El alcalde reclama al Estado que el Estatuto de la Capitalidad Compartida tenga peso a la hora de elaborar la nueva normativa.
Santa Cruz no es un municipio más, sino una localidad con unas necesidades especiales que se derivan de su condición de capital de provincia y cocapital del Archipiélago. En la ciudad residen 206.593 habitantes pero a esta cantidad hay que sumar la población flotante que, cada día, se desplaza hasta la capital tinerfeña para acudir a sus puestos de trabajo o para realizar gestiones administrativas. Son unos ciudadanos que, pese a no residir en Santa Cruz, también demandan una serie de servicios y prestaciones que el Consistorio chicharrero debe proporcionarles. "Santa Cruz es diferente: somos la cocapital de Canarias", aseguró el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien exigió al Ejecutivo regional que se tengan en cuenta los costes que le ocasionan al Ayuntamiento chicharrero los servicios a esta población flotante, a través de ayudas específicas.
El Estado aprobaba el pasado año la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una normativa que pretendía devolver a las Comunidades Autónomas muchas de las competencias que, en su momento, estas le cedieron a los ayuntamientos. Sin embargo, la aplicación de la ley le está resultando bastante difícil a los gobiernos regionales debido a la gran cantidad de lagunas que existen en el texto.
Para resolver las incertidumbres competenciales, el Ejecutivo canario y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han elaborado una reforma autonómica de la ley estatal para tratar de cubrir todos los vacíos y eliminar los limbos que existían en la normativa del Estado. La denominada ley canaria de municipios se llevará al Parlamento regional a lo largo del próximo mes para que pueda ser debatida por los grupos políticos y, posteriormente, aprobada.
El hecho de que la Fecam haya participado en la elaboración de esta reforma ha permitido a los ayuntamientos canarios no solo poder manifestar su opinión sobre la norma estatal, sino también realizar todas aquellas aportaciones que permitan que prestaciones tan relevantes como los servicios sociales queden garantizados.
Santa Cruz, al igual que el resto de localidades canarias, también ha aportado su granito de arena en la elaboración de dicho documento. Así, el Consistorio chicharrero asegura en el escrito enviado a la Fecam que "se echa en falta referencia y regulación específica para los municipios de gran población y al Estatuto de Capitalidad Compartida". "La Ley del Estatuto de la Capitalidad Compartida de las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife reconoce y refuerza la autonomía de los dos ayuntamiento de ambas ciudades, dotándolas de un estatuto especial de capitalidad", se agrega en el documento.
"Tomando como base lo señalado en dicha Ley, ambos ayuntamiento están al servicio de una gestión administrativa eficaz, moderna y solidaria y, para ello, se establece una previsión de financiación específica en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de ambas ciudades", se aclara en el escrito enviado por el Ayuntamiento de Santa Cruz.
"Ser la cocapital de Canarias es una oportunidad para Santa Cruz pero es necesario que el Gobierno de Canarias tenga en cuenta esta condición", aseveró José Manuel Bermúdez, quien recordó que en la capital tinerfeña se generan tantos puestos de trabajo como en los municipios de La Laguna, La Orotava y Arona juntos. "Son unos trabajadores que también nos demandan unos servicios pese a no residir en el municipio", añadió el alcalde José Manuel Bermúdez.
Pese a que el asunto de la capitalidad y la necesidad de que se respeten las leyes canarias por las que las dos capitales reciben una financiación especial es lo que más preocupa en Santa Cruz, en el escrito del Ayuntamiento también se hace referencia a otros temas como las competencias, la financiación o la autoorganización de cada localidad.
Sobre las competencias, en el documento se explica que "la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha generado para nuestros municipios un conjunto de problemas de índole eminentemente práctico como consecuencia de la confusión competencial derivada de la referida Ley. Las dudas suscitadas hasta el momento han venido resolviéndose a través de circulares o instrucciones".
Para evitar esos problemas a la hora de establecer las competencias de los municipios en determinadas materias, el equipo de Gobierno plantea que "la legislación autonómica clarifique dichas competencias a fin de evitar la aparición de disfuncionalidades en los servicios públicos y garantizar su continuidad sin poner en riegos los derechos de los ciudadanos, teniendo como marco el principio de autonomía local y el principio de subsidiariedad en su doble dimensión de máximo proximidad al ciudadano y de eficacia en el ejercicio de las competencias".
Otro de los asuntos que el Consistorio capitalino exige al Ejecutivo regional que incorpore en dicha reforma de la normativa tiene que ver con la necesidad de que se garantice la autonomía municipal y la independencia a la hora de gestionar las competencias que tendrán que asumir los ayuntamientos. "El concepto de la autonomía local ha de alcanzar tanto la ordenación del interés público municipal y el desarrollo de competencias como la organización y gestión de los órganos de gobierno y administración", dice el texto que el Ayuntamiento ha remitido a la Fecam.
En ese sentido, el equipo de Gobierno aclara que el borrador que le ha sido enviado por el Ejecutivo regional para redactar la reforma de la ley "no deja apenas margen para la decisión de la estructura administrativa y la organización municipal". "Cada corporación debe poder dotarse, según sus propias necesidades, de la estructura y la organización adecuada que le permita lleva a cabo la gestión más eficiente y eficaz".
"La prolijidad con la que trata los títulos relativos al funcionamiento, su régimen de acuerdos, el estatuto de sus miembros, la organización o los procedimientos administrativos chocan de manera frontal con el principio de autoorganización, abordando cuestiones que han de quedarse en el marco exclusivo de un reglamento de organización", se aclara en el documento municipal.
Fuente: laopinion.es
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