Los ayuntamientos tendrán que demostrar que cumplen con la estabilidad financiera y precisar las competencias impropias que desarrollan.
El Gobierno asturiano aprobará en las próximas semanas un documento en el que establecerá con precisión la incidencia de la reforma local en el ámbito autonómico y las consecuencias que tiene su desarrollo para los ayuntamientos y el propio Principado. Según explicó ayer en Gijón el viceconsejero de Administraciones Públicas, Álvaro Álvarez, el Ejecutivo con esta iniciativa pretende ofrecer una única interpretación de la ley y evitar así posibles conflictos entre las diferentes administraciones. «Debemos aclarar con detalle el alcance de la norma», aseguró Álvarez, que ofreció ayer una conferencia en la sede del PSOE gijonés bajo el título 'Consecuencias de la reforma local del PP: la perspectiva de las comunidades autónomas'.
El Principado tiene previsto exigir a los ayuntamientos sendos certificados en los cuales se constate, por una parte, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, y por otra, defina qué competencias impropias desarrollan. El objetivo, abundó el viceconsejero, es impedir que más de una administración se haga cargo de la misma atribución.
Álvarez salió al paso de las últimas críticas dirigidas por algunos ayuntamientos, que acusaron al Principado de rehuir sus responsabilidades y no asumir el pago de determinados servicios. En concreto, el viceconsejero de Administraciones Públicas se refirió a Gozón, cuyo alcalde criticó al Ejecutivo regional por no asumir el coste de los servicios de salvamento. «Esa responsabilidad no es del Principado», detalló Álvarez, que aseguró que la titularidad corresponde al Estado, que asignó a los ayuntamientos la competencia a través de la Ley de Costas. «La Administración regional asume el 30% del coste, aunque no tengamos obligación alguna», ahondó.
Lo mismo ocurre, según Álvarez, con el gasto energético de los colegios. La opinión de los ayuntamientos asturianos es que debe ser el Principado, como titular de las competencias de Educación, quien asuma este gasto. «Los municipios tendrán que seguir costeando este pago hasta que no se produzca la reforma de la financiación autonómica y local, donde se precisen las responsabilidades de cada administración», añadió el viceconsejero, que advirtió de que los ayuntamientos tendrán menos competencias con la reforma. Gijón, por ejemplo, perderá parte de las políticas de empleo que ahora desarrolla.
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