viernes, 13 de septiembre de 2019

La exigencia de prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe en caso de demolición, no han de estar previamente fijadas para ejecutar la sentencia

El TS, en aplicación de la doctrina que expone a continuación, desestima el recurso de la Comunidad Autónoma de Cantabria contra el auto dictado en ejecución de sentencia por la que se concede a la sociedad demandante licencia de obras para la construcción de viviendas.

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Sobre el tiempo de trabajo: qué es y qué no es (últimos criterios interpretativos) @ibdehere

La cuestión relativa a qué es tiempo de trabajo resulta particularmente compleja.. Post completo: tiempo de trabajo (gracias Ignasi)

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jueves, 12 de septiembre de 2019

Días por asuntos propios no utilizados por haber estado el interesado en situación de IT, no pueden ser disfrutados al año siguiente @INAP_ ES

La Administración al día Se discute en el pleito si un funcionario del Principado de Asturias tiene derecho a disfrutar

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Resuelve el TSJ de Asturias que los días por asuntos propios no utilizados por haber estado el interesado en situación de IT, no pueden ser disfrutados al año siguiente al de su devengo

Se discute en el pleito si un funcionario del Principado de Asturias tiene derecho a disfrutar de los días por asuntos particulares pendientes por haber estado en situación de IT.

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miércoles, 11 de septiembre de 2019

El aplazamiento o fraccionamiento de deudas derivadas de un procedimiento de reintegro de subvención es una facultad potestativa de la Administración y no un derecho del deudor

El TS desestima el recurso de la mercantil actora contra la denegación de aplazamiento y fraccionamiento de una deuda de reintegro de una ayuda a la inversión.

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Memoria de la Fiscalía General del Estado

En dicha memoria, presentada por la Fiscal General María José Segarra, se recoge la actividad del órgano judicial, así como recomendaciones y análisis en función de los datos recogidos.

Perseguir los delitos de gasto público

La Fiscalía Anticorrupción considera necesario reformar de forma "sustantiva y procesal" la responsabilidad contable, es decir, aquella en la que incurren los cargos públicos en el uso incontrolado del erario público, para poder perseguir con mayor eficacia delitos cometidos en este contexto y que, afirma, se dan especialmente en las contrataciones y las subvenciones.

Anticorrupción incide en la importancia de "un adecuado control del gasto" bajo criterios de eficiacia y eficiencia para evitar perjuicios que "tanto daño producen a la credibilidad del sistema democrático".

"En esta tarea queda una amplia labor por realizar, en especial en lo que atañe a las contrataciones y a las subvenciones, que constituyen verdaderas áreas de riesgo", explica la Fiscalía Anticorrupción, en relación a este tipo de ilícitos que son competencia en España del Tribunal de Cuentas donde, según afirma, "la presencia e intervención del Ministerio Público cobra especial importancia, por cuanto es la única institución que está presente en todos los procedimientos de fiscalización y de enjuiciamiento".

En cuanto a su balance de 2018, esta Fiscalía Especial destaca el incremento en el número de procedimientos judiciales en trámite, que ha pasado de 609 en 2017 a 678 en el año 2018, cuando además, se incoaron 89 causas, de las que 55 son el resultado de la apertura de piezas separadas con las que se pretende simplificar y agilizar las investigaciones.

Por lo que se refiere a las actuaciones propias del Ministerio Fiscal, se incoaron 38 diligencias de investigación y se formularon 41 escritos de acusación el año pasado, cuando se dictaron 28 sentencias de las que 23 fueron condenatorias.

Delitos de medio ambiente y urbanismo

Los tribunales españoles dictaron en 2018 un total de 1.063 sentencias condenatorias y 340 sentencias absolutorias por delitos relacionados con el medio ambiente o el urbanismo, según datos de la Memoria Anual de la Fiscalía.

La cifra refleja un descenso del 10,44 por ciento en el número de condenas y un aumento del 35,45 por ciento en el número de absoluciones durante el presente ejercicio, de acuerdo con los datos del Ministerio Fiscal. En concreto, la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo explica que en 2018 se registró un "sustancial incremento" de las diligencias de investigación incoadas, con un total de 3.023 en 2018 frente a las 2.525 del año anterior.

En total, de las investigaciones practicadas durante el pasado ejercicio, 550, es decir el 18,19 por ciento, correspondieron a medio ambiente; el 37,18 por ciento (1.124) a urbanismo y ordenación del territorio; el 13,56 por ciento (410) a incendios forestales; el 8,79 por ciento (266) a la flora y fauna; el 7,54 por ciento (228) a malos tratos contra animales domésticos y el 3,96 por ciento (120) a patrimonio histórico.

Del total de diligencias, 1.105 derivaron en denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal y de ellas, 999 fueron archivadas. El resto están en tramitación. Si bien, la Fiscalía destaca que estos datos suponen un "sustancial incremento" frente a los del año anterior, cuando se incoaron 2.525 diligencias, de las que 1.062 dieron lugar a presentación de denuncia o querella y 1.248 fueron archivadas.

Fuente: Infolibre



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martes, 10 de septiembre de 2019

El uso no autorizado de imágenes de los miembros de cuerpos policiales

La posibilidad abierta por la Ley Organica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 de sancionar administrativamente a quienes graben o difundan imágenes de la policía en el ejercicio de sus funciones ha suscitado una amplia controversia. Este trabajo analiza los elementos constitutivos de la infracción prevista legalmente, con el objeto de realizar una interpretación compatible del precepto con la protección de la libertad de información, y critica la extensión que en la práctica ha adquirido la habilitación de los agentes policiales para requisar aparatos de grabación e, incluso, para eliminar imágenes, a la luz de la (escasa) jurisprudencia que sobre la materia se ha dictado, casi toda anterior a 2015.

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Las Comunidades Autónomas pueden establecer condiciones subjetivas en la aplicación de la reducción del 95% en la base imposible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones

El TS confirma las liquidaciones giradas por la Administración Tributaria en Cataluña por el Impuesto de Sucesiones, que consideró que no cabía aplicar la reducción del 95% en la base imponible del Impuesto ni el principio de neutralidad de las particiones hereditarias previsto en el art. 27.1 de la Ley 29/1987, a todos los interesados cualesquiera que fueren las particiones y adjudicaciones producidas, sino que debía considerarse beneficiario de la reducción únicamente el heredero o legatario que resultó adjudicatario efectivo de una oficina de farmacia, en aplicación del Decreto 359/1999, de 8 de noviembre, de la Generalitat de Cataluña.

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lunes, 9 de septiembre de 2019

El administrado ha de abonar los gastos que se generen por la recuperación de oficio del demanio público marítimo-terrestre

Declara la Sala haber lugar al recurso interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia que confirmó el cese de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con demolición de la vivienda existente, pero dejó sin efecto el extremo relativo a que dicha demolición se hiciera a costa de los demandantes.

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