En declaraciones a los periodistas tras inaugurar las jornadas denominadas 'La nueva realidad de las entidades locales tras la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local', Valderas ha remarcado "el impacto" que puede tener la normativa para los empleos municipales, así como para los servicios públicos que ofrecen los entes locales.
En esta misma línea, el vicepresidente ha recordado que ha encargado un estudio a los servicios jurídicos del Gobierno andaluz sobre la posibilidad de presentar un recurso al Tribunal Supremo (TS) para paralizar la aplicación de la reforma local mientras que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncia en relación al recurso presentado por el Ejecutivo andaluz contra esta normativa estatal.
Así, ha recordado que ya ha solicitado un encuentro con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al objeto de solicitarle una moratoria para esta norma, al tiempo que ha explicado que sólo a través del TS se puede paralizar la normativa, más allá de que el Gobierno central quiera hacerlo de 'motu propio', tal y como se lo ha reclamado el Gobierno andaluz.
Del mismo modo, el vicepresidente ha insistido en que el cumplimiento de la reforma local se contempla "inaplicable" para los municipios al plantearse "sin memoria económica", a la par que ha criticado que el Gobierno haya elaborado la normativa "sin diálogo, ni delicadeza" con las comunidades autónomas.
Asimismo, se ha planteado, si finalmente el Tribunal Constitucional da la razón al Gobierno andaluz, "quién repone el daño al empleo, a la autonomía local lesionada".
Convencido de la importancia de "ir de la mano" con el conjunto de los ayuntamientos, ha sostenido que "defenderá" los derechos recogidos del Estatuto, así como las leyes de autonomía local y de participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad.
Tras apuntar que "la ley se ha hecho desde un pensamiento contable y no autonomista", Valderas ha destacado "la invasión" que supone la normativa al Estatuto, alertando de que está orientada para "el desmantelamiento de la administración local tal y como se ha desarrollado desde 1979".
Fuente: Europa Press
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