viernes, 10 de agosto de 2018

Un organigrama equilibrado @CarlesRamio

La estructura administrativa es el esquema formal (organigrama) que representa las relaciones, las comunicaciones, los procesos de decisión y los

Seguir leyendo



via Responsables personal Ayuntamientos https://ift.tt/2KGUEFl

jueves, 9 de agosto de 2018

El TS concede a un magistrado la licencia por maternidad de 16 semanas, al no haber sido disfrutadas por la madre de su hija

La cuestión que se dilucida en el presente recurso es si el magistrado recurrente tiene derecho a disfrutar de una licencia por maternidad de 16 semanas de duración, pedida como consecuencia del nacimiento de su hija, dándose la circunstancia de que la madre trabaja por cuenta propia como abogada y no tiene derecho a suspender su actividad profesional ni un periodo de descanso por maternidad, pues, el Plan Universal de la Mutualidad General de la Abogacía, en la que está integrada, no contempla en ningún caso la protección por maternidad de 16 semanas retribuidas sino el derecho a percibir una indemnización en forma de pago único por parto/lactancia.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia https://ift.tt/2Mclwls

miércoles, 8 de agosto de 2018

La caducidad de los expedientes disciplinarios en la CAE @ProIndubio

1.- Hasta la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la aplicación de la Ley 30/1992,

Seguir leyendo



via Responsables personal Ayuntamientos https://ift.tt/2KE4rMb

martes, 7 de agosto de 2018

Obituario: Cristobal Aragón Sánchez

El pasado 6 de agosto tuvimos conocimiento del fallecimiento de Don Cristóbal Aragón Sánchez miembro del Consejo Asesor de nuestra Revista de Estudios Locales.

Hombre afable, de gran cordialidad, unía a la bondad en el trato la capacidad de transmitir con suma facilidad los conocimientos que su extraordinaria preparación y experiencia le permitían. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Profesor Mercantil, aunaba dos condiciones profesionales que le otorgaban una excepcional visión del mundo local: la pertenencia a la Escala de habilitación nacional como Interventor-Tesorero y al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.

Fue fructífero su Magisterio tanto en la Universidad Complutense (Cátedra de Organización, Contabilidad y procedimientos de la hacienda Pública impartiendo Contabilidad de las Corporaciones Locales)) como en el INAP (Profesor de Técnica Presupuestaria, Contabilidad Pública y Control financiero), además de numerosas ponencias y comunicaciones en Jornadas organizadas por el Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, así como nuestra Organización colegial.

En el seno del Tribunal de Cuentas ostentó la Presidencia de la Asociación de los Cuerpos Superiores de Auditores y Letrados del Tribunal de Cuentas y de su Comisión de Estudios. Desempeñó, entre otros, el cargo de Secretario Técnico del Departamento de Corporaciones Locales.

Las páginas de nuestra revista acogieron su colaboración en artículos en materia Presupuestaria y en materia de Control interno. Colaboración que vino a incrementarse de forma notable desde 2003, tras ingresar en el Consejo Asesor, materializando así su preocupación por la labor del colectivo y por el conocimiento práctico que éste ha de tener del alcance de la actividad del Tribunal de Cuentas ante Administración local y de la relación de la profesión interventora con el mismo.

Participó activamente en la creación de una sección específica dedicada a las Resoluciones de la Sala de Justicia Tribunal de Cuentas, ínsita en la sección de comentario jurisprudencial junto con otros integrantes del mismo; y, sobre todo, y mientras pudo, estuvo siempre a disposición para enseñar, asesorar, apoyar, -- y las más de las veces tranquilizar--, a cuantos miembros de la Escala se lo pidieron ante las vicisitudes del difícil desempeño de la función interventora. Siempre en la creencia de la necesidad e importancia del trabajo profesional objetivo y neutral.

Desde la Organización Colegial y la Revista de Estudios Locales le rendimos este pequeño homenaje y le recordaremos siempre por su inestimable labor y su bondad.

 

 

 

 



via Actualidad https://ift.tt/2AQfaUf

Tiempo de trabajo (blog @_vidalgalindo )

La legislación europea prevé que es tiempo de trabajo efectivo todo periodo durante el cual el trabajador permanece en el

Seguir leyendo



via Responsables personal Ayuntamientos https://ift.tt/2nizjZm

viernes, 3 de agosto de 2018

El TSJ de Madrid anula el plan de ordenación urbana que afecta al estadio Wanda Metropolitano

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Señales de Humo contra el Acuerdo de Aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOUM relativa al Área de Ordenación Especial 00.08 “Parque Olímpico-Sector Oeste” y el Área de Planeamiento Específico 2014, “Estadio de la Peineta”-Distrito de San Blas-Canillejas, cuya nulidad se declara. La asociación argumentó que el planteamiento urbanístico relativo al área que afecta al estadio Wanda Metropolitano no era conforme a derecho”.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia https://ift.tt/2KpMQrj

jueves, 2 de agosto de 2018

El TC respalda que el Parlamento de Galicia pueda suprimir por Ley el cuerpo de letrados del consejo consultivo

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra la disposición adicional cuarta, transitoria única y final tercera, apartado 5, de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2017, de 8 de febrero, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Ordenación que, entre otras cuestiones, contemplaba la supresión del cuerpo de letrados del Consejo Consultivo de Galicia. El fallo avala la decisión del Parlamento gallego en cuanto que era una decisión que correspondía y sólo podía adoptar el legislador autonómico mediante “una valoración individual, singular, separada y no comunicable a otros cuerpos o escalas de funcionarios”.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia https://ift.tt/2vvDlRM

miércoles, 1 de agosto de 2018

Protección de datos de carácter personal en el ámbito de las Administraciones Públicas: un escenario complejo y confuso

 

(Sobre el Real Decreto ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos)

Por F. Javier Fuertes López

1. La regulación de la protección de datos: un juego con normas difíciles de comprender

Cuando todavía no nos hemos recuperado de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos –Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril– nos encontramos con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 30 de julio de 2018 del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Pero para abordar cualquier cuestión relativa a la regulación en materia de protección de datos de carácter personal es preciso partir de un hecho incontestable, como es que se trata de un Reglamento de la Unión Europea, esto es, que a diferencia de lo que sucedía con la normativa anterior (la Directiva 95/46/CE, del 24 de octubre), no hay necesidad de transposición al ordenamiento nacional puesto que los Reglamentos son normas directamente aplicables, norma que entró en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (publicación que tuvo lugar el 4 de mayo de 2016) y que es aplicable desde del 25 de mayo de 2018, tal y como dispone el artículo 99 del propio Reglamento.

Y, a partir de ahí, todo lo que ha sucedido no es sino fruto de la improvisación y el desatino legislativo que nos ha llevado a la situación actual, en la que junto a la tramitación de un Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (121/000013, Proyecto LOPD/2018) que fue presentado por el Gobierno el 14/11/2017, esto es, año y medio después de su entrada en vigor.

El Proyecto sigue su tramitación parlamentario que, es posible, concluya en algún momento (o no) y, mientras, el Gobierno aprueba un Real Decreto-ley con entrada en vigor el 31 de julio de 2018.

2.      Objetivos y contenido del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio,

2.1.       Objetivos

La situación que se produce a partir del 25 de mayo con la entrada en vigor efectiva de las previsiones del Reglamento europeo se percibe por todos los afectados como un escenario difícil de explicar.

Tenemos una norma interna (con rango de Ley Orgánica) con sus principios, derechos, estructuras y (sobre todo) un régimen sancionador que no se corresponde con el establecido por el ordenamiento de la Unión Europea (con, y conviene no olvidarlo), rango de Reglamento (norma, y hay que insistir sobre ello) directamente aplicable.

Esta situación llega al legislador desde una sensación de incertidumbre (en cuanto al régimen a aplicar y la compatibilidad entre ambos sistemas) a un sentimiento de zozobra que, finalmente, a abocado en pánico.

Y en ese estado se ha pretendido hacer, de la noche a la mañana (en un fin de semana estival) lo que no se ha hecho el año y medio. En otras palabras, que son las de la propia introducción que precede al Real Decreto-ley, “el objeto de este real decreto-ley se ciñe a la adecuación de nuestro ordenamiento al reglamento europeo en aquellos aspectos concretos que, sin rango orgánico, no admiten demora y debe entenderse sin perjuicio de la necesidad de una legislación orgánica de protección de datos que procure la plena adaptación de la normativa interna a los estándares fijados en la materia por la Unión Europea a través de una disposición directamente aplicable”.

2.2.       Contenido

Si observamdo el Real Decreto-ley 5/2018 desde su disposición derogatoria, podemos comprobar que, de forma expresa, se derogan de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD/1999), “el artículo 40” y “los artículos 43 a 49, con excepción del 46), esto es, los preceptos relativos a:

1)    Potestad de inspección

2)    El Título relativo a infracciones y sanciones

Con la salvedad (artículo 46) del precepto relativo a las “infracciones de las Administraciones Públicas”.

De esta forma en el Real Decreto-ley (catorce artículos, dos adicionales y dos transitorias) se regulan (por comparación al Proyecto de LOPD/2018) las siguientes cuestiones:

1)    Inspección en materia de protección de datos (artículos 1 y 2 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículos 51 y 53 del Proyecto LOPD/2018)

2)    Sujetos responsables (artículo 3 del Real Decreto que se vienen a corresponder con los artículo 70 del Proyecto LOPD/2018)

3)    Infracciones (artículo 4 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 71 del Proyecto LOPD/2018)

4)    Prescripción de infracciones (artículo 5 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 75 del Proyecto LOPD/2018)

5)    Prescripción de sanciones (artículo 5 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 78 del Proyecto LOPD/2018)

6)    Régimen jurídico de los procedimientos de la Agencia Española de Protección de datos (artículo 7 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 63 del Proyecto LOPD/2018)

7)    Iniciación y duración de los procedimientos (artículo 8 del Real Decreto que no se corresponde con previsión alguna del Proyecto LOPD/2018)

8)    Admisión a trámite de reclamaciones (artículo 9 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 65 del Proyecto LOPD/2018)

9)    Determinación del alcance territorial de las actuaciones de la Agencia Española de Protección de Datos (artículo 10 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 66 del Proyecto LOPD/2018)

10) Actuaciones previas de investigación (artículo 11 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 67 del Proyecto LOPD/2018)

11) Inicio del procedimiento por la Agencia Española de Protección de Datos para el ejercicio de la potestad sancionadora (artículo 7 del Real Decreto que se vienen a corresponder con un desarrollo necesario el artículo 67 del Proyecto LOPD/2018)

12) Medidas provisionales (artículo 13 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 68 del Proyecto LOPD/2018)

13) Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes (que no se corresponde con previsiones anteriores ni del Proyecto)

14) La disposiciones adicionales se vienen a corresponder con los artículos 44 (condición de representante de la Agencia Española de Protección de datos) y 50 (publicación de las resoluciones de la Agencia)

15) Y las transitorias con el propio régimen transitorio y contratos de encargados de tratamiento (disposiciones transitorias Tercera y Quinta del Proyecto LOPD/2018)

 

3.      Resultado

Pues lo cierto es que aunque si puede quedar más o menos claro lo que se persegurí (como acabamos de reseñar) cuestión distinta es que se haya conseguido ese objetivo.

Y es que, de forma sintética, se pueden destacar algunas cuestiones que presnetan más luces que sombras:

1)    El problema es el procedimiento: Por eso se ha tenido que introducir un largo precepto (el artículo 8) sobre la forma de iniciación del procedimiento y duración que no se encontraba entre la sprevisiones del proyecto LOPD/2018

2)    Se elude la calificación de las infracciones que, aunque está en el Reglamento, no se corresponde con nuestro sistema interno, con las repercusiones para el sistema de sanciones y de prescripción 8de una sy otras)

3)    Se establece el carácter subsidiario de las normas generales sobre los procedimientos administrativos, que, por una parte, no se encuentra previsto en la disposición adicional Primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y por otra ignora la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

4)    Tampoco se transcriben las infracciones del Reglamento (como hace el Proyecto de Ley), técnica normativa que, además de equivocada, infringe la normativa de la Unión Europea, pues no se trata de una transposición (de una Directiva) sino de una Reglamento, sin que el ordenamiento interno de un estado miembro pueda pretender consoli dar un régimen cuya regulación corresponde a la Unión Europea.

5)    Se deja vigente el artículo 46 de la LOPD/1999 que, como se ha señalado, regula las infracciones de las Administraciones públicas… pero es que ese precepto establece que “cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44  fuesen cometidas en ficheros de titularidad pública o en relación con tratamientos cuyos responsables lo serían de ficheros de dicha naturaleza, el órgano sancionador dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Esta resolución se notificará al responsable del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados si los hubiera”, cuando se ha derogado el artículo 44 de la propia LOPD/1999 al que se hace referencia, y lo que es peor, cuando el Reglamento Europeo no excluye el tratamiento de datos personales por el hecho de que sea efectuado por una Administración pública.

Recuérdese, en este sentido, que el artículo 4.2 del Reglamento Europeo de Protección de datos define como “tratamiento” a “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”.

6)    Se establece un régimen transitorio (disposición transitoria Primera del real Decreto-ley 5/2018) que contempla que “los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa anterior, salvo que el régimen establecido en el mismo contenga disposiciones más favorables para el interesado”, lo que no deja muy claro que ha de suceder con los procedimientos iniciados a partir del 25 de mayo de 2018, momento en el que el reglamento europeo ya ha desplegado todo sus efectos

Pudiera parecer que el legislador se encuentra ciertamente despistado y que comete errores de bulto (tanto de forma como de fondo).

En primer lugar porque no ha hecho su trabajo. Dos años es tiempo suficiente si se empieza el primer día. Dejarlo todo para el final, o para después, tiene estas consecuencias.

En segundo lugar porque hay un error de concepción que impide ver que el sistema viene construido desde Europa, sin que el Reglamento Europeo (por su propia naturaleza) necesite, para producir sus efectos, de ninguna santificación nacional adicional. Es, sobre esa base, que el Estado tendrá que desarrollar las normas de aplicación (procedimiento) sin que pueda realizar una reconstrucción del sistema aprobado por la Unión Europea. Se puede completar, se puede (y se debe) instrumentalizar mediante las correspondientes normas de desarrollo que colaboren con el Reglamento Europeo (normas reglamentarias nacionales). No parece que sea preciso complicar más el asunto.

En tercero porque parece querer conservar un régimen diverso para las Administraciones Públicas al mantener la vigencia del artículo 46 de la LOPD/1999 que no parece resulte compatible con lo previsto por el  Reglamento Europeo.

En definitiva, un horizonte muy nublado por la confusión creada y que debiera, al menos, hacernos pensar sobre sobre la necesidad de regular en tiempo y forma como valor intrínseco a la seguridad jurídica.

 

 

 



via Actualidad https://ift.tt/2vm0RRa

La Administración del Estado sigue perdiendo funcionarios a costa de las autonomías

2.553.505 empleados públicos con un ligero crecimiento de 19.376 efectivos (0,76%) 

El número de funcionarios y empleados públicos volvió a descender en la Administración Central. En toda España hay 2.553.505 trabajadores públicos que trabajan para el Estado, las autonomías o los ayuntamientos, de los que algo más de la mitad son funcionarios.

Las Administraciones Públicas cuentan ya con 2.553.505 empleados públicos, según se desprende el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado hoy por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que muestra un ligero crecimiento de 19.376 efectivos (0,76%) respecto al semestre anterior. El 51,6% pertenecen a la administración autonómica; el 22,4%, a la local; y un 20%, a la del Estado.

La Administración General del Estado (AGE) ha sido la única en que ha descendido el número de funcionarios, con 2.664 menos (-0,52%), pero aumentaron en las autonomías, con 16.030 funcionarios y empleados públicos más (1,23%) y en los ayuntamientos y otras entidades locales, 5.123 más (0,90%). Las Universidades públicas también han aumentado su personal en 887 efectivos (0,59% más).

A finales de enero de 2018 había 19.376 funcionarios y empleados públicos más (0,76%) que en el anterior boletín estadístico publicado en julio 2017.

El 57% son funcionarios y la mayoría, mujeres

El empleo público va incrementándose lentamente desde 2016 "efecto lógico de los incrementos en la tasa de reposición regulados en las Leyes del PGE desde 2015".

De los 2.553.505 empleados públicos del conjunto de las Administraciones Públicas, el 57,84% es funcionario, mientras que el personal laboral representa el 23,57% y el resto de personal, el 18,59%. El 44,26% de los empleados públicos en España son hombres y el 55,74%, mujeres.

Si se compara la cifra de trabajadores públicos con el semestre anterior, el empleo de las administraciones públicas ha experimentado un ligero repunte (1,35%), fundamentalmente por el crecimiento en las comunidades autónomas (1,13%) y entidades locales (1,29%).

La evolución del empleo en las autonomías es la que más influye en las cifras globales ya que representan el 50% del empleo público total. El empleo público en la Administración Estatal, en cambio, se ha reducido un 2,05%, continúa el informe.

Más proporción de funcionarios en la AGE

En los ministerios y organismos autónomos, excluyendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, Administración de Justicia y las entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen específico hay un total de 192.425 empleados, de los que el 71,8% es funcionario, mientras que el personal laboral representa el 25,81% y el resto de personal (eventuales, confianza, etcétera), el 2,39%.

En la AGE, la gran mayoría (el 73,47%) de los empleados tiene entre 40 y 59 años; un 38,93% de los funcionarios de carrera pertenece al subgrupo C1 y un 34,06%, a los subgrupos A1 y A2.

Fuente: Expansión



via Actualidad https://ift.tt/2LEeVkd

martes, 31 de julio de 2018

Sentencia en el asunto C-96/17 Gardenia Vernaza Ayovi/Consorci Sanitari de Terrassa

El Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada no se opone a que el personal laboral no fijo de la Administración española no tenga derecho a una garantía de readmisión en caso de despido disciplinario improcedente

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia https://ift.tt/2LSlP4s

Oferta de empleo público para el año 2018

Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018 (BOE 31/7/2018)

Ver aquí



via Actualidad https://ift.tt/2AsuNkG

lunes, 30 de julio de 2018

Nueva Presidenta del Tribunal de Cuentas

Elección de la consejera María José de la Fuente y de la Calle como nueva presidenta del tribunal de cuentas.

Leer más...



via Actualidad https://ift.tt/2vl9hIS

Burgos.es /Diputación