viernes, 5 de septiembre de 2014

Memoria de actividades del INAP


Un año más, el INAP publica en su web la Memoria de Actividades del INAP anual con la que da a conocer los proyectos, las iniciativas y las acciones que ha desarollado a lo largo de 2013 en cumplimiento de sus competencias y al servicio a la ciudadanía.


La ambición innovadora ha presidido el quehacer de este Instituto a lo largo de 2013. Esta apuesta por la innovación se ha reflejado en la puesta en marcha del "Banco de Innovación en las Administraciones Públicas", el "Banco de Conocimientos del INAP" y la "Red Social Profesional del INAP"; la serie editorial INNAP INNOVA, núcleo de una estrategia global del INAP para la creación de una cultura innovadora en la Administración pública; las "Jornadas sobre Innovación Social", con el objeto de difundir y propiciar un debate sobre innovación social; el "I Foro de Intraemprendizaje en la Administración Pública", con el fin de incorporar a la Administración los rasgos y competencias claves del emprendizaje corporativo para conseguir un sector público creativo y con poder de difusión, o la "Jornada de debate “Teclas para transformar la Administración Pública española” organizada sobre los temas y propuestas incluidos en el documento "Administración pública 2032", trabajo realizado en el seno del Grupo de investigación sobre Administración pública año 2032 (GIAP 2032) constituido en el INAP.


Asimismo, hay que destacar en el ámbito de la innovación formativa el inicio del "Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública", en su modalidad semipresencial, gracias a la alianza académica alcanzada con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y los "8 itinerarios formativos", un conjunto de acciones formativas que pretenden profesionalizar las diversas labores que desarrollan los empleados locales para mejorar la calidad de vida de los vecinos, propiciar la cohesión social y una democracia de alta calidad.


Estas iniciativas y otras actividades quedan recogidas en esta "rendición de cuentas" que el INAP quiere ofrecer a todos.


Memoria de de Actividades del INAP 2013







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Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.

Boletin Oficial de las Cortes Generales de hoy: Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social http://ift.tt/1xjcRjT en: seguridad social



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Presidente de la FEMP no sabe si el PP aprobará la reforma electoral local "en solitario"


Llama a ser “un poco prudentes” a esperar a las próximas reuniones.


"Pronto" hará público si vuelve a ser candidato.


El turismo de borrachera no es solo un problema de ayuntamientos.


El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde 'popular' de Santander, Íñigo de la Serna, ha afirmado que aún no sabe si el PP aprobará la reforma electoral y asegura que tampoco se sabe que si de aprobarla lo hará "en solitario".


De la Serna, ha subrayado que hasta el momento lo único que ha anunciado el Gobierno es que pronto, "la semana que viene", se iniciará una ronda de negociaciones con el resto de partidos por lo que ha señalado que hay que ser "un poco prudentes" y esperar. Con esta reforma se pretende primar la elección como alcalde del candidato de la lista más votada.


En todo caso, se ha mostrado favorable a la negociación de los distintos partidos políticos para llegar al consenso sobre la reforma. "Que se plantee una fórmula que se ajuste a lo que la gente quiere", ha indicado De la Serna en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, donde ha defendido que la medida que pretende promover el Gobierno favorece a los ciudadanos, no a los partidos políticos como la actual ley.


Sobre la falta de tiempo para encontrar el consenso y llegar a tramitar la ley antes de las siguientes elecciones municipales y autonómicas, el dirigente 'popular' ha manifestado que el planteamiento se hizo "casi a un año vista" y asegura que hay tiempo para hacer la tramitación "de acuerdo a la Ley". "No creo que estemos hablando de precipitación", y recalca que es un tema que se ha tratado desde hace "varios años".


Preguntado por la posibilidad de que se negocie la reforma y, en el caso de que se apruebe, no se aplique en las próximas elecciones, De la Serna ha subrayado que la situación económica "no permite estar perdiendo demasiado el tiempo". "No estamos como para no aplicar reformas", ha señalado.


Fuente: Europa Press







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jueves, 4 de septiembre de 2014

No se puede iniciar la vía ejecutiva de apremio con anterioridad a resolverse la solicitud de suspensión

La Sala estima el recurso de casación y anula la providencia de apremio dictada en concepto de impuesto sobre sociedades contra la entidad actora. Declara que, a la luz de los arts. 167.1 y 62.5 de la Ley General Tributaria de 2003 la vía de apremio no se entiende abierta hasta que no se notifique al obligado tributario la providencia que la inicia, acontecimiento que en el caso enjuiciado tuvo lugar con posterioridad a la decisión de rechazar la solicitud de suspensión; esta circunstancia, que impide entender puesta en marcha la referida vía hasta que no se dé traslado al obligado de la providencia que abre el apremio, no autoriza a entender que la manifestación de voluntad en qué consiste la aprobación de la providencia no se haya producido hasta dicho momento.



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Los alcaldes de la FMC culpan a Bustos de los pagos de dietas irregulares


Los ediles argumentan que cobraron importes mensuales fijos por su dedicación.


La FMC pagó 300.000 euros en dietas a 44 alcaldes en dos años.


Nueve de los 40 alcaldes imputados por haber recibido presuntamente sobresueldos de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) defendieron este miércoles ante la juez su inocencia y descargaron la responsabilidad en el ex presidente del ente municipalista, el socialista Manuel Bustos, ex alcalde de Sabadell. Entre 2011 y 2012, los alcaldes —de todos los colores políticos— percibieron unos 300.000 euros por supuestas dietas que eran, en realidad, “sueldos encubiertos”, según los investigadores: el importe era idéntico cada mes, existía una “escala salarial” e incluso se recibían pagos en meses de inactividad política, subrayan los Mossos en sus informes.


En una maratoniana jornada de declaraciones en los juzgados de Sabadell, que arrancó a las 10 de la mañana y se alargó hasta medianoche, los alcaldes citados por el juez que lleva el caso, argumentaron que desconocían la posible irregularidad de los pagos y explicaron que la gestión administrativa era responsabilidad del presidente, Bustos, y del secretario general de la FMC, Adolfo Moreno. Ambos declararon también como imputados. Bustos, que permanece imputado por corrupción en el caso Mercurio, defendió la legalidad de los pagos a los alcaldes. “Cobraban por el trabajo hecho en la FMC. En ningún caso eran sobresueldos encubiertos”, dijo en un comunicado, ya que prefirió no hacer declaraciones tras su comparecencia. Bustos añadió que los abonos “fueron transparentes y se declararon a Hacienda”. “Se pagaba una cantidad fija mensual porque se hacía un promedio de la actividad que mantenía” cada edil, añadió.


Uno de los puntos que intentan aclarar las partes es cómo denominar a los pagos realizados. En la partida presupuestaria de la FMC se citan como “dietas”, pero estas, por su naturaleza, deben justificarse y varían según la actividad y el gasto realizado. Los abogados defensores tampoco quieren hablar de “sueldos” porque no había un contrato. Los alcaldes y la FMC defienden que se trataban de “retribuciones por dedicación y responsabilidad”. La discusión técnica no es baladí, ya que de ella depende en parte que la juez decida si se trataba de pagos irregulares o no.


Los imputados coincidieron en admitir que, en todo caso, algo no se hizo bien. Los alcaldes involucrados apuntan directamente al expresidente. “El papel de los alcaldes en la Federación es político. La gestión interna no es responsabilidad nuestra. Quienes llevaban el día a día y la gestión eran el secretario general y el presidente”, espetó la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín (PSC). “No todo se hizo bien, si no no estaríamos 40 alcaldes declarando aquí”, lanzó el edil de Mataró, Joan Mora (CiU). Por su parte, Bustos admitió que se consignó una partida presupuestaria destinada a estas dietas “poco precisa” jurídicamente.


Al expresidente también le preguntaron sobre la contratación en la FMC de su pareja, que combinaba este contrato con el de jefa de gabinete en el Ayuntamiento de Sabadell. La juez además preguntó a los alcaldes si habían cobrado dos veces los gastos de la FMC: con la retribución de la entidad y como dietas a través de sus Ayuntamientos respectivos.


El sistema de retribuciones se implantó en la Federación en 1988, siete años después de la creación de la entidad. Según explicaron los alcaldes, antes de que Bustos asumiera la presidencia en 2004 también se pagaban importes fijos a los alcaldes. Durante la época investigada por los Mossos, los abonos oscilaban entre los 255 euros que percibían los vocales del comité ejecutivo y los 1.989 euros mensuales del presidente. En octubre de 2012 se eliminó el sistema por un cambio en la normativa que rigen las asociaciones. Actualmente solo se pagan dietas, previa justificación del gasto.


Fuente: El País







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Gaspar Llamazares rechaza la reforma municipal del PP


El diputado cree que se busca convertir a los ayuntamientos en gestores de las privatizaciones.


El líder de Izquierda Abierta anuncia una cumbre de izquierda europea y local en Madrid.


Gaspar Llamazares, diputado nacional de Izquierda Unida y líder de Izquierda Abierta, denuncia que la reforma municipal anunciada por el Partido Popular "persigue la voladura de la democracia local". A su juicio, "va a convertir los ayuntamientos en meros gestores de las privatizaciones; a los plenos, en consejos de administración; y a los alcaldes, en caciques". Así lo ha asegurado en una conferencia de prensa celebrada este miércoles en el Ateneo madrileño, en la que ha anunciado, asimismo, la convocatoria, el 19 y 20 de septiembre en Madrid, de unas jornadas de reflexión política desde la izquierda local y europea, a las que han sido invitadas formaciones políticas como la griega Syriza, el Frente francés de Izquierdas, de Jean Luc Mélenchon, o Podemos, entre otras.


Llamazares invita a todos los municipios y a todos los demócratas a la "rebelión democrática y al boicot" contra la reforma de los municipios promovida por el Partido Popular; califica de "paripé" los supuestos deseos de negociarla —"se trata de una imposición, no de una negociación"— y reitera que, con el proyecto de reforma del Código Penal, el PP se propone eliminar, en clave represiva, las protestas democráticas contra la propia reforma, contra la precarización, las privatizaciones y las agresiones contra las conquistas democráticas.


"Si la democracia local fue la punta de lanza de la Transición, ahora para el PP es la punta de lanza de su propio blindaje antidemocrático y de la involución en los gobiernos municipales", ha expresado. Más adelante precisó que la propuesta de una segunda vuelta, contemplada en la reforma del PP, "se trata más bien de una nueva vuelta de tuerca contra los derechos de la ciudadanía, al eliminar la pluralidad y la participación ciudadana en los ayuntamientos".


Niega Llamazares que España asista a una recuperación económica —"asistimos a la continuidad de la precarización"— y alerta de que los recortes de 50.000 millones de euros que el Gobierno del PP se propone acometer "lo van a hacer a costa del desmontaje del Estado social". La reciente comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el caso Jordi Pujol, "pasará a la historia del teatro parlamentario", según Llamazares, para quien "el ministro se convirtió en fiscal de un fraude si bien en otros casos fraudulentos adopta el papel de abogado defensor, como en el caso Bárcenas o respecto a la amnistía fiscal".


El diputado precisó que "una cosa es el fraude del señor Pujol y otra bien distinta, las aspiraciones democráticas en Cataluña, cuestiones que Montoro mezcló a conciencia". Subrayó, además, que "hay partidos cómplices del enriquecimiento ilícito de familiares de políticos" y denunció "que, ante hechos de esta naturaleza, esos mismos partidos se niegan a emprender inhabilitaciones".


A propósito de la posible candidatura de Juan Carlos Monedero como alcalde de Madrid por Podemos, Llamazares dijo tener "la mejor opinión sobre él" —fue su asesor durante varios años— y admitió que es una "persona políticamente importante", si bien precisó que "la reconstrucción de la democracia local no sería suficiente solo con personalidades, sino con el protagonismo de la gente". En este sentido, Gaspar Llamazares preconiza candidaturas mestizas y listas abiertas para las próximas elecciones municipales.


Fuente: El País







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miércoles, 3 de septiembre de 2014

Anticorrupción pide que Nadal explique los pagos en la Federación de Municipios de Cataluña antes de 2004


Los 40 alcaldes imputados empiezan a declarar hoy ante la juez de Sabadell.


La FMC pagó 300.000 euros en dietas a 44 alcaldes en dos años.


La Fiscalía Anticorrupción está dispuesta a rebobinar para aclarar desde cuándo la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) paga, presuntamente, sobresueldos a sus alcaldes. Por eso ha pedido que dos personas que ocuparon el cargo de presidente antes de 2004 —Manel Mas, exalcalde de Mataró, y Joaquim Nadal, exalcalde de Girona y exdirigente del PSC— presten declaración como testigos ante el juez que investiga los pagos irregulares a ediles en una pieza separada del caso Mercurio, de presunta corrupción en Sabadell.


En un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal Fernando Bermejo pide, además de otras ocho diligencias, que Mas y Nadal “sean citados como testigos a fin de aclarar cuál era el régimen jurídico de las dietas” que imperaba en la Federación antes de 2004, año en que Manuel Bustos asumió la presidencia. Entonces, en “una reunión de carácter político”, Bustos —imputado en el caso Mercurio— y los vicepresidentes Antoni Soy, Lluís Tejedor y Lluís Miquel Pérez acordaron el régimen para fijar las dietas del comité ejecutivo.


La juez investiga los pagos presuntamente irregulares que, durante 2011 y 2012, recibieron 40 alcaldes catalanes de todos los colores políticos. En solo dos años, los ediles percibieron unos 300.000 euros brutos por supuestas dietas que eran, según los investigadores, sueldos encubiertos. La entidad les abonaba “una cantidad dineraria fija mensual” que nada tenía que ver con la asistencia a reuniones o a comisiones.


Hoy empiezan a declarar, como imputados, algunos de los alcaldes involucrados. El exsecretario general de la FMC, Adolfo Moreno, y el expresidente del ente, Manuel Bustos, inician la ronda de declaraciones. Tras ellos tendrán que dar explicaciones ante el juez los alcaldes de Solsona (David Rodríguez), Mataró (Joan Mora), L’Hospitalet de Llobregat (Núria Marín), Reus (Lluís Miquel Pérez), El Prat de Llobregat (Lluís Tejedor), Manlleu (Pere Prat), Centelles (Miquel Arisa) y Girona (Anna Pagans). El resto lo harán en los próximos días.


Por otra parte, Bustos, también ex alcalde de Sabadell, formalizó ayer su abandono de la política, anunciada hace dos meses, a raíz de los escándalos judiciales. Bustos renunció a su cargo como concejal en esta ciudad durante el pleno municipal, al que no asistió. A final de mes deberá abandonar la Diputación de Barcelona.


Fuente: El País







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martes, 2 de septiembre de 2014

Santamaría no aclara si el Gobierno aprobará en solitario la reforma electoral local


La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitado este lunes aclarar si el Ejecutivo está dispuesto a aprobar en solitario, sin el apoyo del PSOE y otros grupos, la reforma electoral local para que gobierne el alcalde más votado.


En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, a Sáenz de Santamaría se le ha preguntado hasta en cuatro ocasiones si el Gobierno está dispuesto a valerse de la mayoría absoluta del PP en el Congreso para aprobar esta reforma, pero ella ha replicado que el Ejecutivo quiere debatir y no adelantar el resultado final de ese debate.


Eso sí, la vicepresidenta ha reprochado al PSOE que ahora se niegue a debatir sobre la elección directa del alcalde, cuando en 1998 presentó una proposición de ley "redactada" sobre el asunto y ha añadido "algunos de los que ahora dicen no hace menos de dos meses decían sí, pero si es este sistema". Aludía así a palabras del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que a principios de julio afirmaba que en todo caso una elección directa de alcalde podría ser a dos vueltas.


Sáenz de Santamaría ha recalcado que muchos grupos políticos han pedido en el Congreso distintas reformas de la ley electoral, incluso durante sus reuniones sobre otras propuestas de calidad democrática y se ha preguntado "por qué el PP no puede llevar la suya".


Así, ha pedido a los grupos políticos que se sumen al debate y expresen sus posiciones. En su opinión, no todos están en contra y lo que hay que hacer es "analizar bien" la situación.


Según sus palabras, a lo que está dispuesto el Gobierno es a convencer, tanto a los grupos como a los ciudadanos, de que la reforma que planea el Ejecutivo es "algo positivo", porque el alcalde es la figura a la que conocen los vecinos y porque, a su juicio, "llama poderosísimamente la atención que alcaldes mayoritariamente votados por los vecinos no gobiernan porque pactan tres partidos, o cuatro o cinco".


Fuente: Europa Press







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El PSOE entiende que las entidades locales menores "serán las más perjudicadas" por la reforma electoral del PP


El Grupo Socialista en el Parlamento extremeño entiende que las entidades locales menores "serán las más perjudicadas" de llevarse a cabo la posible reforma electoral que plantea el Partido Popular.


El coordinador del área de administración local del Grupo Socialista en la Cámara regional, Alfredo Escribano, ha calificado esta reforma "como una ocurrencia más que el PP" pretende hacer tragar "como norma de fe".


Así de tajante se ha mostrado antes de la reunión que representantes del Grupo Parlamentario Socialista han mantenido este lunes en Mérida con miembros de la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura, a su juicio, "las más dañadas por la actual situación económica".


De este modo, sobre esta reforma electoral, Escribano ha señalado que "la verdadera regeneración democrática pasa por otorgar mayor representación a la ciudadanía", según ha informado el Grupo Parlamentario Socialista en nota de prensa.


El socialista ha declarado también que su grupo lleva "mucho tiempo" de trabajo en el área de administración pública, donde analiza las consecuencias "que tendría una posible reforma de la Ley de Entidades Menores", así como el impacto que la nueva de Administración Local tendrá en las mismas.


Por su parte, el presidente de la Federación de Entidades Menores de Extremadura y alcalde de Gargáligas, Antonio Asensio, ha reconocido que el PSOE "ha sido el más receptivo a la reunión, ya que es "el primero" de los cuatro grupos en recibirlos.


También Asensio ha señalado que acuden a la misma con el ánimo de conocer la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante la "inminente" aplicación de la Ley de Administración Local, y ha manifestado que las entidades menores "deben tener mayor peso en las decisiones y representación en las instituciones"


Fuente: región digital







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CCOO afirma que la reforma local traerá a los ayuntamientos privatizaciones


La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Córdoba, denunció ayer que la Ley de Reforma de la Administración Local es "un ataque a la autonomía municipal consagrada en el Artículo 140 de la Constitución, pues no se ha podido abrir ninguna mesa de negociación colectiva con el Gobierno para discutir y presentar propuestas, como se había hecho en mayor o menor grado hasta el momento ante leyes de este calado".


El secretario general del sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía, Luis Mena, explicó que "esta reforma de los ayuntamientos que esta llevando a cabo el Gobierno del PP es centralizadora e invasora de competencias autonómicas y municipales, y contraviene la Carta Europea de la Autonomía Local ratificada por España".


Además, cree que con esta reforma no se reducirá el déficit público, ya que la deuda de los ayuntamientos apenas supone un 5% de la deuda total de las administraciones públicas y, de ese porcentaje, la mayor parte recae en un número muy limitado de grandes municipios. Por ello, "estamos ante un capítulo de recortes a las administraciones en beneficio de los intereses económicos privados, pasando a un segundo plano el beneficio y la rentabilidad social de los servicios públicos".


El sindicato afirmó que esta enmienda no solo desatiende la reivindicación histórica del municipalismo, sino que ahora las autonomías podrán decidir la prestación de un servicio municipal sin partida presupuestaria. Asimismo, aseguró que los servicios municipales serán más caros y supondrá la pérdida de más de 1.400 empleos en el sector público y empresas propias de la administración local de Córdoba en los próximos dos años. Además, los servicios públicos locales se irán traspasando a las diputaciones provinciales para que éstas lleven a cabo la privatización del servicio, apostilló Mena.


Fuente: Diario de Córdoba







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lunes, 1 de septiembre de 2014

La reforma local encalla por el rechazo de las Comunidades Autónomas a asumir un mayor gasto


Algunas comunidades rechazan nuevas competencias con el actual modelo de financiación.


La mayor parte de las comunidades autónomas ha legislado o va a legislar para adaptar sus normativas a la reforma local, aunque esos cambios parecen ir en dirección contraria al espíritu de la normativa nacional, pues en muchos casos buscan que los ayuntamientos sigan prestando los servicios sociales.


La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor en enero de este año, establece que las comunidades asuman determinadas competencias en materia de servicios sociales, educación y sanidad que hasta ahora ejercen los ayuntamientos, las denominadas "competencias impropias".


La aplicación de esta norma, que ha sido objeto de diez recursos ante el Tribunal Constitucional, encuentra nuevos obstáculos por parte de las comunidades autónomas, reacias a asumir esas competencias y menos aún con el actual modelo de financiación autonómica, que no les aporta los recursos suficientes.


Hasta el momento, han aprobado leyes o decretos la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Asturias, Extremadura, Murcia y La Rioja.


Y han anunciado su intención de hacerlo el País Vasco, Canarias, Castilla y León y Navarra.


En la mayor parte de los casos, el objetivo es garantizar la continuidad de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y que, según la reforma, deben pasar a ser responsabilidad autonómica para evitar duplicidades.


La Asamblea de Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha aprobado en verano -en período extraordinario- una norma que garantiza la continuidad de los convenios con los ayuntamientos para ofrecer esos servicios.


En Asturias, el Gobierno del socialista Javier Fernández ha garantizado mediante un decreto que los entes locales sigan ejerciendo las denominadas "competencias impropias" siempre que no incurran en duplicidades o pongan en riesgo su sostenibilidad financiera.


También en Cataluña se ha regulado esta cuestión mediante un decreto hasta que se apruebe la ley correspondiente. Pretende garantizar a los municipios "continuidad jurídica" ante el "impacto" de "consecuencias devastadoras" de la reforma local.


En el caso de Andalucía, el Parlamento aprobó, con los votos del PSOE e IU, la convalidación del decreto que pretende salvaguardar las 29 competencias propias de los ayuntamientos andaluces.


Extremadura, gobernada por el PP, también ha legislado en el mismo sentido y su Asamblea ha llevado la ley al Constitucional.


El consejero extremeño de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa ha manifestado que las autonomías no tienen recursos suficientes para asumir esas competencias y además ha vaticinado que la norma será declarada inconstitucional.


Otra comunidad del PP, la gallega, ha aprobado una norma que adapta la reforma local a las peculiaridades de esa comunidad y habilita a los ayuntamientos a seguir prestando servicios como las escuelas infantiles, además de otros en materia de igualdad o consumo.


Este aluvión de normas ha despertado el "enfado" de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente, Iñigo de la Serna, acusó esta semana en una entrevista con Efe a las autonomías de blindarse para no asumir las competencias que les corresponden.


De la Serna ha elevado estas quejas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y dice contar con el compromiso del Gobierno de impedir que ninguna normativa autonómica pervierta el sentido de la reforma local.


Los gobiernos de Castilla y León y Murcia, por ejemplo, ya han salido al paso de esas acusaciones y han negado ningún blindaje y han asegurado que se han limitado a dar garantía a la prestación de los servicios por parte de los ayuntamientos.


La Comunidad Valenciana, por su parte, no tiene previsto hacer ninguna ley para impedir o posponer la entrada en vigor de la reforma, aunque admite que ha trasladado a los ayuntamientos que no está en disposición de asumir las competencias que le corresponden hasta que no llegue más financiación autonómica, según ha explicado la portavoz del Gobierno regional, María José Catalá.


Para otoño se espera la norma vasca, una ley que incluirá un listado de competencias municipales "mucho más amplio" que el del resto de España en virtud de un acuerdo en el Congreso entre el PNV y el PP.


También Canarias prepara una nueva ley autonómica de municipios, cuyo contenido ha pactado con la Fecam (Federación Canaria de Municipios), que garantiza la prestación de las competencias que ya tenían los consistorios y resuelve "la incertidumbre" que generaba la reforma estatal de la administración local, en palabras del presidente, Paulino Rivero.


El Gobierno de Canarias no solo critica el contenido de la reforma de la administración local, sino que la ha impugnado ante el Tribunal Constitucional, porque considera que cambia el modelo de Estado, al reducir la función de los ayuntamientos, y "sobrecarga" a las comunidades autónomas con competencias hasta ahora municipales.


Fuente: El Heraldo de Aragón







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