Los ayuntamientos, que tendrán que publicar el gasto de cada prestación, alertan de los problemas que puede acarrearles no cumplir con los plazos en plena reforma local.
La reforma local impulsada por el Gobierno central se desarrolla a trompicones. Hace pocos días se supo que los términos de la nueva ley no han tenido incidencia apenas en las administraciones autonómica y locales. Ejecutivos regionales han puesto, incluso, en tela de juicio la aplicación de la norma hasta no contar con la financiación correspondiente que sufrague los esfuerzos económicos extraordinarios que tendrán que asumir en el nuevo contexto.
Los ayuntamientos, mientras, afrontan este proceso de adaptación con cierta «incertidumbre». Este es el término que utiliza un destacado alcalde asturiano cuando se le pregunta sobre cómo está siendo el acomodo a la reforma local. El decreto, aprobado hace poco más de una semana por el Principado, para facilitar esa adaptación de los municipios al nuevo escenario no ha cambiado excesivamente esta situación de impasse. Todavía hay muchas interrogantes sin descifrar para los alcaldes, que consideran que el Ministerio de Hacienda tuvo mucha prisa en impulsar el texto pero no articuló las medidas que deben ir implícitas en el cumplimiento de la norma.
Eso mismo, recuerdan las fuentes consultadas, ocurre con el coste efectivo de los servicios. A día de hoy, el departamento que dirige Cristóbal Montoro todavía no tiene hecho el cálculo que se utilizará para definir cuánto supone en términos económicos el desarrollo de una prestación para cualquier ayuntamiento. Sin esa estimación, difícilmente podrá ponerse negro sobre blanco en la reforma local antes de final de año.
Información pública
El proyecto para establecer los criterios salió a información pública el pasado mes de mayo pero los ayuntamientos no han tenido comunicación oficial sobre las pautas que se establecerán para hacer las correspondientes estimaciones.
Si atendemos a los plazos a los que ajusta Hacienda desde principios de año, cuando entró en vigor la reforma, los métodos de cálculo deberían estar listos ya para trasladarlos a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Hay que tener presente, que los consistorios tienen que estar en disposición de publicar el 1 de noviembre ese coste estándar, como primer paso para saber si pueden o no ofrecer determinado servicio.
Esta misma semana, el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, pidió al Gobierno más «agilidad» a la hora de tramitar decretos y normativas para que la aplicación de la ley se realice de forma «coordinada». Su petición encontró respuesta en la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. La titular de este área, Rosana Navarro, se limitó a asegurar que el Ministerio de Hacienda está trabajando en los métodos que se emplearán para hacer los cálculos, aunque no precisó si estarán listos antes del verano como reclaman los ayuntamientos. Existe temor entre los consistorios en no disponer de tiempo suficiente (dadas las limitaciones de personal que sufren muchos de ellos) para cumplir con las exigencias de Hacienda.
Fuente: El Comercio Digital
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