viernes, 17 de enero de 2014

INE - CensoElectoral

El TS establece los criterios para la admisión a trámite y reexamen de la solicitud de protección internacional conforme a la nueva Ley

Se anula la denegación de la solicitud de protección internacional y desestimación de la petición de reexamen, en virtud del art. 21.2 de la vigente Ley de asilo. Señala el TS que, conforme a dicha Ley sólo puede inadmitirse a trámite la solicitud por razones de índole formal y objetivada, y no con base en valoraciones del estudio del tema planteado por el peticionario en su relato; asimismo contempla la posibilidad de pedir un “reexamen” cuando el solicitante se encuentra en el CIE -como es el caso-, similar para el supuesto de las solicitudes presentadas en frontera.



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PSOE y CC cierran un frente común para llevar la reforma local al Tribunal Constitucional


El PSOE promoverá un recurso de inconstitucionalidad por tres vías contra la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aprobada por el Partido Popular y el Central, para lo que el Grupo Parlamentario Socialista y los diputados de Coalición Canaria en el Congreso harán frente común en la Cámara baja.


Así lo reveló este jueves el secretario federal de Ciudad y Política Municipal, Gaspar Zarrías, al término de una reunión entre representantes de la formación nacionalista, de la Ejecutiva Federal y de la Regional para analizar la nueva normativa y sus repercusiones en los servicios que brindan los ayuntamientos a la ciudadanía.


En rueda de prensa junto a Barragán, Zarrías tachó la reforma legal del PP de "chapuza", y advirtió de que "solo generará problemas a los ayuntamientos a la hora de prestar servicios a la ciudadanía" porque constituye "un ataque brutal contra los servicios sociales, tan importantes en estos momentos de crisis económica".


Por su parte, José Miguel Barragán insistió en que la reforma "provoca que a los ciudadanos les sea mucho más difícil acceder a los servicios que prestan los ayuntamientos", y dejó claro que las iniciativas que CC llevará a cabo de manera conjunta con el PSOE "no tienen como objetivo defender a las instituciones, a los alcaldes y concejales, sino el trabajo que estos hacen en sus municipios para prestar apoyo a la ciudadanía".


Fuente: Europa Press







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IU pide al Ayuntamiento de Zaragoza que mantenga "todas" sus competencias


El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) ha reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza que se dirija al Gobierno aragonés y central para mantener el ejercicio de todas sus competencias, y ha animado al consistorio zaragozano a que abandere el recurso de inconstitucionalidad que esta formación desea plantear ante la nueva ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local.


Además, pide que se encargue a los servicios municipales un informe "sobre los posibles vicios de inconstitucionalidad de la ley" para que sea la base de ese recurso conjunto con otros consistorios. Así lo plantea IU en su propuesta para que el Ayuntamiento de la ciudad celebre un pleno extraordinario para analizar las consecuencias de la reforma local, que la formación califica de 'ley anti-ayuntamientos'.


En rueda de prensa, el portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha considerado que esta ley "es de las peores, de las más conservadoras de toda la historia de España y sólo falta que los alcaldes los nombre el Ministerio de la Gobernación".


Alonso ha señalado que, además de solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario, su grupo defenderá una moción en la próxima sesión ordinaria por la que insta al Gobierno de Zaragoza a la convocatoria al Gobierno de España y de Aragón a una Comisión Mixta para evaluar y realizar un seguimiento de la aplicación de la ley.


IU quiere que en esta comisión estén representados todos los grupos municipales, porque "no queremos que se convierta en un debate PP-PSOE", sino que todos puedan participar en la búsqueda de alternativas al texto.


Asimismo, el concejal Pablo Muñoz ha recordado que IU ha lanzado una campaña para "boicotear" la reforma local, de modo que "su aplicación efectiva tenga las mínimas consecuencias y los ayuntamientos se queden con todas sus competencias y servicios".


En este sentido, han reclamado al consistorio zaragozano que reivindique todas sus competencias, al observar que "de poco sirve pactar un presupuesto" para la ciudad, "si luego no tenemos competencias".


Fuente: Europa Press







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jueves, 16 de enero de 2014

La AN establece que el periodo de lactancia a que tienen derecho los funcionarios puede ser compartida por cualquiera de los progenitores, y que no es un derecho exclusivo de la madre

Se revoca la sentencia que desestimó la solicitud del actor, en su condición de funcionario, de permiso de lactancia de tres semanas de duración. Declara la AN que el art. 48 del EBEP confiere el derecho al ejercicio de permiso de lactancia a cualquiera de los progenitores, siendo indistinto su ejercicio por uno solo de los progenitores en todo su tiempo de duración, o fraccionado en su total tiempo de disfrute de manera sucesiva por cada uno de ellos.



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Exclusión del licitador por valores desproporcionados por @javaduc #contratacionpublica

La exclusión del licitador en los supuestos en que su oferta contenga valores desproporcionados. por Miguel H. Javaloyes Ducha. Una situación común que se puede dar a la hora de llevar a cabo la tramitación de un procedimiento de licitación es aquella en la que un licitador recurra un determinado acto por medio del cual se procede a excluir a [&hellip



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Francisco Vázquez cree que la reforma local parte del defecto "tremendo" de no abordar la supresión de ayuntamientos


El exalcalde socialista de La Coruña Francisco Vázquez ha asegurado este miércoles que la reforma de la administración local que plantea el Gobierno parte de un "defecto de origen tremendo", que no se ha afrontado "la reducción del número de ayuntamientos".


Vázquez, quien ha pronunciado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) la conferencia 'La gestión de lo público' en un acto organizado por la Fundación Schola y el Foro de Empresarios de Castilla y León, ha incidido en que en España hay cerca de 8.200 ayuntamientos, de los que casi 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes, lo que es inviable.


A juicio del expresidente de la Federación de Municipios y Provincias, estas estructuras son inviables desde el punto de vista de los ingresos y tenía que haberse reducido el número de ayuntamientos, algo que se hizo en toda Europa, en Alemania en un 60 por ciento, en Suecia en un 75, en Inglaterra en un 60 y así en otros muchos países a excepción de Francia, "que es un caso excepcional".


Fuente: Europa Press







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El Ayuntamiento de Madrid asume la ayuda a domicilio a personas dependientes


La Comunidad deja el servicio en manos municipales a cambio de financiación.


El Ayuntamiento de Madrid ha asumido los servicios de atención social primaria en la capital, que hasta ahora prestaba de forma solapada con el Gobierno regional.


Merced al convenio firmado hoy por la alcaldesa, Ana Botella (PP), y el presidente regional, Ignacio González (PP), esta competencia será gestionada a partir de ahora a nivel local pero sufragada por ambas Administraciones.


La recién aprobada ley de reforma local obliga a la Comunidad a asumir esta y otras competencias (servicios de emergencia y sanitarios y educación infantil) que hasta ahora prestaba también el Ayuntamiento. Sin embargo, el Gobierno central (PP) ha permitido a la capital mantenerlas, previo acuerdo con la Comunidad, al considerar que tiene margen presupuestario para ello.


Hasta ahora, el Ayuntamiento ofrecía ayuda a domicilio a unos 38.000 mayores no dependientes, complementando así el servicio para dependientes de la Comunidad, que atendía a unas 14.500 personas. Tras la firma del convenio, el Ayuntamiento asumirá el servicio al completo (52.500 usuarios), con una financiación propia de 80 millones de euros y otros 54 millones proporcionados por la Comunidad. Se acaba así con situaciones como que, en un matrimonio en el que uno de los cónyuges sea dependiente, uno reciba la ayuda de una Administración y el otro de otra diferente.


El convenio incluye una partida adicional de 16 millones de euros para otros servicios de atención social primaria, que la Comunidad aportará al Ayuntamiento para complementar los 53 millones asignados a nivel local. En este caso, se trata de financiar servicios que el Ayuntamiento prestaba sin distinciones a todos los madrileños pero que, merced a la reforma local, deberán ser pagados también por la Comunidad.


El Ayuntamiento presta un servicio de teleasistencia del que se benefician 130.000 personas, y al que dedica 20,7 millones de euros; ahora, recibirá además cuatro millones de la Comunidad.


Además, para sus 101 centros de día y tres residencias de mayores recibirá 11 millones, que se sumarán a los 24,9 millones del presupuesto local. Tanto la teleasistencia como los centros de día y residencias atendían también a personas dependientes; el dinero regional servirá para compensar por esa parte del servicio, que no es competencia local. Según fuentes municipales, de las 7.500 personas atendidas en sus centros de día y residencias, más de la mitad son personas dependientes.


Por último, la Comunidad aportará un millón de euros para protección de menores y atención a familias, que se suma a los 7,3 millones del Ayuntamiento.


Así, el presupuesto total de atención social primaria gestionado por el Ayuntamiento se eleva de 133 a 203 millones en 2014.


Este acuerdo es parte de uno mayor alcanzado por la Comunidad con 54 Ayuntamientos y mancomunidades de la región por un importe total de 97,4 millones (de los que 70 corresponden a Madrid). En 2014, el Gobierno regional dedica 990 millones a dependencia, un 0,5% más que en 2013.


La nueva reforma local restringe al máximo las competencias de los Ayuntamientos y les prohíbe prestar unos servicios que, en el caso de la capital, lleva años ofreciendo. Madrid estaba condenada así a perder prácticamente todas las funciones del área de Asuntos Sociales, con 486 millones de presupuesto y servicios como ayuda a domicilio, programas de infancia y juventud, políticas de igualdad e integración, teleasistencia, centros de mayores, escuelas infantiles, etcétera.


Esas competencias debería asumirlas ahora la Comunidad, en un solo año y dedicando financiación “adecuada y suficiente”.


Tanto Botella como González exigieron sin éxito cambios en la norma, la alcaldesa porque no quería perder esos servicios y el presidente regional porque veían imposible asumir su coste. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció en diciembre la fórmula para solventar este entuerto: al haber alcanzado el Ayuntamiento superávit en 2013, podría mantener esos servicios, siempre en coordinación y previo acuerdo con la Comunidad. Y ello pese a que el superávit local se debió fundamentalmente al plan de rescate del Gobierno para que el Ayuntamiento pudiera hacer frente al pago de sus facturas atrasadas.


Hoy, Botella recordó al Gobierno “que ha prometido” una nueva financiación local, pero Madrid “necesita también” una “financiación paralela” a través de la Ley de Capitalidad. Por su parte, González señaló que, “al margen de la ley, el convenio pone de manifiesto que existe la posibilidad de resolver parte de estas cuestiones desde la cooperación”. “Frente a la aplicación radical, hay un periodo transitorio en el que se tienen que dar los servicios de la mejor manera”, añadió.


Fuente: El País







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Botella remarca que la Ley de Capitalidad "tiene pendiente una financiación paralela"


A favor de la reforma local.


La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha afirmado este miércoles que la Ley de Capitalidad, que rige en el Ayuntamiento de Madrid, "tiene pendiente una financiación paralela" a la norma.


"El Gobierno, que ha prometido la financiación local, hay que decir que la Ley de Capitalidad necesita también una financiación. La ley de capitalidad tiene pendiente tener una financiación paralela", ha afirmado Botella en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos, preguntada por la reforma de la Administración Local.


En cuanto a esta norma, la primera edil ha afirmado que está "de acuerdo en el espíritu de la Ley", que pasa por que cada administración tenga una competencia "con el fin de evitar duplicidades y conseguir los mejores servicios con mayor eficacia".


No obstante, Botella ha considerado que aún hay "mucho que avanzar" y se ha remitido al convenio firmado este miércoles con la Comunidad, por el cual el Ejecutivo de Ignacio González aportará 70 millones de euros para que el Ayuntamiento gestione determinados servicios para dependientes de la capital.


Fuente: Europa Press







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miércoles, 15 de enero de 2014

Cemical: resumen cambios legislativos más importantes y trienios en personal eventual

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En el Boletín de CEMICAL comentan los aspectos más relevantes de las numerosas y recientes normas aprobadas. También nos ofrecen un comentario jurisprudencial, a cargo de Josep Aldomà, sobre el derecho del personal eventual a la percepción de trienios.


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Yo creo que merece la pena suscribirse a CEMICAL: http://ift.tt/1aniGwH








via Responsables personal Ayuntamientos http://ift.tt/1aniGwL

101 municipios se han acogido a las medidas extraordinarias de apoyo financiero


De los restantes municipios con problemas, 161 han mejorado su situación financiera considerablemente en 2013.


Un total de 101 municipios se han acogido finalmente a las medidas que recoge el Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de apoyo financiero a municipios con problemas, al finalizar la prórroga para presentar las solicitudes.


El dato lo ha avanzado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que ha inaugurado una Jornada organizada por Elconfidencial.com sobre “Colaboración público-privada al servicio del ciudadano”, donde se ha analizado la nueva Ley de de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.


En la primera fase, el número de municipios que solicitaron las ayudas se elevó a 88. Tras el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, que posibilitó una ampliación del período de presentación de solicitudes para acogerse a las citadas medidas, otros 13 municipios han presentado la documentación para acogerse a las medidas extraordinarias, con lo que el número total de solicitudes suma 101.


Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas


Nota de prensa del Ministerio







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Ayuntamiento de Valladolid reconoce que la reforma local no es la que habría planteado, pero rechaza pedir su retirada


De la Riva y el alcalde de Burgos se reunirán con la Consejería y el Ministerio de Fomento para tratar la situación de las obras del AVE.


El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Enríquez, y, posteriormente, el alcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, han reconocido que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local no es la que "habrían planteado los ayuntamientos", si bien han apreciado que sea también distinta a la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda.


Pese a ello, el Grupo Popular ha rechazado sendas mociones presentadas por el PSOE e Izquierda Unida en el Pleno municipal correspondiente al mes de enero, celebrado este martes, en las que se planteaba solicitar la retirada del texto o instar a la FEMP a facilitar el cumplimiento de los requisitos para promover un conflicto constitucional en defensa de la autonomía municipal.


Tras la negativa del equipo de Gobierno a debatir el anteproyecto de Ley del Aborto, el protagonismo del Pleno municipal ha quedado en las dos mociones de la oposición sobre la denominada Ley Montoro que, como ha advertido el portavoz del Grupo Socialista, Javier Izquierda, ha contado con dos justificaciones "falsas" como que los ayuntamientos son los causantes de la deuda pública en España y que va a generar un ahorro.


En cambio, según Izquierdo, la nueva Ley se enfoca a atender las demandas de "muchas empresas de construcción que antes tenían muchas obras y ahora quieren chicha", pues considera que las competencias en algunos servicios sociales y materias como el abastecimiento de agua, la recogida de residuos o el pavimentado de calles de municipios de menos de 20.000 habitantes les sean "arrebatados".


Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno ha planteado su posición con una referencia a las supuestas diferencias en el PSOE sobre el método para plantear la oposición a esta reforma. "Han convertido el Pleno en una palestra para su lucha de poder", ha aseverado Enríquez, que posteriormente reconoció que, pese a que el Grupo está satisfecho con el texto de la nueva Ley, "no es el que habrían planteado los ayuntamientos.


El primer edil, en la rueda de prensa que ofrece después de los plenos municipales, ha coincidido en afirmar que la Ley aprobada no le gusta pero ha matizado que le gusta "más que el proyecto que presentó Antonio Beteta" y que sucede "como en el juego de las siete y media" porque "en unas cosas se pasa y en otras no llega".


En este sentido, ha recordado, igual que ha apuntado Izquierdo en el debate que la Ley permitiría al alcalde subirse el sueldo, por lo que ha reiterado que el reglamento que rige sus retribuciones lo estableció su predecesor socialista, Tomás Rodríguez Bolaños y que le gusta más que "lo que permite la reforma del ministro Montoro".


Por ello, reprochó duramente las tesis del concejal socialista Pedro Herrero, quien le acusó de "jactarse de lo barato que sale a los vallisoletanos, cuando siempre se ha fijado el sueldo que ha querido". El edil socialista también invitó al primer edil a "presumir" de la situación económica del Ayuntamiento en "los tres minutos" que le dé el PP en la "fiesta de la recuperación" que para él supone la Convención Popular que comenzará el 31 de enero.


Izquierda Unida ha insistido en pedir que el Ayuntamiento aclare lo antes posible qué competencias no podrá ejercer, de acuerdo con la Ley, pues teme que tenga consecuencias en la prestación de servicios; mientras que Javier Izquierdo ha aseverado que el Consistorio debería estar "preocupado" por la posibilidad de que sociedades municipales como VIVA o Auvasa puedan "verse disueltas".


"POBREZA ENERGÉTICA"


En la sesión plenaria de este martes se han rechazado también otras dos mociones presentadas por IU para facilitar el pago de suministros de luz y gas, pues la concejal Rosa Hernández cree que esas necesidades pueden cubrirse con las ayudas urgentes, que han pasado de un total de 23.000 euros a 86.000 en los últimos dos años; así como la propuesta de consensuar con la oposición un nuevo Plan de Vivienda que preste la atención correcta a los "centenares" de personas con riesgo de perder su vivienda, pues la concejal Rosa Hernández ha considerado que el Ayuntamiento ya "va más allá" gracias a la Ley de atención a la Vivienda aprobada en 2013.


Sí que hubo acuerdo, al menos entre el PP y el PSOE, para presentar la moción conjunta que defiende la continuidad de las obras de alta velocidad entre Valladolid, Burgos y el País Vasco. Un proyecto que, según el presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, apuesta por el "corredor ferroviario más importante" del norte y el oeste de España y que, a juicio del 'popular' Jesús Enríquez hace referencia a la infraestructura de alta velocidad que "ha traído mucha prosperidad" a Valladolid en los últimos seis años.


En cambio, la concejal de IU María Sánchez ha expresado la oposición de IU a la propuesta porque considera que las inversiones en el AVE han supuesto un "derroche" e implican una apuesta por un medio de transporte "elitista" que no da servicio a las "grandes masas" de la sociedad. Por ello, ha incidido en que sería más necesario prestar atención a las líneas convencionales, "que son las que pueden parar en los pueblos más pequeños", o las de cercanías.


Durante su intervención, Jesús Enríquez ha anunciado que ya se ha confirmado la reunión entre el alcalde de Valladolid, su homólogo de Burgos, Javier Lacalle, el consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván; y representantes ministeriales para abordar la situación de las obras entre Valladolid, Burgos y la denominada 'Y vasca'. De hecho, Óscar Puente ha concretado su atención en el tramo Burgos-Miranda de Ebro, ya que si quedara como vía convencional supondría "una chapuza" que a largo plazo aumentaría los costes.


BARRIO DE GIRÓN


En cuanto a las mociones, por último, se han aprobado por unanimidad varias propuestas socialistas para mejoras en el barrio de Girón, al igual que una moción conjunta de PP y PSOE, como la que insta a la Subdelegación del Gobierno a que adopte medidas para eliminar los "puntos de venta de droga" existentes en la zona.


También ha acordado el PP reclamar de manera inmediata a la Junta que aborde "un plan de actuación" que contemple la rehabilitación del cine Castilla así como que comiencen las obras de un nuevo centro base para las personas con discapacidad; y se ha comprometido a renovar cada año el pavimento de una calle del barrio.


Igualmente, el Grupo Popular quiso dividir dos propuestas porque apoyaba parte de las mismas, como que tomará medidas para la limpieza del solar de la calle Familia, aunque rechazó realizar un informe para la urbanización del mismo; así como el compromiso realizar un proyecto de reforma para las escaleras que comunican las zonas altas con la plaza Porticada, si bien han desechado poner como plazo este primer semestre del año.


En el turno de preguntas, la concejal de Cultura, Mercedes Cantalapiedra, y María Sánchez han cruzado reproches al criticar la segunda unas declaraciones del presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, sobre el "revulsivo" que puede suponer la Convención del PP. "Pregunte a los hosteleros, taxistas o a las agencias de azafatas", ha propuesto Cantalapiedra.


Por otro lado, en un ruego, Javier Izquierdo ha pedido al alcalde que revise el reglamento de exposición pública de las ordenanzas fiscales ya que podría haberse incumplido, a lo que el regidor vallisoletano ha respondido con la advertencia de que si el Grupo Socialista lleva a los tribunales esta cuestión conseguiría que "se anularan las exenciones que ha añadido" en 2014 el equipo de Gobierno para tasas como la de recogida de basuras.


Fuente: Europa Press







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Ceuta no reestructura sus empresas para no "poner en riesgo" 700 empleos


Revocados los acuerdos.


El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha comunicado este martes a primera hora de la mañana a los responsables en el ámbito del sector público de CCOO, UGT y CSI.F en la ciudad autónoma que renuncia a la reestructuración del entramado de sociedades municipales y organismos autónomos de la Administración local para no "poner en riesgo a corto o medio plazo" los aproximadamente 700 puesto de trabajo que se veían afectados por el plan gubernamental.


Después, el presidente ha convocado una Junta de Portavoces para "informar" a la oposición y a primera hora de la tarde ha comparecido ante los periodistas, a quienes ha repetido que no parecía "aconsejable" mantener a "cientos de familias" en un clima de "inseguridad e incertidumbre" durante meses o años.


"Los recursos de reposición planteados están bien fundamentados, según los informes técnicos recabados, y ante la controversia jurídica de notable enjundia en la que podríamos vernos envueltos hemos considerado mejor reconsiderar nuestra postura, enmendarla y revocar los acuerdos plenarios alcanzados", ha resumido.


Según han corroborado fuentes sindicales a Europa Press, ambas partes consideran que unos 700 empleos correrían un "alto riesgo" si el proceso iniciado, que con fecha 1 de enero conllevó la disolución sin liquidación de todas las empresas públicas locales (salvo las que gestionan el abastecimiento de agua y un hotel) y su integración en organismos autónomos, terminase en los juzgados.


El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) en Ceuta, Juan Carlos Pérez, ha considerado esta marcha atrás "lo más sensato". "Todos nos involucramos en la reforma del sector público periférico para asegurar la estabilidad del empleo y, si ahora se corre el riesgo de causar lo contrario, lo mejor es rectificar", ha argumentado.


El Pleno de la Asamblea aprobó sin votos en contra en diciembre reducir el número de empresas municipales, organismos autónomos y fundaciones de la Administración local de 18 a 13. El acuerdo suponía la creación como Servicios Regionales de cinco nuevos organismos autónomos: los de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda (con la Gerencia de Urbanismo y Emvicesa); de Tributos, Economía y Presupuestos (con Procesa y Servicios Tributarios); de Turismo y Deporte (con Servicios Turísticos, el Parque Marítimo y el ICD); de Medio Ambiente y Equipamiento Urbano (fruto de la fusión de Obimasa, Obimace y parte de Amgevicesa); y de Emergencias (con el equipo del 112).


Nada más concretarse la reforma, varios funcionarios del Ayuntamiento presentaron recursos de reposición contra el acuerdo al considerarlo "nulo de pleno derecho" por propiciar, según sus firmantes, la incorporación de cientos de trabajadores a la Administración local sin someterse a los principios constitucionales que regulan el acceso a la Función Pública.


Sin haber llegado a responder a esos recursos, el Gobierno ceutí ha defendido ante los sindicatos la conveniencia de volver a la situación existente hasta el 31 de diciembre. Según los informes técnicos recabados por el Ejecutivo de Vivas, la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuya entrada en vigor aceleró el proceso ahora cancelado, no conllevará finalmente la obligación de liquidar las empresas municipales existentes, a las que ya se ha sometido a diferentes Planes de Ajuste, que era lo que se temía.


Fuente: Europa Press







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martes, 14 de enero de 2014

El 75% de los ayuntamientos españoles con problemas rechaza el rescate estatal - elEconomista.es

Antonio Sanz (PP) defiende ley de reforma local como "fortalecimiento de los ayuntamientos" y rechaza críticas del PSOE


El secretario de Administraciones Territoriales del PP nacional, Antonio Sanz, ha defendido este lunes la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local como una reforma que supone el "fortalecimiento de los ayuntamientos", y, en ese sentido, ha rechazado las críticas que contra ella ha realizado el PSOE.


En declaraciones a los periodistas en Granada, donde ha participado en la tarde de este lunes en el Consejo de Alcaldes del PP de la provincia, Sanz, que es ponente de la ley en el Senado, ha señalado que esta nueva norma, que entró en vigor el pasado 1 de enero, evidencia que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy "ha cumplido con un compromiso histórico, con una necesidad clara y con una reforma urgente, como era la reforma local, que lo que viene es a clarificar competencias como hace tantos años vienen pidiendo todos los partidos y a resolver la financiación de los ayuntamientos".


Sanz, que ha indicado que mientras en el 2009 el PSOE prometió que haría una ley de reforma local, el PP sí ha cumplido con ese objetivo "para resolver los principales problemas de los ayuntamientos, para garantizar la prestación de los servicios públicos y la financiación suficiente para ello".


Para Sanz, esta ley es la "de fortalecimiento de los ayuntamientos", "en estos momentos de máxima necesidad de las familias y la situación de crisis que vivimos", cuando, en su opinión, "es muy importante que las instituciones más cercanas, como son los ayuntamientos, sean más fuertes, tengan las competencias claras y tengan la financiación suficiente para prestar los servicios públicos".


Asimismo, ha indicado que esta reforma "ha sido producto de un diálogo muy amplio con toda la sociedad y con todos los grupos políticos, con la FEMP y con los alcaldes de España y los presidentes de Diputación". Por eso, según ha dicho, "es una de las leyes más dialogadas de la historia", ya que se han elaborado 37 borradores y han sido más de 60 las enmiendas entre el Congreso y el Senado, sólo por el propio grupo del PP.


Sanz ha considerado además que esta ley "ha roto muchos mitos y muchas mentiras del PSOE" y es "una mala noticia para ellos", ya que, en contra de lo que han afirmado, no va a suponer ni la supresión de municipios, ni de concejales, ni de ELAS, ni de mancomunidades.


“Esta es una ley que no sólo consolida la fuerza de los municipios", ya que además "garantiza el empleo público y sobre todo las prestaciones de la políticas de servicios sociales", ha dicho el 'popular', quien ha contrapuesto las medidas del Gobierno a los "recortes" del PSOE, por ejemplo en la Junta de Andalucía que, según ha incidido, está "poniendo en peligro" muchas prestaciones por sus impagos.


"A partir de ahora se fijan las competencias bajo el principio una competencia-una administración, por primera vez con la garantía de su financiación, bien sea porque se trate de una competencia propia del Ayuntamiento, o delegada a la Junta de Andalucía", ha explicado Sanz, para quien el actual ha demostrado ser el "Gobierno más municipalista de la historia".


Fuente: Europa Press







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1913-antonio-sanz-pp-defiende-ley-de-reforma-local-como-fortalecimiento-de-los-ayuntamientos-y-rechaza-criticas-del-psoe

IU llama al "boicot" a la reforma local


Izquierda Unida (IU) Aragón ha llamado al "boicot" a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y ha anunciado que va a promover iniciativas para que tanto la Comunidad autónoma como los municipios impulsen o apoyen la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma ya en vigor.


En rueda de prensa, antes de participar en la reunión de la Presidencia de IU-Aragón, el responsable de Política Municipal, Pablo Muñoz, ha explicado la intención de su formación de, una vez analizada la nueva situación, explicar a la ciudadanía en actos públicos cómo va a afectar la nueva ley a los municipios.


Además, van a realizar "un llamamiento al boicot de la ley" para conseguir "toda la presión social para que no se aplique" ya que supone "privatizar, recortar, intervenir y restar democracia local", y también promoverá la presentación de recursos de inconstitucionalidad a la misma.


Muñoz ha recordado que la ley elimina competencias municipales en ámbitos como la educación, la sanidad y la acción social. Asimismo, se va a exigir un informe "preceptivo y vinculante" a la Administración competente, en su mayor parte la Comunidad autónoma, "si las quieren desarrollar", en el que se deberá garantizar que no existe duplicidad y no afecta a la estabilidad económica del municipio.


Por otra parte, la forma de gestión de los servicios públicos de los municipios de menos de 20.000 habitantes --todos los de Aragón, salvo cuatro-- será decidida por el Ministerio de Hacienda previa sugerencia de la diputación provincial correspondiente, en función "del coste efectivo".


Esto llevará, a su juicio, a la privatización de servicios, mientras que se "hurta" al pleno municipal la capacidad de decidir sobre los presupuestos, los créditos extraordinarios de tesorería o los planes económico-financieros, permitiendo "que un gobierno local en minoría, como ocurre en la ciudad de Zaragoza" lo apruebe sin que pase por pleno.


RECHAZO DE 30 ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS DE ARAGÓN


Por otra parte, el diputado de IU en las Cortes aragonesas y coordinador de la Presidencia de esta formación en la Comunidad autónoma, Luis Ángel Romero, ha informado de que se les ha notificado este lunes que han sido rechazadas 30 de sus 354 enmiendas presentadas al proyecto de ley de Presupuestos de Aragón para 2014 que hacen referencia a 250 millones de euros que esta formación quería utilizar con cargo a la deuda del Gobierno.


Según ha sostenido, 200 de esos millones estaban destinados a la contratación de empleados públicos para recuperar la situación de hace dos años, 15 para incrementar el fondo de cooperación municipal, y otras cuantías para aumentar los fondos de las sociedades públicas Sodiar y Avalia con el fin de apoyar a las empresas.


Estas enmiendas no han sido aceptadas en aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, respecto a lo que Romero ha comentado que su formación quería "abrir un debate sobre la deuda" y proponía que el Ejecutivo aragonés negociara con las entidades financieras para refinanciar la deuda y así poder destinar ese dinero al empleo público, municipios y apoyo a empresas.


El responsable político ha lamentado que la Constitución española "no ampare las necesidades de los ciudadanos y sí de la banca".


RECURSOS HIDRÁULICOS


En otro orden de cosas, el secretario de Organización de IU-Aragón, Álvaro Sanz, ha anunciado la celebración el próximo 22 de febrero de una "gran conferencia" en el seno de esta formación "sobre la gestión de los recursos hídricos" y ante "la nueva amenaza trasvasista" del PP.


Según ha sostenido, de ella saldrá "una propuesta política que nos sirva para afrontar el nuevo ciclo electoral", para comentar que este debate se enmarcará en el modelo de desarrollo para el medio rural.


Sanz se ha referido, igualmente, a las "nuevas leyes que cercenan derechos" promovidas desde el Gobierno central, que "profundizan en el lado más rancio y duro del PP", como son "la ley mordaza" y la reforma de la ley del aborto.


En relación con esta última, ha rechazado el "regreso al nacionalcatolicismo", sobre una cuestión que "tenía que estar desterrada del debate público", para advertir de las "contradicciones profundas" que refleja el PP en esta cuestión.


Fuente: Europa Press







via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1912-iu-llama-al-boicot-a-la-reforma-local

lunes, 13 de enero de 2014

La ampliación de las actuaciones inspectoras ha de adoptarse y notificarse antes del plazo de un año, de lo contrario se produce la prescripción de la obligación tributaria

Estima el TS el recurso interpuesto por la entidad actora contra la resolución que, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, consideró que no procedía aplicar el régimen especial de Fusiones y Escisiones regulado en el Capitulo X de la Norma Foral 7/1996, del Impuesto a la operación de constitución de sociedades y fusión impropia realizada.



via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1122562

Eudel celebra una jornada para informar a los ayuntamientos vascos de la entrada en vigor de la Ley de reforma local


La Asociación de Municipios Vascos-Eudel ha celebrado este viernes una jornada de difusión especialmente dirigida al personal técnico de ayuntamientos, mancomunidades, cuadrillas y consorcios de los tres territorios, para informar de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. A la sesión también se han acercado alcaldes y concejalas municipales, así como personal de otras instituciones vascas.


La jornada ha comenzado a las 9.30 horas con la intervención de la presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea, y ha continuado con tres ponencias de los catedráticos Luciano Parejo, Francisco Velasco y Rafael Jiménez Asensio, que han ido desgranando los principales ejes de la nueva norma, así como su afección en el ámbito vasco.


A partir de esta primera difusión de carácter general, inmediata a ser aprobado el texto definitivo, la Asociación va a proceder al estudio jurídico pormenorizado de la nueva Ley, a fin de analizar sus implicaciones en cada uno de los ámbitos de actuación de las entidades locales vascas.


ANTECEDENTES


Desde el primer anuncio oficial por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en julio de 2012, hasta su entrada en vigor en 2014, ha transcurrido año y medio de tramitación de la nueva norma para reformar la Administración Local. También el análisis de su contenido ha resultado complejo, conociéndose múltiples borradores con modificaciones sustanciales en el texto.


La Asociación de Municipios Vascos ha estado trabajando de manera permanente en el análisis y el seguimiento de esta Ley desde la Asamblea de mayo de 2012, un mes antes del anuncio público del proyecto legislativo.


A lo largo del periodo de tramitación, Eudel ha organizado numerosas comisiones de trabajo con el personal técnico y político de los ayuntamientos, trasladando sus valoraciones a todas las instituciones competentes: las entidades locales vascas, el Gobierno vasco, las Diputaciones Forales de los tres territorios, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los grupos políticos del Congreso y el Senado.


Fuente: Europa Press







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