viernes, 29 de agosto de 2014

El presidente de la FEMP acusa a las CCAA de blindarse contra la reforma local


El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, acusa a las comunidades autónomas de blindarse contra la reforma local con leyes que impiden su entrada en vigor, porque no quieren asumir servicios que les corresponden y que ahora prestan los ayuntamientos.


En una entrevista con EFE, De la Serna admite su "enfado" por esta estrategia de los gobiernos regionales, que de una manera "abierta" están legislando sectorialmente para evitar cumplir con lo que les obliga la reforma, una facultad que los ayuntamientos "censuran" y por lo que ha pedido "auxilio" al Gobierno.


En este sentido, el también alcalde de Santander asegura que tiene el compromiso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de velar por que no exista "ningún tipo de ley" que pueda "limitar el alcance" de la reforma local y de que "va a actuar con contundencia para defender la reforma" que el propio Ejecutivo impulsó.


Uno de los grandes "avances" de esta reforma, en vigor desde enero, era el de delimitar las competencias que tiene cada administración y evitar así duplicidades, y sin embargo, denuncia, muchas comunidades "no quieren asumir que un servicio es de su competencia", que es su responsabilidad y que deben asimismo financiarlo, y "legislan para no tener que hacerlo".


Íñigo de la Serna asegura a Efe que los servicios se siguen prestando, aunque "parcialmente de una manera injusta", porque no se están aplicando los artículos de la reforma correspondientes a la financiación y la delimitación de competencias.


"Lo que hemos venido haciendo (los ayuntamientos) siempre lo estamos haciendo a lo largo de estos meses pero ya no debe suceder más", añade el presidente de la FEMP, que se pregunta "qué sentido tiene una reforma que busca una delimitación de competencias si luego una comunidad legisla para que las cosas sigan igual que siempre".


Recuerda De la Serna que han sido los ayuntamientos los que han cumplido mejor los objetivos de estabilidad presupuestaria, y de cada diez consistorios nueve tienen superávit.


Pero aclara que el buen estado de las arcas municipales no quiere decir que los ayuntamientos tengan que seguir asumiendo y financiando servicios que no les corresponden.


Contar con más recursos, añade, significa que los ayuntamientos están en "mejores condiciones" para mejorar progresivamente la calidad de los servicios los servicios que les corresponde prestar y al mismo tiempo reinvertir el dinero "ahorrado" para conseguir crecer.


Se trata en definitiva, explica, de que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a inversión productiva que sea sostenible desde el punto de vista financiero, como así les permite el Gobierno, para mejorar la situación económica de sus municipios.


En la entrevista con EFE, el presidente de la FEMP admite que el retraso en el nuevo modelo de financiación autonómica condiciona también a los ayuntamientos, que no se pueden aún sentar a negociar con el Gobierno sobre la financiación local.


Confía en que, cuando llegue el momento, y si como pide la FEMP la financiación local se aborda de forma paralela a la autonómica, el Gobierno tenga en cuenta una demanda de los ayuntamientos: la de que puedan participar en mayor medida de los ingresos que genera la actividad económica en sus respectivos municipios.


"Parece lógico que haya una correspondencia entre el gran esfuerzo inversor que hacemos" en políticas culturales, sociales o turísticas, que favorecen la actividad, y la recaudación, ya que actualmente no existe tal retorno, señala.


Sí espera que con la nueva financiación autonómica se resuelvan cuestiones como la de los gastos del sistema educativo que asumen los ayuntamientos, como los de limpieza, seguridad o suministro energético de los colegios, cuando la enseñanza es competencia autonómica.


En cuanto al futuro de la reforma local, contra la que se han presentado diez recursos ante el Tribunal Constitucional, reconoce que hay "algunos indicios" de que al menos un aspecto -la facultad que se da a los gobiernos locales de aprobar planes de ajuste sin pasar por el pleno- pueda "ser inconstitucional", como indica el Consejo de Estado en su informe sobre la ley.


Pero añade que el Gobierno ya le ha comunicado su voluntad de modificar ese punto si fuese necesario.


De la Serna hace hincapié en una de las principales novedades que ha provocado la aplicación de la reforma, la central de contrataciones a la que se han adherido ya 500 municipios, poblados casi por 20 millones de personas, y que supondrá "un cambio histórico" en la prestación de servicios en España en términos de ahorro y de eficiencia.


Fuente: Lainformacion







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La Junta de Castilla y León niega haberse blindado con ley ante la reforma local nacional


El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha negado hoy que esta Comunidad se haya "blindado" contra los efectos de la reforma local aprobada a nivel nacional en la distribución de competencias entre las administraciones locales y la autonómica.


En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León, De Santiago-Juárez se ha referido a las palabras del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, de su mismo partido, quien en una entrevista con EFE ha mostrado su "enfado" por el blindaje que en su opinión han realizado las comunidades autónomas ante la reforma local.


"Nuestra ley está dentro del marco constitucional", ha sentenciado el portavoz, quien ha recordado que el propio Gobierno central "no ha planteado objeción" alguna a la regulación aprobada en Castilla y León para desarrollar la ley estatal promovida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.


"Es plenamente constitucional, no blinda nada sino que la desarrolla", ha argumentado sobre el Decreto-ley aprobado por la Junta y convalidado por las Cortes de Castilla y León con el acuerdo del PP y el PSOE, para adaptar la reforma local estatal y dar garantía a la prestación de los servicios por parte de los Ayuntamientos.


Fuente: La Vanguardia







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jueves, 28 de agosto de 2014

El PP ve innecesario que Montoro comparezca de urgencia por la reforma local


El PP considera innecesario que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparezca de forma urgente en el Congreso para hablar de la reforma local, una ley que no ha originado "ningún apocalipsis" de los augurados por los partidos de la oposición.


A falta de la votación final, los populares han anunciado en la Diputación Permanente del Congreso su rechazo a la petición de explicaciones del grupo socialista al responsable de Hacienda y Administraciones Públicas, respaldada por IU y por CiU.


La diputada del PSOE María Luisa Carcedo ha insistido en la necesidad de que el ministro acuda para explicar el desarrollo de esta reforma que, según ha augurado, va a abocar a la privatización de los servicios sociales que se prestan a la parte más desfavorecida de la población.


Carcedo ha advertido de que el hecho de que se vaya a "desposeer" a los ayuntamientos de competencias en servicios sociales llevará a una "incertidumbre" total.


Y ha señalado que dicha incertidumbre afecta a 70.000 puestos de trabajo, "que no se sabe qué va a pasar con ellos" y a dos millones de personas, en buena parte desfavorecidas, que son beneficiarias de esos servicios.


El diputado del PP, Juan José Matarí, sin embargo, ha subrayado que, en contra de lo que pronosticaron el PSOE e IU, no se han desmantelado los servicios públicos ni se ha privatizado "nada".


De hecho, ha afirmado que los servicios sociales están más garantizados que nunca, porque el Gobierno ha dotado a los ayuntamientos de medios para ello y porque nueve de cada diez entidades locales ha alcanzado el equilibrio presupuestario.


El diputado ha indicado que siempre se supo que aplicar la reforma local no sería sencillo y, por eso, se establecieron períodos transitorios en materias como el traspaso de competencias en sanidad, educación o servicios sociales.


Y ha recalcado que la ley cumplirá sus objetivos: garantizar prestación de servicios y definir quién debe hacerlo para evitar duplicidades


Fuente: EFE







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Susana Díaz ante la reforma electoral: "El Gobierno quiere hacer una ley para que los alcaldes del PP no pierdan"


La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha tachado este miércoles de "barbaridad" la intención del Gobierno de "cambiar las reglas del juego al final del partido" al proponer una reforma electoral de cara a las elecciones municipales, de forma que ha interpretado que su intención es "hacer una ley para que los alcaldes del PP no pierdan".


"Soy partidaria siempre del diálogo y pienso que a este país le sobra la bronca, le sobra la crispación y lo que le hace falta es acuerdo y entendimiento", ha explicado Díaz, para quien el PP "quiere sólo sacar adelante una norma contra todo el mundo" en lugar de buscar "una norma para interés general".


En declaraciones a los periodistas en Terque (Almería), la presidenta ha instado a hablar "en el momento adecuado" de medidas de este tipo en lugar de buscar "el descuente de un partido" en el que el PP "tiene el marcador en contra" porque "sienten que sus alcaldes" pueden "pagar en las urnas" el "sufrimiento" y "daño provocado a las familias" por la acción del Gobierno en las próximas municipales.


Díaz ha mostrado su desaprobación ante este procedimiento, puesto que considera que haría "un gran daño" a la "convivencia" y a la "democracia" acabar con una reforma electoral "sacada adelante con el rodillo de una mayoría absoluta frente a la voluntad del resto". "Creo que es un síntoma evidente de que se está poniendo el interés del PP por encima del conjunto de los ciudadanos", ha apostillado.


No obstante, la presidenta ha señalado que una reforma de este tipo podría incluso "venir bien" al PSOE, que en las últimas municipales "ganó en 56 ayuntamientos en los que hoy no gobierna" porque "hubo un punto de entendimiento entre dos fuerzas políticas ideológicamente muy distantes" que "fueron capaces de llegar a un acuerdo" pese a que "la democracia no funciona así".


"No estoy pensando en que en esos 56 ayuntamientos en los que ganó el PSOE pudiera la democracia funcionar así, sino en que las reglas del juego y la democracia se tienen que fortalecer desde el diálogo y desde el entendimiento", ha añadido Díaz, quien se ha cuestionado si los candidatos del PP actuan por "temor" a que las medidas del Gobierno central puedan repercutir en los resultados de los comicios locales.


De igual modo, la líder del PSOE-A ha trasladado su apuesta por la autonomía local, con lo que ha pedido al Ejecutivo central que "recapacite" sobre la reforma local para mantener la "igualdad de oportunidades" entre los ciudadanos que residen en pequeños municipios y cuyos alcaldes "necesitan el apoyo de la Administración".


Fuente: Europa Press







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miércoles, 27 de agosto de 2014

Organizaciones ciudadanas y partidos lanzan un pacto por el agua pública


La propuesta pretende dejar el abastecimiento al margen de leyes de mercado.


Andalucía ha cogido el relevo de una carrera iniciada en Aragón, donde casi una veintena de entidades han firmado un compromiso para dejar el agua al margen de las leyes del mercado. Organizaciones ciudadanas, ecologistas y otras plataformas andaluzas, así como partidos políticos, preparan ya una propuesta similar, un pacto para que este recurso esté siempre en manos públicas.


“Es necesario crear un amplio consenso a través de un pacto en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo: eficacia, transparencia, rendición de cuentas y participación social”. Es la explicación de Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), una de las entidades promotoras del gran acuerdo.


La intención ha sido secundada por entidades ciudadanas en diferentes puntos de Andalucía, desde la Coordinadora del Agua de Jerez (Cádiz) hasta la plataforma Agua y Desarrollo de Priego (Córdoba), pasando por partidos políticos, como Izquierda Unida, que ha liderado en la localidad cordobesa de Lucena la vuelta del servicio a manos municipales, o el PSOE. Esta formación asumió en Sevilla esta bandera desde que en 2007 impulsó el regreso a una gestión pública de Aguas del Huesna, una entidad que abastece a través de 250 kilómetros de red a 22 municipios dispersos y de entre 300 y 50.000 habitantes.


El pacto persigue dos objetivos fundamentales. Uno es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los Ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua.


El antecedente está en Zaragoza, donde la Red Agua Pública de Aragón, ha conseguido la firma de los tres partidos que gobiernan la capital aragonesa (PSOE, IU y Chunta Aragonesista), 13 organizaciones sociales y dos fundaciones en un “compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua”.


Los objetivos básicos son que la gestión y tratamiento del agua sean considerados un servicio de “acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos”. Este compromiso no es una mera declaración de principios, ya que supone cambios en las organizaciones responsables de este escaso recurso en España, como la creación de un órgano regulador participado por las organizaciones sociales.


Los principios básicos del pacto por el agua pública son seis. El primero es que el agua es un bien público y que los servicios de abastecimiento y saneamiento están vinculados a derechos humanos y, por lo tanto, deben ser de acceso universal. Ninguna organización discute el primer aspecto, pero la forma de llevar a cabo el segundo, como los cortes de suministro por impago, anula en numerosas ocasiones la consideración del recurso como un derecho sobre un bien de todos. En este sentido, el acuerdo establece que el agua “no debe ser gestionada desde la lógica del mercado, sino desde nuevas formas públicas y participativas, sin ánimo de lucro, como servicios de interés general”.


El segundo punto del acuerdo considera “justo y necesario” que servicios de agua y saneamiento sean municipales y no se vean afectados por los recortes de competencia que supone la nueva normativa de régimen local promovida por el Gobierno.


En línea con la resolución de la Unión Europea, el pacto por el agua se ampara y defiende la resolución de Naciones Unidas que declara el agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial.


El acuerdo reclama una gestión integral y coordinada de los servicios, evitando la dispersión y atomización de entidades responsables de un bien común.


El modelo de gestión que se propone es 100% público, frente a las numerosas propuestas de empresas mixtas (municipales y privadas), “transparente y participativo”. Este planteamiento supone que la información responda a indicadores “significativos y comprensibles” fijados por un consejo regulador o un observatorio independiente con capacidad de control y representación.


El sistema tarifario que prevé el acuerdo es “justo”, “equitativo” y capaz de garantizar el acceso a servicios de alta calidad, independientemente de los recursos del ciudadano. Del mismo modo, el precio debe asegurar la sostenibilidad financiera del servicio, incentivar el ahorro y penalizar el derroche. “Los fondos recaudados por las tarifas o cualesquiera otros vinculados al servicio de agua y saneamiento deberán dedicarse a garantizar la gestión eficiente del mismo, realizar las inversiones precisas y asegurar el acceso universal al servicio”, concluye el pacto.


Experiencias de marcha atrás


“Lo hemos conseguido”, afirma satisfecho el teniente de alcalde de Urbanismo de Lucena (Córdoba), Miguel Villa, de Izquierda Unida, quien logró que 18 concejales del PSOE y PP reticentes a la remunicipalización del servicio de agua, tras 25 años en manos privadas, se sobrepongan a la presión de las empresas y devuelvan la gestión del servicio a los vecinos.


“La clave es la claridad ideológica. El agua no puede regirse por criterios de empresa”, explica Villa, quien resalta que el segundo elemento fundamental para recuperar el agua es “saber que, por muchos trajes que se pongan, las multinacionales no son invulnerables”.


Las consecuencias han sido beneficiosas para los vecinos, según el concejal, quien detalla que en seis meses, la empresa municipal ha conseguido 285.000 euros de beneficios, un 25% más de los declarados por la empresa privada en todo su último ejercicio. Este dinero, que se reinvertirá en el pueblo, se ha conseguido después de ejecutar inversiones pendientes.


Francisco López, de la Coordinadora del Agua de Jerez, añade un beneficio más: la reducción de tarifas. Los grupos que forman la coordinadora llevan batallando durante más de un año contra la privatización del servicio en Jerez. Por el momento, han conseguido que tres de las siete pedanías (Guadalcacín, Estrella del Marqués y Torrecera) se salgan del acuerdo del municipio matriz con una empresa privada. Su incorporación a la entidad pública de la sierra de Cádiz supondrá una reducción del 20% en lo que pagan los vecinos por distribución de agua y un 25% de descuento en el precio por la recogida de basuras.


“El escenario es propicio, con la campaña municipal cerca. En octubre llevaremos el pacto por el agua pública por toda Andalucía. En cualquier caso, conseguiremos que cada uno de la cara”, advierte López.


En Priego (23.000 habitantes), el proceso de recuperación del servicio es aún más curioso porque, como explica Rafael Campaña, uno de los impulsores de la plataforma Agua y Desarrollo, privatizó la izquierda en 2010 y la derecha respalda y promueve ahora la marcha atrás, pese al criterio nacional del PP. Los vecinos están dispuestos incluso a asumir la compra de la parte privada a través de los recibos, los cuatro grupos municipales se han pronunciado ya “abiertamente” a favor de la remunicipalización, hay más de 5.000 firmas que apoyan el proceso y los vecinos se han manifestado recientemente reclamando el control sobre su servicio. Las fuerzas políticas de Priego han anunciado que contarán con la asistencia técnica de Aeopas y de la empresa de aguas de la Diputación de Córdoba (Emproasa) para el proceso. “La remunicipalización en Priego no sólo acarreará ventajas económicas para los ciudadanos sino que incluso puede simbolizar la unión entre todos los grupos políticos y de toda la sociedad civil, algo inusual en estos tiempos de crisis”, concluye el gerente de los operadores públicos, Luis Babiano.


Fuente: El País







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Álava dice que el anteproyecto de ley Municipal del Gobierno Vasco se “carga” las diputaciones


El diputado general de Álava ha insistido en que el Consejo Vasco de Finanzas no tiene por qué decidir cómo se financian los ayuntamientos alaveses.


El diputado general de Alava, Javier de Andrés (PP), ha censurado este martes el anteproyecto de ley Municipal elaborado por el Gobierno vasco porque según ha dicho se "carga" la capacidad decisoria de las entidades forales en materia de financiación local.


De Andrés ha comparecido en rueda de prensa para presentar las alegaciones de la Diputación alavesa al citado anteproyecto de ley, que en sus palabras limita el papel de las diputaciones a una "mera agencia de cobro de impuestos".


En concreto ha discrepado con la capacidad decisoria que el texto da a Eudel en el marco del Consejo Vasco de Finanzas, donde están también las tres diputaciones y el Gobierno vasco, y que permite a la Asociación de Municipios Vascos tener voz y voto cuando les afecte la distribución de ingresos generados por tributos.


El diputado foral ha censurado que la presencia decisoria de los municipios recaiga en una asociación que no es elegida directamente por los ciudadanos, pero no ha querido desvelar cuál es la fórmula que la Diputación plantea.


Ha insistido en que el Consejo Vasco de Finanzas no tiene por qué decidir cómo se financian los ayuntamientos alaveses y ha asegurado que para eso ya están las Juntas Generales.


En opinión de De Andrés, el texto del anteproyecto de ley supone una pérdida competencial para las diputaciones en materia de distribución del dinero en las instituciones locales y también "diluye" el papel de las entidades forales en el Consejo Vasco de Finanzas.


El diputado general alavés ha asegurado que de esta manera es más "difícil" defender los intereses del territorio, algo que le "preocupa" y le "disgusta", al tiempo que ha insistido en que las decisiones en materia de financiación local deben ser acordadas en cada territorio.


De Andrés ha opinado también que se observa una "voluntad" de suprimir competencias que tradicionalmente habían gestionado las diputaciones a favor del Gobierno vasco y que el texto del anteproyecto "adolece" de falta de precisión en la limitación competencial, cuando ése debería ser su principal objetivo.


También ha puesto el acento en el hecho de que el anteproyecto olvida de forma "grosera" órganos como los concejos alaveses, lo que demuestra el "desconocimiento" del Gobierno vasco del ordenamiento local de Alava.


De Andrés ha opinado que la Ley Municipal debería "surgir del acuerdo" entre las diputaciones forales y que en ella se establecieran con "claridad" las competencias de los diferentes niveles administrativos.


Ha asegurado que el sistema municipal "funciona bien" y que aunque puede ser mejorado no se debe hacer "tabla rasa" de lo que existía hasta ahora. También ha opinado que existen en el texto "importantes errores" que deben subsanados y no ha dudado en avisar de que acudirá a la Comisión Arbitral si no es así.


La Diputación de Alava ha presentado 24 folios con sus alegaciones a diversos artículos de este anteproyecto que está previsto que sea aprobado en septiembre por el Consejo de Gobierno para su posterior remisión, en otoño, al Parlamento autonómico para su tramitación.


Fuente: El País







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El PP confirma que quiere aprobar su reforma electoral antes de las municipales


Todos los grupos, salvo el PP, reclaman la comparecencia de Rajoy en el Congreso.


Los 'populares' reclaman que gobierne en los ayuntamientos la lista más votada.


La oposición coincide en calificar la propuesta del PP de 'pucherazo oportunista'.


El diputado popular Pedro Gómez de la Serna ha confirmado que su grupo presentará en septiembre su propuesta para reformar la ley orgánica de régimen electoral local para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, pero, ha precisado, dentro del paquete de medidas anticorrupción pendientes de acordar con el resto de partidos en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.


El parlamentario ha defendido que es "perfectamente legítimo" plantear este asunto antes de las elecciones municipales de mayo de 2015 porque es uno de sus compromisos electorales. "Es de sentido común, cumplir con el programa electoral" ha señalado Gómez de la Serna durante la reunión hoy de la Diputación Permanente de la Cámara Baja. Tras recordar que otras fuerzas políticas defienden la elección directa del alcalde, ha asegurado que quien ha cambiado de posición es el resto, en referencia al PSOE y UPyD.


En esta sesión se debatía, entre otros temas, la petición de PSOE y la Izquierda Plural de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Congreso para explicar su proyecto. Todos los grupos, a excepción del PP, han apoyado esta solicitud. CiU se ha mostrado incluso partidario de apoyar la reforma ya que, según ha explicado su portavoz, Josep Sanchez Lliure, su formación también incluyó en el programa la apuesta por la elección directa del alcalde y las listas abiertas.


Críticas de la oposición


Desde IU, su coordinador, Cayo Lara, ha dicho que "no es presentable" que un tema de tanta relevancia se anuncie como serpiente de verano en todas partes menos en el Parlamento. Y ha acusado al PP de pretender "blindarse en muchos ayuntamientos aunque no cuente con el apoyo de la mayoría".


Desde ERC, Alfred Bosch también ha tachado de "pucherazo oportunista" la hipotética reforma. Y aunque ha asegurado que a su partido le viene bien, lo ha calificado de "una insensatez en términos democráticos".


La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha incidido en las críticas asegurando que el PP no pretende la elección directa de alcaldes, porque los seguirán designando los concejales, sólo que a los grupos que obtengan el 40% se les dará un "plus" injustificado llegando a la mayoría absoluta, en la que cree que los populares quieren blindarse aun sin conseguirla.


Fuente: El Mundo







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El PP seguirá con su cambio electoral pese al rechazo unánime


Todos los grupos critican en el Congreso la reforma de la elección de alcaldes.


El PP anunció este martes en el Congreso de los Diputados que seguirá adelante con su cambio en la forma de elección de alcaldes, pese a constatar el rechazo unánime de los grupos a su propuesta de reforma de la ley electoral.


En los primeros días de septiembre, cuando el Grupo Socialista tenga portavoz —previsiblemente Antonio Hernando—, el responsable del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se reunirán con él y con el resto de los grupos para trasladarles sus propuestas de regeneración democrática, entre las que se encontrará la reforma para que gobierne la lista más votada en los Ayuntamientos.


Pero su intención es aprobar la medida en los próximos meses para que entre en vigor en las elecciones municipales de mayo de 2015. Por si había duda, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, reiteró este martes ante la Diputación Permanente la voluntad de su partido y del Gobierno de seguir adelante con la reforma. Lo hará a pesar de que el martes no solo constató la imposibilidad de alcanzar consenso, sino que escuchó descalificaciones muy duras de todos los grupos por primera vez en la habitual solemnidad de una sesión del Congreso. Ningún grupo apoya la reforma legal.


Por un lado porque, según reiteraron todos, busca favorecer al PP. Por otro, porque no es conveniente cambiar las normas electorales en vísperas de una cita con las urnas.


Para la socialista Soraya Rodríguez, “es una maniobra política de quienes se sienten perdedores”; para Cayo Lara (IU), “un pucherazo moderno” con el que el PP “pretende blindarse en muchos Ayuntamientos aunque no cuente con el apoyo de la mayoría”; para Pedro Azpiazu (PNV), no es posible abordar este debate pocos meses antes de las elecciones; para Rosa Díez (UPyD), “no se puede y no se debe hacer una tropelía así”, y para Josep Sánchez Llibre (CiU), esta no es manera de hacer las cosas.


A tanto y tan rotundo rechazo, se suma que algunos grupos, como el PSOE e IU, ni siquiera quieren sentarse a negociar la propuesta.


La respuesta del portavoz del PP fue mostrarse “estupefacto” por las críticas antes de conocerse la propuesta concreta, y emplazar a los grupos a “esperar a ver cuál es el planteamiento” del Gobierno, que sólo ha mostrado su intención de “presentar una fórmula abierta a la negociación” para evitar los pactos ocultos que afloran entre grupos perdedores después de las elecciones: “Eso sí es un golpe de Estado”.


Para Gómez de la Serna, el PSOE se opone a esta medida ahora porque “quizá esté preparando ya pactos ocultos con grupos minoritarios”. Por eso insistió en que debe aprobarse antes de las próximas elecciones municipales. Según él, no hay por qué “hurtar” a los ciudadanos una medida que es positiva y podría estar lista en 2015.


Como estaba previsto, el PP bloqueó en la Diputación Permanente las peticiones de PSOE e IU para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explique sus intenciones sobre esta reforma legal. No lo hará hasta el pleno de control de la segunda semana de septiembre.


Fuente: El País







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martes, 26 de agosto de 2014

Pedro Sánchez invita a Rajoy a derogar la reforma local si lo que quiere es mejorar en la democracia municipal


Confirma que propondrá extender las primarias a todos los partidos.


El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha invitado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como una de las medidas que puede tomar para mejorar la democracia en el ámbito municipal, en vez de optar por modificar la ley electoral.


Durante una visita a un centro para mujeres maltratadas en la Comunidad de Madrid, el dirigente socialista ha lamentado que, "por primera vez en democracia", el PP haya planteado cambiar la ley electoral --para primar la elección como alcalde del candidato de la lista más votada-- "sin el consenso del principal partido de la oposición". "Si ésa es una actitud para negociar, pues me dirá qué es rechazar esa actitud para negociar", ha apostillado.


A su juicio, si el Gobierno quiere realmente "plantear mejoras en la democracia local", aconseja otras fórmulas antes que una modificación de la ley electoral. En concreto cita "derogar" la reforma de la Administración local que entró en vigor en 2013 porque "deja sin recursos a los municipios".


Por otro lado, el secretario general del PSOE ha defendido que su partido está "a la vanguardia de los procesos de democratización" interna y ha expresado su deseo de que las demás fuerzas políticas lo emulen en los procesos de renovación y elección de sus líderes. En este contexto, ha recordado que a partir de septiembre propondrá que "el funcionamiento democrático se homogeneice en los partidos" y que todos ellos celebren primarias.


Susana Díaz combate "cualquier atisbo de corrupción"


Por último, Sánchez se ha referido a la información publicada este lunes por 'El Mundo' según la cual el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en la actual Ejecutiva regional del PSOE andaluz, José Fernández de los Santos, se benefició directamente de las subvenciones para la formación profesional otorgadas por la Junta de Andalucía, la cual además habría exonerado a la sociedad limitada que Fernández de los Santos administraba.


"Tengo plena confianza en lo que está haciendo la presidenta de la Junta", ha dicho en referencia a Susana Díaz. Según ha señalado, la dirigente autonómica está dedicada a "combatir cualquier atisbo de corrupción" y evitar, a través de medidas políticas y administrativas, que "se vuelva a producir un uso fraudulento de ayudas" destinadas a la formación de personas desempleadas.


Fuente: Europa Press







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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife exige ayudas en la reforma local para cubrir el coste de la población flotante


El alcalde reclama al Estado que el Estatuto de la Capitalidad Compartida tenga peso a la hora de elaborar la nueva normativa.


Santa Cruz no es un municipio más, sino una localidad con unas necesidades especiales que se derivan de su condición de capital de provincia y cocapital del Archipiélago. En la ciudad residen 206.593 habitantes pero a esta cantidad hay que sumar la población flotante que, cada día, se desplaza hasta la capital tinerfeña para acudir a sus puestos de trabajo o para realizar gestiones administrativas. Son unos ciudadanos que, pese a no residir en Santa Cruz, también demandan una serie de servicios y prestaciones que el Consistorio chicharrero debe proporcionarles. "Santa Cruz es diferente: somos la cocapital de Canarias", aseguró el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien exigió al Ejecutivo regional que se tengan en cuenta los costes que le ocasionan al Ayuntamiento chicharrero los servicios a esta población flotante, a través de ayudas específicas.


El Estado aprobaba el pasado año la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una normativa que pretendía devolver a las Comunidades Autónomas muchas de las competencias que, en su momento, estas le cedieron a los ayuntamientos. Sin embargo, la aplicación de la ley le está resultando bastante difícil a los gobiernos regionales debido a la gran cantidad de lagunas que existen en el texto.


Para resolver las incertidumbres competenciales, el Ejecutivo canario y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han elaborado una reforma autonómica de la ley estatal para tratar de cubrir todos los vacíos y eliminar los limbos que existían en la normativa del Estado. La denominada ley canaria de municipios se llevará al Parlamento regional a lo largo del próximo mes para que pueda ser debatida por los grupos políticos y, posteriormente, aprobada.


El hecho de que la Fecam haya participado en la elaboración de esta reforma ha permitido a los ayuntamientos canarios no solo poder manifestar su opinión sobre la norma estatal, sino también realizar todas aquellas aportaciones que permitan que prestaciones tan relevantes como los servicios sociales queden garantizados.


Santa Cruz, al igual que el resto de localidades canarias, también ha aportado su granito de arena en la elaboración de dicho documento. Así, el Consistorio chicharrero asegura en el escrito enviado a la Fecam que "se echa en falta referencia y regulación específica para los municipios de gran población y al Estatuto de Capitalidad Compartida". "La Ley del Estatuto de la Capitalidad Compartida de las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife reconoce y refuerza la autonomía de los dos ayuntamiento de ambas ciudades, dotándolas de un estatuto especial de capitalidad", se agrega en el documento.


"Tomando como base lo señalado en dicha Ley, ambos ayuntamiento están al servicio de una gestión administrativa eficaz, moderna y solidaria y, para ello, se establece una previsión de financiación específica en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de ambas ciudades", se aclara en el escrito enviado por el Ayuntamiento de Santa Cruz.


"Ser la cocapital de Canarias es una oportunidad para Santa Cruz pero es necesario que el Gobierno de Canarias tenga en cuenta esta condición", aseveró José Manuel Bermúdez, quien recordó que en la capital tinerfeña se generan tantos puestos de trabajo como en los municipios de La Laguna, La Orotava y Arona juntos. "Son unos trabajadores que también nos demandan unos servicios pese a no residir en el municipio", añadió el alcalde José Manuel Bermúdez.


Pese a que el asunto de la capitalidad y la necesidad de que se respeten las leyes canarias por las que las dos capitales reciben una financiación especial es lo que más preocupa en Santa Cruz, en el escrito del Ayuntamiento también se hace referencia a otros temas como las competencias, la financiación o la autoorganización de cada localidad.


Sobre las competencias, en el documento se explica que "la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha generado para nuestros municipios un conjunto de problemas de índole eminentemente práctico como consecuencia de la confusión competencial derivada de la referida Ley. Las dudas suscitadas hasta el momento han venido resolviéndose a través de circulares o instrucciones".


Para evitar esos problemas a la hora de establecer las competencias de los municipios en determinadas materias, el equipo de Gobierno plantea que "la legislación autonómica clarifique dichas competencias a fin de evitar la aparición de disfuncionalidades en los servicios públicos y garantizar su continuidad sin poner en riegos los derechos de los ciudadanos, teniendo como marco el principio de autonomía local y el principio de subsidiariedad en su doble dimensión de máximo proximidad al ciudadano y de eficacia en el ejercicio de las competencias".


Otro de los asuntos que el Consistorio capitalino exige al Ejecutivo regional que incorpore en dicha reforma de la normativa tiene que ver con la necesidad de que se garantice la autonomía municipal y la independencia a la hora de gestionar las competencias que tendrán que asumir los ayuntamientos. "El concepto de la autonomía local ha de alcanzar tanto la ordenación del interés público municipal y el desarrollo de competencias como la organización y gestión de los órganos de gobierno y administración", dice el texto que el Ayuntamiento ha remitido a la Fecam.


En ese sentido, el equipo de Gobierno aclara que el borrador que le ha sido enviado por el Ejecutivo regional para redactar la reforma de la ley "no deja apenas margen para la decisión de la estructura administrativa y la organización municipal". "Cada corporación debe poder dotarse, según sus propias necesidades, de la estructura y la organización adecuada que le permita lleva a cabo la gestión más eficiente y eficaz".


"La prolijidad con la que trata los títulos relativos al funcionamiento, su régimen de acuerdos, el estatuto de sus miembros, la organización o los procedimientos administrativos chocan de manera frontal con el principio de autoorganización, abordando cuestiones que han de quedarse en el marco exclusivo de un reglamento de organización", se aclara en el documento municipal.


Fuente: laopinion.es







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lunes, 25 de agosto de 2014

La elección de los alcaldes: Una reforma electoral contra lo que hace la mayoría en Europa


Sólo Italia, Francia y Reino Unido tienen sistemas para elegir alcaldes como quiere el PP.


El anuncio de una reforma de la ley para cambiar el sistema de elección de los alcaldes ha generado mucha polémica entre las formaciones políticas y la opinión pública. El debate, sin embargo, no es de carácter técnico, sino político. Desde hace tiempo, el PP ha tenido en mente, y en su programa, la idea de que es conveniente que se haga con la Alcaldía la fuerza más votada en unas elecciones municipales, y no a una coalición entre «cinco que han perdido». Sin embargo, el camino hacia el que parece encaminarse la reforma es el minoritario en Europa.


En realidad, todavía no está claro qué prepara el Gobierno, si un cambio en la forma de elegir al alcalde, en la de repartir concejales o ambas. Pero los expertos creen que podría seguir los pasos de la propuesta de Matteo Renzi. «En Italia, la distribución de escaños se hará a nivel nacional con método proporcional. Sin embargo, la gracia estriba en que habrá un premio di maggioranza. Aquella lista que supere el 35% de los votos será recompensada con un bonus de hasta el 18% de los escaños. Eso sí, ningún partido o coalición podrá superar el 55% del total de escaños en la Cámara, con lo que el tamaño de este bonus será variable. En todo caso, supondrá tener una mayoría absoluta siempre. Si ninguna lista consigue superar ese 35% para recibir la bonificación, se realizará una segunda vuelta entre las dos más votadas. El ganador en esta segunda vuelta obtendrá el 53% de los escaños. Los restantes se reparten proporcionalmente entre los partidos», explica a EL MUNDO Pablo Simón, investigador en sistemas electorales de la Universidad Libre de Bruselas.


Sin embargo, no es ésta la práctica habitual en Europa. La mayoría de los países (ver tabla) tiene un sistema proporcional sin bonus para la elección de alcaldes y/o concejales, si bien los grandes, como Francia, Alemania o Reino Unido optan por fórmulas diversas: mayorías a dos vueltas, sistemas mayoritarios simples corregidos en algunos länder o con voto único, en Irlanda del Norte.


«No creo que podamos hablar de sistemas mejores o peores, sólo que algunos priman principios diferentes; bien la gobernabilidad apoyada por la mayoría o bien el acuerdo entre representantes electos. Eso desde una óptica meramente normativa, porque desde la óptica de la gestión hay variables mucho más relevantes que el sistema electoral; autonomía local, densidad del municipio, modelo de gestión de servicios, modelo de financiación...», indica Simón.


Eso sí, hay un matiz. «Normalmente el sistema electoral en vigor en cada país depende de la evolución histórica de sus sistemas políticos. No hay una pauta de convergencia entre países, pero sí suele haber congruencia entre el aplicado en las elecciones generales y en las locales, ya que suelen ser de la misma familia, sea proporcional o mayoritaria». Algo que cambiaría en España, ya que se dejaría intacto el sistema para las autonómicas y las generales.


POBLACIÓN


Según el número de habitantes; en Alemania, depende del länder.


Uno de los primeros elementos para analizar las diferencias entre los sistemas de elección en comicios municipales es el tamaño de las poblaciones. La mayoría de los países (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Portugal, etcétera) tienden hacia la homogeneidad, por lo que el sistema es siempre el mismo, independientemente de si se trata de aldeas, pueblos o grandes ciudades. En Francia cambia a partir de los 3.500 habitantes. En Grecia, de 5.000 habitantes, Y en Italia, a partir de los 15.000. En Alemania no depende en sí del tamaño, sino de la geografía, con enormes diferencias de länder a länder. Algunos, como Renania del Norte-Westfalia o Schleswig-Holstein, por ejemplo, optan por sistemas mayoritarios, mientras que la mayoría se descanta por proporcionales. Y algo similar ocurre en Reino Unido. Inglaterra, Escocia y Gales se decantan por mayorías simples, mientras que Irlanda del Norte opta por el llamado voto único transferible, «con lo que se puede marcar el orden de todos los candidatos y son elegidos en función de si han obtenido una cuota, transfiriéndose los votos entre candidatos en un complejo sistema de recuento». En España hay también una diferencia no demasiado conocida en función del tamaño de los municipios. Así, en pueblos de más de 250 habitantes se vota a listas completas, cerradas y bloqueadas. Pero cuando son más pequeños, cambia completamente y se pasa al régimen de Concejo Abierto, y se puede votar a más de una persona (en función del número de concejales a elegir). Tras cambiar la Ley Electoral en 2011, el anterior régimen obligatorio de Concejo Abierto para los municipios de menos de 100 habitantes pasó a ser voluntario.


POR FAMILIAS


El proporcional es el favorito.


Una de las grandes disputas teóricas en la ciencia política, quizás la más conocida, es la que hace referencia a los sistemas electorales y las familias en las que se agrupan. Los países, así, tienden a dividirse en torno a dos opciones principales: los sistemas proporcionales (como el español) o los mayoritarios (Francia, Inglaterra). En Europa, los proporcionales son la elección preferida por un amplio margen. Eso sí, no en todos impera lo que se conoce en la literatura académica como strong mayors, alcaldes fuertes. Es decir, grandes personalidades con amplios poderes. En otros países, independientemente del sistema proporcionales, se opta por gestores (city managers, típico en EEUU). En algunos casos, los concejales tienen capacidad legislativa, pero menos poder e influencia sobre el personal en sí del ayuntamiento, que tiene un perfil más tecnócrata e independiente.


EL BONUS


El premio al partido ganador ya se utiliza en Francia, Italia o Grecia.


De entre las opciones que estudia el Ejecutivo, la posibilidad de dar un bonus a la lista más votada es una de las que más suena. En España no es conocida, pero en otros países, como Italia y Grecia, se usa a nivel nacional desde hace tiempo. Una forma de premiar al partido ganador y de evitar que una coalición del resto pueda impedir formar Gobierno. Francia y Grecia tienen un bonus para las alcaldías. E Italia también, donde sólo cambia el tipo de elección (a una vuelta o a dos) en función de la población.


A QUIÉN VOTAS


España y Portugal, únicos casos con listas cerradas y bloqueadas.


De entre todas las diferencias por países de nuestro entorno europeo, donde seguramente haya más diferencias es en el apartado del destinatario del voto. En las elecciones municipales hay tres opciones: votar al candidato para alcalde, votar al partido o a ambos. E independientemente del tamaño del municipio, o del tipo de sistema electoral, encontramos una gran variedad. Así, por ejemplo, los sistemas con listas flexibles, como Austria, Holanda, Suecia, Dinamarca o Finlandia «permiten votar al partido directamente o bien dentro de la lista, a veces con opción de marcar preferencias ordinales, a veces con preferenciales discretos. En algunos sistemas hay umbral de votos para ser elegido concejal, como en Suecia, pero en otros como Dinamarca no lo hay», aclara Simón.


No es el caso de España y Portugal, donde las listas cerradas y bloqueadas (únicos casos que quedan así entre los sistemas proporcionales europeos) hacen que lo único que importe en realidad sea el partido. El cambio electoral que estudia el PP, al igual que hace unos años había hecho el PSOE, no modifica esto.


CUÁNTAS VECES VOTAS


Del un solo voto español al tantos como concejales de Reino Unido.


Salvo en el caso ya mencionado de los pueblos de menos de 250 habitantes, en España las elecciones municipales suponen emitir un solo voto, hacia una lista. Es algo habitual en Europa, pero ni mucho menos la única posibilidad. En Austria, por ejemplo, en cada comicio el ciudadano emite entre uno y tres. En Bélgica, Francia, Irlanda, Noruega, algunos länder alemanes o el Reino Unido, tantos como concejales haya en juego. En Italia, en cambio, se dan dos votos, pues se elige por un lado a la Cámara (la asamblea municipal) y por otro directamente a su presidente. Son dos procesos diferentes, pero que van de la mano, pues los resultados de ambas son determinantes para la composición final y la gobernabilidad de facto del municipio.


OBJETIVOS DEL SISTEMA


Ahora no hay desproporcionalidad.


Desde un punto de vista técnico y no político, ¿necesita España un cambio? Los politólogos creen que importarlo sin más no es buena idea. Y desde la óptica redistributiva, no se están produciendo resultados no «monotónicos» (que saque más escaños una fuerza menos votada) y que la proporcionalidad es notable en municipios de más de 5.000 habitantes, con la barrera del 5%. Éste, dice Simón, «es el único aspecto en el que se puede justificar técnicamente una reforma, ya que la lista cerrada y bloqueada impide una rendición de cuentas individualizada».


Fuente: El Mundo








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