El informe, aprobado en Estrasburgo en octubre, se ha hecho público hoy
Son las conclusiones de Grupo de Estados contra la Corrupción
Reclama 'garantías' para que las fundaciones no sean una vía para financiar partidos
El Gobierno responde que la nueva ley de control de partidos corregirá las deficiencias
El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), uno de los cuerpos del Consejo de Europa, denuncia en un informe sobre la penalización de la corrupción y la transparencia de la financiación política publicado hoy que España "ha cumplido íntegramente seis recomendaciones" al respecto formuladas en escritos anteriores, pero que "otras nueve recomendaciones han sido aplicadas parcialmente, en gran medida debido a que aún no se han aprobado las reformas previstas en el Código Penal y en la ley de Control de la Actividad Económica de los Partidos Políticos".
El Greco da ahora al Gobierno cinco meses, hasta finales de julio, para que presente un lista con las medidas que ya ha puesto en marcha para poder cumplir satisfactoriamente con las recomendaciones pendientes. Y pide acciones decisivas y muy concretas para lo que, destaca, es un serio problema en nuestro país.
El Informe, que el Grupo insta a España a publicar lo antes posible para que los ciudadanos puedan tener acceso, reconoce los avances en algunas áreas y destaca que el Proyecto de Ley sobre las Actividades Económicas de los Partidos Políticos "introduce algunos cambios positivos con respecto a la transparencia, el control interno y la rendición de cuentas de los partidos".
Pero no lo suficiente, por lo que insta a "las autoridades a perseverar en sus esfuerzos por mejorar la transparencia de las cuentas políticas y las fuentes de los ingresos y los gastos correspondientes (incluidos los de sus ramas locales), el seguimiento de la situación de endeudamiento de los partidos, y la garantía de que cualquier infracción de la normas se traducirá, no sólo en la ley, sino también en la práctica, en sanciones efectivas".
Y en un lenguaje directo, aborda de lleno el principal problema. "Debe garantizarse que las fundaciones y asociaciones políticas no se utilizan como una vía paralela para la financiación y las actividades de campaña de los partidos políticos, a pesar de las restricciones y límites establecidos por la ley".
No se trata de una generalidad. "Dado el número de escándalos en materia de financiación irregular de partidos políticos que han sacudido el sistema político español en los últimos años, es de vital importancia para la credibilidad y la eficacia del sistema que las autoridades españolas tomen medidas inmediatas en este ámbito y logren mejoras tangibles sin demora", afirma.
El informe fue aprobado por el Grupo en su reunión plenaria del 10 de octubre del año pasado en Estrasburgo, pero ha sido publicado hoy. Los autores destacan que una serie de aspectos han sido "resueltos satisfactoriamente", pero lamenta que otros muchos no.
Sobornos y abuso de poder
La mayoría de las cuestiones son de carácter técnico, sobre el alcance de la legislación actual o qué artículos del Código Penal son los más adecuados, y si son suficientes, para castigar sobornos, corrupción de jurados o abuso de poder. Pero también hay recomendaciones específicas sobre partidos políticos en las que el Greco y las autoridades españolas, en continua comunicación, no acaban de encontrar el punto medio.
Así, por ejemplo, el Grupo "recomienda tomar las acciones apropiadas para asegurar que los préstamos concedidos a partidos políticos no sean usados para esquivar las regulaciones sobre financiación política". El Gobierno ha replicado que el nuevo proyecto de Ley sobre el Control de Actividades Económicas de los Partidos Políticos aborda con rotundidad este punto prohibiendo la cancelación de las deudas.
Pero el cuerpo del Consejo Europeo, aunque "da la bienvenida a las novedades", recuerda que "ese proyecto debe de materializarse en la práctica", puesto que "el endeudamiento de los partidos, y la vulnerabilidad potencial de los mismos" derivada de su relación con las entidades de crédito "han sido una importante fuente de preocupación en España".
Financiación local
Lo mismo ocurre con la financiación de los partidos a nivel local, otra de las recomendaciones que sólo han sido resueltas parcialmente. Así, Greco tiene la convicción de que "una acción más determinante sería apropiada" para garantizar "la transparencia y el control" de las cuentas de los partidos.
El Grupo "reitera su preocupación" por los mecanismos que, pese a la nueva Ley en la que se trabaja, podrían permitir que los partidos recibieran financiación a través de donativos de empresas a entidades cercanas. Y recuerda que "el Tribunal de Cuentas ha abogado reiteradamente para la consolidación de las cuentas de los partidos, incluyendo no sólo las ramificaciones nacional y subnacional, sino también las entidades vinculadas". Algo que el Gobierno no ha subsanado de momento, por lo que "se le urge" a ello.
El grupo de Estados contra la Corrupción es uno de los cuerpo del Consejo de Europa dedicado a mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra la corrupción.
El Gobierno responde de inmediato
La reacción del Ejecutivo no se ha hecho esperar. Esta misma mañana, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, envió al embajador de España ante el Consejo de Europa una carta en la que le insta a comunicar al Grupo que en la ley que entrará en vigor en unas pocas semanas "se prohíben las condonaciones de deuda a los partidos así como la concesión de préstamos a un tipo de interés que sea más preferente que el determinado por las condiciones de mercado" y que "se ha tipificado en el Código Penal un nuevo delito de financiación ilegal de partidos para ofrecer una respuesta contundente a los supuestos más graves que sirva además como elemento de prevención".
Ayllón solicita al embajador permanente que haga llegar la información a los responsables del Consejo de Europa, aunque su departamento hará llegar "formalmente al GRECO antes del mes de julio todos los avances que hemos hecho en esta materia desde marzo de 2014".
Para el secretario de Estado, que es responsable del Plan de Regeneración Democrática del Gobierno de España, la batería de reformas legales será suficiente también para satisfacer el resto de recomendaciones pendientes "en materia de transparencia y publicidad de información de naturaleza contable y económica de los partidos" o de los "plazos de prescripción de las infracciones".
Fuente: El Mundo
