El Gobierno de Pedro Sánchez dio ayer un paso más en su proceso de elevar el gasto y ofreció tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos un incremento de sus recursos disponibles en 2019, año que estará marcado por la celebración de las elecciones locales y autonómicas.
Primero, por la mañana, los ministerios de Hacienda y de Política Territorial se comprometieron con las entidades locales a flexibilizar la regla de gasto y ampliar el uso del superávit. Tal y como explicó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ejecutivo estudiará la manera de flexibilizar su aplicación y la dotará de una mayor transparencia, aspectos que los ayuntamientos habían demandado en más de una ocasión al Gobierno de Mariano Rajoy.
En términos de superávit, el Ejecutivo prorrogará los criterios aplicados el pasado año en materia de inversiones financieramente sostenibles, y estudiará «la posibilidad de que la parte municipal de los programas europeos se pueda financiar con cargo al superávit y sin que compute en la regla de gasto». En otras palabras, dará más libertad para que los ayuntamientos puedan gastar más y en más aspectos, y así lo evidenció el presidente de la Femp, Abel Caballero, que aseguró estar «más esperanzado que nunca» ante la «receptividad» del nuevo Gobierno.
Y por la tarde, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ratificó lo que ya había adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que las comunidades tendrán dos décimas de gasto adicional el próximo ejercicio, lo que supone unos 2.500 millones más. En concreto, los gobiernos autonómicos deberán cerrar con un déficit del 0,3% en lugar del 0,1% previamente previsto, y les obligará a reducir su desviación presupuestaria en sólo una décima, ya que este ejercicio deben terminar en el 0,4%. De esta manera, el Ejecutivo desvía a las autonomías parte de las cinco décimas adicionales que logró en la nueva senda que comunicó a Bruselas.
A ello hay que sumar que Montero planteó también una «reestructuración global» de la deuda de las comunidades autónomas para que puedan volver a salir a los mercados y recuperar «su autonomía financiera y política». Esta medida, que ya había planteado el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, permitirá a las autonomías «transitar más fácilmente» por su calendario de amortización. Además, en el caso de regiones con problemas para solventar lo que ha descrito como «deuda estructural», como es el caso de Cataluña o la Comunidad Valenciana, el Gobierno proyecta una modificación por la que buena parte de su pasivo pasaría de corto a medio plazo.
La jornada de ayer supuso el paso previo a la aprobación del techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Montero ya adelantó ayer que el dato será superior al de 2019, cuando se situó en 119.834 millones de euros, mientras que Podemos ya le ha pedido al Gobierno que dispare la cifra en 15.000 millones.
Fuente: El Mundo
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El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha subrayado la receptividad del Gobierno ante las demandas de la Federación