jueves, 24 de abril de 2014

17 propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción


Los expertos explican en el Congreso cómo mejorar el combate a los corruptos.


El fiscal general denuncia la falta de medios y de leyes contra la corrupción.


Los tres expertos que han comparecido en el Congreso han desgranado algunas de sus propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción. Estas son algunas de ellas.


Eduardo Torres-Dulce (Fiscal general del Estado).


Nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que establezca un nuevo proceso acorde con los tiempos en el que la instrucción la asuman los fiscales y que sea mucho más ágil y eficaz, con criterio de oportunidad. Si por plazo ya no es posible, que se hagan reformas parciales urgentes.


Que la instrucción no sea el fin, sino el medio para llegar a la vista oral.


Evitar los macrojuicios, al no ligar la suerte de un cúmulo de hechos al último y pormenorizado detalle de un proceso.


Más medios materiales y personales.


Acceso de la fiscalía a bancos de datos de registros de propiedad y mercantiles, de Seguridad Social y Hacienda, entre otros. Mejor colaboración y coordinación con las fuerzas de seguridad.


Restringir las conformidades en casos de corrupción.


Delimitar las imputaciones solo para cuando haya indicios claros.


Evitar los indultos a corruptos.


Benigno Pendás (Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).


Extender a diputados, senadores y Administraciones autonómicas la ley de altos cargos.


Mejorar las retribuciones de cargos políticos, al tiempo que se refuerzan sus incompatibilidades y se regula mejor la “puerta giratoria” entre las actividades públicas y privadas.


Mayor control sobre las fundaciones ligadas a los partidos y prohibición absoluta de condonación de créditos a partidos.


Mejor financiación pública de los partidos, para compensar la restricción de la privada.


Cambios en las leyes de urbanismo para garantizar el control.


Ramón Álvarez de Miranda (Tribunal de Cuentas).


Apoyo al proyecto de ley del Gobierno que aumenta las atribuciones del Tribunal de Cuentas y la capacidad para actuar contra los partidos por incumplimientos legales.


Mayor capacidad para actuar contra quien no colabore con la institución en la fiscalización de cuentas.


Aumento de la plantilla del personal que está congelada desde hace años.


Crear una unidad específica para partidos políticos con más personal para evitar los retrasos en la emisión de los informes, que ahora tienen un plazo de decalaje de siete años para los partidos.


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