viernes, 28 de febrero de 2014
¿Puede la Policía local abrir o cerrar edificios municipales?
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Bilbao revisará el Reglamento Orgánico del Pleno para "adaptarlo a las demandas de transparencia y participación"
El Ayuntamiento de Bilbao revisará el Reglamento Orgánico del Pleno, para adaptarlo "a las nuevas necesidades de la ciudad y a las demandas de transparencia y participación de la ciudadanía".
La propuesta partía de una iniciativa socialista, que han salido adelante, frente a una de Bildu, de tenor similar, que ha sido rechazada y que pedía modificar el Reglamento Orgánico del Pleno municipal para garantizar que las proposiciones de la ciudadanía puedan presentarse y defenderse en la sesión plenaria, así como para incorporar el turno popular en los Plenos.
Se ha aprobado también una enmienda de modificación del Equipo de Gobierno a una propuesta del PP, que pedía la municipalización del ascensor de Begoña.
En esta enmienda de modificación, el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao "vuelve a expresar", como ya hiciera, que debe garantizarse el mantenimiento del patrimonio arquitectónico y el servicio del ascensor de Begoña, que el "concesionario quiere cerrar de manera unilateral", según ha indicado el concejal de Transportes, Asier Abauza.
Se ha aprobado también por unanimidad una enmienda del PSE-EE para solicitar al Gobierno vasco que proceda a la declaración del barrio de Irala como área de Rehabilitación Integral, y a la Junta de Gobierno de la Villa, que una vez sea declarada como tal, delegue en Surbisa las competencias relativas a la tramitación de licencia de obras y régimen edificatorio respecto a los edificios comprendidos en la zona.
Ha salido igualmente adelante una enmienda del Equipo de Gobierno en la que el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao emplaza a la Junta de Gobierno a seguir con el diseño de la urbanización del tramo final de Sabino Arana, participando con el vecindario y comunidades de propietarios de la zona, así como con las comisiones técnicas de los Consejos de Distrito afectados.
Se trata de una enmienda de modificación a una proposición del PP que pedía que "el proceso de urbanización de Sabino Arana sea conocido por la ciudadanía de Bilbao y los grupos políticos, a fin de lograr una mayor participación ciudadana y el máximo consenso posible".
Se ha aprobado también una propuesta popular que solicitaba impulsar nuevas acciones para incrementar el número de visitas de turistas, a fin de "revertir" su tendencia a la baja que, según han dicho, "pone en cuestión la apuesta por un sector estratégico para la Villa".
A esta proposición se ha sumado una enmienda de adición del Equipo de Gobierno en la que el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao solicita al conjunto de administraciones implicadas en los elementos fundamentales de la política turística de Bilbao, que trabajen conjuntamente con la administración municipal en temas como conectividad, generación de infraestructuras turísticas, creación de tejido económico del sector turístico, generación de actividad y promoción turística.
Fuente: Europa Press
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La Junta de Andalucía critica "el vaciado de competencias" del 96% de los municipios granadinos con la reforma local
La Junta de Andalucía ha advertido este jueves del "vaciado de competencias" que se producirá en el 96 por ciento de los municipios granadinos a causa de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre.
El viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta, José Luis Pérez Tapias, ha expuesto en rueda de prensa los efectos de esta ley y los motivos que han llevado al Gobierno andaluz a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la misma ante el Tribunal Constitucional.
Tapias ha estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, quien ha precisado que sólo siete municipios de la provincia de Granada no se verían afectados por esta ley de reforma local.
Según sus datos, a partir de 2015 en la provincia desaparecerán unas 32 Oficinas Municipales de Consumidor que atienden a más de 624.000 granadinos, 22 centros Municipales de la Mujer y su atención a la violencia de género, y los consorcios de transportes que atienden a más de 500.000 habitantes.
Deberán reformase 15 de las 18 mancomunidades al perder las competencias de desarrollo económico de formación y empleo, además de la competencias en temas de servicios sanitarios, educativos o de la Ley de Dependencia que pasarían a recaer en la Diputación.
Tapias ha comentado que Andalucía es la primera comunidad que recurre esta reforma al considerar que invade las competencias exclusivas en materia de régimen local recogidas en el Estatuto de Andalucía y se ha hecho "poniendo en valor nuestra capacidad de autogobierno, conquistada por el pueblo andaluz y que hoy nos quieren recortar significativamente con reformas como esta".
"El Gobierno andaluz irá al Constitucional junto con el Parlamento de Andalucía, así como por acuerdo del Consejo de Concertación Local, y de centenares de ayuntamientos andaluces que se están uniendo para el mismo fin".
Para el viceconsejero, el espíritu municipalista del Estatuto "queda en entredicho por una norma estatal que es una ataque a la democracia y a las leyes andaluzas, no se ha aprobado con consenso ya que no ha habido negociación de ningún tipo, al tiempo que cuestiona la Patrica y supone una doble vara de medir, ya que hay comunidades como País Vasco y Navarra que tienen el privilegio de no aplicarla, bien en su totalidad o parcialmente, basándose en sus derechos forales".
Asimismo, ha señalado que la reforma "pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia". Los ámbitos de gestión "más amenazados", que pasarían a las comunidades autónomas, son los relativos a educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo o consumo. "Sólo en servicios sociales la cifra de puestos de trabajo en peligro asciende a 32.000 personas. Ello supondrá la entrada de empresas privadas en la administración local", ha indicado.
Por último, el viceconsejero ha señalado que en el recurso pedirán al Gobierno central una moratoria para que su aplicación no sea efectiva hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional. El recurso de la Junta de Andalucía, se centra en 19 artículos, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final que, en líneas generales, alteran el marco competencial vigente desde hace más de treinta años, así como el principio descentralizador recogido en la Constitución Española.
Fuente: Europa Press
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BOP 28/2/2014.- Aprobación definitiva del Reglamento de la función de asistencia a las Entidades Locales Menores de la provincia de Burgos en materia de gestión de la actividad económico-financiera, de la ordenanza reguladora del precio público y del texto del Convenio de Colaboración correspondiente
BOP.- Nº 34 de 28 de febrero de 2014.-Diputación Provincial de Burgos
Servicio de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura
Aprobación definitiva del Reglamento de la función de asistencia a las Entidades Locales Menores de la provincia de Burgos en materia de gestión de la actividad económico-financiera, de la ordenanza reguladora del precio público y del texto del Convenio de Colaboración correspondiente
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Inicio del cómputo del plazo para presentar las correspondientes solicitudes en materia de gestión de la actividad económico-financiera
jueves, 27 de febrero de 2014
Las instalaciones existentes y en funcionamiento con mucha anterioridad a la existencia del RAMINP, necesitan autorización medioambiental integrada y de apertura para la actividad, pero no la obtención de la evaluación de impacto ambiental
via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://ift.tt/1mEXFou
La racionalidad política y técnica en la selección de la alta administración pública y gestión pública portuguesa: una experiencia útil para España
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Belloch invita a los ayuntamientos socialistas y a otros grupos políticos a sumarse al recurso contra la reforma local
Zaragoza liderará el recurso contra la reforma local.
La norma supone “un peligro mortal” para los municipios.
El alcalde de Zaragoza y senador socialista, Juan Alberto Belloch, ha explicado este miércoles que, por iniciativa del PSOE, la capital aragonesa encabezará la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local, al que desea que se sumen todos los ayuntamientos socialistas y otros grupos políticos.
En declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir a la inauguración de la nueva sede de Araclon Biotech en Zaragoza, el alcalde ha detallado que el recurso contra la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local ante el Tribunal Constitucional "es una iniciativa de los socialistas" que han elegido la capital aragonesa para liderar el procedimiento.
La elección de Zaragoza responde a "una evidencia lógica y creo que se ha hecho justicia porque es la ciudad con un gobierno socialista más grande de España y, como tal, es lógico que encabecemos el recurso", ha argumentado Belloch.
De esta forma, ha continuado, "la idea es agrupar a la totalidad de ayuntamientos socialistas y también estamos en conversaciones para que puedan incorporarse de otros grupos políticos, por ejemplo de Convergencia i Unió".
Para Belloch, el recurso "tiene todo el sentido del mundo" y ha remarcado que "no me canso de repetir" que la reforma local "supone un peligro mortal para los municipios pequeños que podrían llegar a perder todas sus competencias" a favor de las diputaciones o externalizando la prestación de servicios.
Además, "es absolutamente negativa para todos los municipios por la pérdida de autonomía", dado que "todo está controlado por el Ministerio de Economía y Hacienda y por el Gobierno autonómico y, lo que es más grave, se arriesga la prestación de servicios fundamentales a los ciudadanos", ha advertido el senador.
"ABSURDO"
De hecho, ha admitido que su "obsesión" son los temas de acción social y ha comentado que, con esta norma, "se produce el absurdo" de que los consistorios que disponen de los funcionarios y el personal adecuado para prestar estos servicios, tendrían que pasar la competencia a las Comunidades autónomas "que ni tienen personal, ni recursos".
Ante semejante "sinsentido", ha señalado que "estamos pidiendo conversaciones formales con el Gobierno de Aragón para que, ya sea con un acuerdo previo o con la ley de capitalidad de Zaragoza y su área metropolitana, se pueda resolver definitivamente un problema que puede acarrear dificultades".
Por último, Belloch ha observado que los ayuntamientos "nos estamos resistiendo a abandonar servicios en los que no somos competentes" y, por este motivo, los ciudadanos no perciben "las consecuencias negativas de la ley, porque los servicios se siguen prestando en un marco de inseguridad jurídica".
Fuente: Europa Press
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La Junta de Andalucía dice que defenderá "con uñas y dientes" el Estatuto frente a la reforma local que "vulnera competencias"
El director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Camacho, han informado este miércoles en Málaga sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentará la Junta contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que, ha dicho, "no sólo colisiona y vulnera las competencias autonómicas, sino, especialmente, las competencias municipales y la autonomía local", asegurando que la Comunidad Autónoma Andaluza defenderá "con uñas y dientes" su Estatuto.
Camacho ha explicado, junto con el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y la responsable de la Oficina de la Vicepresidencia, Fátima Berlanga, las consecuencias que tendría en la provincia la aplicación de la ley, sobre todo en lo que se refiere a determinados servicios públicos como las oficinas municipales de información al consumidor, centros municipales de la mujer, mancomunidades, transportes o políticas y actividades formativas de empleo.
Así, ha incidido en que la Comunidad Autónoma Andaluza "va a defender con uñas y dientes su Estatuto de Autonomía, así como su legislación local", y se ha referido a la necesidad de diálogo porque esta reforma "toca el modelo y la estructura del Estado". "Una ley como ésta, que es troncal, no puede estar al albur de una coyuntura económica o política, porque se trata de instituciones, de servicios públicos, y no se puede hacer unilateralmente, sin diálogo", ha manifestado.
Ha abundado en que no se trata de un problema de políticos sino de ciudadanía y de servicios públicos esenciales, y también ha negado que se pretenda con ella conseguir la estabilidad presupuestaria dado que se había logrado antes de la ley. "Los ayuntamientos ya cumplen la ley de estabilidad presupuestaria, esta reforma lo que intenta en realidad es adelgazar el Estado", ha lamentado Camacho.
En cuanto a las repercusiones en la provincia de Málaga, ha informado de que se verían afectadas 23 oficinas municipales de información al consumidor, que prestan servicio a un total de 1.470.113 habitantes, el 80 por ciento de la población.
Asimismo, perjudicaría a las tres mancomunidades de municipios. En el caso de la Sierra de las Nieves, "tendrían que prescindir de las competencias de desarrollo económico y social, así como las que tienen en promoción de la educación y participación de la juventud".
En el caso de las mancomunidades de la Costa del Sol Occidental y Costa del Sol Axarquía, "la principal competencia afectada es la relativa a políticas de desarrollo económico, social, empleo y actividades formativas", ha dicho, apuntando que, asimismo, "tendrían que renunciar a sus competencias en servicios sociales, playas y mataderos".
También se verán afectados, ha continuado, los 19 centros municipales de la mujer en la provincia y el Consorcio Metropolitano de Transportes que está participado al 50 por ciento por 12 municipios, el 45 por ciento por la Junta y el cinco por ciento por Diputación, y presta servicio a 819.384 habitantes, el 50 por ciento de la población malagueña.
Camacho también ha apuntado la "inestabilidad jurídica y financiera y los perjuicios que va a ocasionar la disparidad de interpretaciones que pueden tener los interventores sobre qué ley prevalece, si la estatal o la de las comunidades autónomas, algo que solo puede dirimir el Tribunal Constitucional", por lo que ha destacado que el Gobierno central "debe establecer una moratoria mientras se pronuncia este órgano judicial".
Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga ha destacado que esta norma supone "un ataque frontal no sólo a las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia sino, sobre todo, a la propia capacidad de autogobierno de las entidades locales, que en Andalucía reforzó el Estatuto de Autonomía de 2007 y su posterior desarrollo legislativo".
Para Ruiz Espejo, con esta ley "se desvirtúa el carácter democrático de los ayuntamientos para convertirlos, sobre todo en las pequeñas poblaciones, en simples instancias administrativas". En este sentido, ha indicado que los municipios malagueños "verán afectada su autonomía por la reforma, ya que implica una recentralización y control por parte del Gobierno, especialmente en los 85 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes".
Fuente: Europa Press
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La oposición critica que la Diputación de León pretenda cobrar a las juntas vecinales por llevar a cabo su contabilidad
Los grupos políticos de la oposición en la Diputación de León, PSOE, UPL y Grupo Mixto, han criticado la intención de la institución provincial de establecer un precio público y cobrar a las juntas vecinales por realizar su Informe Anual de Cuentas, requisito imprescindible para su supervivencia tras la aprobación de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, y prestar servicios de contabilidad y gestión de cuentas.
Poner precio a este servicio, que anteriormente la Diputación prestaba de forma gratuita, es "poner trabas" las más de 1.200 juntas vecinales que posee la provincia de León y que en su mayoría "no tienen recursos y su presupuesto es cero", ha criticado el portavoz de UPL, Lázaro García Bayón.
"Si se continúan quitando ayudas e imponiendo gastos se va a condenar a las juntas vecinales a su desaparición", ha agregado el diputado leonesista.
El PSOE se ha sumado a estas críticas y ha insistido en que la Diputación debe "seguir manteniendo este servicio a las juntas vecinales" porque, con la aprobación de la reforma de la administración local, "no se trata de un buen momento para empezar a cobrar por la realización de las cuentas".
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Matías Llorente, ha instado a la institución provincial a que "quite este aval y dé el servicio que le corresponde" ya que, en su opinión, "se trata de una competencia propia de la Diputación".
El portavoz de la Diputación, Jaime González, ha contestado a la oposición que "por el momento" la institución provincial no está cobrando a las juntas vecinales por prestar este servicio.
No obstante, ha agregado el diputado popular, la obligatoriedad de llevar a cabo la contabilidad de las juntas vecinales corresponde a las entidades locales, por lo que si la Diputación presta ese servicio en algún caso es "por omisión de un ayuntamiento".
Además, ha afirmado que llevar la contabilidad y presupuesto a las juntas vecinales "no es una función propia de la institución provincial" y se trata de un cometido que también puede llevar a cabo el sector privado.
Por estas razones, ha aseverado, la institución provincial se ve "obligada por ley" a establecer un precio público para la prestación de este servicio. En este momento, ha añadido González, se están realizando las gestiones necesarias para fijarlo.
Fuente: Europa Press
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El PSIB quiere que el Consell apoye a los ayuntamientos en su recurso al TC contra la reforma local
El PSIB pretende que el Consell de Mallorca muestre su "apoyo público" a los ayuntamientos de la isla que han tomado la decisión de recurrir la reforma de la Ley de administración local ante el Tribunal Constitucional puesto que se trata de "la norma más represiva y represora de la autonomía local que se ha aprobado en democracia".
Así se ha manifestado la consellera del PSIB en el Consell, Sílvia Cano, durante la presentación de la iniciativa, donde también ha mostrado su intención de que la institución insular pida un dictamen del Consejo de Estado al respeto.
Cano ha recordado que la Federación Socialista de Mallorca aprobó recientemente en su Consejo Político una resolución en este sentido y ha asegurado que los socialistas ya están presentando mociones para formalizar el conflicto en defensa de la autonomía local contra esta ley, ante el Tribunal Constitucional.
De esta manera, el PSIB se suma a nivel municipal a las iniciativas ya anunciadas por el PSOE a nivel estatal y de las Comunidades Autónomas no gobernadas por el PP.
"Nosotros hemos manifestado reiteradamente nuestra oposición a esta ley, que es un golpe a la autonomía local y al modelo de cohesión social de los últimos 30 años, con una intervención de facto en todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son el 95 por ciento de los ayuntamientos de España", ha explicado Cano.
"Los alcaldes se convertirán en una figura meramente decorativa", con un escaso margen de maniobra ante las imposiciones marcadas y el control económico supramunicipal, que podrá tomar decisiones e imponer prioridades. "Los ayuntamientos quedan intervenidos de facto", ha opinado Cano.
"La ley vacía a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de todas sus competencias básicas y les deja sólo la gestión de los cementerios", ha explicado el socialista Miquel Àngel Coll. Si los municipios quieren mantener alguna otra competencia tendrán que demostrar que lo pueden hacer de forma más económica que los Consells o las diputaciones. La centralización de los servicios municipales es un primer paso hacia su privatización, ha señalado.
Según el PSIB, la nueva norma supondrá también un "retroceso democrático" porque establece que los presupuestos que no puedan ser aprobados por mayoría absoluta, se podrán aprobar, en segunda instancia, por el equipo de Gobierno. De esta forma "los que gobiernan podrán hacer y deshacer como quieran, secuestrando el voto de la ciudadanía a todo el resto de fuerzas políticas", ha apuntado Coll.
"Lejos de atender las reivindicaciones históricas del mundo local, esta ley reduce lo público para sustituirlo por lo privado, vacía los ayuntamientos de competencias y es un claro retroceso democrático porque dejará oposición sin capacidad de negociar y controlar asuntos tan fundamentales como sueño las aprobaciones de presupuestos".
Por todo ello, reclaman que la institución insular solicite un dictamen del Consejo de Estado.
Fuente: Europa Press
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miércoles, 26 de febrero de 2014
La FEMP reclama a Hacienda una reunión para abordar la aplicación de la reforma local, que está generando "dudas"
Insta a convocar la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado hoy exigir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que convoque cuanto antes una reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), que ayude a "resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación de la reforma local que más dudas están generando a los ayuntamientos".
Así lo ha acordado la dirección de la FEMP en su reunión mensual, este martes. La convocatoria de la CNAL deberá servir para "aclarar" también algunos aspectos sobre la posibilidad legal que se ha dado a los ayuntamientos de invertir el superávit, a través de una nueva legislación publicada en el BOE este fin de semana que abre esta puerta a los municipios saneados y con bajo nivel de deuda financiera y comercial.
La nueva regulación, que permitirá a los Ayuntamientos invertir el superávit en 2014 e incluso trasladar su ejecución a 2015, ha sido bien acogidas por las entidades locales, aunque, según se ha puesto de relieve en la Junta de Gobierno de la FEMP, precisa de alguna aclaración para evitar que la inversión de los remanentes de tesorería compute como déficit.
Finalmente, en la CNAL se dará traslado también de la necesidad de que se revise a la baja el tipo de interés de los préstamos que los Ayuntamientos que se acogieron al primero plan de pago a proveedores están asumiendo, que se situó en un 5,9 por ciento.
Para el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Iñigo De la Serna, los intereses que se están pagando por los préstamos vinculados a aquel primer plan de pago a proveedores resultan elevados en comparación con el que se está aplicando para planes posteriores por lo que, a su juicio, resulta una petición "justa". De la Serna ha defendido también como argumento a su favor que los ayuntamientos son las administraciones "más cumplidoras" con los objetivos de déficit y deuda establecidos.
REUNIÓN CON INDUSTRIA
Por otro lado, la Junta de Gobierno ha acordado también pedir una reunión urgente con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como con los grupos políticos con representación en el Senado para trasladar el desacuerdo que existe en el mundo municipal con el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, en estos momentos, en trámite parlamentario.
La FEMP considera preciso que en el Senado se atiendan varias de sus peticiones pues la actual redacción del proyecto plantea unas cargas injustificadas sobre las entidades locales, "e incluso discriminatorias respecto por ejemplo de las redes de autoprestación de las entidades privadas".
Tampoco comparte la FEMP cómo se aborda el proyecto de ley las responsabilidades que tiene las entidades locales respecto de la utilización del dominio público, así como el modo en el que el proyecto incide sobre las competencias urbanísticas municipales en lo relativo a la seguridad de las instalaciones.
Fuente: Europa Press
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El Pleno del Parlamento de Andalucía decide este miércoles sobre la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma local
El Parlamento andaluz celebrará este miércoles un pleno específico para decidir sobre la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, conocida como la reforma local.
Este pleno se ha convocado a instancias de PSOE-A e IULV-CA, socios en la Junta, que han presentado una propuesta para que la Cámara autonómica presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la citada norma y que se sumaría al que el Gobierno autonómico ha decidido interponer.
Este Pleno específico se desarrollará a las 13,00 horas de este miércoles, cuando también está convocado, a partir de las 16,30 horas, un pleno ordinario.
En cuanto al Pleno ordinario, que se prolongará hasta el jueves, se iniciará con las comparecencias del Consejo de Gobierno. Así, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, informará sobre los objetivos y líneas estratégicas del IV Plan andaluz de Salud. También tiene una comparecencia, a petición de IULV-CA sobre la calidad de los servicios sanitarios en Andalucía.
Asimismo, hay previstas sendas comparecencias del Consejo de Gobierno relativas a medidas para impulsar el sector de la construcción, a petición del PP-A, y acerca de la repercusión de los efectos de la subida de la electricidad llevada a cabo por el Gobierno central en la industria, la agricultura y en las familias andaluzas, a petición del PSOE-A.
En la sesión de control al Ejecutivo del jueves, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, responderá a una pregunta del portavoz del grupo popular, Carlos Rojas, sobre balance del Estatuto de Autonomía; a otra del portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, relativa a acuerdos suscritos por la presidenta, y otra del portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, sobre estado y desarrollo de los derechos sociales, deberes y políticas públicas del Estatuto.
En cuanto a las proposiciones no de ley que serán objeto de debate, se encuentran dos del PP-A relativas a medidas para luchar contra el desempleo femenino y favorecer la permanencia en el empleo y la conciliación de la vida laboral y familiar y a reanudación de las obras del eje ferroviario transversal de Andalucía, en el tramo Sevilla-Antequera, y otras dos del PSOE-A, referidas a apoyo a una nueva PAC justa para Andalucía y a medidas para la reactivación económica y el empleo.
El pleno también incluye el debate de una moción del PP-A en materia de control previo y financiero de la Junta y de la totalidad de sus entidades instrumentales, así como una interpelación de este grupo al Consejo de Gobierno sobre formación profesional.
Fuente: Europa Press
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Andalucía recurre la reforma local ante el Tribunal Constitucional y pide al Gobierno una moratoria
El Gobierno andaluz ha decidido en su reunión de este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013, al tiempo que ha demandado al Ejecutivo nacional una reunión para plantearle una moratoria o paralización de la norma mientras que el Alto Tribunal se pronuncia al respecto.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha informado sobre esta decisión y ha explicado que el Gobierno andaluz pretende con este recurso "plantar cara" a una norma con la que el Ejecutivo nacional busca "más tutelaje, menos democracia y menos participación, e intentar anular las competencias exclusivas sobre régimen local recogidas en el Estatuto de Autonomía".
Asimismo, el vicepresidente de la Junta ha cifrado en 600 millones de euros (330 corresponden a educación, 162 a políticas sociales y 16 al transporte público) el impacto que la citada norma provocaría en las arcas de la administración andaluza, que tendría que asumir competencias de ayuntamientos sin recibir la financiación correspondiente, produciendo un "desajuste financiero preocupante".
El vicepresidente ha confiado en que el Gobierno central, por "lealtad institucional" acepte la moratoria o paralización de la norma mientras que el Tribunal Constitucional dirime sobre "la prevalencia" del Estatuto de Autonomía sobre la reforma local. Ha indicado que esa lealtad institucional no se ha producido hasta ahora, por cuanto el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha planteado la ley sin diálogo y como una "imposición".
El Gobierno andaluz ha decidido recurrir la citada ley porque supone "un ataque frontal no sólo a las competencias de la comunidad autónoma en la materia sino, sobre todo, a la propia capacidad de autogobierno de las entidades locales, que en Andalucía reforzó el Estatuto de Autonomía de 2007 y su posterior desarrollo legislativo", según Valderas, para quien claramente se desvirtúa el carácter democrático de los ayuntamientos para convertirlos, sobre todo en las pequeñas poblaciones, en simples instancias administrativas.
Ha puesto el acento en que los municipios andaluces verán afectada su autonomía por la reforma, ya que implica una recentralización y control por parte del Gobierno central, especialmente en los 691 de menos de 20.000 habitantes (el 89,5 por ciento del total). Según la Junta, estas pequeñas y medianas localidades, con una población que en su conjunto supera los tres millones de personas, podrían perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales, de acuerdo con lo previsto por la norma estatal.
Asimismo, ha alertado de que los 509 municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes (66 por ciento del total) quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral.
Este será el primer recurso ante el Tribunal Constitucional que presente un Gobierno autonómico contra la ley, mientras que el Parlamento andaluz debatirá este miércoles, en un pleno específico, sobre la presentación de otro recurso.
Concretamente, la Junta recurrirá, del artículo 1 de la ley, 18 de las 38 modificaciones a la Ley de Bases de Régimen Local y, del artículo 2, una de las cinco modificaciones de la Ley de Hacienda Locales, así como cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final que, en líneas generales, "alteran el marco competencial vigente desde hace más de treinta años, así como el principio descentralizador recogido en la Constitución Española".
Asimismo, pone de manifiesto que la reforma local "amenaza directamente" al desarrollo de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde 2010.
Para la Junta, la reforma local deja a la mayor parte de los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en las elecciones. Considera que la ley supone una alteración del autogobierno administrativo y financiero que reconoce la Carta Europea de Autonomía Local.
"AHORRO FICTICIO" Y "FALSO"
Frente al argumento del Gobierno de ahorrar unos 8.024 millones de euros por la reordenación de competencias municipales, algo que el vicepresidente ha considerado "falso" y un "ahorro ficticio", la Junta señala que la reforma pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia.
Los ámbitos de gestión más amenazados, que pasarían a las comunidades, son los relativos a educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo o consumo, según la Junta, que ha alertado de que ello supondrá una sobrecarga financiera para las administraciones autonómicas, que deberán asumir el coste de los servicios que se sustraen a las competencias municipales. Para Valderas, el Gobierno central usa la reforma local "contra la financiación autonómica, aún por resolver".
Otra de las "amenazas" a la autonomía local viene, según el Gobierno andaluz, de la posibilidad de que el Estado promueva la fusión de municipios con la justificación de mejorar la capacidad de gestión, una vía con la que "se desactiva igualmente cualquier decisión democrática de segregación, ya que la norma estatal lo prohíbe por un periodo de diez años desde la fusión".
Añade que la ley estatal también impide la creación de nuevas Entidades Locales Autónomas con personalidad jurídica, mientras que a las ya existentes (47 en Andalucía) se "les impone un mecanismo de supresión vinculado a su estabilidad presupuestaria o a la del ayuntamiento matriz".
Finalmente, el Gobierno andaluz señala que la reforma local supone "una doble vara de medir", ya que comunidades como el País Vasco o Navarra tendrán la posibilidad de no aplicarla, bien en su totalidad o parcialmente.
Fuente: Europa Press
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martes, 25 de febrero de 2014
El Supremo planteará cuestión de inconstitucionalidad sobre recortes salarial a los funcionarios
El Pleno de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo planteará una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el Real Decreto de 2012 que suprimió la paga extraordinaria a los funcionarios. El Tribunal Constitucional acumula varias cuestiones sobre el mismo asunto, que ya han sido admitidas a trámite.
La decisión del alto tribunal ha sido adoptada con el apoyo de 17 de los magistrados que componían el Pleno este lunes, mientras que otros 14 han votado en contra, según fuentes de este órgano. Se trata de un recurso planteado por un funcionario del propio Tribunal Constitucional contra la decisión de este órgano de rechazar el recurso de alzada que el trabajador interpuso tras sufrir el recorte.
El Supremo ha rechazado la pretensión del funcionario, si bien estima la petición que este realizó con carácter subsidiario y presentará una cuestión preguntando al Tribunal de Garantías si es o no constitucional haber recortado al trabajador la paga también respecto a la primera quincena del mes de julio, toda vez que la reforma que eliminó el salario extra entró en vigor el 15 de julio de 2012.
Se da la circunstancia de que el Tribunal Constitucional ha admitido ya a tramite varias cuestiones planteadas en el mismo sentido tanto por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional como por otros juzgados, como es el caso del número 5 de lo Social de Santa Cruz de Tenerife.
Lo que suscita dudas de constitucionalidad es el hecho de que la paga extra se suspendiera para los funcionarios en julio de 2012 cuando ya se habían devengado 15 días de ese salario, ya que siguiendo doctrina del propio Tribunal Supremo esta paga se refiere a todo el año.
Fuente: Europa Press
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De la Serna analiza con Arenas y Montoro la aplicación de la reforma local
El alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha participado este lunes en una reunión, celebrada en la sede del PP en Madrid, para analizar la aplicación de la reforma local en los municipios españoles, en la que han intervenido también el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas; y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El encuentro ha sido convocado por la Vicesecretaría de Política Autonómica y Local del PP con el fin de escuchar a los alcaldes tras la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y ayudar a su aplicación, según ha informado el PP en un comunicado.
Han asistido, además, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta; el secretario ejecutivo de Política Autonómica del PP, Juan José Matarí; el secretario ejecutivo de Política Local, Manuel Cobo; y el secretario de Administraciones Territoriales, Antonio Sanz, así como varios cargos locales del partido.
De la Serna ha valorado la apuesta del Gobierno de Mariano Rajoy por dar cumplimiento a una de las principales reivindicaciones que han venido manteniendo los municipios españoles, como era la de afrontar una reforma local que, en su redacción final, ha incluido numerosas de las demandas planteadas por las administraciones locales.
"Las entidades locales hemos sido escuchadas durante todo el proceso y nuestra opinión se ha tenido en cuenta tanto por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como por los grupos parlamentarios del Partido Popular en el Congreso y el Senado, que han hecho suyas algunas de las alegaciones presentadas por los ayuntamientos", ha señalado.
Por su parte, Arenas ha asegurado que "los ayuntamientos están ayudando a sacar a España de la crisis" y ha puesto en valor el impulso que desde su ámbito han supuesto para la recuperación económica de nuestro país.
"La mayoría de los alcaldes han conseguido cumplir con los criterios de estabilidad, reducir el déficit de sus cuentas públicas y alcanzar incluso el superávit, siendo ahora mismo la única Administración que, en su conjunto, ha abandonado los números rojos", ha añadido Arenas.
Para el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, la gran reforma de la Administración es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que supone "que no se gasta más de lo que se ingresa". Así, 5.800 Ayuntamientos - de un total 8.100 - cerraron sus cuentas en 2012 en superávit.
Javier Arenas ha señalado que la reforma local es una ley ambiciosa e innovadora y se ha aprobado con la participación de todos los sectores involucrados. "Se trata de una Ley necesaria para garantizar y asegurar el correcto funcionamiento de la Administración Local. Igualmente, garantiza a los ciudadanos la percepción de unos servicios públicos sostenibles y de calidad con independencia de su residencia", ha afirmado.
Tras destacar que el Gobierno de Mariano Rajoy es "el más municipalista de la historia de la democracia" de nuestro país, el dirigente 'popular' ha subrayado que esta ley establece una "comunicación bilateral" entre el Gobierno de España y los municipios.
Fuente: Europa Press
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Botella pide a Soria mejoras para el tratamiento de residuos, "en peligro" tras la reforma
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha reclamado en una carta remitida al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dos mejoras para el régimen retributivo de la actividad pública de tratamiento de residuos, cuya sostenibilidad económica se ve "en peligro" como consecuencia de la reforma energética y de las medidas fiscales aplicadas desde 2012.
En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Botella propone dos medidas que, a su juicio, contribuirán a "paliar" el problema de las instalaciones, caracterizado no solo por la dificultad para garantizar la sostenibilidad económica, sino también por los efectos negativos sobre el medio ambiente.
La primera iniciativa consiste en una exención de todas las medidas regulatorias, tanto fiscales como retributribas, aprobadas desde 2012 para los servicios públicos de gestión y tratamiento de residuos y de lodos de depuración gestionados por las ciudades y las comunidades autónomas.
La segunda propuesta de Botella pasa por que las instalaciones asociadas a la prestación de estos servicios públicos en operación antes de 2008 no se queden sin las retribuciones a la inversión y a la operación. La retirada de estos incentivos aparece en los borradores tanto del real decreto del régimen especial como de la orden ministerial sobre parámetros retributivos de estas instalaciones.
En la carta, la alcadesa de Madrid comparte "plenamente" la necesidad de dar un marco estable al sector eléctrico y de acometer reformas que garanticen su sostenibilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, llama la atención acto seguido sobre la actividad de tratamiento de residuos, crucial en ciudades como Madrid.
Estos servicios se sostienen económicamente en parte gracias a los incentivos al régimen especial. Por ese motivo, las medidas fiscales y regulatorias impulsadas desde 2012 están provocando "un gran perjuicio económico a todas las administraciones que, como Madrid, cuentan con tratamiento de residuos y lodos con producción de energía eléctrica", advierte.
De hecho, desde esa fecha las plantas se han encontrado con nuevos impuestos y peajes, la supresión de exenciones fiscales del impuesto de hidrocarburos, la supresión de primas y otras retribuciones, y la limitación de valores de venta de energía según la eficacia de la producción en función de la demanda. A todas las medidas se suma el nuevo recorte al régimen especial.
CUMPLIR LOS PLANES DE AJUSTE.
Botella advierte de que la nueva situación hace "más difícil" el cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de Madrid y del resto de ciudades españolas. Además, califica de "especialmente preocupante" el perjuicio medioambiental que se podría producir si los ayuntamientos renuncian a algunas de estas actividades.
Las plantas de tratamiento de residuos generaron en 2012 el 4,1% de la producción del régimen especial, donde se incluyen las renovables. La prima de las plantas sumó ese año 195 millones, frente a los 8.639 millones de todo el régimen especial, esto es, el 2,26% del total.
A la vista de estas cifras, la alcaldesa asegura que "la repercusión económica de estas dos propuestas no incidiría significativamente en el importe total de las retribuciones, pero sí contribuiría a solucionar los desajustes económicos que el nuevo marco regulador está provocando en el conjunto de la administración local y autonómica".
Las propuestas impedirán además a su juicio que se incremente sustancialmente el déficit de las administraciones locales y autonómicas o que se encarezcan las tasas públicas asociadas a la prestación de estos servicios.
35 MILLONES ANUALES DE COSTE.
Botella también defiende ante Soria las políticas de tratamiento de residuos en Madrid. "No han sido precisamente testimoniales, sino que constituyen las actuaciones medioambientales más avanzadas de España", señala, antes de calificar el parque tecnológico de Valdemingómez de "referente nacional e internacional".
El Ayuntamiento de Madrid gestiona dos plantas de biometanización de residuos, una planta de producción de biometano, una incineradora, una instalación de producción de energía eléctrica a partir del biogás de vertedero y dos plantas de secado térmico de lodos con importantes beneficios medioambientales.
Solo en la última década, recuerda Botella, se han destinado 300 millones de euros a la inversión en estas instalaciones. Su explotación requiere un gasto corriente anual de 35 millones de euros.
Fuente: Europa Press
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lunes, 24 de febrero de 2014
Arkaute formará 80 agentes para cubrir las necesidades temporales de la Policía Local
La Academia de Arkaute del Gobierno Vasco seleccionará y formará este año a 80 agentes del orden para crear una bolsa de trabajo de interinos que cubrirán las necesidades temporales de personal que tienen las policías locales. Una docena de ayuntamientos se han comprometido ya a utilizar este recurso y otros ocho han manifestado su interés.
Algunas localidades vascas necesitan en determinados momentos del año aumentar su plantilla de policía local debido a la afluencia de turistas en verano, celebración de fiestas y organización de eventos varios. Sin embargo, estos municipios se encuentran en ocasiones con serias dificultades para disponer de forma rápida de personas debidamente preparadas para ejercer esta función. Para dar respuesta a esta situación el Gobierno vasco va a poner a disposición de los ayuntamientos interesados una bolsa de trabajo integrada por personas debidamente seleccionadas y formadas. La Academia de Policía y Emergencias de Arkaute se encargará de esta labor de selección y formación, y acaba de aprobar la primera convocatoria pública.
El Boletín Oficial del País Vasco publicará mañana martes las bases de esta convocatoria que da de plazo a los interesados para inscribirse hasta el 13 de marzo. La inscripción se realizará a través de la página web de la Academia de Arkaute y toda la información sobre el proceso está disponible en el teléfono gratuito 900840088.
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¿Qué es una inversión financieramente sostenible?
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CÓMO GOBERNAR (MEJOR) LAS INSTITUCIONES
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A la memoria de mi padre, recientemente fallecido, que en su vida personal y profesional se guió siempre con prudencia y exquisita probidad.
“Lo mismo que una ciudad entera suele corromperse con las pasiones y los vicios de sus jefes, también suele enmendarse y corregirse por su moderación”
(Marco Tulio Cicerón, “Las Leyes”, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 2009, p. 132)
Esta es una entrada meramente informativa. Tras algunas semanas de silencio, se pretende únicamente dar cuenta de dos cuestiones. La primera un interesante libro que aborda el tema de cómo gobernar un país. Y la segunda dar noticia de la segunda edición de un postgrado dirigido a formar políticos y directivos públicos en el arte de gobernar con eficiencia, ética y calidad nuestras instituciones.
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El PSOE de Andalucía tilda a Rajoy de ser el "autor fundamental" de la reforma local que pretende "recortar en Democracia"
El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha señalado que "Rajoy es el autor fundamental de la reforma de la Administración Local que pretende desmontar las corporaciones locales, recortar en Democracia y en servicios públicos" y, por ello, "desde el Partido Socialista vamos a intentar pararla".
En este sentido, el dirigente socialista, según informa el PSOE en una nota, ha señalado que el próximo miércoles el Parlamento de Andalucía aprobará un recurso de inconstitucionalidad, en un pleno extraordinario, para intentar parar esta ley que ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular, que "tiene una incidencia muy negativa en la calidad de vida de los ciudadanos, y que va a poner en subasta los servicios públicos que prestan los ayuntamientos".
Según Jiménez, "el PP ha empezado a desmontar el edificio de la Democracia, desde los ayuntamientos". Ante ello, el dirigente socialista se ha mostrado confiado en que este hecho se resuelva cuando los ciudadanos vayan a las urnas a votar, "porque un Gobierno socialista en España devolverá, siendo respetuoso con la Constitución, el poder y la soberanía que le corresponden a los ayuntamientos".
Durante un acto celebrado esta tarde en Cartaya, Mario Jiménez ha señalado que los alcaldes y portavoces socialistas van a sumar esfuerzos en los ayuntamientos para apoyar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de reforma de la Administración Local que aprobada por el Gobierno central con la oposición de todos los grupos políticos.
Para ello, los ayuntamientos de Andalucía han presentado una moción de adhesión al recurso que se elevará ante el Tribunal Constitucional para que se paralice y anule esta Ley.
Fuente: Europa Press
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Alcorcón sigue adelante con revisión de 620 plazas tras oferta de CCOO y UGT
El concejal de Gestión, Función Pública y Régimen Interior de Alcorcón, Eduardo Serrano, ha dicho hoy a Efe, tras la sexta reunión de la mesa de negociación para definir la plantilla municipal de 2014, que el proceso en curso para revisar las 620 plazas de funcionarios es "irreversible".
Los sindicatos CCOO y UGT plantearon en la tercera reunión de este organismo, según un acta del 28 de enero al que ha tenido acceso Efe, que el Consistorio retirase el oficio de revisión -que ya se le ha comunicado a los 620 empleados para formular alegaciones- que se hizo en 2011 a cambio de "una reducción" de salarios.
"El oficio de revisión", ha asegurado el edil, "es para perseguir la legalidad y, como gobierno, tenemos que actuar, porque podríamos caer en una definición de prevaricación si no lo hacemos".
Sobre la reunión de hoy celebrada con estos dos sindicatos y Solidaridad Obrera -en calidad de invitado-, Serrano ha manifestado que "ha dado una contestación" a una propuesta anterior que ha definido como "absolutamente política".
"Me atrevería a decir que está 'dirigida' desde fuera de las organizaciones sindicales", ha apostillado refiriéndose a los partidos de la oposición.
A este respecto, el concejal ha explicado que les ha pedido que "planteen una propuesta seria" y "no materias exclusivamente políticas", que, según él, "para eso hay que presentarse a unas elecciones y además ganarlas".
CCOO y UGT propusieron en la anterior reunión -el pasado lunes 17 de febrero- "la supresión de 36 puestos de confianza" y que "se presupuesten a cero" los cargos de "alcalde, teniente de alcalde y concejales con delegación".
También plantearon como alternativa, porque "todas las personas tienen derecho a comer", que estos cargos "se rebajen las retribuciones hasta el salario mínimo interprofesional vigente (645,30 euros) retribución más que ajustada y generosa teniendo en cuenta su capacidad de gestión y eficacia".
"Han procedido a una burla de sus representados y de los vecinos de este pueblo", ha comentado Serrano, mientras que desde estas fuerzas sindicales han considerado que la mesa de negociación es "un mero trámite" porque se ha cesado a "19 interinos" y "está ya previsto el despido inminente de otros 40 más".
"Es complicado decir bajas porque no todas las plazas que se 'han tocado' se amortizan; hay diferentes movimientos por la reasignación de efectivos y la racionalización de la Administración", ha añadido Serrano.
Fuente: La Vanguardia
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Aprobadas medidas para reparar los daños del temporal en la fachada atlántica y costa cantábrica
El Presidente de la FEMP agradece a la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría el interés demostrado por los damnificados por las tormentas y ha enfatizado que su contribución ha resultado esencial para que estas ayudas vieran la luz cuanto antes.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes que permitirá a los más de 100 municipios de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco afectados por las tormentas de viento y mar que tuvieron lugar en los primeros meses de 2014 hacer frente a la reparación de los daños. A fecha de hoy, de acuerdo con las estimaciones aportadas por distintas Administraciones se pueden cifrar los daños totales por encima de los 150 millones de euros: 20 millones de euros en bienes de particulares y 130 millones de euros en bienes públicos, destacando playas, puertos e infraestructuras ferroviarias. Dada la naturaleza de los daños y atendiendo al importante número de establecimientos mercantiles que en playas y zonas costeras han resultado dañados, el Real Decreto Ley aprobado, además de las medidas de ayuda más comunes ante este tipo de sucesos catastróficos, contiene disposiciones específicas para ayudar en particular a empresas de pequeño tamaño que hayan visto afectados sus establecimientos turísticos y de otra naturaleza, ampliando las ayudas ya existentes. Además, para que los municipios costeros concernidos puedan reparar los daños antes del comienzo de la temporada turística, se incluye una convocatoria especial de préstamos bonificados a través del Fondo Financiero para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), con el fin de financiar las obras de reparación de las infraestructuras turísticas municipales y establecimientos turísticos privados que hayan quedado afectados. La normativa incluye, entre otras cuestiones, ayudas a las Corporaciones Locales por los gastos causados para hacer frente a estas situaciones de emergencia, como, por ejemplo retirada de arenas o limpieza de vías y paseos marítimos. En relación con las infraestructuras locales, se prevé la posibilidad de financiar hasta el 50% del coste de la reparación de los servicios afectados y se tramitarán por el procedimiento de emergencia las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, de las mancomunidades y de la red viaria de las Diputaciones Provinciales. El Presidente de la FEMP ha destacado la preocupación demostrada en todo momento por la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante la situación generada por las tormentas y ha enfatizado que su contribución e implicación han resultado esenciales para que estas ayudas vieran la luz lo antes posible.
Fuente: FEMP
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CATALUÑA: Ley de horarios comerciales
LEY 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción (DOGC 24/2/2014)
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domingo, 23 de febrero de 2014
Experto Universitario “GOBIERNO Y DIRECCIÓN EJECUTIVA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS” MU
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