“En una democracia ocular (...) la transparencia se revelará así como una estrategia de regeneración que no está a la altura de lo que promete e, incluso, en ciertas ocasiones, como una verdadera distracción democrática” (Daniel Innerarity, “La política en tiempos de indignación”, 2015).
La ola de transparencia, como tantas otras que afectan a nuestro sector público, la cogimos tarde, muy tarde. Y, además, lo hicimos tras un proceso legislativo lento y que fue incapaz de sumar los amplios consensos que una ley institucional de estas características debería tener. Mal comienzo.
A partir de esa Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se abrió un largo tiempo de descuento para dar “efectividad” a una Ley que iba a “regenerar” nuestro sistema democrático. Como si la renovación institucional pudiera diferirse alegremente. Siempre confiando en los poderes taumatúrgicos de la Ley y el BOE. No aprendemos.
Sin embargo, la crisis institucional fue haciéndose cada vez más intensa y descarnada, el proceso de desafección de la ciudadanía se vehiculó en buena parte hacia nuevas formaciones políticas y la transparencia tomó bríos como una suerte de solución mágica o pócima con poderes extraordinarios que todo lo resuelve. Entramos de lleno, a partir de entonces, en lo que Daniel Innerarity ha denominado como “el fervor” de la transparencia.
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