Los tribunales civiles no son competentes para resolver las controversias surgidas entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y la adjudicataria de un contrato de arredramiento para la explotación de un servicio de aparcamiento

Se enjuicia en el presente recurso la falta de jurisdicción de los tribunales civiles para conocer sobre la reclamación instada por el Cabildo Insular de Gran Canaria en concepto de rentas impagadas por la ahora recurrente, teniendo su origen la reclamación en el contrato de arredramiento celebrado entre las partes, cuyo objeto era la explotación del servicio de aparcamiento del Centro Insular del Deporte y del que resultó adjudicataria la recurrente.

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Cuáles son los ayuntamientos más morosos de España

Sólo 11 de los 100 mayores consistorios abonan sus facturas en 30 días, como exige la norma sobre plazos de pago. Las autonomías (45 días) son menos morosas que los ministerios (55). Dicho de otra manera, 9 de cada 10 alcaldes se saltan la norma a la torera. Y sólo cuatro de las 17 comunidades autónomas pagan a sus proveedores dentro de la legalidad. Ni siquiera la Administración central cumple la normativa que obliga al sector público a abonar sus facturas en un plazo máximo de 30 días. En materia de morosidad, el dicho de que quien hace la ley hace la trampa se vuelve literal. Y muy pernicioso para los contratistas públicos. Sobre todo para los pequeños, como los autónomos, que sufren cada vez más para cobrar sus trabajos para las Administraciones Públicas. Tardan una media de 70 días en hacerlo, más del doble de lo legal. según el último informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con datos a cierre del primer semestre del año.

Los ayuntamientos son los peores pagadores. Tardan una media de 95 días en liquidar sus facturas, más del triple que el plazo legal. Esto es, siete días más que en 2017 y 15 días más que en 2016. Es decir, en sólo dos años, son un 19% más morosos. Hay que recordar que los consistorios son las administraciones para las que más trabajan los autónomos, por lo que el impacto de su morosidad agravan más. El caso más sangrante es el de Jaén, que abona sus facturas en nada menos que 589 días de plazo. Esto es, 126 más que en junio de 2017. Es decir, casi 19 veces más tarde de lo permitido por ley. Un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamientos cobrará, de media, un año y siete meses después de presentar la factura. Los proveedores de Telde esperan 457 días para cobrar su trabajo, seguidos de los de Parla (360 días) y Jerez de la Frontera (322 días).

Los 11 ayuntamientos que cumplen la ley son los de Vigo (14 días de plazo medio), Cáceres (22), Badajoz (23), Alicante (26), Avilés (27), Barcelona (27), Ciudad Real (28), Málaga, Salamanca y Torrent (29) y El Ejido (30).

Incumplir la ley contra la morosidad no es precisamente inocuo. Durante la crisis, el 40% de las pymes y los autónomos que tuvieron que echar el cierre lo hicieron por los elevados plazos de pago que sufrían.

Por segunda vez, las administraciones autonómicas son las que pagan en menor tiempo, en 45 días de media, pero sin cumplir la ley. Han reducido los periodos medios de pago con respecto a 2017, concretamente en 9 días. Los que se ciñen a los 30 días de tope legal son País Vasco (23), Andalucía (27), Navarra (28) y Madrid (30 días, 52 menos que en 2017, cuando era la más morosa). En el lado contrario se encuentran Cantabria (73), Murcia (66) y Comunidad Valenciana (63).

La Administración Central se demora 55 días, 13 menos que los 68 de 2017, pero 12 más que en 2016, aún. Hay que tener en cuenta que los autónomos prestan muy pocos servicios a los ministerios

Fuente: Expansión

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