Las diputaciones catalanas han pedido este jueves un mayor blindaje a la futura ley de Gobiernos locales de Catalunya ante a la reforma local estatal de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Rsal).
"Se debería redefinir el proyecto para dar respuesta a la reforma local", ha destacado el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, que ha advertido de que la ley catalana es, en sus palabras, la única esperanza de muro de contención contra la normal estatal.
Además, ha considerado que el proyecto catalán no define suficientemente el papel de las diputaciones, mientras que el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha reiterado que la ley local catalana debe blindar las administraciones locales frente la Rsal y actuar como "un escudo".
El presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet, ha apostado por que la nueva ley apoye y refuerce el papel de la administración local, y ha destacado que debería "ir en esta dirección y cortar el paso a las normas que no lo hacen".
El presidente de la Diputación de Girona, Joan Giraut, ha resaltado la importancia de las diputaciones: "Con este nombre o con el de vegueries, necesitamos una herramienta de vertebración de los municipios", y ha destacado también el papel de los consejos comarcales, advirtiendo de que sería un error prescindir de ellos.
Han destacado que la reforma local estatal es recentralizadora y representa, según palabras de Reñé, un golpe de Estado a la autonomía local, mientras que Esteve ha destacado que es "diametralmente opuesta a las diputaciones catalanas".
"Si se llega a poner en práctica totalmente, trastoca el municipalismo y se trastorna lo que significan los alcaldes y los Ayuntamientos", ha criticado Esteve, pero ha confiado en que no se aplicará en su totalidad porque es, en sus palabras, una chapuza.
Poblet ha resaltado que la reforma utiliza la situación económica como argumento para controlar a los ayuntamientos desde el Estado, mientras que Giraut ha reconocido que la administración local tiene "mucho camino por recorrer, pero no a base de que el Gobierno central le usurpe competencias".
FINANCIACIÓN
Reñé ha resaltado que la ley local catalana debería acompañarse de una reforma de su financiación porque, si se mantienen o incrementan sus competencias pero no aumenta su financiación, difícilmente podrán cubrir los servicios: "Necesitamos más recursos para dar mejores servicios".
Han resaltado en un desayuno informativo organizado por Alcaldes.eu que las administraciones locales deben potenciar herramientas de transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos y aprovechar la proximidad con la que operan para ganar credibilidad.
Preguntados por los retos de futuro de las diputaciones, han priorizado tanto combatir la crisis económica y el paro como el proceso soberanista, sobre el que Esteve ha puntualizado que se deberá construir una estructura de Estado y perfilar el sistema de recaudación de impuestos.
En este sentido, Giraut ha apostado por que "las diputaciones puedan convertirse en la agencia tributaria de Catalunya", después de que los cuatro órganos supramunicipales ya pusieran en marcha en febrero con la Generalitat una red de oficinas de recaudación de impuestos locales y autonómicos bajo el nombre de Tributs de Catalunya.
Fuente: Europa Press
La Diputación de Gipuzkoa presentó ayer ante 125 representantes políticos y técnicos de los ayuntamientos del territorio las líneas principales de un anteproyecto de norma foral con el que pretende «hacer frente» a la ley de racionalización de la administración local. La Diputación explicó que la norma que prepara pretende desarrollar la especificidad foral y aprovechar las excepciones relativas a la singularidad foral que contiene la propia ley.
La ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Foral significa, según la Diputación, «una merma importante para la autonomía municipal, puesto que refuerza la intervención exterior». Por el contrario, el anteproyecto elaborado por la Diputación «quiere ser respetuoso con la autonomía municipal» y garantizar el mismo nivel de autonomía que tenían hasta ahora los municipios de Gipuzkoa, más allá de la ley de racionalización.
Fuente: Diario Vasco
El PSOE duda de que se produzca ese ahorro y tacha la norma de "ley saco" que "genera más problemas de los que resuelve".
El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado que con las 65 medidas aprobadas en enero y la futura Ley de Reforma de la Administración se llegará a un ahorro de 280 millones de euros, por lo que ha confiado en que finalmente se pueda cerrar un acuerdo en torno a esta normativa.
De Santiago-Juárez ha defendido estas cifras en su intervención ante la Cámara para debatir la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE a este Proyecto de Ley, una petición de devolución que finalmente ha sido rechazada con el voto en contra del PP.
El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, ha defendido la enmienda socialista y ha puesto en duda las cifras planteadas por el consejero de la Presidencia, al tiempo que ha tachado la norma de "ley saco" porque modifica otras 44 leyes y ha considerado que "genera más problemas de los que resuelve".
"Se trata de un Proyecto de Ley en contra de los intereses públicos, en contra d ellos empleados públicos, en contra de la transparencia y en contra del fortalecimiento de los servicios públicos", ha lamentado el procurador socialista.
En su argumentación, Martín ha asegurado que la Junta ha reducido sus plantillas en 3.000 empleados públicos, una situación a la que hay que sumar las "irregularidades y corruptelas" que "empañan" la gestión de las empresas públicas y fundaciones de la Junta y la externalización de funciones que "encarecen y duplican" el coste de servicios.
De este modo ha lamentado que esta norma no aborde "ninguno de estos problemas" y, sin embargo "somete a la administración a un proceso de delimitación de servicios para evitar ataques".
Asimismo, ha insistido en que la austeridad que, como ha defendido el consejero de la Presidencia, se ha practicado por parte de la Junta "no está probada" y se "desconoce" su repercusión económica, tras lo que ha considerado que la norma "abre la puerta" a la privatización de servicios.
Finalmente, Martín ha asegurado desconocer por qué la norma se tramita con "urgencia", ya que, a su juicio, "no es oportuno un cambio de modelo".
Tras esta intervención, el procurador del PP Salvador Cruz ha defendido la norma por ser "importante para el conjunto de los ciudadanos", tras lo que ha insistido en que la administración de la Comunidad es "austera". "Esta norma pone de manifiesto el afán reformista del Gobierno", ha señalado.
"No hemos sido conformistas y hemos continuado un proceso reformista", ha manifestado Cruz, quien ha insistido en que el voto del PP en contra de la enmienda socialista se basa en que la norma logrará una administración "más eficiente" y "optimizará recursos".
Por último, el procurador del Grupo Mixto José María González ha apoyado la enmienda socialista porque el proyecto de ley "disminuye la seguridad jurídica" y limita la participación de los empleados públicos en la negociación. "Es una degeneración democrática".
LA LEY
El Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León modifica un total de 44 normas para la ejecución y desarrolla las 65 medidas fijadas por el Ejecutivo el pasado mes de enero para reordenar la Administración.
Según ha detallado el portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, este proyecto de ley se estructura en tres bloques que afectan a los recursos humanos y a la simplificación y organización de una administración "más eficaz, más ágil, más modernizada y mejor adaptada a las necesidades del siglo XXI".
Las medidas referentes a recursos humanos buscan regular y mejorar las posibilidades de hacer frente a las necesidades temporales de personal, simplificar las funciones del Consejo de Función Pública y simplificar la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo -RPT- y plantillas que se realizará por acuerdo de la Junta y no por decreto, como hasta la fecha.
El Proyecto de Ley consta de 42 artículos, estructurados en cuatro títulos: uno preliminar y tres dedicados respectivamente a las medidas sobre recursos humanos, simplificación y organización; este último se desglosa en cuatro capítulos: organización de la Administración de la Comunidad, órganos de Cooperación Local, coordinación interdepartamental y órganos de asesoramiento y participación. Por último, se añaden tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales.
Fuente: Europa Press
La Junta defiende que dichas áreas "no suponen nuevas administraciones", sino "sólo delimitar el terreno de juego sin señalar quién va a jugar"
La presidenta de la Comisión del Pacto Territorial de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP), Rosa Valdeón, ha elogiado la "mayor corresponsabilidad" que las nuevas áreas funcionales estables suponen para los municipios de la Comunidad a pesar de que ha admitido la aparición de "algunas dudas" en el desarrollo de este mapa, algo que ha considerado "normal" en la puesta en marcha de cualquier modelo nuevo.
En declaraciones previas a la reunión de la Comisión, celebrada este miércoles en la sede de la Federación, Valdeón ha subrayado el "mensaje de esperanza" que para las entidades locales supone el nuevo modelo, ya que la posibilidad de compartir servicios que establece estas áreas "mejora la lucha contra la despoblación". "Si los ciudadanos no tienen servicios en el lugar en el que viven, se van", ha sentenciado la también alcaldesa de Zamora.
Fuente: Europa Press
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha señalado que el último trienio, desde 2011 a 2014, se ha establecido como el de la "solidaridad financiera", poniendo en valor las medidas desarrolladas desde la institución provincial como consecuencia de la "política de contención de los últimos años que ha generado un superávit que se ha destinado a los ayuntamientos y no a el banco".
Así, ha resaltado las medidas "a coste cero" desarrolladas o en previsión por la Diputación en el citado trienio, con un total de inversión de 124 millones y produciendo un ahorro en lo municipios de 15,4 millones, entre las que se encuentran 95 millones en ejecución y previstos, con ahorros superiores a los diez millones.
En rueda de prensa, Villalobos ha explicado que el principal objetivo de la Diputación es que "no se produzca ninguna ruptura en el territorio de su competencia, aunque en los últimos años la diferencia entre la Sierra Norte y la Sierra Sur era un desequilibrio abismal".
Entre las ya ejecutadas, menciona la inversión de casi 29 millones de euros, con una ayuda media de 703.454 euros por ayuntamiento, con un ahorro medio por municipio de 122.494 euros a los ayuntamientos y total de 5,2 millones. Señala que los beneficiados son 41 localidades con 101 solicitudes, donde los cinco que más se han beneficiado son Los Palacios y Villafranca, La Algaba, Lebrija, Marchena y Huévar del Aljarafe.
Así, entre estas medidas realizadas apunta a los cinco repartos de Fondos Extraordinarios de Anticipo Reintegrables (FEAR). Concretamente, en 2011 se han adjudicado diez millones de euros a 34 ayuntamientos; en 2012, 4,65 millones a 21 municipios y otros cinco millones a 16 localidades; en 2013, 1,32 millones a cinco ayuntamientos y en la segunda convocatoria, siete millones de euros. Por último, en 2014 en la primera convocatoria se ha destinado un millón de euros. Así, el ahorro de los ayuntamientos es de 5,22 millones de euros.
Por otro lado, de las medidas que se encuentran en marcha, la Diputación transfiere 50 millones al Organismo provincial de asistencia económica (Opaef) para realizar los adelantos con cargo a los impuestos a recaudar por los ayuntamientos, según ha explicado Villalobos, que añade que así no se tienen que solicitar dichas cuantías a las entidades financieras.
Asimismo, entre las medidas a coste cero señala que están pendientes nueve millones de los 11,75 millones para el FEAR, mientras que también están previstos aproximadamente 12,75 millones para el desarrollo de otro FEAR, "con un ahorro de 1,99 millones de euros".
Otro bloque de estas medidas, está formado por 36 millones de euros que ofrece a los ayuntamientos tres posibilidades: inversiones, refinanciar deudas o si necesitan operaciones de tesorería. De este modo, se ha iniciado el proceso para que los ayuntamientos puedan solicitar alguna de estas tres posibilidades. Además, Hacienda ya ha revisado el proceso de 57 ayuntamientos que han presentado solicitud. "La ley es la que decide si los ayuntamientos están en posibilidad de solicitar o no", aclara.
La directora del área de Hacienda de la Diputación, Inmaculada Muñoz, ha aclarado que "la Diputación no exige nada adicional a los ayuntamientos, es decir, si el ayuntamiento cuenta con todo lo que la ley le exige aprobado, entonces puede optar por alguna de las posibilidades de la Diputación sin necesitar nada más".
Villalobos ha añadido que "con el sobrante en el mes de septiembre se va a poner una nueva solicitud con el objetivo de que los ayuntamientos se aprovechen de las medidas a coste cero". Ha insistido en que estas medidas "han permitido a los ayuntamientos y vecinos en momentos difíciles y enmarcados en la agresiva reforma local, ahorrarles un total de 15,37 millones de euros".
Villalobos ha concluido que "se trata de hacer un esfuerzo por parte de la Diputación para paliar las dificultades que atraviesan los ayuntamientos de la provincia".
APUESTA POR LAS INVERSIONES DEL SUPERA
Asimismo, el presidente ha hecho alusión también a los Planes Supera, que se desarrollan de forma diferenciada con el superávit de la institución de 2012 y 2013, ambos suman 64 millones. Así, ha anunciado que "ya está el listado del plan supera primera fase, con 588 obras solicitadas por los ayuntamientos".
Villalobos ha destacado que el Gobierno central "se ha cerrado en banda diciendo que todas las obras de tipología que tengan algo que ver con la sanidad, educación, el deporte y servicios sociales, no entran".
Por otro lado, el Plan Supera que invierte los fondos del superávit de 2013 está destinado a obras y proyectos supramunicipales, como carreteras, sociedad de la información, parques, alumbrados, entre otros.
ANÁLISIS DEL CONTEXTO
En este marco, el presidente supramunicipal ha detallado que el comienzo del trienio, en 2011, con el inicio de la "cima de la crisis", se han tomado unas medidas que iban "en contra de los gobiernos locales" desde la Administración central, mientras que en 2012 se "impuso" la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "una norma que en el ámbito de la administración local ha dado pie a los planes de pagos a proveedores y que ha traído los planes de ajustes". Villalobos lo ha definido como "una fórmula para que los ayuntamientos que estaban obligados a pedir dinero y pagar la deuda con sus proveedores, tenían que llegar a operaciones con los bancos a un coste media del seis por ciento, y había que pagar las deudas".
De este modo, "gracias a ese coste financiero desde 2011 la deuda viva de los ayuntamientos sevillanos se cifraba en 859 millones de euros, hasta el 2013 se ha dado un incremento de 21,4 por ciento debido a esos planes de ajustes y los pagos a los proveedores".
Además, el presidente ha indicado que "a finales de 2013 se ha unido la Reforma Local, ante la cual los municipalistas de todas las fuerzas políticas han estado en desacuerdo, y por lo tanto se está intentando enmendar esa ley que deja inoperante las tesorerías locales y resta competencia a las autonomías municipales".
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Resolución de 10 de julio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca la tercera edición del Curso "Liderazgo Público" (BOE 16/7/2014)
El PSM de la Asamblea de Madrid defenderá durante la sesión plenaria de mañana una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno de Ignacio González que pretende adaptar la legislación autonómica a la Ley de la Administración Local, en la que piden su retirada por “no ser útil para los ciudadanos”.
El diputado socialista José Luis García Sánchez pidió al Gobierno regional que retire este proyecto de ley, porque “lo que no compartimos en absoluto es esa ley de la reforma de la Administración Local del Gobierno de Rajoy”.
Dijo que la nueva Ley de Administración Local supone un “paso atrás de 35 años, al destrozar la vida municipal y la autonomía local garantizada por la Constitución y la Carta Europea de Autonomía Local”.
García Sánchez, que también es alcalde de San Martín de Valdeiglesias, afirmó que esta ley “vacía de competencias a los ayuntamientos, eliminando la mayoría de los servicios públicos que ahora prestan las corporaciones locales, que son los que precisamente tienen la mayor cercanía con el ciudadano”.
“Esta ley significa no solamente un recorte en democracia, sino además un salto atrás de 35 años, ya que lesiona la garantía constitucional de autonomía local, va en contra de los intereses municipales y sobre todo en perjuicio de los ciudadanos, al quitar competencias a los ayuntamientos, sobre todo a los de menos de 20.000 habitantes”, agregó.
Por otro lado, el PSM presentará un voto particular contra el dictamen sobre la posible reforma electoral que pretende el PP y que se debatirá y aprobará en el Pleno de mañana.
El PSM considera que el PP, con su propuesta de reforma electoral, “lo único que pretende es hacerse un traje a medida para tratar de blindar su mayoría absoluta una vez que saben que la han perdido y que no van a gobernar la Comunidad de Madrid a partir de 2015”.
Fuente: lainformacion.com
El diputado regional del PP en la Junta General Matías Rodríguez, ha criticado este viernes el Decreto de aplicación de la Reforma Local aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno. Para el PP "todo sigue igual", y el decreto es "un mal parche" del gobierno socialista que "sigue alargando la agonía de los ayuntamientos asturianos con la complicidad de la Federación Asturiana de Concejos".
Según Rodríguez, este decreto implica que el ejecutivo socialista "sigue negando la aplicación de la ley", impulsada por el Gobierno central, "desobedeciendo y pretendiendo mantener los servicios públicos tal y como los conocemos".
En declaraciones a los medios, el parlamentario 'popular' ha insistido en que el documento aprobado es "irregular e ilegal", ya que contempla la "posibilidad" de financiación para los ayuntamientos por parte del principado para el ejercicio de competencias ajenas, cuando la ley implica que dichas competencias deberán estar financiadas al cien por cien por la administración regional.
Con esta medida, ha subrayado Rodríguez, el Ejecutivo socialista está haciendo "rehenes de su irresponsabilidad" a los ayuntamientos al tiempo que "está obsesionado" por culpar al Gobierno de Rajoy "en lugar de hacer frente a los problemas y asumir su responsabilidad".
Para ello ha llamado al Principado a constituir un foro de encuentro entre las administraciones local y regional "que la Federación Asturiana de Concejos está llamada a liderar", a fin de lograr una gestión "austera, eficiente y transparente" de los ayuntamientos.
Fuente: Europa Press
