieron las competencias propias, un total de 29, e impropias de las administraciones locales. Ésta es la principal conclusión del decreto ley que última la Junta para resolver la "incertidumbre jurídica" que ha generado la entrada en vigor de la ley de reforma local del Gobierno del PP y que "podría provocar una parálisis o cese en la prestación de servicios por parte de las entidades locales".


La Junta de Andalucía quiere aprobar en un mes esta adaptación para garantizar la prestación de servicios públicos. El Consejo Andaluz de Concertación Local, un organismo consultivo paritario formado por la Junta andaluza y la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) presidida por el PP, respaldó el pasado lunes el proyecto. Las alegaciones del PP estarían incluidas.


La Junta, que tiene recurrida esta ley ante el Tribunal Constitucional, entiende que hasta que no se resuelva este recurso la jurisprudencia deja abierta si la ley nacional prevalece sobre las normas autonómicas en las que se recoge la distribución competencial. Las leyes andaluzas siguen en vigor, no se han derogado, explican desde la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales que dirige Diego Valderas (IU). La Consejería se ha apoyado para la elaboración del decreto en la lectura que, entre otros, hace Castilla y León, gobernada por el PP, y que también hará Galicia.


Los 772 ayuntamientos andaluces mantendrán las 29 competencias asignadas en virtud del Estatuto andaluz (que otorga a la Junta competencias exclusivas sobre régimen local), la ley andaluza de autonomía local (Laula) y la legislación sectorial, a diferencia de lo que mandata la ley del Gobierno central presidido por Mariano Rajoy. Son más competencias que las recogidas en la ley estatal y así los municipios deben gestionar la ordenación, gestión y disciplina urbanística; la planificación y gestión de viviendas de protección oficial; la gestión de servicios sociales comunitarios y otros servicios; la promoción y defensa del medio ambiente; la promoción y defensa de la salud pública; la seguridad en las actividades en espacios públicos; la defensa y protección de usuarios y consumidores; la promoción del turismo; las políticas de integración de los inmigrantes; el fomento del desarrollo económico y social; las actividades culturales y el deporte y equipamientos deportivos de uso público, entre otras.


A partir de aquí, si un ayuntamiento quiere más competencias, se examinará. El decreto establece el procedimiento a seguir si un municipio quiere asumir alguna competencia delegada o impropia. Por ejemplo, un municipio quiere ubicar en su localidad un conservatorio. Si ya lo tiene, puede mantenerlo, pero si es nuevo tendrá que hacer una solicitud. En un plazo inferior a tres meses recibirá un informe "preceptivo y vinculante" sobre el cumplimiento de dos requisitos. Uno de la Consejería competente (en este caso, Educación) que aclare si hay duplicidad. Se entenderá por duplicidad que en la misma zona no haya una ejecución simultánea del mismo servicio público por parte de la Administración autonómica. Y otro de la Consejería de Hacienda que acredite que esa actividad garantiza la estabilidad presupuestaria de sus cuentas.


Los servicios sociales comunitarios seguirán como una competencia municipal (aunque la ley de reforma local las transfiere a las comunidades el 1 de enero de 2016), lo que celebran los profesionales del sector. Sin embargo los servicios sociales profesionalizados (ley de dependencia) no están tan claros.


¿Qué pasa con las competencias que ninguna administración quiera? Éstas quedarán en un limbo hasta que se aclare a quién compete. La Junta tiene por ejemplo una oportunidad con la necesaria y prometida revisión de la ley de Servicios Sociales de 1988 de fijar a quién pertenecen los servicios sociales profesionales.


Otro caso polémico, se aventura, será el de los nueve consorcios de transporte con servicios interurbanos. La Junta ya ha manifestado que hacerse cargo de la parte municipal le supone 16 millones de euros, algo inasumible, por lo que corren riesgo de desaparecer. Tras la aprobación del decreto quedaría la mitad del año para trabajar jurídicamente sobre a quién corresponden las competencias. La cooperación internacional no se considera una competencia, sino un actividad voluntaria, por lo que ayuntamientos y diputaciones no tendrán excusa.


Los servicios delegados que estén regulados con los ayuntamientos a través de convenios tienen que adaptarse obligatoriamente antes del 31 de diciembre.


La Junta establecerá una garantía del compromiso de pago porque, de lo contrario, la Administración General del Estado puede retenerle las transferencias de su sistema de financiación, lo que sería una catástrofe para la tesorería de la Junta estando el crédito bancario cerrado. Las partes evaluarán la necesidad de continuar colaborando en el ejercicio de estas competencias y tendrá que justificar que no se incurre en duplicidades, ni que la actividad supone un quebranto de su sostenibilidad financiera.


En este proceso la Junta prevé un aumento de la carga burocrática. "El Gobierno no se ha planteado el coste que le va a suponer a las administraciones hacer frente a estas adaptaciones", comenta Francisco Javier Camacho, director general de Administración Local. Esto cuando hay una carencia manifiesta de interventores en las administraciones, unos 300, y cuando la tasa de reposición está acotada al 15%. La adaptación a la reforma local acaba de comenzar.


Fuente: Diario de Sevilla







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El BEC acogerá las Jornadas estatales de Servicios Sociales municipales


Del 12 al 14 de junio.


El BEC, ubicado en Barakaldo (Bizkaia), acogerá, del 12 al 14 de junio, las Jornadas estatales de Servicios Sociales municipales, con la participación de aproximadamente 500 personas de todo el Estado español, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.


En el evento tomarán parte, el alcalde de Barakaldo, Alfonso García, la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia, Carmen González, la concejal de Acción Social de Barakaldo, Amaya Rojas, y la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima.


Las Jornadas supondrán un foro de debate en el que profesionales del trabajo social, responsables políticos y todos aquellos profesionales y ciudadanos que lo deseen reflexionarán sobre la situación de los servicios sociales municipales.


Según han explicado los organizadores, la cita cobra "especial importancia e interés" dado el "delicado" momento por el que pasan los servicios sociales municipales. Precisamente, la reforma de la Administración Local será uno de los puntos "fuertes" que se analizarán en las Jornadas, ya que afectará "gravemente" a la estructura de los servicios sociales de proximidad.


Fuente: Europa Press







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lunes, 5 de mayo de 2014

Informe Jurídico acerca del Régimen de Incompatibilidades y de contratación de los Arquitectos al Servicio de las Administraciones Locales elaborado por el Colegio de Arquitectos CLM

http://www.cositalclm.es/indicecosital.php?page=documentos&section=General

El Gobierno asegura al PSOE que la Reforma Local no impedirá que los ayuntamientos sigan prestando servicios sociales


El Gobierno de la Nación, en respuesta a preguntas de la portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, la cordobesa Rosa Aguilar, ha asegurado que la Reforma de la Administración Local que promueve "no impide que se continúe la prestación y atención de servicios sociales por parte de los ayuntamientos".


Así se recoge en la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que ha dado el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy a la portavoz socialista, la cual había dirigido al Gobierno central una batería de preguntas para saber "¿cómo se llevará a cabo la implicación de los servicios sociales de las entidades locales en la lucha contra la pobreza cuando entre en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que priva a estas administraciones de la competencia en servicios sociales?".


También preguntó Rosa Aguilar "cómo se va a compatibilizar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016" con la Reforma de la Administración Local y "¿cómo se va a desarrollar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 con la reducción del personal en los servicios sociales, trabajadores sociales, educadores, etcétera, cuando se aplique la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local?".


Ante estas cuestiones, el Gobierno de España ha señalado que la Reforma Local no impide que los ayuntamientos sigan prestando servicios sociales dado que, "en la modificación que realiza del artículo 26.1 apartado c) se establece que en los municipios de población superior a 20.000 habitantes deberán prestar en todo caso los siguientes servicios: protección civil, evaluación e información de las situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social"


A esto ha añadido el Ejecutivo central en su respuesta que "la asunción por las comunidades autónomas de la titularidad de las competencias relativas a servicios sociales está prevista (...) que se realice con fecha 31 de diciembre de 2015. Si en dicha fecha las comunidades autónomas no hubieren asumido dichas competencias seguirían prestándose por los municipios, con cargo a la administración autonómica".


Además, según ha recordado el Gobierno, "en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se mantienen las aplicaciones presupuestarias correspondientes a la cofinanciación con las comunidades autónomas de los programas sociales" y también "se dispone de un crédito extraordinario de 17 millones de euros destinados a luchar contra la pobreza infantil".


Junto a ello, en la respuesta del Ejecutivo se señala que la Reforma de la Administración Local "no modifica la obligación de las administraciones de ofertar unos servicios sociales cercanos al ciudadano, sino solamente la atribución de competencias de los mismos, a fin de incrementar su eficiencia y eficacia en la atención al ciudadano".


De hecho, según ha subrayado el Gobierno, "el propio Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAin) 2013-2016, en los objetivos operativos 9, 10 y 11, apuesta por potenciar la eficacia y el acceso a los servicios sociales, mejorando los servicios de información para poder asignar recursos de forma más eficiente, fortaleciendo la intervención dentro de las familias y fomentando la coordinación de éstos con los educativos y sanitarios. Las diversas actuaciones recogidas en estos objetivos operativos están mayoritariarnente asignadas a las comunidades autónomas y corporaciones locales, prestadoras de los servicios".


Por último, el Gobierno ha afirmado que "la Ley 27/2013 (Reforma Local) está dirigida a que los servicios sociales se presten por una única administración, en este caso las comunidades autónomas, aunque siempre pueden delegar la prestación de este servicio a los ayuntamientos mediante convenio", si bien "las comunidades autónomas han asumido la competencia exclusiva en materia de 'asistencia social', en virtud del artículo 148.1.20 de la Constitución Española, por lo que son estas administraciones las que, mediante su propia normativa y recursos, tienen absoluta libertad para organizar su sistema de servicios sociales".


También, según ha insistido finalmente el Gobierno en su respuesta a la diputada del PSOE por Córdoba, "hay que tener en cuenta que hasta el 31 de diciembre de 2015 no entrarán en vigor los cambios de la reorganización competencial incluidos en la Ley 27/2013, por lo que es muy pronto para poder valorar las futuras consecuencias de esta legislación" y, "en consecuencia, se seguirá con la línea mantenida hasta la actualidad de colaboración técnica y financiera entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la realización de programas de servicios sociales".


Fuente: Europa Press







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La alcaldía de Zaragoza tiene un agujero de 362 millones


El quinto municipio más importante de España.


La Cámara de Cuentas dice que el Ayuntamiento 'no expresa la imagen fiel del patrimonio'.


El agujero equivale al 55% del presupuesto anual del Ayuntamiento de Zaragoza.


El Ayuntamiento de Zaragoza, el quinto municipio más importante de España, presenta un agujero contable superior en cuantía al que tuvo el Consistorio de Marbella cuando fue intervenido por el Estado, según se desprende de un duro informe de la Cámara de Cuentas de Aragón.


Esta institución presenta el funcionamiento del Ayuntamiento de Zaragoza, que preside el ex ministro socialista Juan Alberto Belloch desde 2003, como propio del Tercer Mundo, con un agujero de 362 millones, que es equivalente al 55% de su presupuesto anual.


Ésta es la cifra detectada en el último ejercicio que acaba de fiscalizar, correspondiente a 2011, según el apartado de conclusiones del informe al que ha tenido acceso EL MUNDO.


«En opinión de la Cámara de Cuentas de Aragón, debido al efecto muy significativo de las salvedades que se enumeran a continuación, la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2011 no expresa la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza a 31 de diciembre de 2011, ni de los resultados de sus operaciones, ni de la liquidación de sus presupuestos correspondientes al ejercicio anual 2011», afirma el gravísimo documento.


Describe hasta 27 irregularidades de maquillaje y desorden contable, e incluso apunta que la situación puede ser mucho peor de la expresada: «No se puede garantizar que se haya detectado la totalidad de las irregularidades de que pueda adolecer la Cuenta General».


'No hay ningún agujero'


Tras este escándalo, avanzado por El Heraldo de Aragón, el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, aseguró el pasado viernes que «no hay ningún agujero» y que «nadie se ha llevado dinero». Afirmó que la Corporación presentará alegaciones a la Cámara de Cuentas antes de que ésta publique un informe definitivo, aunque pidió un mes más de plazo para entregárselas.


El Ayuntamiento de Zaragoza figura entre los que han recibido rescate del Estado por valor de 171 millones, según otro informe del Tribunal de Cuentas, que lo sitúa entre los que más facturas tenía sin contabilizar.


Entre las 27 irregularidades, se incluyen múltiples sobrevaloraciones en las cuentas. Un ejemplo es que tiene contabilizados derechos de cobro por venta de terrenos por valor de 47,2 millones «sin que exista contrato de compraventa».


Afirma que la deuda real es de 1.495 millones, 251 millones más de lo reconocido por el Ayuntamiento que preside Belloch, que fue ministro de Justicia e Interior en la última etapa de Felipe González. Sólo en el proyecto del tranvía zaragozano, «la deuda no reconocida asciende a 181 millones».


También echa en falta una provisión por insolvencias de 78,8 millones y asegura que ha descubierto «23 cuentas bancarias con un saldo de 544.961 euros sin contabilizar». Por su parte, el 60% de los acreedores del Ayuntamiento aseguró a la Cámara de Cuentas que la corporación municipal les debía 36,9 millones más de lo que ésta reconocía oficialmente. Por otra parte, «el 45% de las subvenciones se realiza de forma directa» y sin competencia. De ellas, «el 67% no cumple los requisitos que justifiquen tal forma de concesión».


El Corredor Verde


«Desde el ejercicio 2011, el Ayuntamiento no mantiene ni realiza apunte contable alguno, relativo a los gastos que están generando las obras de construcción del llamado Corredor Verde», afirma el informe dentro de la catarata de irregularidades. En cuanto al plazo de pago a proveedores en 2011, ascendía a 221 días, según el documento.


El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza y diputado nacional, Eloy Suárez, aseguró a este diario que arreglar ahora tales cuentas supondría tal ajuste que sólo con pagar a los funcionarios y los intereses de la deuda se agotaría el presupuesto del año. «No quedaría dinero para prestar ni un servicio público a los ciudadanos».


Suárez, interventor de profesión, evoca que, «en Marbella, el agujero era de 253 millones; por tanto, inferior». El socialista Gimeno indicó que cualquier crítica a las cuentas del Ayuntamiento dificulta la relación de éste con los bancos para la refinanciación de la deuda. El Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas aún no se ha pronunciado públicamente sobre la situación de este relevante Ayuntamiento.


Fuente: El Mundo







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El Gobierno demanda a 80 alcaldes catalanes por no izar la bandera española


El Estado presenta 270 recursos contra ayuntamientos por su apoyo al soberanismo.


Mariano Rajoy y Artur Mas no dialogan y el Parlamento catalán y el Congreso apelan a legitimidades diferentes para amparar o rechazar la consulta soberanista. La crisis independentista se refleja desde diferentes prismas y uno de ellos se dirime en los juzgados. La Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos catalanes mantienen una batalla judicial inagotable a propósito de las decisiones de Consistorios que respaldan el secesionismo. La institución que dirige Llanos de Luna ha presentado de oficio desde 2011 hasta 270 recursos contenciosos-administrativos contra decisiones de consistorios vinculadas al soberanismo. De estos recursos, 80 son para obligarles a izar la bandera española. La Asociación de Municipios por la Independencia, a la que se han adherido 692 municipios de 947 que hay en Cataluña, además de 38 consejos comarcales (hay 41) y Diputaciones, lamenta que el Estado gaste partidas por no estar conforme con decisiones políticas. La AMI tiene constancia de 230 demandas y subraya que el Estado ha perdido o no ha conseguido que se admitieran a trámite 24 recursos.


Además de los 80 recursos por asuntos de banderas, la Delegación del Gobierno ha presentado un centenar contra otros tantos ayuntamientos que aprobaron lo que denominan “soberanía fiscal”: traspasan directamente los tributos IRPF y el IVA a la Agencia Tributaria de Cataluña en lugar de a Hacienda y después es la Generalitat quien paga a la Administración central. Hay otros 60 recursos contra ayuntamientos que se han declarado “territorio libre y soberano” y 35 más contra los consistorios que pagan cuotas a la AMI, presidida por Josep Maria Vila d'Abadal, alcalde de Vic por CiU, formación en la que ya no milita.


Los partidos soberanistas achacan ese frenesí jurídico a la hostilidad de De Luna contra el secesionismo. El Parlament aprobó hace un año pedir la destitución de la delegada por esa actitud y por no respetar a las instituciones catalanas. El PP y Ciutadans votaron en contra y el PSC se abstuvo. El Ayuntamiento de Girona declaró a De Luna poco después “persona no grata”.


La delegada del Gobierno nunca ha escondido que su objetivo es garantizar la presencia del Estado en Cataluña y cuenta con el apoyo absoluto del Gobierno y del PP, que tachó de "indignidad" la moción del Consistorio de Girona. De Luna defiende que se limita al escrupuloso cumplimiento de la ley, que descansa en dos textos. La delegada apela a la Ley de Banderas, de 1981, que exige la presencia de la insignia española, en este caso junto a la senyera, tanto fuera como en el interior de los edificios oficiales. En segundo lugar, se ampara en dos sentencias del Tribunal Supremo que instan a las instituciones a no invertir dinero público en asuntos que no son de su competencia y las insta comportarse con objetividad al servicio de la comunidad. La Delegación sostiene que la neutralidad de De Luna se refleja, por ejemplo, en que obligó al Consistorio de Bolvir (Girona) a exhibir también la senyera.


Los abogados del Estado están seguros de que puede ganar en el juzgado los recursos contra las banderas —la Delegación afirma que una veintena de Consistorios han accedido a colocarla antes de conocer la sentencia— y la de las cuotas de la AMI.


No está tan clara, sin embargo, la postura que mantienen los jueces respecto a la soberanía fiscal y a la declaración del territorio libre y soberano porque hay algunos que consideran que esas mociones son de carácter político y carecen de efecto jurídico.


La Delegación admite que en el caso de la soberanía fiscal no se han admitido el 20% de los recursos, en su mayoría en juzgados de Tarragona y Girona, aunque resalta que ya tienen tres fallos a su favor en el caso del territorio libre y soberano.


“De los 24 casos que ha perdido el Estado, 9 están relacionados con la soberanía fiscal”, señala un portavoz de la AMI, que cifra en 170 los Ayuntamientos que han dado ese paso. El colectivo esgrime como una victoria la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que rechazó un recurso del abogado del Estado contra la entidad municipal de Jesús, de las Tierras del Ebro, que hace un año aprobó la soberanía fiscal. En el fallo, los magistrados señalan que solo pueden valorar decisiones que tengan la finalidad inmediata de “engendrar o destruir una relación de derecho”. “Y por tanto”, aducen, “tratándose de manifestaciones políticas o declaraciones de intenciones, sin existencia en el mundo del derecho, sin concreción ni efecto práctico ni jurídico posible, las pretensiones deducidas han de declararse inadmisibles”.


Local cedido


“La sentencia legitima la razón de ser de la AMI y sus Ayuntamientos asociados. Siempre hemos defendido que la justicia debe pronunciarse sobre cuestiones jurídicas y no políticas”, señala Vila d'Abadal en la página web de la AMI, en pugna constante con Llanos de Luna, que amenazó con presentarle otro recurso por haber cedido aquel dependencias municipales a la AMI. Fuentes de la Delegación sostienen que el alcalde de Vic dio marcha atrás en su pretensión. La AMI también renunció a ocupar las oficinas en litigio.


La entidad está especialmente molesta con la persecución de sus asociados. “Los Ayuntamientos más pequeños pagan cuotas simbólicas de 75 euros al año a la Asociación. Es una suma ínfima en contraste con el gasto que supone poner en marcha toda la maquinaria judicial del Estado”, afirman fuentes de la entidad. Vila d'Abadal llegó a amenazar con demandar a la Delegación del Gobierno por malversar dinero público.


Fuente: El País







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