jueves, 31 de julio de 2014

Gobierno y comunidades autónomas abordan este jueves la refinanciación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)


El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas abordará este jueves con los responsables de las comunidades autónomas la refinanciación del FLA en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), según figura en el orden del día de este encuentro al que ha tenido acceso Europa Press.


El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros un decreto que regula el procedimiento por el que todas las administraciones deberán hacer público a partir del próximo mes de octubre el plazo medio de pago a sus proveedores y que permitirá al Ministerio de Hacienda asumir esos pagos si están por encima del periodo establecido y después descontárselo a las comunidades y los ayuntamientos de su financiación.


El CPFF analizará una reestructuración de los créditos del FLA que aprobará el Consejo de Ministros de este viernes. Esta modificación permitirá que las autonomías "se beneficien" de la recuperación en la confianza en España y las condiciones en las que está financiándose el Tesoro Público. Montoro ya anunció que el Gobierno aprobará una prórroga para que comunidades y ayuntamientos devuelvan las liquidaciones negativas de anteriores ejercicios.


Por otro lado, el CPFF verá el balance del Plan de Racionalización del sector público, los objetivos de estabilidad presupuestaria (el de déficit y de deuda) de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, además del techo de gasto para 2015.


En la reunión, se verán también los planes económico financieros de las comunidades autónomas que tienen que hacerlos y el plan de medidas para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia, según figura en el orden del día de la reunión.


Fuente: Europa Press







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martes, 29 de julio de 2014

La aplicación de la reforma local renueva las críticas, tanto en la Comunidad de Madrid como en la oposición, a un modelo encaminado a la privatización o desaparición de servicios públicos


La reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular), aprobada en diciembre de 2013, encontró desde el principio detractores hasta en la mismísima calle Génova. En concreto en la primera planta de la sede del partido, donde se concentran los despachos y oficinas del PP de Madrid. El traspaso de competencias municipales a las autonomías sin los correspondientes recursos financieros provocó el recelo de la Comunidad.


El presidente autonómico, Ignacio González, ha expresado en reiteradas ocasiones la dificultad, por no decir imposibilidad, de asumir el trasvase de competencias en asuntos sociales o escuelas infantiles si el Estado no garantiza la forma de pagarlos. “Sin financiación no podemos asumir nuevas funciones”, no puede ser más claro. De mantenerse la situación, sin la “sostenibilidad financiera necesaria”, tanto en el Gobierno regional como en los partidos de la oposición coinciden en que se dejarán de prestar servicios públicos... O se privatizarán.


Entre tanto, la entrada en vigor de la ley, por tramos, ha obligado a las comunidades autónomas a actuar. Al igual que han hecho en la mitad de las 17 autonomías, la Asamblea de Madrid aprobó esta semana, con los votos a favor del PP (72) y el rechazo de PSOE (36), IU (13) y UPyD (8) un Proyecto de Ley para adaptar la normativa autonómica a la estatal. Aunque podía haberlo dejado para finales de diciembre, Madrid lo hizo por el procedimiento de urgencia, condicionada porque el 1 de enero de 2015 la reforma local afectará a las competencias en educación. “El curso escolar empieza en septiembre, y aunque podíamos esperar hemos preferido garantizar una seguridad jurídica a las escuelas infantiles, que se verían afectadas por la legislación”, explican desde el Ejecutivo madrileño.


Otro caso es lo que habría pasado con las mancomunidades, para las que se ha buscado una solución transitoria, de seis meses, a la espera de resolver cómo se financian servicios como el de los residuos. En aras de combatir las duplicidades, es decir que más de una administración dé el mismo servicio o uno parecido, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local responsabiliza, por ejemplo, a la Comunidad de la recogida de residuos en la sierra. Esta, sin cash, se opone.


El caso es que si la Asamblea no hubiera aprobado el martes el Proyecto de Ley en cuestión ya habrían desaparecido diversos servicios públicos. Cumpliéndose, así, las advertencias de oposición, movimientos sociales y distintos barones regionales del PP. “Hemos cubierto algunos agujeros negros de la legislación que implicaban graves riesgos”, reconocen en el Ejecutivo de González. “Es una adaptación confusa de la ley... Este proyecto no va a mejorar en absoluto la financiación de los ayuntamientos, ni tampoco va a garantizar en un futuro las competencias que prestan en la actualidad los municipios”, expresa José Luis García, diputado regional del PSOE y alcalde de San Martín de Valdeiglesias.


En el Gobierno no coinciden con las críticas del parlamentario socialista y señalan que han conseguido que se mantengan en vigor los convenios con los 179 municipios madrileños en educación, sanidad y violencia de género. De esta forma, la adaptación normativa permitirá por ejemplo que sigan existiendo durante varios meses las 52 mancomunidades que si no ya hubieran desaparecido. Veinticuatro corresponden a servicios sociales, mientras que el resto de mancomunidades incluyen los residuos urbanos, los programas de cultura y juventud, la poda y el acondicionamiento de servicios medioambientales así como otros servicios compartidos.


El Proyecto de Ley recién aprobado permitirá que los 308 centros infantiles con convenio en la región empiecen el curso con normalidad el próximo mes de septiembre (en este campo, la Comunidad mantiene 148 convenios con ayuntamientos a los que destina más de 30 millones de euros). También se mantiene los convenios con 51 ayuntamientos en materia de violencia de género, a los que se destinan casi siete millones, así como los convenios de prevención y asistencia de la Agencia Antidroga con 16 ayuntamientos y dos mancomunidades, dotados con un presupuesto autonómico de siete millones anuales.


Otro factor a tener en cuenta es que la eliminación de servicios hubiera supuesto “un golpe muy serio” a la imagen del PP a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, reconocen en el partido.


Al igual que la oposición, fuentes del Gobierno regional y del PP de Madrid, alcaldes incluidos, también muestran su malestar con la normativa, ya que implica un traspaso de competencias de los Ayuntamientos a la Comunidad, a la que el Estado fuerza a asumir unas funciones nuevas pero sin una financiación extra. El Ejecutivo madrileño calcula que los gastos adicionales que tendría que asumir para mantener esos servicios, de acuerdo con el nuevo reparto de competencias, superan los 1.100 millones de euros. Una cifra colosal para un presupuesto —de 17.060 millones este ejercicio— que en los últimos años ha sufrido más de 2.700 millones en recortes. González, presidente autonómico desde septiembre de 2012, se estrenó en el cargo con semejante tijeretazo.


Una medida que el Gobierno regional ha adoptado para cubrirse las espaldas y tratar de mantener los servicios es que las competencias municipales en educación, salud y servicios sociales “continuarán siendo ejercidas” por los ayuntamientos según los convenios de colaboración “hasta que hayan sido asumidas” por parte de la Comunidad “mediante el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica que permita su asunción”.


Es decir, que el Ejecutivo madrileño supedita sus nuevas atribuciones a un cambio en el modelo de financiación (debería haber uno nuevo desde el 1 de enero). Madrid viene reclamando, sin éxito, 1.300 millones al Estado en los dos últimos cursos. A mediados de julio conoció que recibiría 98 millones menos de los que esperaba por la liquidación del curso de 2012, lo que incrementó aún más los roces con La Moncloa, especialmente con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. A diez meses de unas elecciones en las que el PP puede perder el control de la región, que gobierna desde 1995, la reforma local ha reabierto otro frente interno en Génova.


Fuente: El País







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lunes, 28 de julio de 2014

El vicepresidente de la Junta de Andalucía exige al Gobierno que "ponga sobre la mesa" la ley de financiación de corporaciones locales


El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha exigido este viernes al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que "ponga encima de la mesa" la ley de financiación de las corporaciones locales, "comprometida por el Gobierno central".


Para Valderas, es urgente que la norma esté antes de que concluya el año con el fin de atender al "gran problema" de los municipios, así como es necesario que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir un nuevo modelo de financiación autonómica, puesto que "el actual está lesionando los intereses de Andalucía".


El vicepresidente andaluz ha realizado estas declaraciones en el municipio jiennense de Torres antes de clausurar los IX Cursos de Verano de la Universidad de Jaén (UJA), en un acto que ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Diego Montesinos; el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano, y otros representantes institucionales.


En el acto, Valderas ha disertado sobre la situación que vive la administración municipal por la "mal llamada" Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que supone un "ataque directo" y que ha sido "ampliamente contestada", según ha enfatizado.


Valderas ha reflexionado sobre la norma pronunciando la conferencia 'Problemas actuales de las corporaciones locales y análisis de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local', según ha informado la Junta.


El vicepresidente ha agradecido la oportunidad que le ha brindado la Universidad jiennense de abordar una cuestión "tan sensible" porque, según ha explicado, "la ley desordena lo que el ordenamiento local ha ido edificando" sin abordar el que es, a su juicio, el verdadero problema del municipalismo, que es la "escasa financiación y la demanda creciente de atención a los problemas derivados de la desintegración social que sufre el Estado del bienestar en España".


Así, ha advertido de que con esta norma se pretende "jibarizar la representatividad popular", siendo esta, en su opinión, una de las últimas líneas rojas que quedaban por rebasar en el "recorte permanente de democracia, derechos y servicios esenciales".


En su intervención, Valderas ha situado el debate global de la reforma de la administración pública en el proceso de "astillamiento del Estado y eliminación de nuestro modelo de convivencia", y ha situado los orígenes de esta situación en septiembre de 2011, con la modificación de la Constitución y el Pacto de Estabilidad, que dieron paso a un "proceso de desmantelamiento del Estado basado en la precariedad laboral, el ajuste duro sobre las clases medias y bajas y la eliminación de prestaciones y derechos en un contexto generalizado de limitación de las libertades públicas".


"MÁS DESIGUALDAD"


Valderas también ha realizado un breve repaso de los cambios protagonizados por la sociedad en estos últimos tres años, en los que se ha priorizado el pago de la deuda y sus intereses sobre las necesidades básicas de la población. Esto, unido al cumplimiento del déficit y a la exigencia a las comunidades autónomas para que asuman una nueva reducción de transferencias, con la consiguiente "merma" en la prestación de servicios, da lugar a "un modelo que nos hace pobres, con menos derechos y, sobre todo, más desiguales".


Ante este "modelo antisocial", que, en su opinión, se vuelve contra las personas y que ha sido contestado por los ciudadanos a través de procesos movilizadores, aboga por adoptar "decisiones audaces, comprometidas con la gente y consecuentes con un modelo social basado en el bienestar, la solidaridad y el respeto a la dignidad de las personas".


En este orden de cosas, ha reiterado la necesidad de construir un "nuevo modelo productivo, de rostro humano, vinculado a la capacidad de producir y generar riqueza donde se vive y de redistribuir equitativamente frente a la lógica de la acumulación infinita".


En otro momento de su intervención, el vicepresidente ha señalado que "la reforma local es una pieza más dentro del proceso de demolición del Estado, de quiebra de la convivencia y de agravamiento de la desigualdad", y frente a esta propuesta ha abogado por "un modelo alternativo e intensamente participativo", en línea con la acción del Gobierno andaluz que promueve y iniciativas y leyes como las de Memoria Democrática, Participación Ciudadana o la de Transparencia.


Para Valderas, la Ley de Reforma Local responde a propuestas de sectores conservadores que aspiran a un "Estado frágil en el que partidos políticos y organizaciones sindicales o empresariales no sean más que correas de transmisión de los intereses de una élite que en 20 personas acumula más riqueza que el 20 por ciento de la población española".


Una élite que "no acepta que la sociedad exprese su malestar y que, en lugar de reconducir su política y atender a la demanda de la sociedad, cambia las reglas del juego democrático". Así lo demuestra, en su opinión, la reforma de la ley electoral que pretende el Gobierno para "evitar la posible pérdida numerosas ciudades españolas en las próximas elecciones municipales", de forma que para Valderas es en esta lógica donde se inscribe la reforma de la Administración local.


Igualmente, ha criticado la "parálisis" y el cese de determinados servicios municipales que provoca la nueva ley, incidiendo directamente en la ciudadanía, y también la norma "plagada no sólo de contradicciones en su construcción jurídica, sino llena de contrasentidos políticos", como revela el dato de que el 90 por ciento de los ayuntamientos españoles --un total de 7.300-- presentan una situación presupuestaria positiva, y son los que mejor están cumplimiento la reducción del déficit, según información del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, "se les aplica un nuevo recorte de más de 7.000 millones de euros".


De ahí que el Ejecutivo autonómico y el Parlamento hayan recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado negativamente sobre la misma. Según ha explicado Valderas, esta circunstancia, unida al pronunciamiento del Consejo de Estado en términos similares, debería ser suficiente para que el Gobierno paralizase la aplicación de la ley, poniendo fin a las "peligrosas consecuencias e inseguridad jurídica" que conlleva.


Con el fin de anticiparse a posibles "efectos irreparables", la Junta ha aprobado un decreto-ley que pretende aclarar y resolver las dudas jurídicas que genera la ley y evitar "disfunciones" en la prestación de servicios públicos, así como de "vacíos competenciales" en materias como sanidad, educación o servicios sociales. De este modo, se facilita a los ayuntamientos y entidades locales el cumplimiento de las competencias reconocidas en la Ley de Autonomía Local de Andalucía.


RESPALDO AL MUNICIPALISMO


De este modo, "Andalucía está en el camino adecuado", respaldando el municipalismo al que actualmente destina 1.400 millones de euros a través de programas específicos como los de 'Empleo Joven' y 'Empleo 30+' y medidas en favor de la inclusión social, entre otras actuaciones.


Valderas ha resaltado la apuesta de la Junta en defensa de un "modelo social justo, redistributivo y capaz de atender mediante mecanismos de solidaridad a todos aquellos que precisan de respuesta urgente", para lo cual ha apelado al "esfuerzo colectivo para oponernos a un proyecto económico y social fracasado", que facilita la desigualdad, como, según ha añadido, evidencian los 27 millones de desempleados y 120 millones de pobres de la Unión Europea.


Por último, el vicepresidente ha hecho un llamamiento "a la construcción, a la rebeldía, a la acción consciente y organizada y a la defensa de la política contra los miedos de los hombres".


Fuente: Europa Press







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