El 87% utilizaron presupuestos prorrogados en 2012.
El Tribunal de Cuentas cree que hacen falta reformas legales para que la rendición de cuentas fuera un "requisito indispensable" para que las entidades locales puedan acceder a concesión de ayudas y subvenciones públicas, tras constatar que el 35% no presentan sus cuentas generales en el plazo legalmente establecido.
Así lo recomienda en el 'Informe de fiscalización del sector público local' del ejercicio 2012, que recoge Europa Press, en el que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda analiza las cuentas generales de 13.740 ayuntamientos, entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares, áreas metropolitanas, comarcas y agrupaciones de municipios.
Según el documento, sólo el 65% de las entidades locales rindieron la cuenta de 2012 en el plazo legalmente establecido, un porcentaje superior al del año anterior pero que aún "debe continuar avanzando" hasta cumplir plenamente la norma. Por ello, el Tribunal cree que un buen incentivo sería vincular la rendición de cuentas al acceso a ayudas y subvenciones.
En este punto, se precisa que el menor grado de rendición correspondió a entidades locales de Andalucía (49%), seguido por Castilla-La Mancha (70%). Por contra, en Baleares y Cantabria el porcentaje de cumplimiento fue cercano al 100% y en Aragón, Galicia y La Rioja se superó el 90%.
También ha mejorado el retraso medio en la presentación de las cuentas de las entidades locales, que en 2012 se situó en los 47 días. En este punto, el organismo fiscalizador apunta que las normativas de la Comunidad de Madrid, Valencia, Andalucía y Castilla y León establecen plazos diferentes a la normativa nacional, por lo que el Tribunal recomienda "regular plazos generales más breves" y homogéneos para todo el país.
PRESUPUESTOS PRORROGADOS
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas alerta de que hasta el 87% de las entidades locales prorrogaron sus presupuestos durante al menos parte del ejercicio 2012, con un retraso medio de 87 días en la aprobación de las cuentas, un plazo que se incrementa según disminuye el tamaño de la población. "La utilización de la prórroga presupuestaria de manera continuada durante cada ejercicio evidencia una inadecuada planificación presupuestaria y económica", critica.
Además, los presupuestos se modificaron en un 25% a lo largo del ejercicio, y en concreto los ingresos apenas alcanzaron el 83% de lo previsto, lo que provocó que se tuvieran que aprobar modificaciones de crédito financiadas con recursos no obtenidos efectivamente, lo que "incide negativamente en la solvencia de las entidades locales".
En estas circunstancias, el organismo fiscalizador reclama medidas para evitar prórrogas de presupuestos, previsiones de ingresos "carentes de posibilidades reales de ser realizados", modificaciones de crédito "sin financiación efectiva" y falta de ajuste de la gestión a las "posibilidades financieras reales de la entidad", porque acaba generando déficit y deuda.
SUFICIENCIA FINANCIERA
No obstante, el Tribunal también reconoce que no todos los desequilibrios financieros de las entidades locales son su responsabilidad, sino que sería necesario establecer "medidas estructurales" para garantizar su "suficiencia financiera", de modo que se eviten "desequilibrios permanentes" que resulten en deuda.
Y es que según el informe las entidades locales sólo tuvieron ingresos para cubrir el 73% de sus competencias, un porcentaje que se reduce apenas al 58% en los municipios de menos de mil habitantes, y que en el caso de las comarcas, mancomunidades y áreas metropolitanas apenas supuso el 17%, 32% y 57% de autonomía, respectivamente.
No en balde, estas entidades se financian "fundamentalmente" gracias a las transferencias corrientes del Estado (32%) y a los ingresos tributarios (48%), un tercio de los cuales corresponden al IBI. Así, un 14% adicional de la financiación proviene del endeudamiento, que en 2012 superó el 88% de las previsiones presupuestadas, en gran medida por la aplicación del plan de pago a proveedores.
REESTRUCTURAR EL SECTOR PÚBLICO
En otro orden de cosas, el Tribunal de Cuentas reconoce que el número de entidades locales permaneció entre 2010 y 2012 "sin variaciones significativas", si bien existen mancomunidades, consorcios y entidades inferiores al municipio que no tenían actividad y cuya existencia "no se encuentra justificada".
Lo mismo sucede con algunas de las entidades dependientes del sector público local, aunque en 2012 se eliminaron 59 entidades públicas empresariales y 22 sociedades mercantiles de participación local íntegra. Además, en ese ejercicio existieron al menos 20 empresas públicas locales en disolución y 18 sociedades mercantiles sin actividad, y casi la mitad de todas las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales tuvieron pérdidas.
Por ello, el organismo recomienda reestructurar y, en su caso, incluso disolver las mancomunidades, consorcios, entidades inferiores al municipio, sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales locales que no estén desarrollando actividad ni prestando servicio" y garantizar que la creación, actuación y permanencia de este tipo de entes respondan a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.
Asimismo, sugiere ampliar el contenido de la cuenta general de las entidades locales para que recoja también información de los organismos y sociedades mercantiles con una participación mayoritaria, de las fundaciones, y de las sociedades mercantiles locales en las que la participación de varias entidades locales supere el 50% pero que no estén controladas mayoritariamente por ninguna entidad en concreto, ya que estos organismos "en la actualidad se encuentran en la práctica fuera" de la fiscalización.
PERIODOS MEDIOS DE PAGO
El Tribunal de Cuentas también fija en 92 días de media el periodo medio de pago de las entidades locales durante el año 2012, 52 días superior al plazo legalmente permitido. El periodo medio de cobro, por su parte, fue de 63 días, si bien varía mucho entre los diferentes tipos de entidades locales. En cuanto a los derechos dudosos de cobro, ascendieron a 5.751 millones, el 30% de los créditos pendientes de cobro.
Por otra parte, señala que el gasto total por habitante ejecutado ascendió a 962 euros, aunque en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes se superaron los mil euros por ciudadano. El 61% del gasto se destinó a gastos corrientes y personal, mientras que en la deuda se concentró el 10% del total, lo mismo que en inversiones. De hecho, con un gasto un 7% inferior al del año anterior, la amortización de la deuda fue la única partida que aumentó en 2012 (+34%).
Los servicios que más fondos consiguieron fueron las políticas de bienestar (saneamiento, aguas, basuras, limpieza, alumbrado, etc), con un 42% del total; seguido por la seguridad y la movilidad, con un 23%; y la política de vivienda y urbanismo, con el 21%. Al medio ambiente se destinó el 9% del gasto mientras que a la sanidad, educación, cultura y deporte se fue el 14%, si bien éstas son competencias eminentemente autonómicas. A la protección y promoción social (empleo, pensiones, etc) se fue el 11% del gasto, y otro 8% acabó en actividades económicas, comercio o turismo.
Finalmente, el informe de fiscalización defiende la Plataforma de Rendición de Cuentas, que a su entender "contribuye a mejorar la calidad de las cuentas" y a reducir el número de incidencias, tras el incremento del primer ejercicio de implantación.
Fuente: Europa Press
