El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas prepara un mecanismo para asegurar que las comunidades autónomas pagan a los ayuntamientos los servicios de educación, sanidad y servicios sociales cuya prestación les ceden mediante convenio, de manera que a aquellas que no abonen lo acordado se les descontará de la financiación por parte del Estado. Hasta 2014, la deuda ya existente ronda los mil millones de euros.
La herramienta tiene que ser regulada por ley orgánica, que el Ministerio quiere aprobar para que entre en vigor el año que viene, según ha anunciado en el Congreso el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. El asunto será discutido y votado en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hacienda está recopilando los convenios pendientes de abonar hasta este año, en colaboración con al Federación Española de Municipios y Provincias. A falta de cierre, se calcula que son unos mil millones lo que las CCAA en su conjunto tienen pendiente de pago a los ayuntamientos por servicios sociales, de educación y de sanidad cuya prestación las autonomías han cedido a los municipios.
Los gobierno regionales deberán saldar su deuda o adherirse de forma voluntaria a este mecanismo, un fondo similar al FLA que va a crear el Estado prestar a las autonomías el dinero. Las que no salden sus deudas o no paguen en el futuro los convenios a los ayuntamientos, verán descontada esa cantidad de la financiación del Estado.
"Queremos un mecanismo que sirva para limpiar el stock de deuda pendiente con garantía de cobro hasta 2014. Una medida temporal y voluntaria para que cobren las entidades locales y para dar liquidez a las comunidades", ha explicado Beteta ante el Congreso, donde ha explicado los presupuestos de su departamento para 2015.
CONSECUENCIA DE LA REFORMA LOCAL
La reforma de la administración local, que entró en vigor este año, obliga a las autonomías a asumir competencias en educación, sanidad y servicios sociales que venían prestando los ayuntamientos. Pero también les permite dejar que los municipios sigan encargándose de ellas, mediante la firma de un convenio y pagando el dinero correspondiente.
Este mecanismo, según ha dicho Beteta, quiere saldar las deudas existentes y asegurar que no vuelven a producirse, evitar los impagos entre administraciones y que los ayuntamientos pueden prestar correctamente los servicios. Según ha dicho, las deudas autonómicas les han obligado a contraer deudas con proveedores o a recurrir a los bancos para saldarlas.
El secretario de Estado ha explicado que se creará un "registro electrónico de convenios" entre comunidades y entidades locales; serán así además públicos para que todos los ciudadanos sepan quién presta los servicios, "cosa que ahora no saben". "Permitirá además el control y el seguimiento financiero de los mismos", ha agregado.
Fuente: Europa Press
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha subrayado este miércoles que la pérdida de empleo público "ha tocado suelo" tras una reducción en los dos últimos años en más de 134.000 personas, un 5 por ciento, en el número de empleados en el conjunto de las Administraciones Públicas, hasta situarse en 2.551.123 el número de funcionarios, mientras que la pérdida de empleo público en las Comunidades Autónomas ha superado las 67.000 personas.
"Las Administraciones Públicas cuentan así con una dimensión más acorde a las necesidades del momento y que se define en una palabra: profesionalidad", ha puestos en valor Beteta durante la clausura del V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, celebrado en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Tras esta racionalización en el empleo público, Beteta ha subrayado que ahora el Gobierno incrementa la tasa de reposición de efectivos, "priorizando el personal de los servicios prioritarios de nuestro Estado del Bienestar, sanidad, educación y servicios sociales, potenciando también el personal de seguridad y el que lucha contra el fraude".
Durante su intervención, Beteta ha destacado que sólo el 25% de los empleados públicos se encuentra en las estructuras puramente administrativas, dedicándose el 75% a servicios de sanidad, educación, seguridad, defensa o justicia. Asimismo, ha indicado que, si bien en términos porcentuales es el personal interino el que más se ha reducido, con 25.000 personas menos, la mayor reducción en número se ha producido entre el personal funcionario, con 68.000 efectivos menos, y el personal laboral, con una reducción de 40.000 personas.
AHORRO CON LAS MEDIDAS DEL CORA
El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha hecho igualmente un repaso de las 218 propuestas de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA), de las que 140 afectaban a la Administración General del Estado, y ha subrayado que estas medidas estructurales que han conseguido un ahorro en lo que va de año de 10.417 millones de euros, de los que 2.684 millones son para el Estado, 5.535 millones para las CCAA y 2.198 para las Entidades Locales.
De las medidas puestas en marcha por la CORA, once han sido de carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración, mientras que 118 persiguieron eliminar duplicidades con las CCAA, 43 eliminar trabas y simplificaban procedimientos, 38 mejorar la gestión de los servicios públicos y ocho racionalizar las Administraciones Públicas, tanto en el plano normativo como mediante la supresión de integración de 57 entidades públicas estatales.
En cuanto a la racionalización del sector público, Beteta ha destacado que se sector público autonómico ha reducido 675 entes --un 28,49 por ciento menos-- y la previsión es que cuando se culmine el proceso será un 33,10 por ciento menor al existente en 2010, con un ahorro de casi 2.000 millones de euros y 5.500 personas menos. En el ámbito local, el sector público se ha reducido en 1.106 entidades, un 19,43 por ciento menos.
El informe de la CORA, ha recordado Beteta, incidió de forma especial en la gestión conjunta de servicios comunes, con el fin de ahorrar costes en medios informáticos, tesorería, reducción de órganos de contratación, parques móviles, medios aéreos y marítimos. En este sentido, ha recordado que los ahorros suman ya 176 millones de euros en comunicaciones postales, limpieza, automóviles o combustibles y el parque móvil ha reducido 26 vehículos, un 30 por ciento, con un ahorro de 12,7 millones.
Por último, el secretario de Estado se ha referido a la Administración electrónica y los logros conseguidos en los últimos años, situándonos en las primeras posiciones de mundo en este terreno, "el resultado es una mejor Administración hoy, más cercana, racional, eficiente y, sobre todo, a la vanguardia de la sociedad".
Fuente: Europa Press
Asimismo pedirá que el superávit de nueve de cada diez Ayuntamientos pueda destinarse a crear empleo. La FEMP demandará la ampliación del plazo para la liquidación de 2013.
La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el Alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha acordado en su sesión de hoy instar al Ejecutivo para que flexibilice el techo de gasto establecido para las Entidades Locales.
De hecho, la Junta de Gobierno trasladará la posición de la FEMP sobre esta cuestión ya que es una necesidad social que los Ayuntamientos puedan destinar su superávit a mejorar la economía de sus territorios.
Para el Presidente de la FEMP, la flexibilización del techo de gasto, además de ser de justicia el que se produzca, se precisa para que las Entidades Locales puedan destinar su superávit a dinamizar la economía de sus respectivos territorios.
A su juicio, "no puede ser que nueve de cada diez Ayuntamientos estén en superávit, cuenten con más de ocho mil millones de euros de saldos positivos, y que no puedan destinarlo a crear empleo en sus municipios". Además, ha recordado que la inversión del superávit no va a suponer en ningún caso incurrir en déficit.
Por otra parte, la Junta de Gobierno de la FEMP ha acordado remitir un escrito al MINHAP solicitando la ampliación del plazo para la liquidación de la PIE de 2013.
Central de Contratación
Por otra parte, De la Serna ha informado a los miembros de la Junta de Gobierno de la adjudicación, tras el pertinente concurso, a la empresa Guadaltel para el contrato de servicios de consultoría, asesoramiento y soporte técnico para la implementación de un modelo integral de contratación centralizada para las Entidades Locales, a través de la Central de Contratación. El servicio prestado por Guadaltel permitirá, en breve, poner en marcha la plataforma electrónica sobre la que pivotará la Central de Contratación.
De la Serna ha señalado que la Central es un instrumento que ayudará a las Entidades Locales a consolidar su superávit a través del ahorro de costes y la generación de economías de escala. Finalmente, ha indicado que en breve se procederá a licitar el suministro a las EELL de luminarias con tecnología LED, sin inversión previa para los Gobiernos Locales; servicios de telefonía fija, móvil y ADSL, así como servicios postales y telegráficos, ente otros.
Fuente: FEMP
Después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la consulta soberanista, la Generalitat quiere apartar del foco de la polémica a los funcionarios que trabajan para hacer posible la celebración del referéndum sobre la independencia del 9 de noviembre.
El dispositivo de personal previsto el departamento de Gobernación y que fue presentado el domingo por la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, queda, por tanto, suspendido. “No vamos a poner en riesgo a nadie”, explicaron ayer fuentes de la Generalitat, en referencia al delito de desobediencia en el que podrían incurrir los empleados públicos que siguieran colaborando a partir de hoy en la organización de la consulta soberanista.
El Gobierno catalán debatirá en su reunión de hoy la estrategia política a seguir tras la suspensión del Constitucional, pero se da por seguro que echará el freno con los funcionarios de la Generalitat que hasta ahora están ocupados en los preparativos de la consulta. “A nadie se le va a pedir que infrinja la ley”, aseguraron ayer fuentes del Departamento del Gobernación.
Los números de la Generalitat preveían la movilización de 4.834 empleados públicos, sumando los que trabajan en los ayuntamientos catalanes y en la Administración autonómica, además de 6.200 agentes de los Mossos d'Esquadra y tres mil policías locales. A todos ellos hay que sumar un millar de secretarios municipales de los 947 ayuntamientos que hay en Cataluña para levantar las actas del resultado de la votación.
Al margen del delito de desobediencia en el que podrían incurrir los funcionarios, también podrían se les podría exigir responsabilidad penal los alcaldes y concejales de Cataluña que a partir de este martes acuerden actos administrativos para hacer posible el 9-N, así como a los secretarios municipales que participen en esas reuniones. El ex fiscal superior de Cataluña, José María Mena, entiende que en este caso se les podría acusar de delito de prevaricación, porque estarían acordando una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ya que es de sobras conocido que el Tribunal Constitucional ha suspendido la consulta soberanista del 9 de noviembre. “Esos alcaldes y concejales no son aforados, como sucede con Artur Mas y los consejeros de la Generalitat. Por tanto, tendrían sus juicios rápidos, sus condenas y sus condenas de inhabilitación”, asegura Mena. “Para un alcalde la inhabilitación sería un mal menor, pero para un secretario municipal de carrera las consecuencias podrían ser peores”, añade.
La Generalitat confía también que el Gobierno de Mariano Rajoy no actúe contra los funcionarios catalanes que iban a participar en la realización de la consulta, a los que hay que añadir 24.390 miembros de las meses electorales y 48.780 suplentes. Fuentes judiciales explicaron que en la reunión que celebró hace unos días el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, con los cuatro fiscales provinciales de Cataluña, se les impartieron instrucciones sobre la forma con la que deberán actuar en sus territorios, en caso de que se realicen actividades para favorecer la participación en la consulta.
Fuente: El País
El presidente del Consell de Governs Locals de Catalunya, Miquel Buch, ha puesto en duda que el Tribunal Constitucional (TC) vaya a fallar sobre el recurso de 3.000 municipios contra la ley de reforma local con la misma celeridad con la que, a su juicio, va a decidir sobre el recursos del Gobierno central contra la consulta del 9N.
El también presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y alcalde convergente de Premià de Mar (Barcelona) ha afeado este lunes la falta de diligencia del TC con una ley "que impide que los ayuntamientos den servicios a los ciudadanos", en las jornadas sobre municipios 2014 que organiza la fundación Ernest Lluch.
También ha intervenido el presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y alcalde de Pineda (Barcelona), Xavier Amor (PSC), que ha lamentado que se transmitan a los ayuntamientos unas responsabilidades que no les corresponden, "como decidir si se entrega el censo o si se sacan las urnas" el 9N, y ha dicho que, como alcalde, se posicionará siempre del lado de la ley.
En distinto modo se ha posicionado el alcalde de Manlleu (Barcelona), Pere Prat (ERC), que ha replicado que, como primer edil, debe estar al lado del pueblo por lo que ha desvelado que sacará las urnas a la calle el 9 de noviembre aunque ello le cueste que le abran "las puertas de La Modelo" --en referencia al centro penitenciario de Barcelona--.
Otro líder municipal, el alcalde de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), Gerard Segú (PROGRÉS), ha afirmado que la dificultad para reformar la Constitución tras una petición expresa del pueblo --en referencia al encaje catalán en España--, y la facilidad del gobierno para realizar una reforma 'exprés' de la Carta Magna demuestran que "la democracia ha entrado en la lista de especies en extinción".
Buch también ha recurrido a la hemeroteca para recordar que en 1978, mientras se firmaba la Constitución, se penaba el adulterio, algo que cambió con el tiempo, mientras ahora el Gobierno sostiene que "la ley no se puede cambiar".
"El Gobierno de España se refugia en la ley, cuando la ley no la hace un abogado sino un político", ha sostenido.
Fuente: Europa Press
El presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, ha reivindicado este lunes el papel coordinador de las diputaciones para garantizar la viabilidad de los servicios en los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Esteve se ha posicionado así en contra de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que pretende la disolución de estos municipios por no poder hacer frente a las competencias que tienen otorgadas, ha advertido.
El presidente de la Diputación ha recordado que 3.000 ayuntamientos, con 17 millones de españoles a sus espaldas, han puesto un recurso en el Tribunal Constitucional contra la LRSAL, que sólo quiere "recentralizar competencias" y va contra el buen funcionamiento que a su juicio tienen los 200 municipios de menos de 5.000 habitantes en Barcelona, de los 311 que están bajo el amparo de la diputación que preside.
"Hemos demostrado que se puede combinar autonomía y identidad local con eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos", ha defendido.
Por todo ello, se ha mostrado extremadamente crítico con la ley afirmando que "es una norma intervencionista, radical y recentralizadora, que no responde al consenso que exige una reforma de tanta trascendencia".
"Parece que se pretende desviar la atención sobre los problemas estructurales y financieros de la Administración del Estado", ha sospechado el presidente que considera que con la ley han aprovechado para cargar sobre los consistorios una responsabilidad ajena.
"Lo hacen, además, de forma oportunista y demagógica sobre el nivel más cercano al ciudadano", ha sentenciado.
Fuente: Europa Press
Crean un grupo de trabajo para encontrar la solución que evite acudir al Tribunal Constitucional.
El Gobierno de la Nación ha expresado "discrepancias" con varios apartados del Decreto-Ley aprobado el pasado mes de mayo por la Junta para regular la aplicación de la reforma local nacional y ha acordado crear un grupo de trabajo con el Ejecutivo andaluz que se encargue de proponer una solución que evite la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
Así lo recoge un acuerdo adoptado el pasado 30 de julio por la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.
Según dicho acuerdo, consultado por Europa Press, el Gobierno mantiene "discrepancias" con los apartados 2, 3 y 4 del artículo 2, que establece excepciones a la necesidad de solicitar informes por parte de las entidades locales de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, que regula los mecanismos para la adaptación de convenios, acuerdos e instrumentos de cooperación en que se financien distintas de las propias y de las delegadas.
Ante dichas "discrepancias", ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".
Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, justificó el pasado 20 de mayo la aprobación del Decreto-Ley para "blindar las competencias de los ayuntamientos frente a la reforma de la Administración local emprendida por el Gobierno central, de forma que se salvaguarde el amplio autogobierno que la legislación autonómica garantiza a los municipios, frente a la recentralización planteada por el Estado".
Por su parte, el ministro Cristóbal Montoro calificó ese mismo día como "innecesario" el Decreto-Ley de la Junta para "blindar" competencias de los municipios porque, a su juicio, "no hace ninguna falta" toda vez que las competencias de las administraciones locales están definidas por ley estatal.
Fuente: Europa Press
Consejo de Cuentas y PSOE coinciden en que el establecimiento de sanciones para organismos que no cumplen mejoraría índices de rendición.
Casi un 39 por ciento de las 2.224 entidades locales menores de Castilla y León ha rendido ya la cuenta de 2013 ante el Consejo de Cuentas mientras que las restantes tienen de plazo hasta el 31 de diciembre para presentarlas ya que, en caso contrario y tal y como se estableció en la Reforma Local aprobada por el Gobierno de la nación, estarían abocadas a su disolución.
En concreto y según lo ha precisado este viernes el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo Terry, en una comparecencia ante la Comisión de Hacienda de las Cortes, 859 de las 2.224 entidades locales menores de Castilla y León han rendido ya la cuenta de 2013, lo que supone el triple de las que lo habían hecho a la misma fecha el pasado año.
Tras recordar que al cierre del año 2013 un 49,4 por ciento del total de entidades locales menores había cumplido con la obligación de la rendición, Encabo Terry, quien ha eludido hacer una estimación del porcentaje final a cierre de este año, se ha mostrado convencido de que en el presente año se superará ese porcentaje final ya que quedan "tres meses por delante" y "se está trabajando" para poder cumplir con el imperativo legal.
No obstante y tras recordar que el Consejo ha "intensificado" las acciones para posibilitar que las entidades puedan rendir cuentas con independencia de los medios propios de que dispongan, su presidente se ha referido a la distinta realidad de la provincias de León (1.232 entidades locales menores de las que 641, el 52 por ciento, ya ha rendido cuentas) en relación a Palencia (225 entidades y 52 que ya han presentado las cuentas, un 23 por ciento) y Burgos (649 entidades con 146 rendiciones, el 22,5 por ciento).
Las diferencias se deben, ha matizado, al "arraigo" existente en la provincia de León, en la que el 50 por ciento de la población está integrada en juntas vecinales, aunque en las tres provincias se han establecido mecanismos para posibilitar que las cuentas puedan presentarse a tiempo en el cien por cien de las entidades locales menores, aspecto que para el portavoz 'popular', Salvador Cruz, constituye una "labor muy compleja" y un "objetivo muy difícil de conseguir".
Por su parte, el portavoz socialista, José Francisco Martín, ha ensalzado que la cifra haya mejorado con respecto a la de 2013 aunque ha considerado "muy bajo" el nivel de rendición de cuentas actual, teniendo en cuenta que la no presentación conlleva la extinción de las entidades.
SANCIONES PARA LOS QUE NO CUMPLEN
Jesús Encabo Terry, quien ha presentado el Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ha abogado, tras la presentación de las cifras correspondientes al año 2012, por promover reformas normativas que, como ya han hecho otras comunidades, supediten el pago de ayudas o subvenciones públicas a la rendición de cuentas por parte de las entidades locales.
El presidente del Consejo ha señalado, en este sentido, que la medida ha cosechado "resultados favorables" en otras comunidades y en las acciones, en la misma línea, llevadas a cabo por la Administración del Estado, a lo que, en su turno de intervención, Martín ha sumado el establecimiento de un "régimen sancionador" que, ha recordado, ya fue propuesto en la Cámara y desechado con los votos de la mayoría.
Para Martín, la aplicación de sanciones es "la única manera" de que los responsables políticos de las entidades cumplan con la obligación legal de la rendición de cuentas y, tras precisar que las medidas punitivas deberían de "afectarles a ellos", ha considerado que esa falta de cumplimiento es, en determinados casos, "voluntaria".
Asimismo, ha apuntado a la necesidad de que las administraciones que "pueden y deben" ayuden a las que "deben pero no pueden" cumplir con la rendición de cuentas, momento en el que ha aseverado que la Junta, a la que el Consejo de Cuentas recomienda "extremar" la verificación de la cobertura de puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación nacional, aunque sea con carácter temporal, "debe hacer lo posible" para dotar a las entidades locales de los medios necesarios para cumplir.
LOS DATOS DE 2012.
Jesús Encabo Terry ha recordado que 481 entidades no rindieron en 2012 la Cuenta General (el 18,5 por ciento) y que 226 (8,7 por ciento) lo hicieron fuera del plazo legal; entre las primeras figuran los ayuntamientos zamoranos de Toro y Benavente y, entre los segundos, Ponferrada, Aranda de Duero, Bembibre, Villaquilambre, Guijuelo o el Real Sitio de San Ildefonso, aspecto comentado también por los portavoces durante el turno de intervenciones.
Las diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo fueron los organismos que presentaron niveles más altos de rendición de cuentas en 2012, año en el que la rendición total creció un 21,2 por ciento con respecto a 2011, mientras que los ayuntamientos alcanzaron una tasa de rendición del 75,8 por ciento en el caso de hablar del periodo legal (31 de octubre de 2013) y del 84,9 por ciento si se contabiliza hasta el 31 de diciembre.
Las provincias de Palencia y Salamanca son las que más rinden en el plazo legal, en el caso del ejercicio 2012, mientras que la evolución muestra que Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid superaron el 85 por ciento en los tres últimos ejercicios frente a Zamora y Segovia, que se quedaron por debajo del 80 y del 70 por ciento, respectivamente.
En lo que respecta a las cifras de 2012 de las entidades locales menores, la rendición alcanzó el 49,3 por ciento a 31 de diciembre, lo que supone una mejora de 35,9 puntos respecto al año anterior; de ellas, el 33,6 por ciento lo hicieron en el plazo legal.
Los datos presentados por el presidente del Consejo de Cuentas muestran cómo el 37,5 por ciento de las entidades de la Comunidad tiene pendiente la rendición de cuentas de dos o más ejercicios (la tasa alcanza el 26,4 por ciento para las que llegan y superan los cuatro ejercicios); existen 56 ayuntamientos (eran 126 el pasado año) que nunca ha rendido la Cuenta General ante el Consejo (el 2,5 por ciento) y un 21,8 por ciento ha incumplido al menos en cuatro ejercicios, situación en la que se encuentran, por ejemplo, los consistorios de Candeleda y León (los de Toro y el Real sitio de San Ildefonso rindieron algunos ejercicios tras el cierre del Informe).
Las causas que llevan a no presentar las cuentas al Consejo tienen que ver, según lo ha detallado el presidente, con la sobrecarga de trabajo del secretario-interventor, bajas por enfermedad, desconocimiento del modo de uso del soporte informático, falta de aprobación de las cuentas en pleno o la falta de asistencia por parte de las diputaciones.
Fuente: Europa Press
