Entrevista a José de Vicente García, presidente del Colegio de Secretarios e Interventores de Málaga
José de Vicente García es el presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Málaga, profesionales en el ojo del huracán porque sus advertencias legales y financieras suelen ser poco escuchadas por alcaldes y concejales, como se ha podido ver en los recientes casos del Patronato de Turismo de la Costa del Sol o los cursos de formación. De Vicente aboga por contar con más poder coercitivo para impedir el despilfarro.
¿La Ley de Reforma Local no les ha dotado de más independencia respecto del alcalde?
La ley lo que ha traído es más ruido que nueces. Formalmente pasamos a formar parte del Estado, es decir, va a retomar los nombramientos, los concursos, las plazas vacantes...
Pero de hecho...
Pero de hecho seguimos dependiendo en dos aspectos fundamentales de la administración local: nos paga el Ayuntamiento al que servimos pero al que debemos fiscalizar, lo cual de alguna forma si, por ejemplo, te pones enfermoel alcalde de turno te puede castigar quitándote retribuciones o, como pasa en ayuntamientos importantes, no quieren a los interventores y les asignan retribuciones muy bajas para que no vayan habilitados, aunque por ley debería de haberlos; y, en segundo lugar, el famoso tema de la libre designación.
¿Qué ocurre con eso?
Hasta finales de los ochenta no existía, a partir de ahí se inventó. Alguien tuvo la feliz idea de que los secretarios y los interventores en vez de entrar por un concurso de méritos, fueran elegidos de forma excepcional por libre designación. Es decir, cualquier compañero que cumpla los requisitos mínimos puede ser elegido por un político para un gran municipio mayor de 75.000 habitantes o para una diputación, etcétera.
¿Conoce casos de secretarios o interventores cercanos a un partido nombrados por ello?
Claro. De hecho, aunque la ley dice excepcionalmente, lo excepcional es que vayan por concurso. Si uno mira los secretarios y los interventores que están en estos grandes municipios, el 99,9%, por no decir el 100%, son puestos por libre designación. Lo que pedimos es que, para una mayor independencia, objetividad y profesionalización, que se quite la libre designación, máxime en los grandes municipios.
¿Sabe de muchos compañeros con depresión por las presiones de los alcaldes?
Sí, por desgracia sí. Ahora mismo, además de por la falta de independencia, la dependencia económica y el cáncer de la libre designación, tenemos otro problema muy grave que es el de asignación de competencias y funciones, muy marcado en la subescala de la secretaría de intervención, en ayuntamientos menores de 5.000 habitantes. Estos compañeros hacen funciones que van desde un ama de llaves a un gerente de empresa. Llevo mucho tiempo insistiendo en que ha de desaparecer esa subescala.
¿Cómo blindar su papel?
Para mí, todo parte de un gran principio que falla en la administración local: la famosa planta local, es decir, el redimensionamiento que tiene en la actualidad la administración local, que eso nos lleva al reparto del poder, en general, es decir, la distribución de competencias. Esas dos patas son esenciales. Es imposible que tengamos un Estado de 8.000 y pico ayuntamientos, de los que más del 50% son menores de 1.000 habitantes, y, por otro lado, que no haya una asignación de competencias claramente definidas entre el Estado, la autonomía y la administración local. Esto, que debía haberse resuelto en la Ley de Reforma Local, no se ha hecho, sólo se han puesto parches. El centro de gravedad de la reforma local. Primero hay que delimitar claramente las competencias de cada administración, con un mayor respeto a la autonomía local de lo que se tiene ahora; y un nuevo dimensionamiento de la administración local. Desde la Constitución de 1812, se dijo que, por cada municipio habría un ayuntamiento. Eso hoy no tiene razón de ser.
Deberíamos tener, por tanto, muchos menos municipios...
Deberíamos tener menos.
¿Cuántos en Málaga?
Yo he hecho un estudio. Si en Málaga el menor de los ayuntamientos tuviera 20.000 habitantes, que es lo que yo promulgo, ahora tendríamos grandes municipios 14 o 15 contando Málaga capital. En Europa hay límites de 50.000, 40.000 y 30.000. Ciudadanos lo pone en 5.000.
¿Y cómo se agruparían los pequeños pueblos?
Se agruparían por comarcas.
¿No deberían contar ustedes con instrumentos coercitivos para impedir gastos ilegales?
Cuando un interventor o un secretario consideran que algo es ilegal, o no cumple con la normativa, un acto o una disposición municipal, tiene el reparo. El reparo se establece en la Ley de Haciendas Locales. En materia interventora, el interventor tiene una amplia gama de control.
¿Y eso ocurre?
Teóricamente ocurre. Se llama control interno dentro de la entidad local. Luego están las sociedades mercantiles u otros entes que tienen un control financiero, a posteriori. Que por ahí se pierde bastante. Tú intervienes pero ya se ha producido el gasto. Al año y pico siguiente es cuando ven tu informe. Eso se pone de manifiesto muy tarde ya, cuando ya se ha ejecutado el gasto y no hay posibilidad de reparar. Tenemos órganos de control externo como el Tribunal de Cuentas, lo lógico es que hubiera una unidad que velara por esos reparos que hacen los interventores.
¿Qué opinión tiene del fallo de la Intervención de la Junta en los cursos de formación?
Las comunidades no tienen un cuerpo de interventores como tal. Los interventores se eligen de un cuerpo superior de administración y finanzas de la Junta, técnicos del grupo uno. No son totalmente expertos y formados en la materia interventora como los locales. Hay un déficit en los propios funcionarios que ejercen esa función. Estos interventores son nombrados a dedo, se extraen de los cuerpos. Sobre todo el interventor general. Parece que el interventor general había advertido de esas ilegalidades y falta de control, pero el político ha hecho caso omiso, como por desgracia ocurre en diputaciones, administraciones locales, etcétera...
¿Y qué me dice del Patronato de Turismo?
Una cosa es el control interno del organismo y otra cosa el control financiero a posteriori para sociedades y empresas públicas que llevan otro sistema. Es la ley lo que habría que cambiar. Que el control financiero fuera permanente y a priori, no a posteriori cuando ya no se puede hacer nada.
¿Cuántos ayuntamientos malagueños están en quiebra?
Lo más importante de los últimos años ha sido la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obligó a no gastar más de lo que se ingresa; y, en segundo lugar, que hay que ser sostenibles financieramente a futuro. Y se incluyeron los pagos a proveedores. Los proveedores están cobrando. Ese requisito se pide para la sostenibilidad presupuestaria, pero los ingresos vienen de fuera, no de tus recursos, con lo que te estás endeudando. La ley ha supuesto un punto y aparte en el despilfarro que había.
Fuente: La Opinión de Málaga
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