El Gobierno tiene previsto dar luz verde en la reunión de este viernes del Consejo de Ministros a un decreto por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, que se abordó en la reunión del último Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de junio.
La reunión del Consejo de Ministros de hoy estará presidida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contará con todos los miembros de su gabinete a excepción de la titular de Fomento, Ana Pastor, que asistirá en Santiago de Compostela a la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago.
El citado real decreto da cumplimiento a la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que se introducía el concepto de periodo medio de pagos (PMP) como expresión del volumen de la deuda comercial, y se establecía la obligación de que todas las Administraciones Públicas hagan público su periodo medio de pagos.
Asimismo, la norma responde a la recomendación recogida en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) de controlar la deuda comercial y erradicar la morosidad de las administraciones públicas mediante la creación un instrumento que permita un control generalizado y eficaz.
El periodo medio de pago a proveedores deberá calcularse teniendo en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable creado tras la aprobación de la ley de impulso de la factura electrónica.
Además de las diferentes fórmulas para calcular el periodo medio de pago en función de las circunstancias, el texto avanzado por el Ministerio de Hacienda especifica los plazos en los que las administraciones deberán publicar sus datos al respecto para que éstos sean después analizados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el objetivo de detectar posibles incumplimientos.
En el caso de que el Ministerio detecte que se ha producido un incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores, el decreto establece que deberá solicitar la información necesaria para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se le va a retener a la Comunidad Autónoma incumplidora de su financiación. En el caso de las entidades locales la retención será de su participación en los tributos del Estado.
El real decreto señala asimismo que el procedimiento de retención finalizará para las Comunidades Autónomas cuando éstas cumplan con el plazo máximo de pago durante seis meses consecutivos.
Asimismo, se especifica que el Ministerio sólo podrá abonar directamente las facturas que cumplan una serie de requisitos, como por ejemplo, que deriven de obligaciones vencidas, líquidas y exigibles, que hayan sido presentadas en un registro administrativo con posterioridad al 1 de enero de 2014 o que la obligación se encuentre aplicada en los presupuestos o estados contables de la entidad.
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El PP llevará en septiembre a todos los ayuntamientos en los que tiene representación una moción en defensa de lo que denomina la elección directa de los alcaldes, un cambio en el sistema electoral para que sean elegidos los candidatos más votados.
Así se ha acordado en una reunión en la sede nacional del partido encabezada por el vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, y en la que han participado entre otros el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y las alcaldesas de Madrid y de Valencia, Ana Botella y Rita Barberá, y el alcalde de Santanader y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna.
La reunión es continuación de la que encabezó la semana pasada la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, junto con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y una decena de alcaldes 'populares'.
MAYORÍA Y ESTABILIDAD
El texto que se presentará en los ayuntamientos defiende la elección directa del alcalde por "una mejor gobernabilidad, una mayor identificación del alcalde con los electores y un reforzamiento del ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos", ha informado el PP en un comunicado.
El objetivo de los 'populares' es que se convierta el alcalde el candidato con más votos, pero que los cambios en la fórmula de elección permitan también dotar de estabilidad al equipo de gobierno, "lograr el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la estabilidad del ayuntamiento".
Fue el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, quien relanzó la idea el pasado 30 de junio dentro de un paquete de medidas para la regeneración democrática, con el objetivo de que se debata a partir de septiembre.
Por el momento, los 'populares' no han precisado de qué fórmula electoral se trataría ni si están dispuestos a aprobar la reforma en solitario, dada su mayoría absoluta, para que se aplique ya en las municipales de 2015.
EL SUPERÁVIT, OBJETIVO
Arenas ha asegurado que en el encuentro se ha vuelto a poner sobre la mesa la petición de los alcaldes del PP de tener "mayor margen de maniobra en su gestión política", siempre que logren superávit. Como ya se planteó la semana pasada, los regidores quieren que Hacienda flexibilice las limitaciones para invertir a los municipios con amplio superávit.
El vicesecretario 'popular' ha asegurado que "el objetivo de superávit sigue estando plenamente vigente en los ayuntamientos para 2015", pero ha defendido también medidas a su favor puesto que "están siendo definitivos en la salida de la crisis y el ajuste de las cuentas públicas".
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La diputada del PSC en el Parlament y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, ha advertido este miércoles de que recurrirán a la vía contenciosa administrativa si el Govern no reconoce las obligaciones financieras que tiene con los ayuntamientos.
En el último pleno del período de sesiones, Parlon ha reclamado a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que "hace tiempo que la Generalitat esconde la deuda con los ayuntamientos llevándolos no sólo al ahogamiento financiero, sino a la insolvencia".
"La Generalitat no nos paga la deuda pero nosotros tenemos que pagar las facturas a 30 días a nuestros proveedores", ha lamentado, y ha avisado de que hay ayuntamientos que se verán obligados a cerrar el ejercicio con déficit si no cambia la situación.
Ortega ha defendido que el Govern "está y ha estado siempre al lado de los ayuntamientos y nunca ha escondido la cabeza bajo el ala", y ha reclamado al Gobierno central que comparta esta postura hacia los entes locales.
Ha recordado a Parlon que el Govern ha impulsado un decreto para escudar a las entidades locales frente a la reforma local del ejecutivo central, que "invade competencias y, bajo la escusa de la eficiencia, tiene una voluntad recentralizadora".
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El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este martes la ley de adaptación del régimen local de la Comunidad a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como la Reforma local, con la incorporación de seis enmiendas parciales de la oposición, una de contenido de UPyD y cinco de carácter técnico del PSM que retocan el texto.
La enmienda de UPyD se basa en que la Comunidad de Madrid pueda delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias para contribuir a eliminar duplicidades administrativas, mejorar la eficiencia de la gestión pública y coadyuvar a que ésta sea acorde con la legislación en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Por otro lado, se han aprobado cuatro enmiendas del PP, dos de ellas para relanzar la sociedad anónima Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Alcalá, en la que participa la Comunidad de Madrid, para que contribuya a recuperar los niveles de actividad del área del Corredor del Henares.
La tercera da cumplimiento a la sentencia que declaró inconstitucional la exclusión de concejales no adscritos en comisiones informativas locales, por lo que a partir de ahora esos concejales ediles tendrán derecho a participar en las comisiones informativas de los ayuntamientos.
La cuarta contribuye a regular las nuevas modalidades de alojamiento turístico en apartamentos y viviendas, independientemente del decreto anunciado por el Gobierno regional, prohibiendo "la utilización de los establecimientos de alojamiento turístico como residencia permanente o cualquier otra finalidad distinta del uso turístico", que será considerado como una infracción muy grave, lo que podrá acarrear la "anulación de inscripción en el registro de empresas turísticas".
La oposición ha criticado que el PP haya introducido enmiendas que "no tienen que ver" con la materia, en palabras del portavoz adjunto de UPyD Ramón Marcos, y a las que el diputado de IU Antero Ruiz se ha referido como "enmiendas trampa, haciendo del proyecto de ley un proyecto escoba que ha barrido de un plumazo y ha derogado disposiciones, modificando apartados de la Ley de la Administración Local de la Comunidad de Madrid y artículos de la de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, pasando por alto cualquier mecanismo democrático y con bastante falta de lealtad institucional".
Por su parte, el diputado socialista José Luis García Sánchez ha señalado que el PP ha confundido esta ley con la de Medidas Fiscales y Administrativas, porque con sus enmiendas "modifica tres leyes que nada tienen que ver realmente con el proyecto que se pretende aprobar".
El PSM había registrado un total de 28 enmiendas parciales y UPyD 22, mientras que IU había presentando enmiendas de supresión a todos los artículos. Entre las enmiendas propuestas por UPyD, Marcos ha destacado una sobre fusión de municipios, para que las localidades de un territorio tengan una población mínima de 20.000 habitantes, salvo supuestos excepcionales, en los que en todo caso el municipio no deberá bajar de los 10.000 habitantes.
Asimismo, el portavoz adjunto de la formación magenta ha instado al PP a que haga propuestas legislativas para luchar contra la corrupción en la Administración local y acabar con la corrupción, al tiempo que le ha acusado de ampararla por apoyar al alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez.
El diputado del PP Bartolomé González, que se ha negado a hablar de Brunete, ha acusado a UPyD de sembrar "duda y desconfianza" con todo lo que tiene que ver con la política municipal, porque son un partido "centralista" y que, a su juicio, no entiende la política municipal.
El que sí ha hablado de Brunete ha sido el diputado socialista José Luis García Sánchez, quien ha advertido a los 'populares' de que si quieren regenerar la democracia "tienen que empezar por hechos muy sencillos como pedir la dimisión del alcalde de Brunete", al tiempo que ha manifestado su rechazo a la fusión de municipios, porque "significa el abandono del medio rural a costa de un ahorro insignificante".
Asimismo, ha aprovechado para acusar al PP de tener como único objetivo "el desmantelamiento de la democracia a base de pucherazos electorales" y "acabar con la democracia municipal".
"DIS-EVOLUCIÓN"
Desde UPyD, Marcos ha señalado que con el desarrollo de la ley aprobada en su momento por las Cortes Generales, "en lugar de evolucionar se produce una dis-evolución", y ha criticado que se haya tramitado "de forma precipitada".
Por parte de IU, Ruiz ha criticado que "multiplica los errores" de la ley estatal "creando más confusión" ya que "se olvidan de las competencias municipales y de los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos", al tiempo que lo ha calificado como un "engendro jurídico" para "instaurar un marco normativo que bajo las premisas de sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario, desmonta la ley de servicios que la autonomía local había desarrollado".
En la misma línea, el diputado socialista José Luis García Sánchez ha afirmado que "incide en los mismo conceptos erróneos de la ley que pretende trasladar, en los mismos ataques a la garantía constitucional de la autonomía local y en los mismos falsos argumentos", vaciando de contenido los ayuntamientos, y ha destacado la necesidad de "eliminar la confusion entre duplicidad y complementariedad".
El Pleno de este martes es el último de los dos plenos extraordinarios convocados tras la finalización del periodo ordinario de sesiones, que se retoma en octubre.
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El Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) pondrán en marcha una comisión mixta para estudiar la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Esta comisión, que se pretende que esté "plenamente operativa" en octubre-noviembre, se encargará de analizar "posibles" dudas que surjan en la aplicación de la nueva ley estatal, como pueden ser las derivadas de duplicidades en la prestación de servicios, de manera que los alcaldes extremeños tengan una visión "mucho más completa y precisa" de lo que marca la norma.
Así se ha decidido este lunes en la reunión que han mantenido en Mérida el consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa, y el presidente de la Fempex, Fernando Pizarro, y en la que también ha estado presente el director general de Administración Local, Saturnino Corchero.
De igual forma, y según ha informado el Ejecutivo extremeño en nota de prensa, otra cuestión abordada en el encuentro ha sido la dotación en el próximo Presupuesto General de Extremadura del Fondo de Cooperación Municipal, para el que el presidente de la Fempex ha pedido un incremento, tras el "esfuerzo" realizado por los ayuntamientos en los últimos años.
El consejero Clemente Checa, tras valorar este "esfuerzo", se ha comprometido con Fernando Pizarro "a hacer todo lo posible" para que en el Presupuesto de 2015 este fondo cuente con una asignación mayor, al considerarlo de "justicia", dada la "importancia" que desde el Gobierno extremeño se da al municipalismo y la apuesta por dotar a los núcleos rurales de recursos "suficientes".
Esta apuesta, ha recordado el Ejecutivo autonómico, se ha plasmado ya en acciones como la reciente reforma de la Ley de Mancomunidades, para "garantizar" la financiación de estas entidades.
Finalmente, en el encuentro se han analizado otras actuaciones realizadas desde la consejería en favor de los municipios de Extremadura, como las campañas informativas, formación de voluntarios de Protección Civil, acciones formativas descentralizadas destinadas a la Policía Local o difusión del acceso a servicios como el de Urgencias y Emergencias 112.
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Los ayuntamientos, que tendrán que publicar el gasto de cada prestación, alertan de los problemas que puede acarrearles no cumplir con los plazos en plena reforma local.
La reforma local impulsada por el Gobierno central se desarrolla a trompicones. Hace pocos días se supo que los términos de la nueva ley no han tenido incidencia apenas en las administraciones autonómica y locales. Ejecutivos regionales han puesto, incluso, en tela de juicio la aplicación de la norma hasta no contar con la financiación correspondiente que sufrague los esfuerzos económicos extraordinarios que tendrán que asumir en el nuevo contexto.
Los ayuntamientos, mientras, afrontan este proceso de adaptación con cierta «incertidumbre». Este es el término que utiliza un destacado alcalde asturiano cuando se le pregunta sobre cómo está siendo el acomodo a la reforma local. El decreto, aprobado hace poco más de una semana por el Principado, para facilitar esa adaptación de los municipios al nuevo escenario no ha cambiado excesivamente esta situación de impasse. Todavía hay muchas interrogantes sin descifrar para los alcaldes, que consideran que el Ministerio de Hacienda tuvo mucha prisa en impulsar el texto pero no articuló las medidas que deben ir implícitas en el cumplimiento de la norma.
Eso mismo, recuerdan las fuentes consultadas, ocurre con el coste efectivo de los servicios. A día de hoy, el departamento que dirige Cristóbal Montoro todavía no tiene hecho el cálculo que se utilizará para definir cuánto supone en términos económicos el desarrollo de una prestación para cualquier ayuntamiento. Sin esa estimación, difícilmente podrá ponerse negro sobre blanco en la reforma local antes de final de año.
Información pública
El proyecto para establecer los criterios salió a información pública el pasado mes de mayo pero los ayuntamientos no han tenido comunicación oficial sobre las pautas que se establecerán para hacer las correspondientes estimaciones.
Si atendemos a los plazos a los que ajusta Hacienda desde principios de año, cuando entró en vigor la reforma, los métodos de cálculo deberían estar listos ya para trasladarlos a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Hay que tener presente, que los consistorios tienen que estar en disposición de publicar el 1 de noviembre ese coste estándar, como primer paso para saber si pueden o no ofrecer determinado servicio.
Esta misma semana, el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, pidió al Gobierno más «agilidad» a la hora de tramitar decretos y normativas para que la aplicación de la ley se realice de forma «coordinada». Su petición encontró respuesta en la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. La titular de este área, Rosana Navarro, se limitó a asegurar que el Ministerio de Hacienda está trabajando en los métodos que se emplearán para hacer los cálculos, aunque no precisó si estarán listos antes del verano como reclaman los ayuntamientos. Existe temor entre los consistorios en no disponer de tiempo suficiente (dadas las limitaciones de personal que sufren muchos de ellos) para cumplir con las exigencias de Hacienda.
Fuente: El Comercio Digital
