El debate sobre la remunicipalización de las prestaciones públicas sigue abierto. En este escenario, los expertos abogan por la colaboración público-privada para garantizar la calidad de los servicios
Limpieza, transporte, agua, recogida de residuos… Garantizar la calidad de los servicios públicos es una de las principales obligaciones de las administraciones locales. Pero el debate surge a la hora de decidir quién debe realizar la gestión de estas prestaciones para que sea lo más sostenible y eficiente posible: el propio ayuntamiento (gestión directa), la empresa privada (gestión indirecta) o ambas partes (gestión mixta).
Esta discusión ha vuelto a tomar impulso a raíz de que el Ayuntamiento de Málaga haya dado luz verde a la remunicipalización —vuelta a la gestión directa— del servicio de limpieza, recogida y tratamiento de residuos, que será una realidad a partir de la próxima primavera tras 18 años de modelo mixto. En este contexto, la cuestión de si deben o no los municipios tomar completamente los mandos de los servicios gestionados por empresas privadas genera varias preguntas. ¿Es rentable para los ayuntamientos? ¿Disponen de los recursos necesarios? De no ser así, ¿es asumible la inversión? ¿Hay consecuencias para los trabajadores? En otras palabras, ‘remunicipalización sí o remunicipalización no’.
Este es el asunto que ha servido como guía en una mesa redonda organizada por El Confidencial y la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, bajo el título ‘Remunicipalización de los servicios urbanos: el futuro de las ciudades’. En el encuentro participaron Lorenzo Dávila, director de Osur, economista y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid; Pedro Manuel Rollán Ojeda, senador del Grupo Parlamentario Popular; Ramiro Aurín, ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña; Moisés Torres, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT; Carlos Cabrera, director General del Institut Cerdà y José Manuel Ruano de la Fuente, profesor en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense.
Antes de comenzar el debate, los expertos aclararon la diferencia entre privatizar un servicio y privatizar su gestión. “La prestación de ciertos servicios públicos es irrenunciable y la administración local no puede privatizarlos”, expuso Ramiro Aurín, desde la Universidad Politécnica de Cataluña. Algo diferente es que un grupo privado participe en su gestión. En todo caso, pese a externalizar una prestación, el control efectivo de la actividad sigue estando en manos públicas y recae sobre el ayuntamiento.
“El poder político de los ayuntamientos tiene la labor fundamental de establecer cuáles son los parámetros para medir la calidad del servicio. Por tanto, debe gestionar esa función y transferir a los gestores, sean mixtos, públicos o privados, esos parámetros de calidad”, expresó el profesor de la Carlos III de Madrid, Lorenzo Dávila, quién añadió un problema que, bajo su punto de vista, puede surgir si la gestión es directa: “Si el propio ayuntamiento es el que tiene que supervisar, controlar y seguir estos parámetros de calidad, al final aparece un conflicto de intereses”.
En línea con las anteriores declaraciones, Aurín insistió en la importancia de garantizar la calidad de los servicios públicos y aseveró que “el control efectivo de los mismos” es la única vía para conseguirlo. “Hay que medir, controlar y exigir la calidad de la actividad al prestador”. El ingeniero de Caminos apuesta por modelos de gestión indirecta o mixta; en su opinión, es más difícil exigirnos el cumplimiento de obligaciones a nosotros mismos, “la autocrítica no es lo más fácil”. Por su parte, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Ruano de la Fuente, puso encima de la mesa las ventajas de la colaboración público-privada que, según él, “son evidentes en el ámbito técnico, presupuestario y de flexibilidad”, pero “también hay costes de transacción claros y dificultades desde el punto de vista de la transparencia, del control y de la fiscalización, que, en cualquier caso, sigue siendo una obligación de la administración pública”.
Independientemente del modelo, Carlos Cabrera, director General del Institut Cerdà, subrayó que contar con personal especializado dentro de la administración es clave. “Como institución pública, ceder la gestión a una compañía privada no significa desprenderse del conocimiento ni de la experiencia. Si quieres controlar los servicios públicos debes tener expertos dentro del ayuntamiento, como cualquier otra empresa”, explicó.
Con mucha frecuencia, el debate de la remunicipalización ha pivotado en torno a la ideología. “Hay que superar el dogmatismo”, dijo Pedro Manuel Rollán, senador del Grupo Parlamentario Popular. El que fuera alcalde de Torrejón de Ardoz durante ocho años explicó que la batalla entre las diferentes formaciones políticas ha emergido con la idea base de que un modelo público 100% era lo positivo frente a un modelo privado o de colaboración público-privada. “Hoy en día ha quedado claro que una cosa es la titularidad —siempre municipal— y otra distinta la prestación del servicio. Son modelos perfectamente compatibles”. En línea con la calidad de las prestaciones públicas, Rollán opinó que el tamaño y la experiencia de las compañías son factores clave. “Si el 'holding' empresarial lleva la gestión de un servicio en 300 o 400 ciudades, no habrá nada que no hayan sido capaces de solucionar con anterioridad”.
¿Qué ocurre con los trabajadores?
Gestionar el cambio de los empleados a funcionarios públicos sin caer en irregularidades y sin que peligren, en cierto modo, sus puestos de trabajo es un reto complicado. Con el foco en la legislación, Moisés Torres, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, opinó que “el camino hacia la externalización es una autopista de cinco carriles y, sin embargo, el camino contrario —hacia la remunicipalización— es un camino con bastantes baches”. Ramiro Aurín rebatió esta idea afirmando que las condiciones que se piden en la reversión hacia la gestión pública o privada son las mismas, “lo que hay que demostrar es que el cambio va a generar más eficiencia”, afirmó.
En el caso concreto de Málaga, los empleados fijos de Limasa (Limpieza Integral de Málaga) III —empresa que presta el servicio de limpieza— no tienen asegurada la integración en la plantilla municipal, según un informe reciente del director general de Recursos Humanos, Calidad y Seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Pasarán a la categoría de indefinido ‘no fijo’, por lo que deberán superar una oposición o concurso público para consolidar su puesto de trabajo. En este contexto, la principal preocupación de los sindicatos es la situación de estos trabajadores. “Estamos en un limbo legal”, señaló Torres. “Hasta que la legislación no cambie y no haya una solución por vía legal que permita establecer algún parámetro para poder regular esto de otra manera, no apostaremos directamente por estos procesos de remunicipalización”.
Málaga: ¿es sostenible la remunicipalización?
Más allá de la satisfacción, del interés público y de los parámetros de calidad, hay que tener en cuenta el marco jurídico, según el profesor en la facultad de ciencias políticas y Sociología de la Universidad Complutense. La ley establece que “la prestación de servicios locales no puede suponer un incremento de la deuda y deben prestarse de acuerdo a los criterios de sostenibilidad, eficiencia y competencia”, explicó Ruano. Según los últimos datos publicados por Banco de España relativos al tercer trimestre de 2019, el Ayuntamiento de Málaga tiene un endeudamiento de 394 millones de euros —315 millones sin tener en cuenta los datos de préstamos por vivienda protegida—. Cabrera destacó que “este endeudamiento de Málaga es significativamente importante”, y considera que "hacer frente a la inversión que supondría la mejora de la recogida de residuos será complicado".
Llegados a este punto, uno de los temas estrella barajados en la mesa fue la necesidad de inversión en recursos por parte del Ayuntamiento de Málaga: renovación de flota de vehículos, inversión en Tecnologías de la Información y Comunicación, renovación del parque de contenedores… Según un estudio del Institut Cerdà sobre la huella de la remunicipalización en Málaga, la necesidad de inversión alcanzará los 60.735.562 millones de euros. “El caso de Málaga es absolutamente paradigmático”, anotó Cabrera. “El nivel de servicio va a condicionar el coste, y el informe de la Comisión Técnica —elaborado a encargo del Ayuntamiento— en ningún momento hace referencia a esto”. En este contexto, Dávila apuesta por “una colaboración público-privada en la que, por un lado, se transparente el coste directo del servicio para que los ciudadanos sean conscientes del valor y, por otra parte, se permita sacar fuera de balance todas las necesidades de inversión que tiene el ayuntamiento en esta materia”.
Rollán apoyó esta idea. Según él, este modelo “ha permitido prestar servicios y crear infraestructuras con el menor coste para los ciudadanos y con la mejor calidad”. Para cerrar el debate, Moisés Torres abogó por la prudencia a la hora de tomar este tipo de decisiones. “Antes que el modelo, primero habría que sentarse a decidir qué es lo que queremos”, concluyó.
Fuente: El Confidencial
