viernes, 27 de enero de 2017

Las Diputaciones Forales no tienen competencia para exigir el cumplimiento de un requerimiento de información con trascendencia tributaria a un sujeto situado fuera de su territorio

Desestima la Sala el recurso interpuesto por la Diputación de Bizkaia contra la sentencia que declaró no conforme a derecho el requerimiento de información emitido por la Subdirección de Inspección de la Hacienda Foral, dirigido a la entidad Financiera de la demandante con la finalizad de que le proporcionara la relación de clientes que utilizaran su tarjeta y que hubieran realizado pagos a través de las mismas por un importe total anual igual o superior a 30.000 euros.

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¿Para cuándo la financiación local?

 

Por Concepción Campos Acuña

Doctora en Derecho y secretaria de Administración Local

 

Se acaba de celebrar la Conferencia de Presidentes Autonómicos, con una finalidad clara: abordar la reforma del sistema de financiación. Y a la luz de las declaraciones de unos y otros, todos, esperan ver satisfechas sus aspiraciones de lograr unas mejores condiciones para la prestación de los servicios públicos de su competencia, sin que en paralelo haya indicios de idénticos movimientos para la reforma para la financiación local.

El protagonismo y relevancia que se otorga a la financiación autonómica empequeñece todavía más la mínima atención que los sucesivos gobiernos han prestado al tema de la financiación local. Desde que en el año 1988 se aprobase la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pocas han sido las modificaciones que ha experimentado y, desde luego, ninguna del calado suficiente que las necesidades del mundo local requieren. Máxime si se tiene en cuenta que el modelo fiscal de las entidades locales se basa en un sistema implantado en la década de los años cincuenta y sesenta, con algunos retoques, sin que se haya abordado en profundidad su revisión, con los déficits que ello provoca.

Porque un simple vistazo a las calles de pueblos y ciudades de toda España permite advertir la transformación que unos y otros han experimentado como consecuencia de la acción (y los presupuestos) de los gobiernos y administraciones locales. Más allá de fenómenos de desarrollo puntual, como las smart city, se ha pasado de los tradicionales servicios básicos a incrementar exponencialmente su cartera de servicios no solo a los de carácter tecnológico, sino también acogiendo las demandas derivadas de la evolución de la sociedad y ofreciendo mayores estándares de calidad de vida a sus vecinos.

Pero la reforma debería de tomar en consideración, además de este escenario, las peculiaridades de cada territorio. En particular, en Galicia, donde el problema tiene también sus rasgos propios y diferenciales. Como hemos señalado reiteradamente desde Red Localis (http://redlocalis.com/) el minifundismo local que caracteriza a la administración local gallega condiciona la capacidad de captación de recursos y la utilidad eficiente de los presupuestos de las EE LL. Galicia está fuertemente marcada por el envejecimiento poblacional y la dispersión poblacional, en un grado tan elevado que supone un fuerte inconveniente a la hora de que los municipios puedan garantizar servicios de naturaleza universal.

Y sin embargo, en los momentos más duros de la crisis, las entidades locales han respondido como la administración más cumplidora en materia de gestión del gasto y déficit público, frente a las desviaciones de las comunidades autónomas y del propio Estado. Cumplimiento que se producía al tiempo que iban asumiendo mayores costes en materia de servicios sociales y bienestar, demostrando su tradicional capacidad de reacción frente a la inmediatez de los problemas, como administración más cercana a los ciudadanos.

Aunque en su génesis la reforma local de 2013 formulaba como uno de sus objetivos aprobar un nuevo sistema de financiación, hasta el punto de que se llegaron a condicionar normativamente gran parte de sus previsiones más controvertidas, como las relativas a los servicios sociales o educación, a ese hipotético nuevo marco, el tiempo transcurrido y el elocuente silencio alrededor de este tema no permiten albergar esperanzas de que sea, en estos momentos, una prioridad de legislatura.

¿Qué se puede hacer? Tanto desde la FEMP como desde la FEGAMP se ha demandado y se demanda continuamente que se aborde sin dilación, con rigor y desde un reconocimiento de la posición institucional que ocupan las EE LL un sistema de financiación adecuado a las competencias que se ejercen y al amplio catálogo de servicios públicos que se prestan desde el ámbito local. Toca ahora mover ficha al Estado para dar respuesta a una deuda endémica ya con el mundo local. ¿Para cuándo la financiación local?

Fuente: Faro de Vigo



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La mitad de los municipios españoles están en riesgo de extinción

El Presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP reclama «políticas de Estado urgentes» ante la sangría demográfica

La mitad de los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción. En estos momentos, subsisten con menos de mil habitantes 4.995 de los 8.125 municipios que tiene España en total. La inmensa mayoría de esas casi cinco mil localidades sufren el continuo envejecimiento de su censo demográfico y un mínimo o nulo relevo generacional, con escasas o nulas cifras de natalidad.

Este es uno de los datos que aporta el informe «Población y despoblación en España 2016», que ha sido presentado a la Comisión de Despoblación de la FEMP por su Presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que también es Presidente de la Diputación de Zaragoza, en una reunión celebrada este mediodía a la que han asistido también, en calidad de invitados, varios miembros de la Comisión de Diputaciones, entre ellos su Presidente y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. El estudio ha sido realizado a partir del análisis del último padrón de habitantes publicado hace escasas semanas por el INE, en el que se detallan las cifras de población de todos y cada uno de los municipios españoles.

2.652 localidades con menos de 500 habitantes

El informe presentado por Sánchez Quero alerta de que sigue agravándose la crisis demográfica y de que sus efectos comprometen el futuro de cada vez más municipios españoles.  Así, ya son 2.652 las localidades que subsisten con censos de menos de 500 habitantes. De ellas, 1.286 (casi dos de cada diez municipios españoles) ni siquiera pasan de los cien vecinos empadronados: son 48 más que en 2015 y 358 municipios más de los que había en el año 2000 con menos de 100 empadronados.

Entre 2015 y 2016, España ha perdido 67.374 habitantes, pero esa sangría poblacional se ha concentrado mayoritariamente en las áreas rurales, ya que la suma de población de las capitales de provincia españolas ha ganado unos 14.000 habitantes durante el último año.

«Urge pasar de las palabras a la acción»

Con los datos que aporta este informe, el Presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP ha reclamado «la aplicación de urgentes políticas de Estado» ante el severo retroceso demográfico que se está produciendo y la amenaza que supone para las áreas rurales, algo que ha calificado como «un problema sociopolítico de primer orden» para España.

Sánchez Quero ha subrayado que la crisis demográfica está azotando con especial crudeza a los pequeños y medianos municipios, lo que hace que cada vez más localidades se encuentren «tras la línea roja del peligro de extinción».

Por ello, considera «imprescindible la adopción inmediata de medidas concretas para sostener e incrementar la población de los pequeños y medianos municipios, no solo por una cuestión de interés social sino también económico».

En concreto, ha apelado a la «coordinación de un plan nacional contra la despoblación entre Estado, Comunidades Autónomas y FEMP, que se elabore y desarrolle con la voz protagonista de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, “que conocen de primera mano la crisis demográfica y son, en su día a día, la ‘punta de lanza’ en la lucha contra la despoblación rural”.

Fuente: FEMP



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jueves, 26 de enero de 2017

Presentados los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016

Presentados los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016

El pasado 25 de Enero se han presentado los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (elaborado por Transparencia Internacional), que recoge una visión panorámica y clasificación de 176 países según su nivel de corrupción, en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales. En el citado acto también se ha hecho referencia a otros proyectos y actividades en curso de Transparencia Internacional España.

En el Acto de presentación han intervenido tres miembros del Comité de Dirección de Transparencia Internacional España: D. Jesús Lizcano (Presidente), D. Manuel Villoria, y D. Jesús Sánchez Lambás.

Información detallada sobre el Índice de Percepción de la Corrupción: IPC 2016

RESUMEN (Extracto de los aspectos más destacados del IPC y de España en particular)

Las siete encuestas en que se basa el índice indican, además, que España tiene una situación de corrupción comparativamente alta en relación a los países del euro (aunque no tanto en relación a los 176 países en su conjunto), una comparación con Europa que empieza a ser preocupante por nuestra falta de reacción y la aceptación del declive. Dados estos datos, máxime cuando los expertos se ratifican en sus apreciaciones anteriores y no vislumbran indicios de mejora, es evidente que podemos decir que o los efectos de las medidas tomadas hasta ahora en todos los niveles de gobierno no son aún percibibles (porque requieren más tiempo para sus impactos) o que, son insuficientes y hay que seguir insistiendo en el trabajo anticorrupción en todos los niveles de gobierno. Las dos afirmaciones son compatibles y en ellas nos ratificamos, como el año pasado. Ciertamente hay cambios importantes en marcha, sobre todo en las administraciones autonómicas y locales, que esperamos que mejoren la situación, pero son insuficientes y no acaban de ser implementados con éxito.   Las siete encuestas en que se basa el índice indican, además, que España tiene una España tiene un problema de corrupción política muy serio y se tiene que afrontar de manera integral y sin parches. Los efectos sobre la imagen de España de estos datos son negativos, sus efectos sobre posibles inversiones podrían también dañarnos. Ahora que tenemos ya Gobierno nacional es momento de que desde el mismo se proceda a una evaluación seria de la implantación e impactos de las medidas tomadas, además de seguir los consejos que se le vienen dando desde Transparencia Internacional España y otras asociaciones y expertos para que acometa un conjunto de reformas integrales en sus niveles de transparencia, rendición de cuentas, integridad, independencia de los órganos fiscalizadores y de control y calidad de los procesos de toma de decisiones y normativos. Pero además, es momento de que todas las Comunidades autónomas y los principales Ayuntamientos también trabajen de forma conjunta y colaboren entre sí en la generación de sistemas eficaces y basados en buenas prácticas.

Fuente: Transparencia.org.es



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miércoles, 25 de enero de 2017

El régimen local extremeño dentro del modelo español de organización territorial del Estado

La configuración y funcionamiento del régimen local extremeño se enmarcan en las previsiones que respecto del mismo contiene el nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura reformado en 2011. La norma estatutaria extremeña se inscribe, a su vez, en la regulación que sobre régimen local realiza el legislador básico estatal en el marco de los preceptos constitucionales. Así lo confirman recientemente sentencias del Tribunal Constitucional en la materia con ocasión de la última reforma local planteada. Este trabajo se centra en el análisis de cómo aparece el régimen local en el nuevo Estatuto de Autonomía y, en concreto, en el estudio de la tipología de las entidades locales extremeñas en la actualidad, su régimen jurídico según el texto estatutario y su desarrollo legal, en algunos casos; las relaciones entre la Comunidad de Extremadura y las entidades locales que la integran; y, de forma muy breve, la hacienda local extremeña.

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El TS declara que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene la consideración de parte interesada en los procedimientos de concesión de aguas provenientes del trasvase Tajo-Segura

Estima la Sala el recurso interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, casa la sentencia recurrida y le reconoce el carácter de interesada en los expedientes sobre concesiones de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.

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lunes, 23 de enero de 2017

Jornada Estabilidad Presupuestaria y Endeudamiento. Madrid, 23 y 24 enero 2017

Se está celebrando ahora mismo la Jornada, coordinada por JUAN JOSÉ SAURA QUILES Y FCO. JAVIER BIOSCA LÓPEZ.

En la mesa  Gabriel Hurtado López. Subdirector General Estudios y Financiación de Entidades Locales, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), impartiendo la ponencia: Aplicación transitoria Ley de Presupuestos Generales del Estado (participación en ingresos del estado y otras novedades). Redimensionamiento del Sector Público local: problemática. Obligaciones de suministro de información (variación de activos financieros y otras novedades).

Toda la información aquí.



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