BOE 24/09/15 instrucciones efectivas para el abono de los 48 días en el sector público estatal

Resolución de 18 de septiembre de 2015, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de las previsiones del artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que … Sigue leyendo →

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La modificación de la actual planta local en España supone todo un reto

Por Alejandro de Diego Gómez

Secretario de Administración Local

Los gobiernos municipales salidos de las últimas elecciones ya han cumplido sus primeros 100 días de mandato, la mayor parte de los cuales, además de coincidir con el verano, se han ido en discusiones más o menos afortunadas sobre algunos asuntos que, aunque llamativos desde el punto de vista periodístico, no lo son tanto para la generalidad de los ciudadanos, que lo que esperan son propuestas para sus problemas.

Ahora acaba de renovarse la Federación Española de Municipios y Provincias, cuyo presidente es Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo, por lo que, aunque quedan por hacerlo la mayoría de Federaciones autonómicas, sin embargo ya tenemos operativos a los actores principales para el completo inicio de la X Legislatura de los Ayuntamientos democráticos tras la aprobación de la Constitución y ello podría ser un punto de inflexión que nos lleve a replantearnos el futuro de nuestra Administración Local.

Muchos son los retos, desde luego algunos muy importantes. Así deberíamos empezar a oír hablar de la reforma local, o mejor dicho, del nuevo marco legal que necesita nuestra Administración Local, también deberíamos oír hablar sobre financiación local, que es una ley pendiente y que ningún Gobierno, de ningún signo, se ha atrevido (o ha sabido) acometer. Incluso más pronto que tarde oiremos hablar sobre el futuro de los servicios sociales municipales, que deberán ser asumidos por las Comunidades Autónomas con el inicio del próximo año y para lo que ninguna tiene capacidad económica, ni se están preparando para ello, o lo que es más grave, no tienen interés ninguno en hacerlo, a pesar de lo sensible de la materia y de lo delicada que es la situación de sus usuarios.

Como digo, esas son cosas de las que iremos empezando a oír y seguro que habrá cambios. Pero si hay algo trascendental y de largo alcance que debe afrontarse desde el principio es determinar si lo que se quiere es reformar, y por lo tanto legislar para los Ayuntamientos “minifundistas” que tenemos hoy en día, que sin duda jugaron un papel fundamental en el desarrollo de nuestra actual Administración Local desde aquellos primeros munícipes elegidos el 3 de abril de 1979 pero que en la actualidad suponen un modelo superado; o se apuesta por transformar, configurando otros Ayuntamientos que puedan hacer frente a las necesidades de este Siglo XXI y que sean quienes de coger ese testigo y seguir progresando en lugar de quedarse atascados y morir de éxito.

Ese reto es el redimensionamiento de la planta local, de la fusión de Ayuntamientos. Se trata de una cuestión difícil, quizás dolorosa, pero inaplazable. En España hay 8.121 Ayuntamientos de los que el 60 % tienen menos de 1.000 habitantes. Y ahora las necesidades de la población exigen unas respuestas que estos pequeños Municipios no pueden dar, con el resultado que comprobamos día tras día del abandono continúo del rural, que provoca un empeoramiento aún mayor en las condiciones de quienes se quedan. Y la alternativa a la fusión no puede ser el dejar morir a esos pueblos hasta desaparecer.

Soy consciente de que esto conlleva un gran sacrificio no sólo político sino personal pero que tendría una satisfacción final impagable ya que el que algunos tengan que dejar la política local al reducirse el número de cargos a la vez que el número de Ayuntamientos lo sería a cambio de un aumento muy significativo del nivel de vida de sus vecinos, que, en definitiva, es para lo que se presentan. 

Si se cumple este reto será un gran paso en la transformación en esos nuevos Ayuntamientos con la mirada puesta en el 40 cumpleaños que se producirá al final de esta Legislatura y que debería ser definitivamente la entrada en una nueva era del municipalismo moderno que nos equipare y homologue a nuestros socios europeos y dé esas respuestas a las necesidades y exigencias de la población.

Y para ese viaje se debería contar con todos los agentes que intervenimos en la Administración Local: políticos, técnicos, estudiosos, habilitados nacionales. En fin, municipalistas en general. Pero también el Gobierno debe arrimar el hombro, abandonar la política de improvisaciones de los últimos días y devolverle a la Administración Local la dignidad que le corresponde, ya que actualmente ni siquiera cuenta con una Dirección General cuando si observamos el organigrama gubernamental otras áreas con mucha menor trascendencia cuentan, incluso, con una Secretaría de Estado. Y así nos va.

Fuente: Mundidiario

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INAP: Convocatoria de acciones formativas para el aprendizaje y perfeccionamiento del euskera en colaboración con la Delegación del Gobierno en el País Vasco

Resolución de 23 de septiembre de 2015, del lnstituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas para el aprendizaje y perfeccionamiento del euskera en colaboración con la Delegación del Gobierno en el País Vasco (BOE 25/9/2015)

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Los alcaldes reclaman más recursos y la derogación de la reforma local

La FEMP, con seis asturianos en su nueva dirección, defiende una reforma constitucional para delimitar y regular las competencias de las entidades locales.

La llegada de un socialista -el alcalde de Vigo, Abel Caballero- a la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) eleva el tono reivindicativo de la organización, que pone sobre la mesa una batería de propuestas orientadas a reclamar un giro drástico en la política local aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los alcaldes piden, entre otras cosas, una reforma de la ley de financiación para contar con más recursos, la derogación de la reforma local aprobada esta legislatura en medio de una enorme polémica y una revisión de la Constitución que delimite y regule las competencias de los ayuntamientos.

El cambio en la cúpula de la FEMP anticipa una mayor litigiosidad entre la principal organización municipal y el Ejecutivo central. Hasta ahora ambos organismos eran gestionados por el mismo partido, el PP, con el santanderino Íñigo de la Serna como presidente de la federación, lo que hizo que las relaciones, pese a explotar de por medio polémicas como la reforma local, se mantuviesen dentro de unos cauces de cierta estabilidad. Pero el nombramiento de Caballero, en virtud del equilibrio de poderes surgido de las elecciones de mayo, anticipa una actitud más beligerante y reivindicativa ante Mariano Rajoy.

De la nueva cúpula directiva de la FEMP forman parte seis alcaldes asturianos. Dos, los de Mieres y Avilés, están dentro de la junta de gobierno, órgano rector de la federación. El primero, Aníbal Vázquez (IU), en calidad de vicepresidente. La segunda, Mariví Monteserín (PSOE), como vocal. El resto -Carmen Moriyón (Foro), de Gijón; Alberto Tirador (IU), de Illas; Enrique Fernández (PSOE), de San Martín del Rey Aurelio; e Ignacio Escribano (PP), de Cudillero- forman parte del consejo territorial.

El nuevo criterio de la federación pasa por cuatro principios: autonomía en la gestión, suficiencia financiera, lealtad institucional y cooperación administrativa. En ese marco, se plantea la «derogación inmediata» de la reforma local aprobada en este mandato por el Gobierno del PP y que una mayoría de alcaldes -de todas las fuerzas políticas, muchos de ellos populares- han criticado con suma dureza. Tal y como alertan el propio Abel Caballero y también la secretaria de Política Municipal del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, la entrada en vigor de una parte de esa legislación, el próximo enero, pondrá en jaque la política social de los ayuntamientos.

«Los servicios sociales municipales desaparecerán y será dramático», señala Lastra. «Creará un gran caos y dejará a millones de personas sin cobertura social», apostilla Caballero. «Albergues, escuelas infantiles, becas de comedor, atención a mayores e infancia, lucha contra la violencia de género, todo eso dejará de aplicarse», añade, en el marco de un discurso caracterizado por la inquietud por el futuro más cercano.

Competencias y financiación

Defiende la FEMP que se clarifiquen con precisión las competencias que prestan los ayuntamientos y que se asegure su correcta financiación. Para ello se aboga por una actuación en un doble sentido. Por un lado, a través de una reforma de la Constitución «que regule las competencias de las entidades locales, reconozca su autonomía política y funcional y apoye a los municipios pequeños». Y por otro, mediante la aprobación de una ley de financiación local que garantice los recursos suficientes a los alcaldes para poder prestar esos servicios.

Fuente: Elcomercio.es

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La FEMP implementa su Oficina de Ayuda al Refugiado con un formulario para los municipios

La Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado incorpora desde hoy un nuevo formulario a través del cual las Entidades Locales interesadas puedan hacer llegar a esta Oficina los recursos que ofertan para la acogida de refugiados.

El formulario puede descargarse en el apartado “Buzón y formulario para ofrecimiento de recursos por parte de las EELL”, que figura en el menú principal de la web de OCMAR. En ese mismo apartado aparece la dirección de correo electrónico a través de la cual ha de remitirse a la FEMP, encargada de la coordinación y centralización de los recursos municipales disponibles.

Muy pronto, y en línea con el compromiso alcanzado en el XI Pleno, desde la Federación se pondrá en marcha una oficina física ubicada en la sede de la FEMP, a través de la cual ofrecer atención e información a las Entidades Locales interesadas en colaborar en este ámbito, así como coordinar la oferta propuesta por las diferentes Entidades comprometidas con la ayuda a refugiados.

Fuente: FEMP

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TRANSPARENCIA, ¿Y AHORA QUÉ?

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“En una democracia ocular (...) la transparencia se revelará así como una estrategia de regeneración  que no está a la altura de lo que promete e, incluso, en ciertas ocasiones, como una verdadera distracción democrática” (Daniel Innerarity, “La política en tiempos de indignación”, 2015). 
 

La ola de transparencia, como tantas otras que afectan a nuestro sector público,  la cogimos tarde, muy tarde. Y, además, lo hicimos tras un proceso legislativo lento y que fue incapaz de sumar los amplios consensos que una ley institucional de estas características debería tener. Mal comienzo. 
 

A partir de esa Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se abrió un largo tiempo de descuento para dar “efectividad” a una Ley que iba a “regenerar” nuestro sistema democrático. Como si la renovación institucional pudiera diferirse alegremente. Siempre confiando en los poderes taumatúrgicos de la Ley y el BOE. No aprendemos. 
 

Sin embargo, la crisis institucional fue haciéndose cada vez más intensa y descarnada, el proceso de desafección de la ciudadanía se vehiculó en buena parte hacia nuevas formaciones políticas y la transparencia tomó bríos como una suerte de solución mágica o pócima con poderes extraordinarios que todo lo resuelve. Entramos de lleno, a partir de entonces, en lo que Daniel Innerarity ha denominado como “el fervor” de la transparencia. 

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La AN obliga a la Diputación Provincial de Valencia a que tome las medidas necesarias que eviten la captación a través de internet de los datos personales de la reclamante contenidos en la edición electrónica de su Boletín Oficial

Se confirma la resolución de la AEPD que estimó la reclamación formulada frente a la Diputación Provincial de Valencia, y le instó a que tomase las medidas necesarias para que se evitase la captación por buscadores de internet de los datos personales de la interesada que aparecían en una edición electrónica del BOP, en la que se le notificaban dos resoluciones judiciales.

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Abel Caballero insiste en exigir la derogación inmediata de la reforma local

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha vuelto a exigir hoy la derogación "inmediata" de la Ley de Bases de Régimen Local, y ha alertado del "auténtico caos" que en políticas sociales se producirá si entra en vigor el 1 de enero de 2016.

En declaraciones a los periodistas, el también alcalde de Vigo ha subrayado que al Ejecutivo "no le queda otra salida" que la derogación de la reforma local en vista del "rechazo masivo" que, en su opinión, se constató en la asamblea de la FEMP del pasado sábado, en la que fue nombrado presidente.

"Democráticamente, una inmensa mayoría de alcaldes reclamamos" esa derogación, ha insistido Caballero, quien ha especulado con que, si los alcaldes del PP pudieran votar en secreto, habría un respaldo a la retirada de la Ley "superior al 90 %".

Además, en su opinión, la entrada en vigor de la ley provocará un "caos" debido a que "no se sabrá quién va a prestar" las políticas sociales que se han adjudicado los ayuntamientos, ya que las comunidades autónomas "no las van a asumir".

En este contexto, Caballero ha hecho hincapié en que la FEMP promoverá, en cuanto se abra la puerta a una reforma de la Constitución, que en la misma figuren las competencias de los ayuntamientos, y reivindicará formar parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera "en pie de igualdad" con las comunidades autónomas.

"Queremos una nueva ley de financiación que nos contemple como esa parte del Estado" que son los ayuntamientos, ha proclamado el alcalde de Vigo, "para no soportar las agresiones de otras administraciones".

"No se puede soportar que un Gobierno con mayoría simple retire de los ayuntamientos competencias tan importantes como la política social, de empleo, medioambiental, de lucha contra la violencia de género, que nos son arrebatadas", ha reiterado.

Caballero ha revelado también que el secretario general de la FEMP, Juan Ávila, exalcalde de Cuenca, se encargará de diseñar la fórmula para acoger, desde el ámbito municipal, a los refugiados "bajo las directrices de Europa y del Gobierno, y al lado de las comunidades autónomas".

Fuente: La Vanguardia

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La segunda recuperación de la paga extra y los nuevos anticipos de financiación a municipios

En el Boletín Oficial del Estado del pasado 12 de septiembre aparece publicado el último Real Decreto-ley sobre medidas para estimular la economía, se trata del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

La citada norma se ha estructurado en tres capítulos. El primero de ellos contiene los artículos relacionados con el empleo público, cobrando especial protagonismo los referidos a la regulación para la recuperación de una nueva parte de la paga extra dejada de percibir en el sector público en diciembre de 2012 y los días de permisos por asuntos propios. Además en este primer capítulo se contempla una reforma de calado en el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, consistente en que los Secretarios-Interventores deberían acumular también las funciones propias de la tesorería municipal en sus ayuntamientos. Al parecer la reforma ha sido por sorpresa y sin previo consenso con el gremio afectado al comprobar el comunicado emitido al respecto desde COSITAL (Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local).

El segundo de los capítulos del Real Decreto-ley regula los suplementos y créditos extraordinarios al Presupuesto General del Estado para atender distintas necesidades Ministeriales, mientras que el tercer capítulo se titula en el Real Decreto-ley 10/2015 como “Otras medidas” lo que nos puede dar idea de la variedad de asuntos que son abordados en el mismo. En relación con este capítulo nos centraremos en su artículo 11 que regula un nuevo mecanismo para aportar liquidez a los Ayuntamientos con problemas financieros y de morosidad a través de anticipos de financiación.

Abordaremos a continuación con más detalle el asunto de la recuperación de la paga extra, así como el mecanismo establecido para los anticipos de fondos.

A) RECUPERACIÓN DE PARTE DE LA PAGA EXTRA

Como elementos más destacados del artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2015 señalaremos que el mismo impone a las distintas Administraciones Públicas el abono de una retribución extraordinaria equivalente a 48 días o al 26,23 % de la paga extra dejada de percibir en el mes de diciembre de 2012.

Dicho abono debe realizarse dentro del ejercicio 2015 y por una sola vez, si bien en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 1, las administraciones autonómica y local deben acordar de forma expresa dicha devolución, ya que para el caso del personal del sector público estatal se ha incluido un apartado específico que determina expresamente dicha devolución.

Así mismo para esas dos administraciones, local y autonómica, además de la necesidad de acordar expresamente la retribución extraordinaria, ésta queda condiciona a que la situación económica de la administración en cuestión lo permita, habilitando la posibilidad de que la devolución de esta parte de paga extra se difiera hasta el ejercicio en que la situación económica mejore, sin establecer para ello límite temporal alguno.

Por tanto al igual que con la parte de paga extra correspondiente a diciembre de 2012 ya recuperada durante lo que llevamos de año, serán determinantes los informes de los Interventores en el que se ponga de manifiesto la capacidad municipal para llevar a cabo el pago de un nuevo tramo de esa paga extra dejada de percibir.

B) ANTICIPOS DE FINANCIACIÓN

¿En qué consiste la medida aprobada?

La medida aprobada permitirá obtener del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un anticipo sobre las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, lo que comúnmente se conoce como las entregas de la PIE.

Esos anticipos podrán ser posteriormente refinanciados mediante operaciones de préstamo a formalizar en 2016 con cargo al compartimento Fondo de Ordenación incluido en el Fondo de Financiación a Entidades Locales que fue regulado mediante el Real Decreto 17/2014, de 26 de diciembre.

¿Qué Ayuntamientos pueden solicitar estos anticipos?

Podrán acogerse a los nuevos anticipos aquellos Ayuntamientos que ya solicitaron anticipos en la participación en los tributos del Estado al amparo del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, así como a los que les fueron concedidas las medidas extraordinarias de aquella norma reguladas en su Título II.

También lo podrán hacer los Ayuntamientos que fueron incluidos en la resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local de 12 de febrero de 2015 y que se dictó en cumplimiento del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. Los Ayuntamientos que fueron incluidos en dicha resolución debían cumplir un amplio abanico de condiciones que venían contempladas en el artículo 39.1.a) del citado Real Decreto-ley, y que recordemos que eran las siguientes:

– Que su deuda viva a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior excediera del 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados a aquella fecha.

– Encontrarse en las situaciones de las descritas en las letras a), b) o c) del artículo 21 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, y que eran:

• Que contaran con ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativos en términos consolidados en los dos últimos años, es decir, en los años 2011 y 2012, con la particularidad que dicho remanente deberá ser calculado con la minoración de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2012, toda vez que las del ejercicio 2011 que se encontrasen pendientes de aplicar ya fueron regularizadas con la primera fase del mecanismo de financiación.
• Que presentaran deudas con acreedores públicos por un importe acumulado que supere el 30 % de los ingresos no financieros según los datos de la última liquidación aprobada y que se encuentren pendientes de retención en la participación en los tributos del Estado.
• Que habiendo contraído una deuda superior al millón de euros por préstamos derivados de los anteriores mecanismos de financiación, hubieran incumplido sus obligaciones de pagar las cuotas trimestrales correspondientes.

– Los municipios que no puedan refinanciar o novar sus operaciones de crédito en las condiciones de prudencia financiera.

– Los municipios a los que les fueron concedidas las medidas extraordinarias reguladas en el Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.

¿Qué cuantía de anticipo se puede obtener?

La cuantía máxima del anticipo se ha marcado en el importe total de entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado para 2015.

El Real Decreto-ley no establece el momento exacto en que se recibiría dicho anticipo, limitándose a señalar que el anticipo se gestionará a través de una cuenta bancaria de uso restringido y que deberán destinarse a la cancelación de obligaciones pendientes de pago con proveedores y contratistas, a la ejecución de sentencias, así como al pago de la deuda con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

También se establece una posibilidad adicional para aquellos Ayuntamientos ya adheridos al o que se adhieran en 2015 al Fondo de Ordenación, de formalizar préstamos con cargo a dicho fondo para cancelar las deudas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social pero que ya se estén cancelando mediante retenciones en la participación en los tributos del Estado.

¿Qué procedimiento se ha de seguir para solicitar el anticipo?

En primer lugar se ha de aprobar por el Pleno de la Corporación antes del próximo 15 de octubre la voluntad municipal de acogerse a esta medida, con indicación del importe de anticipo solicitado y comprometiéndose a formalizar la correspondiente operación de préstamo, si bien en la resolución no constan las condiciones concretas de plazos de devolución de la operación de crédito, posponiéndose para un acuerdo posterior de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Esta indefinición puede dificultar la aprobación de la propuesta por parte de los Plenos Municipales en el caso de corporaciones locales con gobiernos en minoría, cuestión ésta que ha sido salvada en el presente Real Decreto-ley acudiendo a la disposición adicional decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se habilita a la Junta de Gobierno Local para aprobar, una vez que han sido rechazados por el Pleno, los mecanismos extraordinarios de financiación vigentes.

En segundo lugar será necesario presentar en el mes de abril de 2016 el ya habitual Plan de ajuste que deberá ser valorado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local durante el mes siguiente, es decir, en mayo de 2016. Ahora bien hay que tener en cuenta que se habilita con el Real Decreto-ley a que se adopten e incluyan en esos planes de ajustes las medidas adicionales que la citada Secretaría General indique en el proceso de evaluación del plan de ajuste anteriormente indicado.

Por último durante el mes de junio de 2016 se llevaría a cabo la formalización de las operaciones de crédito a través del Fondo de Ordenación con la finalidad de cancelar los anticipos recibidos y bajo las condiciones que, tal y como hemos indicado anteriormente, fije la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Sobre esta última cuestión hay que destacar que el Real Decreto-ley prevé que en caso de no formalizar la correspondiente operación de préstamo o no realizar el plan de ajuste, deberán reintegrar la totalidad del anticipo recibido a partir de la entrega a cuenta de julio de 2016, teniendo incluso preferencia sobre las retenciones que se practiquen en las entregas a cuenta por aplicación de la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En definitiva estamos ante el enésimo mecanismo para paliar la delicada situación económica por la que atraviesan un gran número de nuestros ayuntamientos, y que con toda probabilidad no será el último hasta que las entidades locales consigan mediante la reforma de su modelo de financiación una mejora estructural en sus recursos económicos, reforma que parece que se va abriendo paso dentro de la agenda política.

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Se abre la lista de espera para que las entidades locales soliciten el servicio del Portal de la Transparencia en la nube

Tras haberse adherido más de 1000 entidades locales al Portal de Transparencia en la nube en los plazos acordados se abre un nuevo periodo para recibir solicitudes en lista de espera.

Según lo acordado por la Comisión de Seguimiento, en su reunión de 24 de julio, a las 12.00 del día 15 de septiembre, se ha procedido al cierre de la Plataforma de Adhesiones para la Transparencia Local, con más de 1000 Entidades adheridas.

De forma inmediatamente posterior al cierre, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha procedido a la apertura, en el Portal de las EELL, de una nueva adhesión al servicio en lista de espera.

El día 15 de octubre de 2015 se publicará en el Portal de Administración Electrónica las entidades que, habiéndose adherido a esta lista de espera, podrán sumarse al servicio, y por tanto, se entenderá la asunción de las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas, con la fecha de publicación de dicha lista de adheridos definitivos.

Información sobre el Portal de Transparencia en la nube para entidades locales

Fuente: Portal Administración electrónica

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Javier Pérez Medina, nuevo director general de la Función Pública

El Gobierno ha nombrado a Javier Pérez Medina nuevo director general de la Función Pública. En la actualidad era subdirector general de Gestión de Procedimientos de Personal en la Dirección General de la Función Pública.

Nacido el 8 de junio de 1966, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Técnico Superior de Administración General de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Pérez Medina ha desempeñado sus funciones en la Dirección General de Personal del Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente, y en el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde fue, sucesivamente, jefe de Área, subdirector adjunto y jefe de Unidad. En la actualidad era subdirector general de Gestión de Procedimientos de Personal en la Dirección General de la Función Pública.

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Abel Caballero: “Necesitamos reformar la Constitución para regular las competencias de las Entidades Locales, reconocer nuestra autonomía política y funcional, y apoyar a los municipios pequeños”

“La política municipal es la política total. Es la política del compromiso real, de la dedicación absoluta, de la involucración total”. La LRSAL tiene que ser derogada de forma inmediata porque este enero entrará en vigor y creará un gran caos en tantos y tantas autonomías y dejará a millones de personas sin cobertura social.

El nuevo Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha expresado hoy en la clausura del XII Pleno la necesidad de reformar la Constitución para regular en la Carta Magna las competencias de las Entidades Locales, reconocer la autonomía política y funcional de la Federación y apoyar a los municipios pequeños.

La intervención del Alcalde de Vigo como nuevo Presidente de la FEMP ha sido la siguiente:

“En su artículo 140, la Constitución establece: “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios”. Y así los queremos, con autonomía, con financiación, con competencias, con reglas que nos permitan ser lo que somos. Porque la política municipal es la política total. Es la política del compromiso real, de la dedicación absoluta, de la involucración total. La política municipal, es la que se asienta en la legitimación democrática del apoyo ciudadano, y la que por su propia naturaleza se enraíza y crece desde el apoyo social diario, abrazada al más genuino contacto con los ciudadanos. Es la forma más vital de la política. La elección con los votos, y después la participación permanente y cercanía en la gestión ciudadana. El municipalismo, como fórmula de acción política, siempre estuvo ahí, con la mayor aprobación ciudadana.

Pero no siempre desde otros ámbitos se le reconoce su importancia en el mantenimiento del respeto y de la legitimación de toda la política. Y esta forma distinta y valiente de hacer política, la que hoy algunos, con treinta años de retraso, llaman la nueva política, ya está en los municipios.

Sí, es la política total. La que trata de los temas de estado y ayuda a conformar la opinión sobre ellos, la que trata de las grandes infraestructuras de los municipios, la que presta los servicios tan fundamentales en la vida de los ciudadanos, la que ejerce vitalmente la política social, la que busca con tesón el ejercicio del empleo como derecho fundamental, la que contribuye a la educación pública, la que se acerca a la sanidad de cada ciudad o de cada ayuntamiento, la que presta los servicios de la dependencia a tantas personas, la que está en el permanente apoyo al deporte, a todo el deporte de base, la que mantiene museos, conservatorios, las orquestas clásicas, la música folk, la que da el agua, la limpieza, el alumbrado público, la depuración... Y un largo listado de competencias que desde los ayuntamientos, desde los pueblos y las ciudades, se prestan cada día.

Y cuando llegó la crisis, el mundo local cobró aun más importancia, y fueron, somos, la red de seguridad de tantos ciudadanos que perdida la esperanza vieron en los ayuntamientos, en la política municipal de algunos ayuntamientos, su única fuente de apoyo. Porque en el aguante ante la crisis causada por la codicia y la especulación, los ayuntamientos fuimos y somos centrales. Y en estas tan difíciles condiciones, se hizo más y mejor política. En un pacto permanente con los ciudadanos, el pacto de las pequeñas acciones y el pacto de las grandes soluciones.

Y esta es la importancia y la reivindicación del municipalismo, para el que queremos demandar la autonomía en la gestión, la suficiencia financiera, la lealtad institucional y la cooperación interadministrativa. Y seguir demandando el espacio legal que nos corresponde por nuestra importancia y nuestro papel en el mundo real. Los municipios demandamos la cobertura y la base legal de nuestra acción como estado, porque eso somos, estado en su dimensión local.

Queremos reflexionar sobre la Constitución y los municipios, porque es llegado el momento. Es necesario el reconocimiento constitucional a esta inmensa y clamorosa realidad, la realidad municipal. Necesitamos reformar la Constitución para regular constitucionalmente las competencias de las entidades locales, reconocer nuestra autonomía política y funcional, y apoyar a los municipios pequeños. Queremos que el desarrollo del régimen jurídico local se haga mediante una ley orgánica. Es preciso frenar las decisiones irrespetuosas de otras administraciones, que limitan las capacidades de los ayuntamientos.

La FEMP tiene que entrar a formar parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera; no se pueden tomar medidas que tanto afectan a la vida local sin que nosotros estemos presentes.

Y digámoslo claro y repitámoslo. Queremos una nueva ley de financiación de las haciendas locales. Queremos más y mejor financiación. “Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios, de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”, dice la Constitución Española en su artículo 142.

Pero sin embargo, asistimos a una cada vez más importante hipertrofia de los recursos de otras administraciones y a un progresivo adelgazamiento de los de las corporaciones locales. Lejos queda aquel modelo de financiación, 50-25-25, que pereció en la inacción de las administraciones. Y cada vez, más acción política, más gestión y más servicios prestados desde los ayuntamientos. Cada vez más la nueva política, la de la cercanía, la del desarrollo meditado, la de la gestión eficiente de los recursos. Y cada vez menos atención política y menos financiación a los ayuntamientos para llevarla adelante. Y digámoslo claro y fuerte: ¡basta ya!. Son los ciudadanos y su demanda de atención a los ayuntamientos, los que señalan dónde se deben destinar los recursos.

Y conformamos una lista nucleada por el PSOE, una lista para integrar, para unir. Hace un año, en la compañía de otras fuerzas políticas, yo encabecé la entrega de un recurso de inconstitucionalidad sobre la LARSAL, ley que marchó en la dirección equivocada. Los alcaldes del PSOE y otros partidos presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra la ley LARSAL. Hoy somos clara mayoría en la FEMP y en el país, y seguimos reclamando que se derogue.

Porque este no es momento de renunciar a la política social, es momento de más política social desde los ayuntamientos. Este no es momento de menos política educativa, es momento de más política educativa, y de más becas, desde los ayuntamientos. Este no es momento de retirarle a los alcaldes las políticas de fomento del empleo. Es momento de más política de empleo municipal.

Porque somos alcaldes y alcaldesas, somos el rostro de la política social, la más eficiente en el desarrollo de las políticas de acción anticrisis. Por eso la LARSAL tiene que ser derogada de forma inmediata. Porque este enero entrará en vigor y creará un gran caos en tantos y tantas autonomías y dejará a millones de personas sin cobertura social. Albergues, escuelas infantiles, becas de comedor, atención a mayores e infancia, lucha contra la violencia de género dejarán de aplicarse. En algunas comunidades, leyes autonómicas ya frenaron la aplicación de estos preceptos, sin que el estado las hubiese recurrido, reconociendo así su imposible desarrollo.

Y ya hemos demostrado una y otra vez la eficiencia de las políticas locales. En el terreno de los datos incuestionables. Desde el inicio de la crisis, las corporaciones locales mantenemos equilibrio presupuestario, mientras otras administraciones incurrían en déficits. Las administraciones locales cumplimos y superamos los objetivos de deuda, rebasando con creces los objetivos de reducción de la misma, mientras otras administraciones la aumentan. La deuda de las Corporaciones Locales es el 3,6% del PIB, mientras la de la Administración Central del Estado se eleva al 85% y la de las Comunidades Autónomas al 22,5%. Y nosotros cumpliendo pagos a proveedores. Porque si hay una administración en este país rigurosa en sus finanzas, esas somos nosotros, las corporaciones locales. Y algunos hablaban del despilfarro municipal. Ahora callan y miran para otro lado.

Y las grandes ciudades que jugamos un tan importante papel en el desarrollo económico e industrial en nuestro territorio, porque los alcaldes somos y queremos ser alcaldes de la economía y de la competitividad en las empresas. Y sabemos que somos referentes de tantas grandes, medianas y pequeñas empresas, que tantas veces nos buscan como interlocutores con otras administraciones. O la cercanía a los centros de I+D, a los institutos de investigación, empresas tecnológicas, turísticas, agrícolas, del mar, enlaces con la Europa de la modernidad. O en los grandes desarrollos comerciales o de ocio. Y ahí estamos. En el apoyo a la competitividad y al desarrollo de nuestro territorios. Sin tener ni cobertura normativa ni competencias. Pero lo hacemos.

Es el tiempo de asumir los nuevos avances tecnológicos y plasmarlos en la gestión y en la realidad. Y tantos y tantos ayuntamientos ya tenemos más gestión por red que presencial, y las ciudades se centran en el “smart”, la gestión inteligente, sin solicitar más medios económicos para su desarrollo.

O cuando grandes avances medioambientales de depuración o de de grandes parques naturales locales, o las mejoras de playas, o ríos, sin medios económicos y en la dependencia de otras administraciones. Queremos tener el espacio que se necesita.

Y nuestro reconocimiento a los alcaldes y alcaldesas de los municipios pequeños. Su pasión es el trabajo por los vecinos. Sin salario, sin ingreso alguno; salario, cero.

Sin exhibicionismo, no van diciendo que donan una parte de su salario a ONG´s, sencillamente no tienen salario; tienen obligaciones y una enorme querencia a sus municipios. Son los héroes que cada día se encargan de abrir los ayuntamientos, de hacerlos funcionar, de hablar con los ciudadanos, de trazar su modelo político, de hacer en suma que una parte tan importante del territorio de España mantenga la población. Ellas y ellos son la dignidad de la política, y por ellos va esta presidencia.

Se dice, ayuntamientos escuela de democracia. Si, en parte, pero somos mucho más, porque somos la democracia en su versión más genuina, la democracia de la participación 365 días al año. La democracia de la prestación de los servicios, la democracia del diálogo en las ideas, la democracia de los proyectos de ciudad participados por todos. Somos la democracia genuina del siglo XXI, la modernidad. Y en este mundo cambiante, se requiere más y mejor municipalismo, más y mejores competencias, más y mejor financiación, más y mejor política. Y no por el poder, no. Es para los ciudadanos de tantos y tantos pueblos y ciudades. Porque para nosotros no hay nada tan importante como ser alcaldes y alcaldesas de nuestras ciudades. Y ahí seguiremos. Con los nuestros, los ciudadanos.

Y un nuevo gran reto nos aguarda. Mañana, cuando regresemos a nuestros ayuntamientos. La gran crisis de refugiados, la que provocan las guerras, los dictadores. Y ahí queremos estar los alcaldes y alcaldesas. En nuestros pueblos y ciudades. Con los brazos de la solidaridad abiertos. Con la grandeza de apoyar los derechos humanos. Y desde el cumplimiento de las directrices del gobierno de España, al que le corresponde la iniciativa, pero diciendo que ni un titubeo en escatimar apoyo. Y ahí la FEMP, la que hoy arranca, queremos coordinar, pero sobre todo impulsar la acción de acogida ante esta gran crisis humanitaria. Desde la FEMP queremos ponernos al frente y ofrecer toda nuestra voluntad, todos nuestros medios y toda nuestra comprensión.

Desde la FEMP y desde todos y cada uno de nuestros ayuntamientos ofrecemos nuestra lealtad institucional. La que siempre desde la democracia mantuvimos. Lealtad con el gobierno de España, lealtad con las comunidades autónomas. Lealtad con otros poderes. Lealtad institucional. Pero también la exigimos. Exigimos lealtad con los ciudadanos que acuden a los ayuntamientos como referencia de la política de todos. Porque los ciudadanos tienen su referencia en su gobierno municipal, en su alcalde/sa, en grandes ciudades y en pequeños municipios; allí viven y allí participan en la política. Por eso ofrecemos toda la lealtad y la exigencia de lealtad.

Porque sí que son tiempos nuevos. De mayor deseo de participación en la cosa pública. Ciudadanos más formados, con más sentido de la democracia participativa, con nuevos medios a su alcance, con las nuevas tecnologías, demandan una mayor presencia en la vida de decisión, creación y elaboración de la política. Es la nueva política. Y en gran medida esa vía de participación ya se está dando con plenitud en los municipios, en los grandes y pequeños.

La política tiene cada vez más base en los ayuntamientos. Es una marcha imparable. Y es preciso saber afrontarla. Y por eso la nueva y cada más exigente ciudadanía nos reclama a alcaldes y alcaldesas más y mejores respuestas. En los ámbitos y competencias de siempre, pero en tantas otras nuevas también. Y la modernidad es marchar en esa dirección. Por eso cada vez hay más dinámica de acción en los ayuntamientos, y no se va a frenar. Y de ahí nuestra exigencia de más autonomía, de que las comunidades autónomas establezcan su compromiso, como ordena la Constitución, de legislar la participación de los ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas, seguramente Andalucía sea un buen modelo. Y ahí queremos a todas las comunidades autónomas.

Vamos a iniciar una nueva etapa, quizá con la salida de la crisis, y en este tiempo tantas cosas están cambiando. Y queremos los cambios que son precisos. Esta vez tiene que ser, y nosotros queremos anticiparlos. Porque los ciudadanos lo piden. No son ansias de poder, son ansias de resolver, de responder y de solucionar. Esas tienen que ser las palabras de la política.

Hoy llegamos al final de nuestra asamblea, la vigésima, con esfuerzo y convicción. Gracias a todos por vuestra tarea bien hecha. Y por delante, cuatro años de trabajo. Y este tiene que ser el tiempo de la política local”.

Fuente: FEMP

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Beteta hace una férrea defensa de la reforma local ante el Pleno de la FEMP

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha hecho hoy una férrea defensa de la reforma local, aprobada por el Gobierno, al haber dado un "impulso decisivo a los ayuntamientos" y ha destacado la importancia del principio de estabilidad presupuestaria.

En su intervención ante el XI Pleno de la Federación Española e Municipios y Provincias (FEMP), que se celebra hoy en el Palacio Municipal de Congresos y preside el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, Beteta ha destacado que la administración local es hoy "más fuerte y más sólida que hace cuatro años".

En este sentido, el secretario de Estado ha asegurado que la administración local "se ha situado como referente indiscutible" en la salida de la recesión económica y de la crisis, "sin duda gracias al compromiso de éste sector con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

Ha recordado que la situación de partida, hace cuatro años, "no invitaba al optimismo", pero gracias a la reforma local se ha logrado un "impulso decisivo" en esta administración, logrando "modernizarla" al poner el "foco" de atención sobre todo en la sostenibilidad de los servicios públicos.

Beteta ha reconocido que la reforma local no tuvo una gestación "fácil" y la directiva de la FEMP "peleó con dureza artículo a artículo esta ley", de manera que se redactaron cuarenta borradores hasta llegar al definitivo.

Al respecto, ha destacado que aunque el Gobierno tenía mayoría absoluta y podía haber aprobado la ley desde el primer momento, "la voluntad municipalista y el tesón de la FEMP" quisieron que en todo momento se negociara, de manera que el texto definitivo "en nada se parece a los primeros borradores".

El secretario de Estado ha dicho que gracias a la reforma local se ha avanzado en la "clarificación de competencias municipales" y evitando duplicidades, logrando el principio de "una administración, una competencia".

Por tanto, ha asegurado que si se mide por su eficacia, la reforma local "está sobradamente cumpliendo sus objetivos" combinada con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En su discurso, Beteta ha destacado los logros que se han conseguido para el municipalismo a lo largo de los últimos años, y se ha referido a la reducción del déficit público, el plan de pago a proveedores diseñado o el fondo de financiación para las entidades locales.

En este sentido, se ha referido a los "anticipos de financiación" a favor de determinados municipios, una medida que fue introducida hace ocho días, y por la que podrán destinarse los anticipos a la cancelación de obligaciones pendientes de pago con proveedores y contratistas, con el objetivo de reducir el periodo medio de pago y que no supere el plazo máximo de 30 días.

Asimismo, ha recordado que estos años no sólo han trabajado para los ayuntamientos con problemas financieros sino también para los que tenían superávit, de manera que en 2014 pusieron en marcha las denominadas inversiones financieramente sostenibles.

Ha asegurado que "hoy nuestras entidades locales están trabajando bien y pagando bien", y aunque ha destacado que hay "18 grandes entidades que están empezando a tener problemas en cuanto al periodo medio de pago", que se encuentra en los 14 días.

Beteta también se ha referido a la crisis de los refugiados, y ha dicho que le "encanta" la disponibilidad para colaborar a que España "pueda cumplir con las exigencias comunitarias con los brazos abiertos".

El secretario de Estado que ha concluido su discurso asegurando que la historia de la Administración Local ha sido "una historia de esfuerzo común compartido entre la sociedad, los equipos de gobierno de las distintas entidades locales y el Gobierno de la Nación", ha dicho que ese "esfuerzo" se ha traducido en que hoy la Administración Local es la "más valorada" por los ciudadanos.

Beteta ha terminado anunciando que el próximo día 21 entrará en fase de producción el "el portal de transparencia en la nube" para las entidades locales con carácter gratuito para las ya 647 entidades locales que se han adherido, que suponen más de 6,2 millones de ciudadanos.

Fuente: eldiario

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Abel Caballero, nuevo Presidente de la FEMP

Íñigo de la Serna y Aníbal Vázquez serán los Vicepresidentes Primero y Segundo, de la nueva Junta de Gobierno de la FEMP

El Pleno ha elegido esta tarde a los miembros de la Junta de Gobierno de la FEMP, siendo elegido Abel Caballero nuevo Presidente e Íñigo de la Serna y Aníbal Vázquez, Vicepresidentes Primero y Segundo, respectivamente. La composición de dicho órgano es la siguiente:

JUNTA DE GOBIERNO FEMP

Presidente           Abel Caballero (PSOE)           Alcalde de Vigo

Vicepresidente 1º  Iñigo de la Serna (PP)            Alcalde de Santander

Vicepresidente 2º  Aníbal Vázquez (IU)               Alcalde de Mieres (Asturias)

Vocales

                Carlos Martínez (PSOE)                       Alcalde de Soria

                Mariví Monteserín (PSOE)                    Alcaldesa de Avilés (Asturias)

                Antonio Rodríguez Osuna (PSOE)           Alcalde de Mérida

                Gabriel Cruz (PSOE)                           Alcalde de Huelva

                Mª Concepción Brito (PSOE)                 Alcaldesa de Candelaria (Sta. Cruz de Tenerife)

                Jesús Zaballos (PSOE)                        Alcalde Lasarte-Oria (Guipúzcoa)

                Pilar Zamora (PSOE)                          Alcaldesa de Ciudad Real

                Jesús Ros (PSOE)                              Alcalde de Torrent (Valencia)

                Laura Rivado (PSOE)                          Alcaldesa de Haro (La Rioja)

                Xavier Amor (PSOE)                          Pineda de Mar (Barcelona)

                Mercé Conesa (CDC)                          Presidenta Diputación Barcelona

                Concepción Gamarra (PP)                    Alcaldesa de Logroño

                José Francisco Ballesta (PP)                 Alcalde de Murcia

                Antonio Román (PP)                           Alcalde de Guadalajara

                José Manuel Baltar (PP)                      Presidente de la Diputación de Ourense

                Francisco Vázquez (PP)                       Presidente de la Diputación de Segovia

                Elías Bendodo (PP)                            Presidente de la Diputación de Málaga

                Javier Moliner (PP)                            Presidente Diputación de Castellón

                Francisco Javier Fragoso (PP)               Alcalde de Badajoz

                David Pérez (PP)                               Alcalde de Alcorcón (Madrid)

                Manuel Blasco (PP)                            Alcalde de Teruel

 

Fuente: FEMP

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Siete ciudades firman una Declaración para pedir más autonomía financiera

Zaragoza se une en esta iniciativa a los de Madrid, Barcelona, Alicante, Santiago de Compostela, La Coruña y Badalona.

Representantes de las áreas de Hacienda de siete grandes y medianos municipios españoles han firmado la Declaración de Zaragoza, que harán llegar al Gobierno de España para reclamarle una financiación justa que les permita tener autonomía para llevar a cabo las políticas que libremente decidan.

Firmada por los ayuntamientos de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Alicante, Santiago de Compostela, La Coruña y Badalona, la Declaración de Zaragoza sobre Autonomía Municipal y Financiación Local recuerda que los ayuntamientos, a pesar de ser las instituciones más cercanas a la ciudadanía y las que más competencias asumen, son las que menos asegurada tienen su financiación.

Y se mueven en un marco, agregan, "injusto, discriminatorio e insuficiente" que "ni siquiera permite la progresividad fiscal".

Los firmantes exigen al gobierno central que "de modo inmediato" aborde la reforma de todo el sistema tributario de las administraciones locales para garantizar una ley de financiación de los municipios "suficiente y sostenible" con criterios de progresividad y justicia social.

Y también la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera para que las necesidades sociales "no estén subordinadas a los planes económico-financieros de reequilibrio previstos en dicha ley".

Los ayuntamientos, añaden, deben asegurar el bien común, pero están siendo condenados a perpetuar la falsa idea de que privatizar lo público y gestionar desde lo privado es mejor para la sostenibilidad económica.

Los siete ayuntamientos, que hacen un llamamiento a cualesquiera otro que quiera suscribir la declaración, aseguran que colaborarán mutuamente en torno a estos criterios esenciales.

El consejero de Hacienda de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha dicho en la comparecencia conjunta de los ediles ante los medios, después de la firma de la declaración, que los ayuntamientos se sienten "víctimas" de unas leyes estatales que terminan con su autonomía, "asfixian" sus cuentas y no les dejan la posibilidad de "elegir su propia política fiscal".

Es decir, ha agregado, que las leyes estatales, que emanan de un artículo constitucional, el 135, que debería ser eliminado, "no permiten a un ayuntamiento decidir qué hacer con sus recursos".

En este sentido, en la declaración llaman la atención sobre el papel "frustrante y desigualador" del artículo 135, "impuesto por poderes no elegidos" y que establece, según Rivarés, que las administraciones están obligadas "a pagar a los bancos", es decir, a abonar su deuda, antes que cualquier otra cosa.

Todo ello repercute en los servicios que prestan los municipios, y aunque no pone en peligro el cumplimiento de los programas electorales, sí que ha reconocido que los dificultan.

Para el concejal de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, esta situación es "un reflejo muy claro" de lo que ha sido una "aberrante arquitectura legal que incapacita a los ayuntamientos para hacer lo que tienen que hacer"; un "corsé" en palabras de la concejala de Santiago María Rozas.

El edil madrileño ha insistido en que hay que conseguir que las administraciones locales puedan llevar a cabo sus acciones con los recursos que necesiten "sin caer en la trampa de la deuda".

Las leyes tienen también "maniatado" al Ayuntamiento de Alicante, un municipio "intervenido", según ha recordado la concejal de Participación, Julia Angulo, quien ha añadido que es necesario "rescatar a los ayuntamientos para ponerlos en manos de los ciudadanos".

Para José Téllez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona, la Declaración de Zaragoza "no es un primer paso, sino un paso más" en la coordinación de los ayuntamientos para luchar contra un estado "incapaz de dar solución a las emergencias sociales".

Sánchez Mato también ha hablado de la necesidad de modificar el marco fiscal, con un análisis de los tributos que darían capacidad a los gobiernos locales para obtener recursos sin tener que recurrir a la deuda.

Fuente: Heraldo.es

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