El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, acusa a las comunidades autónomas de blindarse contra la reforma local con leyes que impiden su entrada en vigor, porque no quieren asumir servicios que les corresponden y que ahora prestan los ayuntamientos.
En una entrevista con EFE, De la Serna admite su "enfado" por esta estrategia de los gobiernos regionales, que de una manera "abierta" están legislando sectorialmente para evitar cumplir con lo que les obliga la reforma, una facultad que los ayuntamientos "censuran" y por lo que ha pedido "auxilio" al Gobierno.
En este sentido, el también alcalde de Santander asegura que tiene el compromiso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de velar por que no exista "ningún tipo de ley" que pueda "limitar el alcance" de la reforma local y de que "va a actuar con contundencia para defender la reforma" que el propio Ejecutivo impulsó.
Uno de los grandes "avances" de esta reforma, en vigor desde enero, era el de delimitar las competencias que tiene cada administración y evitar así duplicidades, y sin embargo, denuncia, muchas comunidades "no quieren asumir que un servicio es de su competencia", que es su responsabilidad y que deben asimismo financiarlo, y "legislan para no tener que hacerlo".
Íñigo de la Serna asegura a Efe que los servicios se siguen prestando, aunque "parcialmente de una manera injusta", porque no se están aplicando los artículos de la reforma correspondientes a la financiación y la delimitación de competencias.
"Lo que hemos venido haciendo (los ayuntamientos) siempre lo estamos haciendo a lo largo de estos meses pero ya no debe suceder más", añade el presidente de la FEMP, que se pregunta "qué sentido tiene una reforma que busca una delimitación de competencias si luego una comunidad legisla para que las cosas sigan igual que siempre".
Recuerda De la Serna que han sido los ayuntamientos los que han cumplido mejor los objetivos de estabilidad presupuestaria, y de cada diez consistorios nueve tienen superávit.
Pero aclara que el buen estado de las arcas municipales no quiere decir que los ayuntamientos tengan que seguir asumiendo y financiando servicios que no les corresponden.
Contar con más recursos, añade, significa que los ayuntamientos están en "mejores condiciones" para mejorar progresivamente la calidad de los servicios los servicios que les corresponde prestar y al mismo tiempo reinvertir el dinero "ahorrado" para conseguir crecer.
Se trata en definitiva, explica, de que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a inversión productiva que sea sostenible desde el punto de vista financiero, como así les permite el Gobierno, para mejorar la situación económica de sus municipios.
En la entrevista con EFE, el presidente de la FEMP admite que el retraso en el nuevo modelo de financiación autonómica condiciona también a los ayuntamientos, que no se pueden aún sentar a negociar con el Gobierno sobre la financiación local.
Confía en que, cuando llegue el momento, y si como pide la FEMP la financiación local se aborda de forma paralela a la autonómica, el Gobierno tenga en cuenta una demanda de los ayuntamientos: la de que puedan participar en mayor medida de los ingresos que genera la actividad económica en sus respectivos municipios.
"Parece lógico que haya una correspondencia entre el gran esfuerzo inversor que hacemos" en políticas culturales, sociales o turísticas, que favorecen la actividad, y la recaudación, ya que actualmente no existe tal retorno, señala.
Sí espera que con la nueva financiación autonómica se resuelvan cuestiones como la de los gastos del sistema educativo que asumen los ayuntamientos, como los de limpieza, seguridad o suministro energético de los colegios, cuando la enseñanza es competencia autonómica.
En cuanto al futuro de la reforma local, contra la que se han presentado diez recursos ante el Tribunal Constitucional, reconoce que hay "algunos indicios" de que al menos un aspecto -la facultad que se da a los gobiernos locales de aprobar planes de ajuste sin pasar por el pleno- pueda "ser inconstitucional", como indica el Consejo de Estado en su informe sobre la ley.
Pero añade que el Gobierno ya le ha comunicado su voluntad de modificar ese punto si fuese necesario.
De la Serna hace hincapié en una de las principales novedades que ha provocado la aplicación de la reforma, la central de contrataciones a la que se han adherido ya 500 municipios, poblados casi por 20 millones de personas, y que supondrá "un cambio histórico" en la prestación de servicios en España en términos de ahorro y de eficiencia.
Fuente: Lainformacion
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