viernes, 27 de junio de 2014

Convalidada la modificación de la Ley de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura con la abstención de la oposición


El Parlamento de Extremadura ha convalidado este jueves el decreto ley por el que se modifica la Ley de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura para adecuarlo a las exigencias normativas de la reforma local.


Esta convalidación ha salido adelante en el pleno del Parlamento de Extremadura con el único apoyo de los votos del Grupo Parlamentario Popular, y con la abstención de los tres grupos de la oposición, PSOE, IU y Prex-Crex.


En la defensa de este decreto ley ha tomado la palabra en el pleno el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, quien ha explicado que con este decreto ley "se pretende adecuar la Ley de Mancomunidades y Entidades Locales a las exigencias normativas de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".


El objetivo es "evitar que haya mancomunidades que puedan perder la calificación de integral", y para mantener esta consideración y poder cobrar el fondo previsto para ellas en los presupuestos de la comunidad, que asciende a 2,59 millones de euros es preciso modificar la ley 17/2010.


Según los datos que ha aportado, en Extremadura existen 68 mancomunidades, de las que 27 tienen la consideración de "integrales", a través de las que los municipios y entidades locales colindantes "que comparten una misma realidad económica, social y cultural, además de una tradición propia común, puedan estructurar en conjunto la prestación de sus servicios" y las políticas de desarrollo y promoción.


Se trata, ha dicho el consejero, de "una modificación mínima, pero sin embargo de gran importancia para el normal devenir y buen fin de las actuales mancomunidades", que busca "dar respuesta de modo urgente atendiendo a la lógica de la secuencia de entrada en vigor de las exigencias de la ley estatal".


Los grupos se abstienen


En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Manuel Vázquez Villanueva quien ha explicado que los socialistas se van a abstener en esta votación entre otros asuntos porque "se limita a hacer seguidismo" de la ley de reforma de la administración local aprobada por el Gobierno central, y con la que a su juicio "se podía haber sido algo más valiente".


"No es fácil oponerse a esta modificación de la Ley de Mancomunidades", ya que "la presentan como una cuestión meramente técnica, y con una cierta dosis de buenismo", ha señalado Vázquez, quien ha añadido que el PSOE no va a votar a favor porque "encierra algunos planteamientos que no comparte el grupo socialista".


Así, y aunque la modificación "parece que se pretende dar continuidad a las mancomunidades integrales, en el fondo lo que está consiguiendo es reducir el peso" de estas agrupaciones, así como "su capacidad de gestión y de prestación de servicios", por lo que "se está aplicando el espíritu de la ley estatal" de reforma local.


El diputado del PSOE ha dado "la bienvenida al PP, por sumarse a los que siempre hemos defendido las mancomunidades", ya que según ha recordado, el programa electoral del PP "decía, sin rodeos, que eliminarían la ley de mancomunidades", ha dicho.


Por parte de IU, el diputado Alejandro Nogales ha avanzado también la abstención de su grupo a esta convalidación, ya que IU estuvo "absolutamente en contra" de la ley de reforma de la administración local.


"No podemos votar a favor, pero no vamos a obstaculizar que se pueda convalidar el decreto, ante el peligro de que algunas mancomunidades puedan perder el acceso a ese fondo de cooperación o la calificación de integral", ha dicho.


Alejandro Nogales también ha alertado del "peligro que puede traer esa convalidación en cuanto a la población", ya que "puede darse el caso de que uno o dos pueblos en algunas mancomunidades integrales sea suficientes para tener el cupo de población", y por tanto "dejen de perder el sentido inicial de lo que era una mancomunidad integral".


En nombre de Prex-Crex ha tomado la palabra su portavoz, Damián Beneyto, quien ha justificado la abstención de su grupo en el hecho de que la variable de la población "pueda ser definitiva para que una mancomunidad siga siendo integral o no", ya que "no es bueno para los municipios de menor entidad".


Y es que, según Beneyto, utilizar el elemento de población para determinar qué mancomunidades podrían ser o no integrales, "sería peligroso por cuanto municipios con más población podrían presionar a los de menor población para hacerles entrar por el aro", una situación que "podría ser perjudicial para los municipios menos poblados".


Finalmente, y en nombre del Grupo Popular, la diputada Inés Rubio Díaz ha destacado la "apuesta decidida" de este decreto ley por el municipalismo, que va a "garantizar la continuidad las mancomunidades integrales en nuestra comunidad autónoma", así como "no poner en riesgo su financiación".


En su turno final, el consejero de Agricultura ha lamentado que las críticas de los grupos no aluden a lo que se está debatiendo, sino que "critican la ley estatal" y a partir de ahí "se abstienen en esta convalidación".


Echávarri ha señalado que si esta convalidación no sale adelante, muchas mancomunidades perderían su calificación de integral, así como la percepción de fondos por parte estas agrupaciones.


En ese sentido, "esta convalidación hay que hacerla" es "absolutamente necesaria", ha reiterado Echávarri, quien ha echado en falta el apoyo de los grupos parlamentarios a esta modificación.


Cabe recordar que este decreto ley se ha convalidado en el Parlamento de Extremadura después de que fuera aprobado por el Consejo de Gobierno regional el pasado 10 de junio.


Fuente: Expansión







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Cargos municipales piden participar más en la reforma del mapa local


Cargos electos de ayuntamientos navarros han vuelto a reclamar al Gobierno foral "más transparencia y participación" de los municipios en la reforma del mapa local de Navarra y ha insistido en que no se oponen a esta revisión, sino al "cómo" se está elaborando.


Así lo han manifestado este jueves en rueda de prensa el alcalde de Artazu, Javier Albizu (independiente), y el alcalde de Villava, Kirio Gastearena (Bildu), quienes han comparecido junto a representantes de otras localidades navarras que reclaman "más participación" en esta reforma, entre otras, Galar, Eugui, Tiebas, Zabaldika, Liédena, Valle de Guesálaz, Aibar, Cendea de Olza, Cirauqui, Lodosa, Echagüe (Oloriz), y Abárzuza.


Albizu ha defendido que "la única manera de que sea haga una ley para todos es con la participación de las entidades locales". "Así se conocerá la realidad del mapa local de Navarra, de los servicios que prestan y de los esfuerzos organizativos y de prestación de servicios que han realizado hasta ahora", ha asegurado.


El alcalde de Artazu ha defendido que "cualquier ley que se elabore tiene que salvaguardar la autonomía municipal, tiene que tener en cuenta la singularidad de Navarra y una financiación clara, que no dependa del color del gobierno de turno". "Tampoco queremos una ley que vacíe de competencias a los concejos para propiciar su desaparición ni que se les quite el patrimonio", ha apuntado.


Por otra parte, Albizu ha criticado la "poca transparencia" del Ejecutivo foral al elaborar el proyecto de ley foral aprobado por el Gobierno de Navarra para mantener las competencias de las entidades locales de Navarra y regular otras cuestiones del ámbito municipal que puedan verse afectadas por la nueva normativa estatal en esta materia.


Albizu ha pedido que "lo que se haga sea con el máximo consenso" y que "se blinde la autonomía de la Comunidad foral" ante la ley estatal de administración local.


PROCESO DE PARTICIPACIÓN


Según ha recordado, en febrero de este año surgió la llamada Asamblea de Berriozar, constituida para defender cauces de participación de los ayuntamientos en la reforma del mapa local de Navarra. Posteriormente, la asamblea estuvo presente en la ponencia parlamentaria creada para debatir sobre la reforma y en ella defendieron la participación de las localidades, "con el apoyo de la firma de más de 900 electos recogidas hasta ese momento".


La ponencia, que estaba prevista que terminase el pasado 16 de junio, se ampliará seis meses más. Paralelamente, la Asamblea de Berriozar elaboró "un documento con lo que se entiende en toda Europa por un proceso participativo", de modo que el Parlamento de Navarra elaborase la ley definitiva teniendo en cuenta los resultados de dicho proceso.


Para que el proceso fuera "lo más representativo", estos ayuntamientos, según Albizu, se lo presentaron a la Federación Navarra de Municipios y Concejos "para que lo liderara", pero la federación "se reafirmó en la decisión de su ejecutiva de debatir la ley que salga de la ponencia, de no escuchar a las entidades locales".


Además, también lo presentaron a los grupos parlamentarios. Albizu ha expuesto que les recibieron todos, salvo UPN y PP. El PSN, ha explicado, "puso en duda los procesos participativos por la mala experiencia que ellos han tenido y el resto de grupos dijeron que estaban de acuerdo con la importancia de la ley y con abrir un proceso muy similar al que planteábamos nosotros, para después defender sus postulados en el Parlamento".


Albizu ha añadido que "el pasado 13 de junio el Parlamento decidió alargar la ponencia otros seis meses y pedir un informe a los letrados del Parlamento que asesorase sobre las repercusiones que la ley estatal podría tener en Navarra por la no elaboración de la ley foral durante esta legislatura, indicador de cómo está el ambiente para sacar adelante la norma".


Fuente: Diario de Navarra







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jueves, 26 de junio de 2014

INAP: Ampliación de la programación de la Subdirección de Programas Formativos en Administración Local para 2014


Resolución de 23 de junio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se amplía la programación de la Subdirección de Programas Formativos en Administración Local para 2014 en relación con los itinerarios formativos (26/6/2014)


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El Gobierno permitirá a los ayuntamientos acceder a los mercados para financiarse


Los consistorios piden facilidades en cuanto al cumplimiento del techo de gasto y Cristóbal Montoro se muestra dispuesto a estudiar tal posibilidad.


El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que le parece «muy pertinente» la petición que le ha hecho este miércoles la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que los ayuntamientos puedan acceder a los mercados para financiarse, como ya hacen las comunidades autónomas, por lo que se ha comprometido a estudiarla y a llevar a cabo los cambios legales necesarios.


Tras presidir en el Ministerio la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), Montoro ha dicho que «levantar ese impedimento legal» es algo que «conviene» porque contribuiría a «abaratar el coste del conjunto de la deuda de las administraciones públicas».


«Como petición me parece muy pertinente», y «si creen que pueden financiarse en mejores condiciones» que las que ofrece el plan de pago a proveedores, «yo me veo en la obligación de facilitárselo», ha declarado el ministro, cuya respuesta ha sido valorada «positivamente» por el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna. «Si hace falta esa modificación de norma, pues la haremos», ha confirmado Montoro, que considera que «no tiene sentido» que los gobiernos autonómicos puedan hacer una reestructuración de su deuda y los ayuntamientos no.


Otra de las cuestiones que ha transmitido el presidente de la FEMP a Montoro es que los ayuntamientos quieren tener «facilidades» que eliminen las «limitaciones» que merman su capacidad de hacer inversiones que ayuden a generar actividad económica.


Según ha explicado De la Serna, dos aspectos que comprometen esa capacidad es que la referencia al techo de gasto se haga sobre el presupuesto aprobado, en vez de sobre el presupuesto realmente gastado en cada ejercicio, y que no haya una lista «más amplia» de excepciones al cumplimiento del techo de gasto. Aunque el ministro ha mostrado «buena voluntad» para analizar este tema, «no hemos llegado a un acuerdo», ha añadido.


Fuente: ABC







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La FEMP, satisfecha con el compromiso del Gobierno de flexibilizar el techo de gasto de las Entidades Locales


La Federación valora favorablemente la intención del Ejecutivo de modificar la normativa para permitir que las Entidades Locales acudan al mercado financiero en busca de mejores condiciones para la deuda del plan de pago a proveedores. Fijado objetivo de déficit cero para la Administración Local en este periodo.


El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha manifestado la satisfacción de la Federación por la buena receptividad del Ministerio ante la demanda de flexibilización del techo de gasto formulada hoy en el marco de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).


Reducir las rigideces que actualmente limitan el techo de gasto permitiría a los municipios disponer de mayores facilidades para impulsar la actividad económica y el empleo en sus territorios. Según ha destacado el Presidente en declaraciones posteriores a este encuentro, el Ejecutivo se ha comprometido a estudiarlo en el ámbito de un grupo de trabajo.


De la Serna ha recordado el buen comportamiento del sector local en los últimos ejercicios, y ha incidido en el hecho de que en el segundo trimestre de este año ya se ha reducido la deuda hasta el objetivo del 4% sobre el PIB fijado para final de año.


Esta buena trayectoria, reconocida y valorada también por el propio Ministro, Cristóbal Montoro, ha llevado a asumir el compromiso de revisión de los objetivos de deuda para los próximos años. Esos objetivos serían del 3,9% para 2015; 3,8% para 2016 y 3,6% para 2017, valores ligeramente inferiores a los previstos inicialmente.


En cuanto al déficit para este mismo periodo, en la CNAL de hoy se ha anunciado que el objetivo es del 0% sobre el PIB, una cifra que las Entidades Locales están en condiciones de alcanzar, según De la Serna.


Refinanciación de la deuda del Plan de Pago a Proveedores


Otra de las demandas planteadas por los representantes municipales en la Comisión ha sido la de abrir a las Entidades Locales la posibilidad de acudir al mercado financiero para buscar mejores condiciones para el pago de la deuda correspondiente al plan de pago a proveedores, algo que en la actualidad está prohibido por ley.


Según ha destacado De la Serna, aunque desde la FEMP se agradeció la reciente modificación de condiciones propuesta desde el Ejecutivo para la financiación de esta deuda, poder acceder a las nuevas posibilidades y ofertas más ventajosas disponibles en el mercado financiero representaría un gran avance para las cuentas del sector local.


Por ello, ha valorado muy favorablemente el anuncio realizado por los representantes ministeriales en el sentido de estudiar una modificación de la normativa que abra a las Entidades Locales esta posibilidad de la que ya disponen las Comunidades Autónomas.


Otros asuntos


Pese a que la reforma fiscal no afecta a los tributos locales, según han confirmado en la CNAL los representantes ministeriales, la FEMP ha sido invitada a hacer aportaciones a la misma. Según ha explicado el Presidente De la Serna se han aclarado varios puntos en materia de plusvalías y se ha pedido que un mecanismo alternativo a la tasa telefonía fija y móvil pueda incluirse en la reforma tributaria “para dar cobertura a una tasa que consideramos justa a la empresas que están haciendo despliegue en nuestros términos municipales”.


En la Comisión también se ha informado de la reforma del Reglamento General de Circulación, en especial de los aspectos que afectan al ámbito urbano, y de las modificaciones de la Orden que establece las obligaciones de suministro de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.


Fuente: FEMP







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Un proyecto de ley del Gobierno de Navarra regula diversas materias de ámbito local para que no les afecte la nueva normativa estatal


Reafirma las competencias locales en temas de educación, sanidad y servicios sociales, entre otras cuestiones.


El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, un proyecto de ley foral, cuyo objetivo es mantener las competencias de las entidades locales de Navarra y regular otras cuestiones del ámbito municipal que puedan verse afectadas por la nueva normativa estatal en esta materia.


El pasado 31 de diciembre de 2013 entró en vigor la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que atribuye a las comunidades autónomas competencias que hasta ahora recaían en las entidades locales.


La norma estatal reconoce la potestad de Navarra de regular esta materia, pero en la actualidad la Comunidad foral carece de una normativa actualizada, ya que todavía no se ha aprobado la reforma del mapa local. Precisamente, ante la demora en los trabajos anunciada por la ponencia parlamentaria creada a este respecto, el Gobierno de Navarra ha acordado aprobar esta norma para dotarse de un marco legal hasta poder disponer del nuevo mapa local, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.


El proyecto de ley foral regula cuatro aspectos. En primer lugar, frente a la posibilidad abierta en la norma estatal, mantiene las competencias de las entidades locales en materia de educación (ciclo 0-3 años), servicios sociales y sanidad (inspecciones y consultorios médicos).


Además, establece que será la Administración foral, y no la Administración central, la que decida sobre las fórmulas de gestión compartida que deben plantear los municipios de menos de 20.000 habitantes para la prestación de servicios: tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, limpieza, alumbrado público, etc.


La tercera cuestión regulada en el proyecto de ley tiene por objeto permitir, con determinadas limitaciones, la creación de nuevas agrupaciones de servicios administrativos, opción ésta que estaba bloqueada desde 2011. Así, se abre la posibilidad de agruparse para compartir las labores de secretaría e intervención a los municipios limítrofes, siempre y cuando esta unión tenga por objeto la prestación de servicios administrativos que garanticen el control financiero y presupuestario exigido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.


Finalmente, el proyecto de ley concede el carácter de entidad local a los consorcios constituidos por las administraciones públicas para la prestación de servicios municipales obligatorios. El objetivo de esta medida es propiciar que la responsabilidad en el presupuesto y control de entidades como el Consorcio de Residuos, formado por la Administración Foral y los ayuntamientos, siga recayendo en estos últimos y no pase al Gobierno de Navarra como ocurriría de aplicarse la ley estatal.


Finalmente, la nueva norma incluye una disposición mediante la que el Gobierno de Navarra se compromete a elaborar antes del 30 de junio de 2016 un proyecto de ley foral que regule y ordene la gestión integral de los residuos urbanos de Navarra.


Fuente: Europa Press







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miércoles, 25 de junio de 2014

Ya disponible el Número Extraordinario 2014: Análisis de la Ley 27/2013


Tenemos el placer de presentaros el número on-line del monográfico de la Revista de Estudios Locales 2014. Este año abordamos el Análisis de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Un trabajo que viene de la mano de los mejores expertos y que sin duda será de gran utilidad, no sólo para los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, sino para todas aquellas personas que prestan sus servicios en las Entidades Locales.


Esperamos que lo disfrutéis.







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PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Compromís ultiman el recurso de los ayuntamientos contra la reforma local ante el TC


Deben presentarlo este mes de junio.


Critican que el PP no haya dado marcha atrás pese al rechazo de la "inmensa mayoría" de los ayuntamientos y los partidos.


PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Compromís, que se oponen a la reforma de la Administración local que entró en vigor en diciembre de 2013, han mantenido una reunión este martes con el fin de coordinarse para que unos 2.400 ayuntamientos presenten un recurso de inconstitucionalidad contra la ley este mes de junio.


El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha declarado a los periodistas antes del encuentro que hoy concluye el "arduo" trabajo de poner de acuerdo a todos esos ayuntamientos para, "en los próximos días", recurrir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que les está haciendo "un daño atroz".


Zarrías ha recordado que el dictamen emitido el pasado 29 de mayo por el Consejo de Estado indica que los planteamientos de los municipios son "serios y rigurosos" y "demuestran la inconstitucionalidad de buena parte de los apartados" de la ley.


Según ha señalado, el Gobierno "se ha equivocado", porque su reforma está produciendo el efecto "contrario" a su supuesto objetivo, que es racionalizar y sostener las entidades locales.


La realidad es que "buena parte de los ciudadanos", que tenían en sus ayuntamientos "un agarradero para poder subsistir con una mínima dignidad", están sufriendo "la pérdida de calidad de los servicios, cuando no la privatización o el desmantelamiento de los mismos", ha advertido.


DISFUNCIONES QUE ESTÁ CAUSANDO


En la reunión de este martes han participado, además de Zarrías, la portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero; y el responsable de Política Municipal de Izquierda Unida y exalcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes.


Asimismo, han estado presentes el secretario general del Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog, el senador de Coalición Canaria Narvay Quintero y los diputados Ascensión de las Heras (IU), Joan Baldoví (Compromís) y Chesús Yuste (CHA), entre otros.


Fuentes ha instado al PP a derogar la ley por los "perjuicios" y las "disfunciones" que está causando, mencionando como ejemplo que las comunidades autónomas "no tienen suficientes estructuras" para poder pronunciarse en los informes preceptivos sobre las competencias que no son propias ni delegadas y que, según ha explicado, tienen que ser asumidas por los ayuntamientos, pese a las "carencias" de financiación que tienen, para que los ciudadanos no se queden sin determinados servicios.


Baldoví, por su parte, ha criticado que el PP mantenga una ley que "va en contra de los intereses de la mayoría", y lo ha comparado con "un conductor suicida que se mete en una carretera, va en sentido contrario" y continúa a pesar de que "le están haciendo señales de que va en la dirección equivocada".


La reforma tiene el rechazo de "la inmensa mayoría de los ayuntamientos, de las formaciones políticas y, en definitiva, la inmensa mayoría de la gente", que quiere "tener los servicios sociales próximos, en su ayuntamiento, no que se deleguen en otras instituciones lejanas o que en ese tránsito se pierdan de una vez por todas", ha subrayado.


UPyD QUIERE ELIMINAR LAS DIPUTACIONES


En opinión de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), el PP "no está por la labor" de acometer la "profunda reforma institucional y territorial" que se necesita en España y que pasaría, según la formación magenta por "la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales".


La reforma llevada a cabo "se centra básicamente en reforzar el papel de las diputaciones provinciales, unos entes que adolecen de falta de democracia interna y que están destinados principalmente a colocar a amigos y conocidos en las administraciones públicas", ha asegurado Herzog.


Fuente : Europa Press







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El Presidente de la FEMP defiende en el Congreso el papel de las tecnologías en las políticas locales contra el cambio climático


“Todos los que tenemos responsabilidades locales sabemos que la tecnología puede contribuir a la lucha contra el cambio climático”. Así se ha manifestado esta mañana el Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, en el transcurso de su comparecencia ante la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados.


El también Alcalde de Santander ha añadido que son muchas las buenas prácticas tanto en el ámbito de los residuos como en los de agua o la movilidad urbana, que vienen a demostrar los buenos resultados que reporta la aplicación de las tecnologías smart a la hora de preservar el medio ambiente.


De la Serna se ha referido además a las líneas de actuación impulsadas desde la Federación, que se concretan en el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad y en el de la Red de Ciudades por el Clima, de la FEMP, del que forman parte 288 Entidades Locales comprometidas con la sostenibilidad y cuyas buenas prácticas resultan ejemplares a la hora de mitigar los efectos del cambio climático.


El compromiso de los municipios españoles con la preservación del medio ambiente, en concreto con la mejora de los objetivos comunitarios de reducción del CO2, también se viene manifestando en el Pacto de Alcaldes, una iniciativa puesta en marcha por la Comisión europea a la que ya se han vinculado casi 1.500 municipios de nuestro país, lo que nos sitúa, según explicó De la Serna, en la segunda posición mundial en adhesiones a este Pacto”.


Smart cities


Sobre las nuevas tecnologías, el Presidente de la FEMP ha precisado que “nos permiten mejorar servicios y ganar en eficiencia”, así como dinamizar la actividad económica. En su intervención se ha referido a la Red Española de Ciudades Inteligentes, RECI, para dar cuenta del reconocimiento que esta red, en la que se agrupan las smart cities españolas, despierta en el resto del mundo.


En este sentido, ha llamado la atención sobre la fórmula de funcionamiento de la misma, que garantiza que un Ayuntamiento no tiene por qué gastar para poner en marcha algo que ya está disponible en otro municipio de la Red: “aunamos esfuerzos para mejorar la competitividad del municipio y del país”, ha señalado.


A su juicio, los principales retos que se plantean ahora a las Smart cities son trasladar al ciudadano la importancia que las ciudades inteligentes tienen para su progreso, e impulsar la colaboración público privada, ofreciendo a las empresas seguridad jurídica para que actúen y reduciendo trabas administrativas. En este sentido anunció que el próximo 8 de julio, la Asamblea de la RECI propondrá al Gobierno nuevas modificaciones a la Ley de Contratos para facilitar la incorporación de este sector al nuevo escenario económico.


Fondos europeos


Íñigo de la Serna también destacó que, además de otros fondos en los que las Entidades Locales pueden participar, hay 1.500 millones de euros de asignación directa a los Gobiernos Locales españoles que prevé el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2014-2020. De éstos, señaló, 500 irán destinados a proyectos singulares centrados en el objetivo de economía baja en carbono, y los otros 1.000 se dirigirán a proyectos integrados de desarrollo urbano sostenible.


Central de Contratación de la FEMP


En su intervención también se refirió a la Central de Contratación de la FEMP y destacó que, a través de ella, los pequeños municipios pueden tener acceso a fórmulas de gestión de servicios a las que difícilmente podrían llegar de otro modo. Lo hacen además en condiciones muy ventajosas, derivadas de la generación de economías de escala, y de forma sencilla en todo cuanto tiene que ver con el proceso de contratación y tramitación de expedientes, cuestiones éstas de especial interés para las Entidades Locales de menor tamaño.


Fuente: FEMP







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martes, 24 de junio de 2014

Sorprendente normativa autonómica para el desarrollo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía y Castilla León han desarrollado la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La lectura de las tres normas suscita sorpresa porque, además de un evidente carácter reglamentario, su objetivo es una determinada interpretación de la ley básica. La originalidad de la normativa autonómica no está en un desarrollo singularizado de la legislación estatal; la razón de ser de los dos reales decretos (Andalucía y Castilla y León) y la ley (Galicia) es descartar una interpretación propuesta por el Consejo de Estado (también por el Consejo Consultivo de Andalucía).



via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios http://ift.tt/1lN5CdZ

lunes, 23 de junio de 2014

II CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MUNICIPAL en Barcelona


Los días 27 y 28 de octubre de 2014, el Col•legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya organiza el II CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MUNICIPAL en Barcelona, bajo el lema “El Congreso de los Técnicos Municipales”, dirigido a todos los técnicos municipales.


Estamos en una situación de retos económicos y sociales, dónde hace falta organizar y planificar el futuro de nuestros municipios y si se comparten las experiencias que ayudan a potenciar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio, podemos mejorar la prestación de servicios mediante un uso eficiente de los recursos públicos e innovar la gestión pública.


En consecuencia, los objetivos principales del Congreso son difundir los conocimientos técnicos más actuales que afectan a los servicios municipales y establecer un intercambio de experiencias entre los profesionales y las empresas de este sector para facilitar y mejorar la eficacia de la prestación de estos servicios.


Para enriquecer los contenidos del Congreso con las experiencias de municipios, de técnicos, de empresas y organismos hemos abierto un periodo de llamada a comunicaciones y deseamos proponeros que informéis a vuestro colectivo por si quieren participar. El plazo de presentación de resúmenes de comunicaciones finaliza el 27 de julio.


Toda la información aquí.







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UPyD critica en Valladolid el "escaso" impacto de la Reforma Local en la reducción administrativa


Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Castilla y León ha celebrado este sábado en Valladolid una jornada de trabajo sobre la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, en la que se ha criticado el "escaso" impacto en la reducción administrativa y en la prestación de servicios a los ciudadanos.


Esta sesión de trabajo ha contado con especialistas en materia administrativa "ajenos" a la formación magenta, que han aportado sus valoraciones técnicas a la llamada Ley de la Reforma Local y de la propuesta de ordenación territorial de Castilla y León.


Desde el punto de vista político, UPyD rechaza ambas propuestas por primar, "con la excusa de la contención del gasto", el mantenimiento de estructuras "ineficaces" frente a la prestación de servicios, según informaron fuentes del partido a Europa Press.


De hecho, este partido ha recordado que se sumó a la denuncia por inconstitucionalidad a la 'Ley Montoro' y presentó un modelo de ordenación territorial propio basado en principios como la fusión de municipios, el mantenimiento de los servicios y la supresión de las Diputaciones Provinciales.


LÍNEAS DE UPyD


A continuación, el diputado de la Asamblea de Madrid y miembro del Consejo de Dirección de UPyD, Ramón Marcos, ha señalado las líneas que va a seguir la formación magenta de cara a los próximos hitos políticos y electorales.


Así, ha afirmado que su partido se va a presentar "en todas las comunidades autónomas, todas las capitales de provincia y los mayores municipios de la región".


Marcos ha recordado que en UPyD los candidatos se eligen por sistema de primarias y ha destacado que "hay que pensar en los ciudadanos, en responder a sus necesidades y en los proyectos que mejoren su vida diaria". El diputado también ha concluido que "los ciudadanos tienen que notar la presencia de UPyD no solo en las instituciones, sino en la calle y en su día a día".


Por su parte, el coordinador territorial de UPyD en Castilla y León, Rafael Delgado, ha agradecido el papel de los concejales a lo largo de estos tres años, "no sólo" por consolidar el desarrollo del partido en sus respectivos municipios "sino por defender propuestas difíciles pensando siempre en el bienestar de sus vecinos".


Fuente: Europa Press







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El presidente de la Diputación de Sevilla apunta a los FEAR como "los verdaderos revulsivos financieros para el municipalismo sevillano"


El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha considerado este domingo que los Fondos de Anticipos Reintegrables (FEAR), articulados a través del Opaef y destinados, sobre todo, al pago de nóminas, gastos de tesorería y pago de deuda con la Seguridad Social de los ayuntamientos; son "los verdaderos revulsivos financieros para el municipalismo sevillano"


Así lo ha puesto de manifiesto en un comunicado al hilo de las últimas cifras aportadas sobre el ahorro que se generará en las entidades locales gracias al Plan de Autonomía Financiera Local 2014 que, en total, se ha cuantificado en 10,32 millones de euros.


El mandatario ha explicado que a esta cantidad habría que sumar otros 9,5 millones de ahorro para los consistorios en intereses gracias a los anticipos procedentes de los FEAR (2007-2013) que desde la Diputación se han puesto en marcha anualmente y que, desde su primera edición hasta el pasado año, "ya suman 57 millones que han sido facilitados a los ayuntamientos a interés cero".


Esto, para Rodríguez Villalobos, significa que estos fondos "son los auténticos artífices de la articulación de los préstamos a coste cero y, por ende, los verdaderos revulsivos financieros para el municipalismo sevillano y un ejemplo a seguir".


"Un ejemplo a seguir para otras administraciones como la Central, que ha desarrollado un Plan de pago a proveedores que, en sus dos ediciones enfocadas a las entidades locales, ha puesto una pesada losa de hormigón encima de las maltrechas arcas municipales", ha lamentado. Así, el socialista considera que "tanto es así que los consistorios acceden al dinero con un interés que gira en torno al 6 por ciento, generando beneficios a las entidades financieras y propiciando recortes en los ayuntamientos. Nada que ver a los mecanismos a coste cero que esta institución provincial pone a disposición de las administraciones locales".


Por ello, Rodríguez Villalobos se ha preguntado que "¿si no hubiera existido el OPAEF, los ayuntamientos hubieran podido acceder a esos préstamos, o lo que es lo mismo, las entidades financieras habrían firmado esas operaciones bancarias? Seguramente no".


20 MILLONES "A COSTE CERO"


Comparativamente hablando, el presidente provincial ha destacado que mientras la Diputación, en total, y en estos últimos siete años, "ha ahorrado en intereses a los ayuntamientos cerca de 20 millones de euros (19,82 millones), entre los FEAR y el Plan de Autonomía Financiera Local a Coste Cero; el Gobierno central ha dado la espalda al municipalismo".


"Con los planes de ajuste, el plan de pago a proveedores, la reforma local y la inacción en la reformulación de la Ley de Haciendas Locales, desde el Gobierno de Madrid está asfixiando, poco a poco, a los ayuntamientos y, por tanto, a todos los vecinos de las localidades, un despropósito para el municipalismo español", ha insistido Villalobos.


Fuente : Europa Press







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El PSPV pregunta “cuánto pagará la Generalitat a Valencia al aplicar la reforma local”


Sánchez considera que Rita Barberá no puede ser sumisa ante los intereses de su partido


Los socialistas han solicitado a la Comisión de Hacienda que el equipo de gobierno del PP “cuantifique las competencias susceptibles de delegación” y “distintas de las propias” que el Ayuntamiento de Valencia deberá asumir para mantener los servicios prestados hasta la fecha, según ha explicado el concejal Pedro M. Sánchez. “La reforma de la administración local del PP va a suponer que muchas competencias que ejercía el ayuntamiento de Valencia pasen a la Generalitat y si éste quiere seguir relazándolas las tendrá que pagar la institución autonómica”, ha indicado. Por eso, ha considerado “necesario” que el ayuntamiento “diga cuánto debería pagar la Generalitat a Valencia para mantener estos servicios”.


La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece en sus disposiciones adicionales y transitorias, las competencias y plazos en los que deberá asumir la Generalitat Valenciana la titularidad de determinadas competencias, como las relativas a educación (D.A.15ª), atención primaria (D.T.1ª), prestación de servicios sociales (D.T. 2ª) o los servicios relativos a inspección y control sanitario (DT. 3ª).


Por otra parte, el artículo 27, establece que el Estado y las CCAA podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias, y que esta eventual delegación “deberá determinar” entre otros, los medios materiales y económicos, que la Administración delegante “asigne”.


Sánchez ha indicado que el gobierno municipal “sí elaboró un documento sobre la adaptación de las competencias municipales” a la citada ley, en el que se determinaban “las competencias susceptibles de delegación y las competencias distintas de las propias (impropias).


“Como el equipo de gobierno municipal ha manifestado la voluntad de no renunciar a las competencias hasta ahora ejercidas, a favor del servicio al ciudadano, estimamos que deben valorarse con rigor el coste de estos servicios para que sean financiados por las administraciones titulares de las competencias, lo que afecta básicamente a la administración de la Generalitat Valenciana”, ha argumentado.


El edil socialista ha señalado que ayuntamientos como el de Zaragoza “han hecho una evaluación de la afectación de la Ley de Reforma Local a los servicios prestados por el ayuntamiento de esa ciudad, y cuantifican el coste de servicios como los programas de juventud, oficinas de atención al consumidor, la Universidad Popular, etc en 113 millones de euros, que reclamará al Gobierno de Aragón”.


En su opinión, “los efectos negativos en los servicios públicos a la ciudadanía de esta reforma del PP son evidentes, pero no lo que no consentiremos a la alcaldesa es que ponga, una vez más, los intereses de su partido por encima de los de los valencianos y no reclame a la Generalitat lo que nos pertenece”.


Sánchez ha remarcado que es “intolerable el silencio cómplice de Rita Barberá ante la deuda de la Generalitat con Valencia por un total de 36,87 millones de euros, de los que 22 millones corresponden a ejercicios anteriores que incluyen los años 2004 a 2013, y 14,7 millones a deuda a 31 de mayo de 20142.


Fuente: El Periodic.com







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PSOE exige "retirar la Reforma Local antes de que el TC declare que lesiona la autonomía local"


El secretario de Política Municipal del PSOE de La Rioja, Ricardo Velasco, ha exigido este viernes nuevamente al Gobierno "la retirada de la Reforma Local que el PP aprobó a finales del año pasado".


Velasco ha recordado que fue hace un año, en el mes de julio de 2013, cuando el Gobierno presentó el proyecto sobre la Reforma Local, momento en el que el PSOE ya dijo "que suponía un ataque a los ayuntamientos, un abandono del mundo rural y el desmantelamiento del estado del bienestar, algo que el PP y el Gobierno negaban". "Gracias a la presión socialista la ley salió en diciembre de 2013 menos dura", pero el PSOE sigue exigiendo la retirada de esta reforma local porque, finalmente "los hechos nos dan la razón", ha dicho Velasco. Velasco se refiere a la aprobación de la Ley de medidas para la garantía y continuidad de los servicios públicos de La Rioja, por parte del Gobierno Regional, es decir, "el Gobierno de La Rioja que inicialmente negaba los efectos de esta reforma, ha tenido que aprobar una ley para que la reforma no tenga consecuencias en La Rioja" y se pregunta "¿qué sentido tiene aprobar una ley para luego no aplicarla?". Para los socialistas nos encontramos ante "una situación transitoria", ya que creen que el PP "ha paralizado la norma hasta las elecciones de 2015". Por todo ello el PSOE espera "gobernar para poder garantizar los servicios públicos municipales tal y como están porque el PP engaña a los ciudadanos". El secretario de Política Municipal del PSOE también ha recordado que todos los partidos excepto el PNV, porque el Gobierno dejó exentos a los pueblos vascos de esta ley, "algo a lo que tampoco Sanz se opuso, pese al efecto frontera que provoca", presentaron un conflicto en contra de la autonomía local en nombre 2393 municipios que representan a 17 millones de ciudadanos "superando ampliamente los requisitos exigidos por la legislación para plantear este conflicto". En la primera fase, el informe preceptivo al Consejo de Estado ha resuelto que "existen fundamentos jurídicos para el planteamiento de este conflicto en defensa de la autonomía local", ya que en los municipios de menos de 20.000 habitantes, "en La Rioja todos menos Logroño y Calahorra", la comunidad gestionará los servicios básicos (basura, agua, alumbrado, accesos, limpieza..) si el municipios no garantiza que puede hacerlo a un coste menor y "el Consejo de Estado considera que se impide el ejercicio de competencias propias y deja a la Comunidad derecho a veto y la posibilidad de actuar con arbitrariedad", critica Velasco. En consecuencia, "no solo en Consejo de Estado, también el Gobierno Regional y el Parlamento de La Rioja, han considerado que la Reforma Local aprobada en el Congreso lesiona y vulnera la autonomía local y supone el abandono del mundo rural, así como un ataque claro al estado del bienestar y a la participación de los ciudadanos en la institución más cercana", ha explicado Ricardo Velasco. Es por ello que desde el PSOE vuelven "a exigir" la retirada de esta legislación "porque sino será el Tribunal Constitucional quien que declare que esta reforma lesiona la autonomía local y el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos", ha concluido.


Fuente: Europa Press







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