viernes, 19 de diciembre de 2014

La competencia exclusiva del Estado en materia de legislación sobre expropiación forzosa impide la aplicación de leyes autonómicas que no se ajusten a las pautas de valoración del suelo contenidas en la norma estatal

Se recurre la sentencia que ratificó el acuerdo de la Comisión Valorativa sobre justiprecio de la finca expropiada para la ejecución de una Unidad de Actuación del PGOU de Málaga, en cuanto dicha Comisión consideró el suelo objeto de expropiación como urbano no consolidado en aplicación de la Ley autonómica 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pero no así que se estuviera al método residual para hallar el valor de repercusión, al considerar que debía atenderse a las ponencias de valores.



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El Parlament aprueba modificar la Carta de Barcelona para potenciar el autogobierno


Con 123 votos a favor, y la sola abstención de la CUP, supondrá la adaptación a la ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.


El Parlament catalán ha aprobado este jueves por unanimidad el proyecto de ley de modificación parcial de la Carta Municipal de Barcelona, de la que todos los grupos parlamentarios han resaltado su apuesta por el "autogobierno" de la ciudad y la "particularidad" de su estatus.


Con 123 votos a favor, y la sola abstención de la CUP, este proyecto de ley definido por la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, como de "consenso de todos los grupos municipales", supondrá la adaptación de la Carta Municipal de Barcelona a la ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).


Cuando se aprobó el proyecto de ley, el conseller de Presidencia, Francesc Homs, afirmó que se adaptaba la Carta, entre otras cuestiones, para "sobrevivir" a la LRSAL, que la Generalitat y el mundo municipal catalán rechazaron de plano, presentando diversos recursos al Tribunal Constitucional.


Ortega también ha destacado que el proyecto permite reconocer por ley a la Sindicatura de Greuges de Barcelona y la Gaceta Municipal de Barcelona como diario oficial del Ayuntamiento.


La mayoría de grupos se han mostrado favorables al proyecto de ley, empezando por la diputada de CiU Anna Figueras, que ha destacado que el cambio propuesto permitirá "proteger, salvaguardar y mejorar el régimen especial de la ciudad".


En sintonía con esta posición se ha mostrado la diputada de ERC Agnès Rossinyol, que ha calificado el proyecto de ley como "necesario y adecuado", aunque ha cargado contra el Gobierno por la LRSAL, que ve como una "constante injerencia" de la administración central hacia la ley catalana y la Carta Municipal de Barcelona.


Por su parte, el diputado del PSC Ferran Pedret ha destacado el consenso que a su juicio genera la Carta Municipal y ha mostrado, en ls mismas palabras que otros grupos, su aprecio al carácter "necesario y adecuado" del proyecto de ley.


En la misma línea se ha expresado el diputado del PPC y alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manuel Reyes, que ha calificado de "necesario" el autogobierno y el régimen especial que tiene Barcelona.


Por su parte, la portavoz de Ciutadans y alcaldable del partido en Barcelona, Carina Mejías, ha mostrado su agrado con los cambios propuestos y ha pedido que sean "muchas más las ocasiones en que el Parlament pueda dar protagonismo a la ciudad de Barcelona".


Más crítico se ha mostrado el grupo de ICV-EUiA a través de la diputada Marta Ribas, que se ha mostrado de acuerdo con el proyecto de ley aunque ha criticado a CiU que "estaría muy bien que el resto de municipios que no son Barcelona fuesen igual de prioritarios para CiU".


Isabel Vallet, de la CUP, grupo que se ha abstenido en la votación por considerar que había aspectos positivos en el proyecto de ley pero otros muchos que faltaban, ha dicho que la ley debería contemplar aspectos que, a su juicio, son claves, como "la vivienda o el transporte accesible a las clases populares".


Fuente: La Vanguardia







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jueves, 18 de diciembre de 2014

Los municipios abordan en unas jornadas el modo de optimizar la contratación de servicios energéticos


El Centro de Iniciativas Empresariales de la Diputación de Granada ha acogido este miércoles una jornada para que las administraciones locales incorporen criterios de eficiencia energética en la contratación de servicios públicos en cumplimiento de la recientemente aprobada Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que establece la posibilidad de que determinados servicios, como es el alumbrado público, puedan ser coordinados por las diputaciones.


El Centro de Iniciativas Empresariales de la Diputación de Granada ha acogido este miércoles una jornada para que las administraciones locales incorporen criterios de eficiencia energética en la contratación de servicios públicos en cumplimiento de la recientemente aprobada Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que establece la posibilidad de que determinados servicios, como es el alumbrado público, puedan ser coordinados por las diputaciones.


El vicepresidente segundo de la institución provincial y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, ha inaugurado la sesión señalando que "el desarrollo experimentado por nuestros municipios ha llevado aparejado un importante incremento de los gastos relacionados con el consumo energético de las instalaciones y servicios municipales".


Así, un servicio municipal básico como el del alumbrado público, "que juega un papel importante no sólo para el desarrollo de la actividad económica de cualquier territorio sino para su seguridad y bienestar, puede llegar a representar entre el 40 por ciento y el 60 por ciento del consumo eléctrico de un ayuntamiento y suponer un gasto de alrededor de 60 euros al año por habitante", ha añadido el vicepresidente segundo.


En este sentido, José Robles ha detallado que "los costes más altos se producen en los ayuntamientos más pequeños, en los de menos de 1.000 habitantes, debido al mal diseño del alumbrado y la antigüedad de las instalaciones", lo que conduce a un desaprovechamiento de la energía y desencadena la prestación del servicio sin las condiciones de calidad establecidas, un aumento de contaminación lumínica y un uso ineficiente de los recursos públicos.


Para responder a estos nuevos retos, los gobiernos locales cuentan con unos medios muy limitados y se enfrentan a estos problemas sin contar con la capacidad institucional y financiera necesaria. Por ello, desde el año 2011, la Diputación de Granada y la Agencia Provincial de la Energía vienen fomentando la realización de este modelo de contratación a través de diferentes acciones.


Una de ellas es la jornada que ha acogido el edificio CIE de la Diputación, dirigida principalmente a responsables de compra y contratación pública, así como a personal de mantenimiento de edificios y alumbrado público de municipios de toda la provincia, en la que se ha dado a conocer los últimos avances en la definición de criterios de eficiencia energética para la contratación pública a nivel español y europeo, y se han mostrado los aspectos legales más relevantes sobre la compra y contratación pública de servicios relacionados con criterios ambientales.


Bajo el título 'Eficiencia energética y contratación pública: contratos de servicios energéticos en la administración local', la jornada, de carácter eminentemente práctico, responde a la obligación de las administraciones públicas de adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, según se recoge en la ley 15/2014, de 16 de septiembre. Dicha ley establece la posibilidad de que determinados servicios, como es el alumbrado público, puedan ser coordinados por las diputaciones, cuando su coste de prestación sea superior a lo establecido por la normativa, de manera directa o a través de la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.


En la jornada se ha puesto de relieve que los elementos claves de cualquier contrato de servicios energéticos son la realización de una auditoría para decidir si un municipio necesita mejoras, la formalización de un contrato adaptado a las necesidades e inversión municipales y una revisión periódica y anual del cumplimiento de los objetivos marcados en dicho contrato.


Las principales conclusiones de la sesión se recogerán en una memoria final que servirá a los municipios de guía para la formalización de futuras contrataciones públicas.


Fuente: Europa Press







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miércoles, 17 de diciembre de 2014

Competencias municipales “disponibles”: régimen jurídico y algunos problemas pendientes

Cuando está próximo a cumplirse un año desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LERSAL, en lo sucesivo), puede ser oportuno abrir una ventana de reflexión en torno a una categoría evanescente de competencias municipales como es la de competencias “disponibles” o las que el legislador, tras la censura que realizara el Consejo de Estado, terminó acuñando como “competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación”.



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martes, 16 de diciembre de 2014

Taller Cositalnetwork: INTERVENCIÓN Y TESORERÍA: LOS INFORMES DE REPARO Y OTROS INFORMES DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA


Tras la modificación de la Orden HAP/2105/2012, y con motivo de la Regla de Gasto y la modificación del informe de Intervención, en este taller abordaremos la siguiente temática:


Intervención y Tesorería: los informes de reparo y otros informes de Intervención y Tesorería.


Para más información pincha aquí


En imagen Gerardo Armas, representante del Colegio de Tenerife.







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Los Ayuntamientos preparan más subidas de impuestos en 2015


Un tercio de los municipios españoles ha tenido que presentar planes de ajuste.


El Ayuntamiento de Jaén (116.176 habitantes) ha sido uno de los últimos en reconocer formalmente su situación de quiebra técnica. Según los datos de 2013, debe 521 millones de euros, 4.484 euros por cada uno de sus vecinos. La oposición al alcalde, José Enrique Fernández Moya (PP), sostiene que esa cifra puede rondar ahora los 600 millones, el doble del pasivo que tenía hace tres años. Es uno de los casos más sangrantes sobre la errática gestión municipal que han sufrido muchos ciudadanos, aunque, en su conjunto, los 8.116 municipios españoles han sabido ajustarse a las directrices de estabilidad presupuestaria a costa de recortes de servicios y despidos. Desde 2011 hasta enero de este año las entidades locales, incluidas Diputaciones y Cabildos insulares, han prescindido de 86.714 personas, el 13% de su plantilla, que ronda los 560.000 trabajadores. Estas y otras medidas, como el incremento del IBI por la revisión de los valores catastrales, les han permitido sanear sus cuentas y presentar un superávit conjunto del 0,44%.


Lo han conseguido gracias a su esfuerzo y a sucesivos planes del Gobierno. El ministro Cristóbal Montoro ha anunciado durante estos últimos tres años un abanico de actuaciones para que algunos los Ayuntamientos no se ahoguen en su propia deuda. Pero Hacienda, a cambio, se ha comportado como una suerte de troika. Según el plan presupuestario de 2015 que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas, 2.500 entidades locales, un tercio del total, están sujetas en este momento a planes de ajuste por haberse acogido al Fondo de Pago a Proveedores, un mecanismo que ha transformado su deuda comercial en financiera para hacer frente a las facturas guardadas en el cajón. La inyección para ellos ha sido de 11.000 millones de euros, equivalentes al 25% del gasto municipal español de 2013. Otro centenar de alcaldes se agarraron este año —a la desesperada— a un real decreto de medidas extraordinarias de liquidez para Administraciones en grave situación económica. Ese draconiano plan les facilita condiciones muy favorables para hacer frente a los créditos a cambio de recortes y subidas de impuestos.


Un tercer mecanismo les ha permitido aplazar durante 20 años las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondiente a 2008 y 2009. Sin esta ayuda habrían tenido que devolver al Estado 3.509 millones en 2014. Es la segunda vez que el Gobierno toma esta medida. Al primero de los aplazamientos, anunciado en 2012, se acogieron en 2012 un total de 2.924 Ayuntamientos y Diputaciones a cambio de asumir que cumplirían con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con el límite de deuda pública establecido, y con un periodo de pago medio a sus proveedores que no superase los 30 días.


La austeridad también está detrás de otra de las iniciativas que ha puesto en marcha el PP: la ley de reforma local, una de las normas más cuestionadas durante el mandato de Mariano Rajoy. Su objetivo es “aclarar” competencias municipales y evitar que dos Administraciones presten el mismo servicio. En el plan económico que Bruselas recibió el año pasado, el Gobierno explicaba además que la ley iba a permitir ahorros de 8.000 millones en el periodo 2013-2015. Curiosamente, son los mismos ahorros que el Gobierno espera obtener por la aplicación de esta norma en el periodo 2014-2020, según el documento actualizado que ha recibido la Comisión Europea.


Ese presupuesto detalla que, entre 2015 y 2016, los Ayuntamientos dejarán de prestar competencias que ahora les cuestan 3.075 millones de euros. Supuestamente esos servicios deberían ser rescatados por las autonomías, aunque sin un nuevo sistema de financiación todas se niegan a poner un euro más. La mayoría han legislado para que la reforma local, que lleva un año en vigor, no les afecte. Pero, pese a la fuerte contestación en los tribunales (el Constitucional tiene en su mesa nueve recursos contra distintos artículos de la norma), las medidas abocarán a muchos Ayuntamientos a seguir atornillando sus gastos de funcionamiento con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina (mayo de 2015).


El mecanismo de Pago a Proveedores les inyectó 11.000 millones


El nuevo plan que España ha remitido a Bruselas lo dice claramente: “Las líneas fundamentales de los presupuestos de 2015 [de los Ayuntamientos y Diputaciones] se orientan hacia medidas activas de política fiscal que se manifiestan en subidas tributarias y supresión de beneficios fiscales [...] y en la mejora de financiación de los servicios públicos mediante incrementos de tasas y precios públicos”.


La supresión o rebaja de los sueldos para alcaldes y concejales, uno de los argumentos iniciales del ministro Montoro para impulsar la ley, ha quedado reducida a la anécdota: supondrá el 0,88% del impacto en el gasto.


Fuente: El País







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El Estatuto del Concejal, que pretende aprobarse en febrero, aboga por más transparencia

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20141215/54421849442/el-estatuto-del-concejal-que-pretende-aprobarse-en-febrero-aboga-por-mas-transparencia-y.html

El decreto que regula los estatutos de las nuevas mancomunidades de CyL verá la luz antes de marzo

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20141215/54421460004/el-decreto-que-regula-los-estatutos-de-las-nuevas-mancomunidades-de-cyl-vera-la-luz-antes-de-marzo.html

lunes, 15 de diciembre de 2014

La Administración Local reduce su deuda y mejora el objetivo anual fijado para 2014


Ayuntamientos, Diputaciones Cabildos y Consejos Insulares rebajan su endeudamiento en el tercer trimestre del año. Los valores del sector local son los únicos que bajan, en contraste con los de Comunidades Autónomas y Administración General del Estado. Para el Presidente de la FEMP esto significa que “seguimos siendo un modelo de gestión”. Es la primera vez en los últimos tres años en la que la deuda se queda por debajo de los 41.000 millones y del 4% del PIB


“Somos la única Administración española que ha rebajado sus niveles de deuda en el tercer trimestre y nos cabe la gran satisfacción de haber alcanzado y mejorado el objetivo del 4% fijado por el Gobierno para todo el año 2014”. Así lo ha manifestado el Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ante los datos de deuda de las Administraciones Públicas, correspondientes al tercer trimestre de 2013, que el Banco de España ha dado a conocer.


Las cifras aportadas por esta Entidad se concretan en 40.781 millones de euros, como deuda total del sector local, y un 3,9% de peso de esta cantidad sobre el PIB, un porcentaje que rebaja en una décima el objetivo del 4% fijado por el Gobierno para todo el año. En su conjunto, el sector local ha reducido su deuda en un 5,4% respecto a los valores del tercer trimestre de 2013, mientras que AGE y Comunidades Autónomas la han incrementado en un 6,4% y un 16,15%, respectivamente. Para De la Serna, se vuelve a demostrar que las Entidades Locales “siguen siendo un modelo de gestión para el resto de las Administraciones”.


El Presidente de la FEMP también ha hecho hincapié en la evolución descendente de la deuda local, tendencia ya consolidada desde el primer trimestre de 2012, y en el buen comportamiento que han tenido la totalidad de las Entidades consideradas en el informe del Banco de España: Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y Ciudades Autónomas: “Estas cifras son el resultado de un trabajo continuado y prolongado, del esfuerzo y el compromiso que desde el mundo local hemos manifestado con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”.


A su juicio, se trata de “un tanto más a sumar a otros datos positivos, como el del 0,52% de superávit con el que las haciendas locales españolas cerraron el pasado año, ayudando a inclinar la balanza de las cuentas nacionales hacia los objetivos fijados por Bruselas”.


Ante los datos conocidos hoy, Íñigo de la Serna ha reivindicado de nuevo la flexibilización del techo de gasto para los municipios, “una demanda que desde la FEMP no nos cansamos de repetir porque creemos que se trata de un reconocimiento de justicia a un sector comprometido, que ha venido trabajando de forma eficiente en sus cuentas y buscando soluciones innovadoras sin descuidar sus obligaciones de servicio y atención a los ciudadanos”.


Fuente: FEMP







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domingo, 14 de diciembre de 2014

Guía de contratos laborales actualizada a diciembre de 2014

Guía del Servicio Público de Empleo EstatalArchivado en: Cuestiones prácticas, reforma laboral Tagged: reforma laboral



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Burgos.es /Diputación