viernes, 27 de abril de 2018

Cosital Valencia y la Agencia Antifraude colaborarán contra las malas prácticas

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia ofrece todo su apoyo a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat, para “atajar cualquier conducta que no sea adecuada dentro de las Administraciones Públicas”. Así lo puso de relieve la Presidenta de COSITAL Valencia durante la visita del Director de la Agencia, Joan Llinares, a la institución hace unos días.

La Presidenta de COSITAL Valencia puso también de manifiesto la importancia de que la Agencia cuente con otros colectivos, ya que los habilitados de carácter nacional no son los únicos funcionarios responsables de asesorar a las organizaciones para el adecuado cumplimiento de sus fines.

Llinares aprovechó para entregar la Memoria de actividades de la Agencia a la presidenta de COSITAL, y se la presentó como una “institución aliada con la que podéis contar para proteger la integridad de los funcionarios y funcionarias que se encuentren en situaciones problemáticas”, afirmó el Director de la Agencia.

La alianza entre estas dos instituciones se ha situado también en el terreno de la Formación. “La formación es básica para luchar contra las malas prácticas, dirigida tanto al personal de la Administración como a los cargos electos, por supuesto”, aseguró Llinares.

La presidenta de COSITAL Valencia relató a Joan Llinares las diferentes reivindicaciones del colectivo, generalmente dirigidas a la defensa de los derechos del Habilitado Nacional. “Es cierto que son luchas que llevamos a cabo para mejorar nuestra situación laboral, pero también la de las entidades en las que desempeñamos nuestras funciones ya que el hecho de que puestos reservados a nosotros sean ocupados por personal sin la cualificación necesaria, puede ocasionar situaciones que inviten al fraude, y esto afecta a toda la ciudadanía”, aseguró Vanesa Felip.

La reunión finalizó con un compromiso por parte de las dos instituciones para la  creación de un documento en el que se aborden de forma específica todos los problemas del colectivo de los responsables de la fe pública y el control interno de las entidades locales.

 



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jueves, 26 de abril de 2018

En el día de ayer la Comisión Ejecutiva del Consejo General mantuvo una reunión con la Dirección General de función pública.

Durante casi 4 horas se abordaron las preocupaciones remitidas por colegios sobre el Real Decreto 128/2018 de habilitados. Tras el análisis de las diferentes cuestiones el Ministerio va emitir unos criterios interpretativos que nos hará llegar y que se trasladarán a la organización colegial.  No obstante se continuarán manteniendo contactos, por lo que cualquier cuestión o problema que se plantee en relación con la aplicación de la norma se pueden hacer llegar a los Colegios Territoriales o al Consejo General para su remisión y tratamiento con el Ministerio.

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Ver aquí

Compilación de cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, remitidas por los Colegios SITAL, y enviadas al Ministerio. Ver aquí

 



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El Supremo reconoce la pensión de viudedad a la exmujer de un funcionario que volvió a casarse con él pocas semanas antes de su fallecimiento

El TS examina si, a los efectos de tener derecho a la pensión de viudedad en virtud del art. 38.1 del TR de la Ley de Clases Pasivas, es o no relevante el matrimonio precedente entre los mismos cónyuges que volvieron a casarse menos de dos años después cuando uno, en este caso el marido, se encontraba ya en la última fase de la enfermedad determinante de su jubilación por incapacidad absoluta, y que le llevó en pocas semanas a fallecer.

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miércoles, 25 de abril de 2018

Skin in the game: riesgo operacional y responsabilidad patrimonial administrativa

El contenido de cualquier contrato se define no sólo por las obligaciones asumidas por las partes, sino también por la distribución entre ellas de los riesgos asociados al contrato, es decir, las eventualidades no previstas que pueden afectar a las expectativas de rentabilidad. En este sentido, la Directiva de concesiones (Directiva 2014/23) y, como no podía ser menos, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), establecen la novedosa exigencia de que el concesionario asuma “un riesgo operacional (…) abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos” (artículo 14.4 de la LCSP, y concordantes).

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lunes, 23 de abril de 2018

El TC declara que el Parlamento de Cataluña vulneró el derecho de los Diputados al negarse a recabar del Consejo de Garantías Estatutarias un informe sobre la Ley de transitoriedad jurídica

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos los acuerdos con los que la Mesa del Parlamento de Cataluña rechazó la petición del Grupo Parlamentario Socialista de recabar del Consejo de Garantías Estatutarias un informe sobre la Proposición de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

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