viernes, 21 de marzo de 2014

El alcalde de Lugo dice que la ley de la Xunta que interpreta la reforma local "mejora algunas condiciones"


El alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, ha asegurado este jueves que anteproyecto de ley de la Xunta que aclara dudas para la aplicación de la reforma local impulsada por el Gobierno central "mejora algunas condiciones".


Orozco parte de que "la ley que hizo el Gobierno central es una ley que no hay por donde cogerla, y es acabar con los ayuntamientos grandes, pequeños y medianos".


"Yo no conozco tal y cómo va el proyecto de ley. Conozco el anteproyecto y éste mejora algunas condiciones, cuando menos les da una salida aunque sea provisional y podemos trabajar y no tener a los ayuntamientos paralizados", ha sostenido el regidor de Lugo.


No obstante, el alcalde lucense pide que "desaparezca" esa ley del Gobierno central, al tiempo que lo ha acusado de "un desconocimiento total de la vida de los ayuntamientos", y ha añadido que para Galicia "es acabar con las entidades que son las administraciones que están más próximas a los ciudadanos".


"Va a ser imposible dar las prestaciones que se están dando, va a ser imposible que se puedan dar como se están dando. Es algo paliativo, mejora alguna cosa pero el mal de fondo sigue siendo el mismo", ha concluido.


Fuente: Europa Press







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La Xunta aplaza la reforma local gallega hasta la nueva financiación y descarta llevar al TC la de Montoro


Aprueba la ley de medidas urgentes que "aclara" la reforma estatal y garantiza que los municipios "sigan prestando los servicios".


El Gobierno gallego no llevará al Tribunal Constitucional (TC) la reforma local impulsada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y, tras aprobar la norma de medidas urgentes que aclara dudas en su aplicación, ha ratificado que la nueva la ley gallega de administración local no se hará hasta que esté el nuevo modelo de financiación. Eso sí, a partir de ese momento, la Xunta se da un plazo máximo de seis meses para presentarla.


De esta "reflexión sobre los plazos" que dificulta que la nueva ley gallega esté lista antes de las próximas municipales ha informado el vicepresidente, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consejo de la Xunta, que ha presidido ante la ausencia del presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien regresa este jueves de su viaje institucional a México y Panamá.


En su intervención, Rueda ha informado de la aprobación de la ley de medidas urgentes para facilitar la aplicación de la reforma local de Montoro, que previsiblemente estará lista antes de verano si se agilizan los trámites parlamentarios, y ha ratificado que la Xunta --pese a la petición de PSdeG y BNG-- no llevará la reforma estatal al TC, aunque no renuncia a introducir "mejoras".


Al tiempo, ha ligado estas "mejoras" al desarrollo de una nueva ley gallega de la administración local y ha defendido que, teniendo en cuenta las competencias que la reforma local obliga a asumir las comunidades, lo "lógico" es que la norma gallega global que la "mejorará" y adecuará a las necesidades autonómicas se diseñe ya con el nuevo modelo de financiación sobre la mesa, que ha urgido.


"Nosotros estamos trabajando, pero lo más urgente y práctico era el proyecto de hoy, complementario a todo el resto. Si la reforma de financiación se hiciera en plazo breve, nosotros cumpliríamos nuestro compromiso. No estamos perdiendo el tiempo en absoluto", ha remarcado.


Rueda ha reivindicado que esta norma nace para solventar incertezas y se ha mostrado convencido de que los ayuntamientos la agradecerán, si bien la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) informó favorablemente de la misma sólo con el apoyo del PPdeG.


COMPETENCIAS EN MANOS DE LOS AYUNTAMIENTOS


Precisamente, la propia ley de medidas urgentes aprobada este jueves recoge que las competencias que "debe asumir" la Comunidad en educación, salud y servicios sociales "seguirán siendo prestadas por los ayuntamientos" mientras "no se den" las condiciones previstas para su traspaso, que condiciona al nuevo de sistema de financiación autonómico y de las haciendas locales.


Dicha normativa añade que en el marco del que dispongan las normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades y de las haciendas locales, el Consejo de la Xunta regulará las condiciones del correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales, sin que "la gestión por las comunidades" de dichos servicios pueda suponer "un mayor gasto" para el conjunto de las administraciones.


Ante las "dudas" legales de interventores y alcaldes para continuar prestando servicios a sus vecinos, la ley de medidas urgentes también regula el ejercicio de nuevas competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación que, conforme la legislación básica, sólo será posible cuando no se ponga en riesgo "la sostenibilidad financiera" del conjunto de la hacienda local y no haya duplicidades.


Con tal fin, regula la forma de apreciación de la existencia o no de duplicidades y también la solicitud de informes competencia de la administración autonómica, el procedimiento y plazo para su emisión, así como su carácter vinculante y contenido. Al tiempo, unifica criterios y clarifica qué "no se entenderá como ejercicio de nuevas competencias".


No se entenderá como tal la "continuidad" en la prestación de los servicios ya establecidos"; las obras, servicios, ayudas, adquisiciones o suministros de emergencia; o la colaboración entre administraciones entendida como "el trabajo en común" para solventar problemas también "comunes" y que pudiesen formularse "más allá de la concreta repartición competencial en los distintos sectores de la acción pública".


FINANCIACIÓN DE OZA-CESURAS


Sin abandonar el ámbito municipal, Rueda ha defendido que la Xunta seguirá primando a los ayuntamientos que opten por la vía de la fusión y ha remarcado que el Gobierno central también "corrigió" un error en relación a la financiación de Oza-Cesuras.


"No me acuerdo de memoria, pero creo que la cifra del fondo estatal de cooperación que está recibiendo es de 120.000 euros más de lo que recibiría cada uno (de los municipios fusionados) por separado", ha argumentado.


Igualmente, ha apuntado que la ley estatal alude a "ventajas claras" para los ayuntamientos que opten por esta vía, para añadir que la Xunta ha hablado con el Ejecutivo para indicarle que "no tendría sentido" que una fusión autorizada poco antes de que entrase en vigor "quedase fuera" de estos beneficios. "Seguiremos insistiendo en ello, espero que no haya ningún problema", ha zanjado.


Fuente: Europa Press







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IU da "un tirón de orejas" a De la Serna por defender intereses del PP en lugar de municipalistas


Se han tramitado 1.500 recursos de inconstitucionalidad de la reforma local por parte de ayuntamientos.


El responsable de Política Municipal de Izquierda Unida Federal, Manuel Fuentes, ha dado un "tirón de orejas" al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, al que ha acusado de defender los intereses de su partido, el PP, en lugar de los municipalistas.


En su opinión, el también alcalde de Santander se ha convertido en un "instrumento útil y necesario" para defender los intereses partidistas e ideológicos del PP, cuando la FEMP "no es un instrumento a favor de ningún grupo político sino del municipalismo".


Para Fuentes, es una "vergüenza que quien tenía que defender el municipalismo, la autonomía de los ayuntamientos, la gestión desde la proximidad, el que tenía que tramitar el recurso de inconstitucionalidad como asociación municipalista (contra la reforma de la Administración Local), ha hecho todo lo contrario".


En este sentido, ha subrayado que De la Serna ha propuesto desde la FEMP que "los plenos municipales dejen de tener competencias para dárselas a la junta de Gobierno local", tales como la aprobación de presupuestos prorrogados, planes de ajustes, planes económico-financieros, y la representación municipal en los órganos colegiados.


"Es lamentable", ha valorado el responsable de IU, que ha instado a De la Serna a que le explique "si eso es lo mejor" para las entidades locales.


"Cuando todos estamos luchando por más democracia y más autonomía en los ayuntamientos, el alcalde de Santander ha propuesto a su partido en el Gobierno justo lo contrario: menos democracia", ha denunciado.


Fuentes se ha pronunciado así en una rueda de prensa que ha ofrecido en Santander junto con el coordinador de IU Cantabria, Jorge Crespo, en la que han abordado la reforma de la administración local.


En la misma, Fuentes ha informado que, a 14 de marzo, se han tramitado 1.500 recursos de inconstitucionalidad de la reforma local por parte de los ayuntamientos, que suman más de ocho millones de habitantes. En Cantabria los han presentado los municipios de Colindres, Limpias, Mazcuerras, Peñarrubia, Santillana del Mar, Val de San Vicente y Treviso, han indicado.


En este sentido, Crespo ha denunciado que la reforma local "va a hacer trizas" a Cantabria, y ha recordado que el presidente, Ignacio Diego, ya ha reconocido que la comunidad no tiene recursos para hacer frente a competencias ahora municipales, con lo que "se pasará de lo público a lo privado" y se producirá un "sobrecoste".


La consecuencia, a su juicio, es que los cántabros "van a vivir peor" y se producirá un "trasvase" de dinero público.


RECURSOS


En un sentido similar, el responsable federal ha afirmado que la reforma local influye negativamente en los ayuntamientos por la incapacidad económica de las comunidades autónomas de afrontar los servicios que éstos dejarán de prestar, con lo que se perderán servicios de proximidad, se privatizarán otros, se reducirá la calidad y aumentará el desempleo, ha advertido.


Por eso, "todo el municipalismo de bien" está presentando recursos de inconstitucionalidad contra la reforma local, pese a la "complejidad" de los mismos y la "dificultad" por los plazos. La semana pasada ya se había conseguido el mínimo legal de un sexto de ayuntamientos (1.160) y un séptimo de población (ocho millones) y el objetivo de IU es superar los 2.000 municipios y los 15 millones de habitantes, un hecho "histórico" que "nunca se ha dado en democracia" contra la "reformas antidemocráticas impuestas" por el PP.


"El Partido Popular ha conseguido el récord del consenso en contra suya", ha destacado Fuentes, que ha confiado en que la vía de recurrir desde los ayuntamientos, a la que se suman otras como las de los parlamentos y gobiernos regionales y la de los grupos parlamentarios del Congreso, tengan "el resultado que se merece".


Todos los recursos municipales se canalizan a través del Ayuntamiento de Barcelona --el mayor de España que los apoya-- y de ahí irán al Consejo de Estado y al Tribunal Constitucional.


ELECCIONES


En otro orden, Fuentes ha destacado que IU tiene "muy buenas expectativas" electorales de cara a los próximos comicios europeos y locales, incluida Cantabria, donde espera conseguir "muy buenos resultados" gracias a la ampliación de las candidaturas.


Ha subrayado que Izquierda Unida "quiere estar en las instituciones" para hacer políticas distintas a las que han llevado al "austericidio".


En relación a las elecciones europeas, ha pedido al PSOE y su candidata, Elena Valenciano, que "dejen de engañar" a los ciudadanos cuando hablan de "voto útil" y, tras recordar medidas en las que los socialistas han apoyado al PP, le ha preguntado si secundará las mociones que IU presentará en los ayuntamientos de apoyo a las necesidades ciudadanas antes que al pago de la deuda y de revalorización de las pensiones.


"Queremos no ser cargos públicos sino cargos para lo público, para que no se privaticen los servicios y para poner en marcha políticas de gestión", ha concluido.


Fuente: Europa Press







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jueves, 20 de marzo de 2014

Valderas pide por carta una reunión a Montoro para abordar la reforma local y la devolución de préstamos a ayuntamientos


Le traslada que haya más de 495 corporaciones con "imposibilidad financiera" para devolver los préstamos en las condiciones pactadas.


El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha remitido este martes una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le solicita una reunión "urgente" para abordar la aplicación de la reforma local y la devolución de los préstamos concedidos a ayuntamientos en el marco del sistema de pago a proveedores, entre otras cuestiones.


Así lo ha anunciado este miércoles el propio Valderas, momentos antes de mantener un encuentro con representantes de mancomunidades sobre el impacto de la reforma local del Gobierno, en el que también han participado el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho González.


En la citada misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Valderas explica que se advierten contradicciones jurídicas entre el marco estatutario andaluz y la Ley de reforma local que generan "dificultades aplicativas" y que requieren de un "enjuiciamiento constitucional" para su correcta articulación, lo que llevará al Gobierno andaluz a presentar un recurso de insconstitucionalidad a esta norma, que se registrará el día 26 o 27 del presente mes.


En esta línea, el vicepresidente de la Junta demanda a Montoro que, antes de que se proceda una aplicación normativa por parte de los distintos ámbitos de gobierno de la citada ley cuyos efectos puedan ser "irreversibles", se estudie alguna solución que permita posponer la eficacia de la ley, o al menos, aquellos aspectos que "mayor controversia" suscitan.


Por otro lado, y ante la proximidad de la finalización de los periodos de carencia para la devolución de los préstamos concertados en el marco del sistema de pago a proveedores, Valderas destaca en la carta la "imposibilidad" financiera de más de 495 ayuntamientos de poder afrontar su devolución en los términos que pactaron.


"Creemos necesario operar una ampliación tanto del periodo de carencia como del periodo de abono, de forma que sea compatible con la suficiencia financiera de las entidades locales involucradas", ha indicado Valderas, quien también informa al ministro de la "gravísima" situación económica que se está generando en determinados municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla por la disolución de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y la obligada distribución del volumen de déficit entre los municipios mancomunados.


El vicepresidente de la Junta añade que la importante magnitud del riesgo para instituciones, así como "la responsabilidad que debemos ejercer quienes compartimos funciones de Estado, requiere de la posibilidad de sentarnos tanto para tomar completo conocimiento de los asuntos mencionados como para poder articular medidas adecuadas y eficaces en nuestros respectivos ámbitos de gobierno".


Asimismo, Valderas ha explicado a los medios que está dispuesto a hablar con Montoro de todas las cuestiones que el ministro considere "necesarias". Si bien, cree que "no es necesaria" la relativa al recurso de inconstitucional al decreto-ley de la Junta sobre la apertura de la mina de Aznalcóllar en Sevilla. "No es necesario porque el Gobierno se salta el Estatuto de Autonomía y no entiendo ningún Gobierno que ponga un recurso a la creación de empleo en los yacimientos mineros", ha añadido.


REPERCUSIÓN DE LA LEY EN LAS MANCOMUNIDADES


De otro lado y en relación a la reunión con representantes de mancomunidades sobre el impacto de la reforma local del Gobierno que se va a celebrar este miércoles, Valderas ha explicado que el objetivo es intercambiar opiniones, ver cuál puede ser el alcance de esta normativa y en qué situación quedan las 71 mancomunidades andaluzas, "quienes vienen cumpliendo, prácticamente el cien por cien de ellas, un papel importante para ejercer la prestación de servicios en las mejores condiciones".


Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villobos, ha dicho que los municipalistas podrán en el marco de esta reunión debatir "tranquilamente" y poniendo el sentido común "por encima de todo". Según ha indicado, los entes supramunicipales han servido fundamentalmente para equilibrar el territorio y para ese "emigración" que ocurría en la década de los 50 y 60 cuando "los pueblos empezaban a tambalearse".


Finalmente, Francisco Javier Camacho González ha explicado que la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales va a mantener encuentros con todos los ayuntamientos de Andalucía en las ocho provincias y con todas las mancomunidades para abordar la reforma local, "que pone en un precipicio a los entes supramunicipales, ya que en seis meses, o adaptan sus estatutos o hay que disolver 52 mancomunidades en Andalucía".


Fuente: Europa Press







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El PSOE insta a las Cortes de Castilla – La Mancha a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma Local


El PSOE de Castilla-La Mancha ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en la piden a las Cortes regionales la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada el pasado mes de diciembre por el Gobierno central


Según la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas piden la inconstitucionalidad de esta Ley por "vulneración" del espacio competencial autonómico y la atribución de competencias a las comunidades autónomas a través de una ley ordinaria del Estado, "de forma unilateral y coercitiva".


Del mismo modo, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideran que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local "lesiona" la autonomía local y que "vulnera" el principio democrático en el ámbito local.


Centrándose en aspectos concretos de la Ley, el PSOE considera inconstitucional un total de 19 aspectos que se desarrollan en el articulado de esta Ley como el hecho de que se exijan dos informes vinculantes de otras administraciones para que el municipio pueda ejercer competencias distintas a las propias y delegadas, y otros más por exceder.


También cree que vulnera la Constitución el hecho de que la Ley "desapodere competencialmente" a los municipios menores de 20.000 habitantes, y "especialmente" a los menores de 5.000 y haga depender de otra administración la propuesta y la decisión sobre la forma de prestar los servicios de competencia municipal exigiendo que otra administración "lo considere acreditado".


Asimismo, considera inconstitucional, entre otros, que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establezca la colaboración entre Comunidad Autónoma y Diputación en el seguimiento de la aplicación de las medidas incluidas en el Plan económico-financiero "por extralimitación de la competencia básica estatal".


Fuente: Europa Press







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miércoles, 19 de marzo de 2014

Un total de 803 de los 947 ayuntamientos de Catalunya llevarán la reforma local al TC


Un total de 803 de los 947 municipios que tiene Cataluña (90,28%) han presentado la documentación correspondiente para poder llevar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) al Tribunal Constitucional (TC).


Este martes, el Ayuntamiento de Barcelona ha formalizado que quiere recurrir la reforma local, después de que así lo aprobase el plenario municipal el viernes.


El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha recibido al Consell de Governs Locals de Catalunya (CGLC), y el concejal de Presidencia, Jordi Martí, ha explicado después en rueda de prensa que el consistorio rechaza la reforma porque "limita y atenta contra la autonomía local, un principio sagrado en el ordenamiento jurídico".


CONDICIONES PARA EL RECURSO


El presidente del CGLC y de la Associació de Municipis i Comarques (ACM), Miquel Buch, ha concretado dos condiciones para que prospere el recurso al TC: 1.159 municipios que lo secunden y que sumen 7,5 millones de habitantes.


La segunda condición ya prácticamente la cumplen --representan 7,44 millones de habitantes, y aún faltan por sumarse una cincuentena de entes locales--; la primera también la lograrán, puesto que hay otros ayuntamientos del resto de España dispuestos a recurrir.


Según Buch --que también es alcalde de Premià de Mar (Barcelona)--, la reforma local es retrógrada, vulnera y ataca el principio de autonomía local, y "va a hacer daño a los ciudadanos", y tanto la Generalitat como el Parlament también van a recurrir.


Según Xavier Amor, vicepresidente del CGLC y presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la reforma "no soluciona problemas, sino que genera muchas dudas y mucha crispación".


Tanto Buch como Amor --que también es alcalde de Pineda de Mar (Barcelona)-- han destacado la unidad en torno al rechazo a esta reforma, que une a representantes de todos los partidos salvo el PP.


Fuente: Europa Press







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El Consultivo avala el recurso de la Junta contra la reforma local del Gobierno


Considera "contrarias a la Constitución o al Estatuto de Autonomía para Andalucía" un total de 15 normas de la Ley.


El Consejo Consultivo de Andalucía avala la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reforma la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.


En un examen estrictamente jurídico, el consejo considera "contrarias a la Constitución o al Estatuto de Autonomía para Andalucía" un total de 15 normas de la Ley, entre ellas la que confiere a las diputaciones el papel de coordinar la prestación de servicios en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.


Según informa en un comunicado el Consultivo, la coordinación prevista en la Ley "encierra un eufemismo", ya que "en la práctica supondrá la asunción por las diputaciones de la prestación de servicios locales básicos, lesionando la autonomía municipal garantizada en los artículos 137 y 140 de la Constitución".


En su dictamen señala además que el órgano que decide finalmente sobre las formas de gestión de estos servicios municipales propuestas por las diputaciones es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "invadiendo las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de régimen local".


En relación con la prohibición de que, en las poblaciones de menos de 1.000 habitantes, los miembros de los ayuntamientos puedan tener dedicación exclusiva y con la previsión de que, sólo con carácter excepcional, puedan tener dedicación parcial, el Consejo Consultivo considera que se trata de una modificación que introduce "una importante restricción", que no puede ser comparada con otros supuestos de limitación del régimen retributivo de cargos electos (como el que ha validado recientemente el Tribunal Constitucional en relación con el de las retribuciones de los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha).


El Consejo considera que "no existe una jurisprudencia constitucional determinante para resolver la cuestión" y por ello, ante la duda de constitucionalidad suscitada, considera "justificado" que el Gobierno andaluz impugne esta regulación.


El dictamen destaca asimismo que el Consejo Consultivo ha considerado que, precisamente porque la estabilidad presupuestaria adquiere "un valor verdaderamente estructural y condicionante en la Constitución", se ha reservado a una ley orgánica el desarrollo de dicho principio.


Esta es la razón por la que se considera inconstitucional que el Estado haya procedido a desarrollar en la ley impugnada (que es una ley ordinaria) el plan económico-financiero de las corporaciones locales y determinadas medidas de redimensionamiento del sector público local como supuestos de responsabilidad de las corporaciones Locales en el caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, "sin respetar la reserva de ley orgánica que impone la Constitución".


Asimismo, entre otras cuestiones que justifican el recurso del Gobierno andaluz, el Consejo Consultivo estima que puede incurrir en inconstitucionalidad la norma que priva al Pleno de la Corporación de su competencia cuando, en determinados acuerdos, no alcance en una primera votación la mayoría necesaria para su adopción.


En tales supuestos, "bajo una supuesta situación de excepcionalidad que en realidad no concurre según el dictamen", la norma traslada a la Junta de Gobierno Local la competencia para adoptar acuerdos de "gran relevancia" como el presupuesto, los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio, los de ajuste, los de saneamiento, los de reducción de deudas y la entrada en los mecanismos extraordinarios de financiación.


Fuente: Europa Press







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martes, 18 de marzo de 2014

PROPUESTA DE BORRADOR DE REGLAMENTO POR EL QUE SE DESARROLLA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ESCALA

El Parlamento de Navarra acuerda recurrir las reformas local y educativa del PP


La Junta de Portavoces, excepto UPN y PPN, ha tomado esta decisión tras conocer el dictamen del Consejo de Navarra


El Consejo "llega a la conclusión de que en el apartado de las convocatorias se conculcan las competencias de Navarra"


La Junta de Portavoces del Parlamento foral ha acordado, con los votos en contra de UPN y PPN, la presentación de un escrito ante el Tribunal Constitucional de adhesión a otras impugnaciones en curso contra la LOMCE tras conocer el dictamen del Consejo de Navarra. Ha acordado también recurrir ante el TC la reforma local del PP.


La Mesa y la Junta de Portavoces se han dado por enteradas este lunes del dictamen del Consejo de Navarra sobre adecuación a la Constitución y respeto al ámbito competencial de Navarra de determinados preceptos de la LOMCE.


En la reunión de esta mañana, la Junta de Portavoces ha acordado, con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E, presentar un escrito de adhesión a otras impugnaciones. El plazo para presentar recursos finalizó el pasado día 10 de marzo y, según el portavoz de Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta, el informe del Consejo de Navarra llegó al Parlamento el día 11.


Según el parlamentario, en el dictamen el Consejo "llega a la conclusión de que en el apartado de las convocatorias se conculcan las competencias de Navarra".


Ha explicado así que, a pesar de estar fuera de plazo, "hemos decidido la personación porque el tema tiene mucha importancia de tipo educativo y social". A su juicio, "el Gobierno de Navarra no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha presentado ningún recurso".


Por su parte, el parlamentario socialista Juan José Lizarbe ha indicado que "como el Consejo de Navarra ha hecho el informe el último día no se puede materializar el recurso como tal, pero se tratará de adherir a alguno de los recursos y así poner en conocimiento del TC el contenido del informe del Consejo de Navarra".


En otro orden de cosas, la Junta de Portavoces ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 27/2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, a propuesta del PSN. Han votado a favor del acuerdo los representantes de PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E y en contra, UPN y PPN.


USO DE LOS SÍMBOLOS


Por otra parte, la Mesa y la Junta de Portavoces se han dado por enteradas del informe sobre la admisibilidad de la iniciativa legislativa popular para "el respeto a la pluralidad y a la decisión democrática de la ciudadanía en el uso de los símbolos de Navarra".


El informe de los servicios jurídicos del Parlamento concluye que "desde un punto de vista formal, la proposición de iniciativa legislativa popular se adecúa a las exigencias de la LFILP". No obstante, el informe concluye, asimismo, que "desde la perspectiva material, la iniciativa legislativa popular puede exceder el ejercicio legítimo de las competencias de Navarra, al incidir en la regulación de la utilización de símbolos políticos ajenos a la Comunidad foral".


Igualmente, recoge el informe, "puede afectar a materias reguladas en una Ley Foral de mayoría absoluta, cual es la relativa a las consultas populares, en la forma y con el alcance que se han precisado en este informe".


Por ello, a juicio de los servicios jurídicos del Parlamento, "concurre la causa de inadmisibilidad". La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, habrá de valorar la concurrencia de tales causas, a los efectos de la admisión o inadmisión a trámite de la iniciativa legislativa popular".


Han votado a favor los vicepresidentes primero y segundo, Samuel Caro y Txentxo Jiménez, y los secretarios primero y segundo, Maite Esporrin y Koldo Amezketa; mientras que ha votado en contra de la tramitación el presidente, Alberto Catalán. En la Junta de Portavoces han expresado su parecer favorable a la tramitación los representantes de PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E, y en contra se han manifestado UPN y PPN.


Fuente: Diario de Navarra







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Coalición Canaria y PSOE piden un pleno del Parlamento para llevar la reforma local al Tribunal Constitucional


Nacionalistas y socialistas ya habían avisado que lanzarían una ofensiva en el Constitucional para combatir la ley.


Los grupos parlamentarios nacionalista y socialista han elevado ya a la Mesa de la Cámara la solicitud de un pleno extraordinario para que el principal órgano político de la región, en que son mayoría, interponga en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la ley de reforma local. Junto con la petición, Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) también han dirigido a la Mesa la proposición no de ley (PNL) que se debatirá en esa sesión plenaria y en que exponen los argumentos del recurso.


CC y PSC-PSOE anunciaron en enero que habían constituido una comisión para trazar la estrategia contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la cual calificaron ya entonces de «chapuza». La semana pasada, los grupos que apoyan al ejecutivo de Paulino Rivero registraron al unísono la solicitud de un pleno «fuera de calendario» en el que debatir una PNL, que presentaron el mismo día, para interponer un «recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos» de la ley por «invasión de competencias» de la comunidad autónoma. En concreto, los dos escritos fueron elevados el último miércoles, día 12, tal como han confirmado a ABC fuentes de ambas fuerzas políticas.


Nacionalistas y socialistas ven inconstitucionales los epígrafes uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, 17, 18, 19, 21, 30, 36 y 38 del artículo primero; el punto dos del artículo segundo; las disposiciones adicionales novena y decimoquinta; y las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Así consta en el texto de la PNL, al que ha tenido acceso este diario y en que CC y PSC-PSOE aseguran que los susodichos preceptos «están impregnados del recorte que significa su espíritu contrario a la autonomía local».


La estrategia de Ferraz


El secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, vino en su día a Canarias para acercar ideas al respecto con el secretario general de CC, José Miguel Barragán. Zarrías explicó que desde Ferraz intentarían promover recursos de los gobiernos y parlamentos regionales contra la ley estatal, que convierte a los ayuntamientos, dijo entonces, en «meras oficinas administrativas».


En el Archipiélago, la reforma local ha suscitado críticas también de su Ejecutivo y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). La Fecam, que preside el alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia, viene vertiendo un sinfín de críticas hacia la norma y hacia el gabinete de Mariano Rajoy. No en vano, el organismo considera la ley «centralista» y, en consonancia con el argumentario del PSOE, advierte que va en detrimento de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.


La proposición no de ley de Coalición y PSC-PSOE, que suscriben los portavoces de sus respectivos grupos parlamentarios, Barragán y Manuel Fajardo, ahonda en este asunto y pide a la Cámara su asenso a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. En la exposición de motivos de la PNL, los partidos del Gobierno canario afirman que «toda» la norma «está inspirada por el principio de estabilidad presupuestaria y orientada hacia el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera».


Fuente: ABC







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lunes, 17 de marzo de 2014

La Reforma Local (IV): Las Aclaraciones del MHAP | El blog de ACAL

El mapa de la Ley de Ordenación Territorial estará listo este verano - Diario de Ávila

COMPETENCIAS "MUNICIPALES DISTINTAS DE LAS PROPIAS": ALGUNAS PAUTAS INTERPRETATIVAS ANTE UN PROBLEMA COMPLEJO

Este trabajo pretende aportar algunos criterios interpretativos de una Ley compleja, con la finalidad de que los actores políticos y los operadores técnicos locales dispongan de elementos conceptuales y aplicativos que les ayuden a resolver algunos problemas, pero sobre todo pretende determinar el alcance e impacto de esa Ley sobre sus respectivas entidades locales.



via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios http://ift.tt/NmIfbH

¿Cuánto le cuesta mantener su Ayuntamiento?


Una nueva página web, Transparecia de Cuentas Públicas, permite que cada ciudadano escudriñe los datos de su Administración.


Miguel Fiandor es sólo un ingeniero, pero por su trabajo parece que sea capaz de multiplicarse por muchos. Tiene una tarea titánica: recoger, agrupar, ordenar y hacer visibles las cuentas públicas de las administraciones. ¿Cuánto le cuesta de media a un ciudadano los gastos en personal de su consistorio? ¿Cuánto le cuesta mantener limpias sus calles y en buen estado el mobiliario urbano? ¿Cuánto dinero consigue su ayuntamiento por inversiones patrimoniales? Son sólo algunos ejemplos de las preguntas a las que ahora Fiandor ha contestado a través de la página web TransparenciadeCuentasPublicas.es, donde transforma miles de datos económicos en información útil y comprensible: mapas, desgloses, diagramas de barras, comparativas e informes.


El ingeniero informático, autor y desarrollador de la página, reconoce que existían muchos datos publicados «por defecto» a través del Ministerio de Hacienda cuyo formato era «bastante accesible». Sin embargo, para un ciudadano de a pie, su visibilidad y acceso era más complicado. Ahora, dice, «hay que hacer que la gente se mentalice». «Es más fácil opinar con todos estos datos sobre la mesa. Sin ellos, las opiniones carecen de fundamento». La nueva ley de Transparencia ayuda, aunque el cambio es poco, dice. «Lo que noto es que si la información ya era accesible, ahora también se actualiza con más frecuencia».


Fiandor comenzó centrándose en la situación de los Consistorios: sus ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, sus ingresos por activos financieros, sus gastos en inversiones reales, en servicios públicos básicos… y así hasta 25 indicadores diferentes. Ahora, su análisis se está extendiendo también a los informes provinciales. Unos informes que pretenden ser el sustento financiero del proyecto que ha conseguido arrancar gracias a una campaña de crowdfunding. En esos nuevos informes, se puede comprobar, por ejemplo, la evolución en los últimos años del gasto en inversiones por obras e infraestructuras. En Teruel, por ejemplo, han caído de los 85.325.138 euros a los 40.117.251 entre 2010 y 2012. Es decir, han pasado de suponer un 41,4% de sus gastos totales a tan sólo el 27% [Lea aquí el informe de Teruel completo].


Más adelante, si el proyecto funciona, también se extenderá a diputaciones, cabildos insulares y comunidades autónomas. Por ahora, para aquellos a quien interese, los datos están disponibles. Lo que sugiere Fiandor con los datos que ha publicado hasta ahora es que quizá sea adecuado empezar por lo más cercano.


Los datos


Los datos que utiliza TransparenciadeCuentasPublicas.es son públicos, de fuentes oficiales como el Tribunal de Cuentas o el Ministerio de Hacienda. De los 8.114 ayuntamientos que existen en España, la base de datos de la web maneja 7.681. Es decir, el 94,6 por ciento. Estos son algunos de ellos:


—Los gastos en personal


El coste medio por habitante en gastos de personal más bajo corresponde a los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra con 212 euros, mientras que los más altos son los de Álava, con 476 euros. En Madrid el gasto medio es de 360 euros por habitante, aunque dentro de ese dato hay grandes diferencias: desde los 2.409 euros que, de media, les cuesta a los 56 vecinos de La Hiruela el personal público hasta los 148 euros que corresponden a los más de cuatro mil habitantes de Valdetorres de Jarama. También es cierto, no obstante, que estos datos varían según los servicios que ofrezca cada Ayuntamiento. A más servicios se puede deducir que mayores serán los gastos por personal.


—¿Quién gasta más en obras e infraestructuras?


La provincia de Barcelona presenta la inversión más alta en obras e infraestructuras en términos absolutos (751 millones de euros), mientras que Teruel lo es en términos relativos (285 euros por habitante).


—¿Cuál es la provincia que menos datos publica?


Preguntado por la transparencia, Fiandor explica que «en este tipo de datos es más un tema de puntualidad: quién publica antes o después, aunque suele haber despistados para los que no hay datos del año 2010 por ejemplo, y probablemente de años anteriores tampoco. El Tribunal de Cuentas publica en sus informes los datos sobre estos rezagados, ya que también le rinden cuentas a él. Para datos de 2012, ha sido Navarra la provincia cuyos ayuntamientos han sido los últimos en publicar, destacando Pamplona».


—¿Qué ayuntamientos han aumentado más sus ingresos gracias a las tasas en los últimos años?


El ayuntamiento que más ha visto aumentados sus ingresos vía tasas entre 2010 y 2012, ha sido Aldeire (Granada) con una media de 3.628 euros por habitante, seguido de la Puebla de Castro (Huesca), con un incremento de 2.728 euros por habitante, e Ituero y Lama (Segovia) con 2.691. En este concepto se incluye la contraprestación de servicios públicos y tasas fiscales que cada ayuntamiento determina con cierta libertad: la tasa de basuras, uso de instalaciones deportivas, transporte público, licencias urbanísticas y comerciales...


En el extremo opuesto, los que más mermados han visto sus ingresos entre 2010 y 2012 por este concepto son el Gordo (Cáceres), que ha dejado de ingresar hasta 4.308 euros por habitante, Benagéber (Valencia), con 3.229.08 euros menos por habitante y San Salvador (Valladolid), con 3.144 euros menos por habitante.


—¿Qué ayuntamiento ha conseguido mayores ingresos gracias al rendimiento del patrimonio de la administración?


Los ayuntamientos que han tenido mayores ingresos gracias al rendimiento de su patrimonio han sido, en términos absolutos, Madrid, con más de 146 millones de euros; Barcelona, con más de 44 millones; y Vitoria-Gasteiz (Álava) con más de 32 millones. En el extremo opuesto, y con indicadores negativos, aparecen Estella/Lizarra (Navarra), con pérdidas de 427 mil euros, Vall de Uxó (Castellón), con casi 26 mil euros, y Algueña (Alicante) con casi tres mil euros.


—¿El Ayuntamiento que más se gasta en protección y promoción social?


Hasta 5.136 euros por habitante se gasta Tollos (Alicante) en actuaciones de protección y promoción social, con una población de apenas 45 habitantes. Por eso, en datos absolutos, queda muy lejos de Elche, con los más de 23 millones que destina (el mayor dato de la provincia) a este apartado que incluye pensiones, servicios sociales o fomento del empleo. O más lejos aún de Madrid, con sus 385 millones, y Barcelona, con 209 millones, que encabezan la lista nacional en este tipo de gastos.


—¿Y en el caso de gastos en producción de bienes públicos de carácter preferente?


Es inevitable que, en datos absolutos, sean (casi) siempre Madrid y Barcelona las que encabecen todos los ranking. También ocurre con los gastos en Educación, Sanidad, Cultura y Deporte. Según los datos de 2012, Madrid destinó más de 414 millones a estos menesteres, mientras en Barcelona fueron 366 millones. Sin embargo, en términos relativos, el ayuntamiento que encabeza la lista está en Salamanca y es el de Sardón de los Frailes: fueron 18.366 euros de media por habitante los que empleó. A este le sigue Suellacabras (Soria), con 12.986 euros, y Villarroya (La Rioja), con 12.511 euros por habitante.


—¿Cuáles son los ayuntamientos que más y menos se gastan en bienes corrientes y servicios?


Bezares (La Rioja) gasta más de cinco mil euros por habitante para que todo funcione correctamente: alumbrado, agua, limpieza, recogida de basura, mantenimiento de colegios, jardines... Después de él, están Tejada (Burgos), que gasta 4.343 euros por habitante y Olmedilla de Alarcón (Cuenca), que gasta 4.099 euros por habitante. ¿Los que menos? Muelas de los Caballeros (Zamora), ayuntamiento al que tan sólo le cuesta 63 euros por habitante, Rebolledo de la Torre (Burgos), con 70 euros, y Rábanos (Burgos) con otros 70 euros.


—Superávit/Déficit


En este punto, Madrid encabeza la lista de ayuntamientos con superávit: tanto el total como por cuenta corriente. El primero con más de mil millones. El segundo, con más de 990 millones. En el extremo opuesto de la tabla, el «premio» al mayor déficit total se lo lleva el ayuntamiento de Parla (Madrid), con 21 millones de euros, mientras que el mayor déficit por cuenta corriente se lo lleva León, con 38 millones.


Fuente: ABC







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¿Cuánto le cuesta mantener su Ayuntamiento? - abcdesevilla.es

El Ayuntamiento de Barcelona recurrirá ante el TC la reforma local junto con otros municipios catalanes


Pleno extraordinario.


El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes, en un pleno extraordinario y con el voto de todos los grupos salvo el PP, sumarse al grupo de municipios catalanes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de reforma de la administración local del Gobierno central.


Esta sesión extraordinaria ha convocado después de que en el pleno ordinario de febrero se aprobara una proposición del PSC para rechazar esta reforma y formalizar la adscripción del consistorio al conjunto de localidades que recurrirán la ley.


El primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, ha argumentado que de esta forma Barcelona ejerce de capital catalana y "se pone al lado de los municipios que más sufrirían los efectos negativos de esta reforma", ya que ha argumentado que sin su liderazgo, hacer llegar este rechazo sería mucho más difícil.


Ha reconocido que la ley incluye una disposición adicional que sirve para preservar el régimen especial del Ayuntamiento de Barcelona recogido por la Carta Municipal, y ha destacado la aportación del grupo municipal del PP en este sentido, pero ha considerado que el consistorio debe "levantar la mirada" y no tener en cuenta solo su situación.


Forn ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy esconde tras la excusa de la racionalización una "voluntad recentralizadora y uniformista, un ataque al autogobierno y una desconfianza en los municipios", y ha subrayado que Barcelona no necesita ninguna ley que le diga qué hacer en cuanto a racionalización y sostenibilidad.


El líder del grupo del PSC, Jordi Martí, ha celebrado el apoyo de la mayoría de los concejales, y también ha reconocido el "esfuerzo" del grupo popular para salvaguardar la Carta Municipal, pero ha reprochado el silencio del alcalde, Xavier Trias, en el pleno, y le ha pedido liderazgo en la interposición del recurso.


"Le queremos ver al frente. No se esconda. Es una de las batallas que el municipialismo tiene que hacer, y Barcelona tiene que estar al frente", ha sostenido.


El líder del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, ha defendido que con esta reforma "no se suprimirá ningún servicio", sino que se eliminarán las duplicidades, y ha destacado que la ley permite que los consistorios con equilibrio presupuestario puedan ofrecer los servicios que consideren oportunos además de los obligatorios.


Ha criticado que esta votación responde a una "sumisión a intereses de partido del PSOE y de CiU" y no los intereses de la ciudad, y ha reclamado a Trias que ejerza de alcalde de Barcelona y no de delegado de la Generalitat.


El líder de ICV-EUiA en el consistorio, Ricard Gomà, ha calificado la norma de recentralizadora y de involución democrática, ya que provoca que los ayuntamientos se asemejen más a los de la última época del franquismo que a los del siglo XXI: "Quieren recuperar el pasado porque saben que han perdido el futuro", ha sostenido.


El presidente de UpB, Jordi Portabella (ERC), ha advertido de que las competencias del Ayuntamiento no quedan íntegramente protegidas por la Carta de Barcelona y que, por tanto, también está afectado por la nueva ley local, y ha pedido que el TC suspenda cautelarmente su aplicación mientras toma una decisión.


Fuente: Europa Press







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La Administración Local sigue reduciendo su deuda y está a sólo una décima del objetivo del 4% del PIB


El sector local español cerró el último trimestre 2013 con una deuda de 41.490 millones de euros, 280 millones por debajo del valor del trimestre precedente, que representan un 4,1% del PIB, y que le aproximan al objetivo del 4% previsto para 2014.


Así queda reflejado en las estadísticas de Deuda de las Administraciones Públicas correspondientes al último trimestre de 2013, que el Banco de España ha publicado hoy. Los datos han venido a confirmar la evolución favorable de la deuda de la Administración Local de nuestro país que, aunque se mantiene en el mismo porcentaje del PIB, reduce sensiblemente su importe y abre perspectivas muy optimistas de cara al cumplimiento del objetivo para este año.


La Local ha sido la única de las tres Administraciones que ha reducido su deuda respecto al trimestre anterior, y también con relación al mismo período de 2012. Las Administraciones Autonómicas la han incrementado en algo más de 10.000 millones sobre el tercer trimestre, pasando así del 19,2% al 20,2% en peso sobre el PIB. En cuanto a la Administración Central, su porcentaje de 81,7% son 0,4 puntos más que el trimestre pasado. El importe de su deuda ascendió hasta los 836.127 millones de euros.


La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas españolas terminó 2013 con un valor de 960.640 millones de euros, rozando casi el 94% del PIB.


Fuente: FEMP







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El PSOE de Galicia apuesta por una agencia gallega de servicios sociales consensuada con los ayuntamientos


Por el cambio de la situación económica y el marco comptetencial.


La parlamentaria socialista Carmen Gallego ha registrado en el Parlamento gallego una moción en la que se insta a la Xunta a dialogar con los ayuntamientos de toda Galicia para consensuar el modelo de gestión de los servicios sociales y clarificar el reparto competencial de los mismos.


De este modo, el PSOE de Galicia defiende que, de acuerdo con las peticiones que hace reiteradamente la Federación Galega de Municipios e Provincias, se les "devolvería" a los ayuntamientos las competencias que tenían antes de la reforma de la legislación en materia de Administración local, hecha por el Gobierno central.


La iniciativa de la diputada socialista pretende replantear la creación de la agencia gallega de servicios sociales, teniendo en cuenta que el marco competencial y la situación económica cambiaron.


El PSOE de Galicia ha expuesto que de este modo los ayuntamientos podrían tener una representación que refleje "al menos" su peso en la gestión de servicios sociales, la pluralidad democrática, la población a la que representan y dan servicios, entre otros.


La portavoz del Grupo socialista ha propuesto "asumir el compromiso" de cualquiera modificación que se introduzca en la gestión de los servicios prestados por los gobiernos locales y la Administración autonómica, que no debería suponer ni "mayor carga económica" para los ayuntamientos, ni para las personas usuarias, ni para las entidades del tercer sector de iniciativa social.


Fuente: Europa Press







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