jueves, 23 de julio de 2015

El PP activa en el Congreso la reforma electoral local

Los populares proponen primar a la lista más votada y establecer una segunda vuelta.

La oposición rechaza la iniciativa, que en principio no se aprobará en esta legislatura.

El PP ha activado este miércoles en el Congreso su anunciada reforma electoral para primar a la lista más votada en las elecciones locales. Los populares han solicitado la creación de una subcomisión parlamentaria para que estudie su propuesta, que pasaría por celebrar una segunda vuelta en determinados supuestos. Toda la oposición rechaza esta iniciativa.

La propuesta del PP consiste en una reforma del artículo 180 de la ley orgánica de régimen electoral general. En aquellos casos en los que la candidatura ganadora en un municipio obtuviese más de un 35% de apoyos y cinco puntos de diferencia sobre el segundo, o bien más de un 30% de apoyos y diez puntos de distancia respecto a su inmediato competidor, obtendría automáticamente la mitad más uno de los puestos en el Ayuntamiento. Si no se dieran estas condiciones, se celebraría una segunda vuelta a la que se podrían presentar todas las fuerzas que hubiesen obtenido más de un 15% de apoyos. La prima de mayoría se aplicaría esta vez a la lista que consiguiera un 40% de los votos o bien siete puntos de diferencia sobre la segunda.

DEMOCRACIA Y DESPACHOS

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha relacionado su iniciativa con lo ocurrido tras las elecciones del pasado 24 de mayo, que desalojaron al PP, pese a ser la lista más votada, de multitud de ciudades gracias a los pactos en la izquierda. “Se han producido en muchos casos acuerdos ajenos a la voluntad expresada por los propios vecinos. Hay alcaldes que han sido elegidos mediante pactos forjados en los despachos. Quien está gobernando no es quien ha ganado, sino quien ha perdido. El objetivo es reforzar la voluntad popular y la democracia directa en contra de la voluntad de los despachos, donde se han hecho coaliciones de espaldas a los vecinos”, ha señalado.

Pero el PP da por hecho que, pese a su mayoría absoluta, no tendrá tiempo para aprobar esta reforma, ya que las elecciones generales se celebrarán en noviembre o diciembre. Su objetivo es otro. “Vamos a comprobar la posición de cada uno de los grupos”, ha dicho Hernando.

En especial la del PSOE, beneficiado de estas alianzas con otros partidos o candidaturas de izquierda. Los socialistas llevaron una propuesta similar hace más de 10 años, en su programa electoral del 2004, y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, propuso a finales de abril un sistema parecido al que abandera el PP, pero aplicado no solo a los alcaldes sino también a los presidentes autonómicos. El PSOE, sin embargo, dice que un debate de esta envergadura no se puede abordar a “tres meses de las generales” y reclama aparcarlo hasta después de esos comicios y ampliar el foco para que las posibles modificaciones no solo afecten a la lista más votada en las elecciones locales.

“El PP ha entrado en modo pánico, con muy poco rigor. Una iniciativa de este tipo debe ir siempre acompañada del consenso”, ha señalado el secretario de Política Federal de los socialistas, Antonio Pradas, quien ha reconocido que “abrir este debate es abrir también el debate de la legitimidad de los gobiernos municipales recién constituidos”. Desde la Izquierda Plural, su portavoz, José Luis Centella, ha calificado la propuesta de “tropelía parlamentaria”.

“Si el PSOE ha cambiado de opinión, tiene que decir por qué. Entiendo que al PSOE no le guste, porque ha obtenido el peor resultado de su historia y dice que ha ganado. Al PSOE no le gusta este debate porque pone en evidencia que han favorecido una coalición de perdedores y que la democracia ha sido la última de sus prioridades”, ha argumentado Hernando.

Fuente: El Periódico



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miércoles, 22 de julio de 2015

El PSOE cree que la medida sobre los tesoreros municipales es un ataque al mundo local

El PSOE de Huesca ha denunciado hoy que la medida acordada por la mayoría del PP en el Congreso y en el Senado de impedir que concejales y personal laboral de los pequeños municipios sean tesoreros constituye un "nuevo ataque" al mundo local en la provincia altoaragonesa.

Según ha explicado en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE en Huesca, Elisa Sancho, la iniciativa, que exige que los tesoreros sean funcionarios de carrera, es un "nuevo golpe" a los municipios de menos de 20.000 habitantes que se suma al impacto causado por la reforma local impulsada por el PP.

Para Sancho, la decisión adoptada evidencia un "gran desconocimiento" del mundo local ya que en la provincia de Huesca sólo la capital altoaragonesa, con más de 20.000 habitantes censados, quedará fuera de la aplicación de la referida normativa.

Ha añadido que las dificultades de financiación de estos municipios obliga a que en muchos de ellos ni siquiera el secretario de la corporación sea funcionario de carrera al no existir la posibilidad de cubrir todas las plazas.

Según la responsable socialista, en la mayor parte de los pequeños municipios de la provincia un concejal o un trabajador laboral desarrolla las labores de tesorería.

Sancho ha asegurado que la reforma del PP incrementará los costes de los municipios, restará agilidad a la gestión y dificultará cumplir con la normativa de pago a los proveedores municipales en un plazo de 30 días.

Ha anunciado que tras la aprobación de este proyecto de ley, la Diputación de Huesca "se ha puesto a trabajar" a fin de garantizar la seguridad jurídica de todas las entidades locales de la provincia altoaragonesa.

A este respecto, el secretario de Política Institucional del PSOE en el Alto Aragón, Fernando Sabés, ha apostillado que es la Diputación de Huesca quien debe resolver los "problemas" generados por el Gobierno del PP "con estas decisiones absurdas, incoherentes y fuera de contexto".

Elisa Sancho ha defendido la labor de los concejales y trabajadores que ejercen las funciones de tesorería con "honestidad y responsabilidad", y ha recordado que hasta el momento no se ha producido ningún problema legal con sus actuaciones.

Ha subrayado que esta medida se suma a otras "dañinas" para los pequeños ayuntamientos como la imposibilidad de utilizar los remanentes para generar dinamismo económico o la negativa del gobierno del PP a que los municipios de menos de 20.000 habitantes estén incluidos en el nuevo programa de los fondos Feder.

Fuente: El Periódico de Aragón



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martes, 21 de julio de 2015

Las Comunidades Autónomas no pueden declarar de interés general un partido de fútbol incluso aunque sólo afecte a su ámbito regional

La Sala estima el recurso de la Liga Nacional de Fútbol Profesional contra la Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de Canarias, por la que se determina acontecimiento deportivo de interés general el encuentro de fútbol entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas correspondiente a la jornada 21, temporada 2010/2011, de la Liga Adelante, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, Orden que se revoca por ser contraria a Derecho.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://ift.tt/1OtQgGe

Otro talón de Aquiles: la libre designación

Originalmente publicado en Contencioso.es:
Si García de Enterría consideraba el caballo de Troya del Derecho Administrativo a la “discrecionalidad” (y encontrándose la “discrecionalidad técnica en retroceso), me atrevería a sugerir que algunos lobos con piel de cordero en el rebaño de los funcionarios públicos se han infiltrado bajo el nombramiento por libre designación. ?…

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INAP: Convocatoria Cuarta edición del Curso "Liderazgo Público"

Resolución de 17 julio de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca la cuarta edición del Curso "Liderazgo Público" (BOE 21/7/2015)

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Las Entidades Locales tendrán hasta el 27 de julio y 22 de agosto para adherirse a los Fondos de Ordenación y de Impulso Económico

Será posible la adhesión al Fondo de Ordenación para 2015, hasta el 27 de julio, para aquellas EELL que no se pueden refinanciar en prudencia financiera o las que tengan pendientes ejecuciones de sentencias

El plazo queda ampliado hasta el 22 de agosto para aquellas EELL que quieran adherirse al Fondo de Impulso Económico en 2015 y para solicitar la adhesión a cualquier Fondo para 2016

El plazo para la recepción de solicitudes de Entidades Locales que deseen la adhesión a los Fondos de Ordenación y de Impulso Económico queda ampliada según el siguiente calendario:

Fondo de Ordenación: solicitud de adhesión en 2015 para aquellas EELL que no se pueden refinanciar en prudencia financiera y para los municipios que tengan pendiente la ejecución de sentencias firmes. El plazo queda ampliado hasta el próximo 27 de julio.

Podrán solicitar la adhesión para 2016 los ayuntamientos que se encuentren en situación de riesgo financiero según la relación que se podrá consultar previa publicación de una Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. En este caso, el plazo queda ampliado hasta el próximo 22 de agosto.

Ver nota de prensa del Ministerio

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas



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lunes, 20 de julio de 2015

Avanzando en contratación socialmente responsable: de la recomendación a la obligación

La consideración en los contratos públicos de criterios que favorezcan una contratación pública socialmente más responsable ha pasado de ser una mera posibilidad para los poderes adjudicadores, a un mandato imperativo, obligatoriedad que se refuerza en el Anteproyecto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Esta visión de la contratación como un campo adecuado para coadyuvar las políticas sociales públicas, trasciende, de la actividad del sector público al privado, con iniciativas como el Foro de la Contratación Socialmente Responsable o la Estrategia española de la responsabilidad social de las empresas.

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Cuestión de competencia negativa entre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid y el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo

Declara la Sala que la competencia para conocer del recurso interpuesto contra el acuerdo del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, en virtud de la cláusula residual contenida en el art. 10.1 m) de la LRJCA, y no al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, al impugnarse un acto de una Corporación de Derecho Público cuya competencia se extiende a todo territorio nacional.

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Las dificultades para gobernar los nuevos ayuntamientos

Los ayuntamientos que han resultado de las últimas elecciones tienen una diversidad política que dan un colorido muy novedoso a las posibilidades y también a las limitaciones que tienen las corporaciones locales. Hay alcaldes que han resultado elegidos con pactos de gobierno; otros han contado con pactos para la investidura; y otros, simplemente lo son por haber encabezado la lista más votada. Es un nuevo tiempo para la política y el gobierno de las ciudades en el que las cosas no van ha ser como hasta ahora. Ni siquiera en aquellos consistorios cuyo alcalde tiene el respaldo de la mayoría absoluta de sus concejales, las cosas van a ser como han venido siendo.

La gente -quienes no son actores de la contienda- entiende que ya basta de tanta mayoría absoluta, que no puede ser que quien “manda” haga “lo que le dé la gana” y que es bueno que tengan que “contar unos con otros” para decidir y hacer “aquello que más conviene a la ciudad”. A esta misma conclusión “de la calle” llegan los analistas y otros que intentan crear opinión. En los sistemas democráticos  las elecciones son un intento de someter la política al sistema métrico decimal, pero como resulta que la política tiene tanto de irracional, nada más pasar la contienda electoral, son muchos los que se pronuncian y aseveran al respecto como si hubieran consultado al oráculo.

Ciertamente, estamos ante un nuevo tiempo en el que la gobernabilidad de los municipios vendrá condicionada por las nuevas formas que la sociedad demanda (transparencia, gobiernos abiertos, nueva ética pública, nuevos valores, etc.); y por la manera de tomar las decisiones, que ya no se podrán adoptar desde la imposición sino desde el acuerdo. La soberbia de “mi” razón tendrá que pasar por la humildad de atender “otras” razones.  Y es que, los nuevos ediles municipales deben tener a mano estos versos de A. Machado:

¿ Tu verdad ? No, la verdad,

y ven conmigo a buscarla.

La tuya guárdatela.

[Proverbios y Cantares. A. Machado, 1917.]

Pero esto que resulta tan poético no va a resultar fácil. A nuestro modo de ver hay dos limitaciones muy importantes: una cultural y otra de tipo legal.

Nuestros ayuntamientos arrastran una cultura política, desde hace 36 años, que se basa en la confrontación. En nuestro régimen local, quien ganaba unas elecciones lo ganaba todo y quien perdía, prácticamente, no tenía nada que hacer (desde la óptica del gobierno, si acaso incordiar y/o emprender acciones legales). Esta concepción que resultó muy efectiva en un principio para transformar las ciudades, ha tenido unos costes muy altos para la política local. Pasar de esa situación, en la que no se contemplaba a la oposición, a un dialogo fluido para encontrar las mejores soluciones desde las distintas posiciones políticas, requiere nuevas maneras que hay que interiorizar y practicar por parte de todos los actores. Porque claro, la oposición, en esta dinámica de solución política mediante el conflicto, cuando algo salía como ella quería era también mediante la imposición -por obra y gracia de la aritmética-.

En el año 1991 la Universidad Complutense de Madrid invistió doctor honoris causa a Karl Popper y en la lección magistral que pronunció abordó, de manera muy sintética, una de las preocupaciones de su obra. Trató los principios y fundamentos del dialogo racional y el debate, es decir, de la discusión encaminada a la búsqueda de la verdad. Estos principios éticos podríamos resumirlos así:

  • Todo debate debe de estar presidido por el principio de la falibilidad. Seria algo así como decir que quizá yo este equivocado y quizá usted tenga razón, pero, desde luego, ambos podemos estar equivocados.
  • La segunda premisa tiene que ver con la racionalidad del dialogo. Queremos críticamente, pero sin ningún tipo de critica personal, poner a prueba nuestras razones a favor y en contra de nuestras variadas teorías. Esta actitud critica a la que estamos obligados a adherirnos es parte de nuestra responsabilidad intelectual.
  • Y, finalmente, la aceptación de que el debate aproxima a la verdad como idea del interés general. Podemos casi siempre acercarnos a la verdad con la ayuda de tales discusiones criticas impersonales (y objetivas), y de este modo podemos casi siempre mejorar nuestro entendimiento; incluso en aquellos casos en los que no lleguemos a un acuerdo.

Esta epistemología y esta ética del dialogo para llegar acuerdos en los que se plasme el interés general es, ante todo, un compromiso de tolerancia entre los distintos actores. Esta tolerancia y reconocimiento de igualdad de cada edil, en cuanto miembro de la corporación local que representa a la ciudad y busca su bien común, está muy lejos de la práctica política habitual.

La segunda de las limitaciones a las que nos referíamos antes es el marco formal, las normas y su aplicación. Tenemos un régimen legal que encomienda el gobierno y la administración de los municipios a los ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales, debiendo estos ser elegidos por los vecinos mediante sufragio. Este mandato constitucional se orienta hacia planteamientos de corte corporativo, de participación entre los integrantes de la corporación, de acordar, de encontrar soluciones a los problemas comunes de la ciudad. En definitiva, el ayuntamiento entendido como una extensión de la idea de concejo abierto de los vecinos. Después, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en 1985, delimitó claramente las competencias del alcalde y las del pleno del ayuntamiento, en la idea de que el primero asegurara el funcionamiento del gobierno y la administración municipal y el segundo controlara la acción del gobierno y planificara y aprobara las grandes lineas de actuación. Las reformas posteriores han ido en la linea de reforzar los poderes del alcalde para configurar un modelo de auténtico gobierno local. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que desfiguran todo esto. Es decir, que el pleno con su mayoría puede condicionar muy seriamente la gobernabilidad o, lo que es lo mismo, que no es cierto que el régimen legal vigente permita al alcalde asegurar la dirección del gobierno y la administración, como le atribuye el art. 21 LRBRL.

Aunque no podemos abordar en esta entrada todos los elementos de distorsión a los que nos hemos referido -y ello sin perjuicio de que los tratemos en futuras entradas- nos referiremos a algunas de las cuestiones que pueden originar distorsiones cuando el alcalde no sea capaz de encontrar los acuerdos entre la mayoría de los concejales. El más importante quizá sea el proveniente de la autonomía municipal y su potestad de autoorganización. La potestad de darse normas a sí misma cada corporación sobre su organización y funcionamiento es competencia del pleno, y sus posibilidades llegan a un nivel que ciertamente pueden condicionar al alcalde en sus atribuciones en asuntos tan sensibles como, por ejemplo, la fijación del orden del día del pleno y comisiones (pudiéndose atribuir a la junta de portavoces y no al alcalde, por ejemplo). Otro tanto cabe decir del desarrollo de los plenos, mociones, propuestas y dictámenes. Hay una serie de materias que son trascendentales, como las ordenanzas fiscales, en las que la iniciativa para aprobación o modificación no necesariamente han de ser del alcalde. Estos son solo algunos ejemplos de los problemas de gobernabilidad con los que nos podemos encontrar en este mandato.

Esa idea corporativa de los ayuntamientos a que alude la Constitución, unida a la fuerza expansiva con la que los tribunales han venido interpretando el derecho de participación del art. 23 CE, ha hecho que en vía jurisdiccional los pronunciamientos hayan ido a favor de atribuir competencias al pleno en detrimento del alcalde. Muy al contrario de la cláusula residual de la que este goza en el art. 21 LRBRL. Con lo cual, a las deficiencias del marco legal para asegurar la gobernabilidad aunque el alcalde no goce de las mayorías plenarias, hay que añadir que tampoco los pronunciamientos jurisdiccionales han creado una doctrina que favorezca. Hay más bien una visión proclive a la naturaleza corporativa de los ayuntamientos y no a la presidencialista que configura realmente nuestra Constitución.

Así pues nos enfrentamos a tiempos marcados por los nuevos valores políticos emergentes, con unas corporaciones cuya pluralidad ha pulverizado las mayorías, sin experiencia en el diálogo y el acuerdo. Si los nuevos ediles son capaces de encontrarlo sin tener que tirar de leyes, las cosas funcionaran y se abrirá un nuevo tiempo lleno de ilusión. Si, por el contrario, no se sabe encontrar la solución del acuerdo y el destierro de la imposición, por parte de todos, y se acude a las leyes y a los tribunales para encontrar las soluciones, hay que tener en cuenta que nuestro marco normativo no garantiza la gobernabilidad de los ayuntamientos. La reciente reforma local (LARSAL) ha sido la ocasión perdida para acomodar las leyes a los nuevos tiempos. El fracaso de la reforma es patente. Hasta los sueldos de los ediles que se acaban de regular, han traído una conflictividad desconocida hasta ahora.

Personalmente, no me gusta la palabra regeneración. Cuando miras la historia de este país y te encuentras aquellos bien intencionados como Joaquín Costa -prescribiendo para la enfermedad que aquejaba a este país cirujano con mano de hierro capaz de sanar los males que padecía- y malintencionados que se apropiaron su discurso después para justificarse, me cuesta mucho hablar de la palabra regeneración. Veo muy difícil que gente con estilo de gobierno antiguo, con los valores de hasta ahora, sea capaz de adaptarse con suficiente dignidad a los nuevos tiempos. Quizá, como decía Larra, para tiempos nuevos se necesitan hombres nuevos.



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Los Ayuntamientos reducen la deuda y sanean sus cuentas


Los municipios acometen en 2014 la mayor reducción de deuda en la democracia.

Los Ayuntamientos españoles redujeron su deuda un 10% durante el año pasado, hasta los 31.722 millones, según datos publicados recientemente por Hacienda. Los grandes Consistorios como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Zaragoza son los que más rebajaron sus compromisos aunque también son los que más deben. Gandía, Parla, Jaen, Ceuta y Jérez de la Frontera son los municipios de más de 50.000 vecinos con más lastre. Entre las grandes ciudades, aquellas con más de 250.000 vecinos, Mallorca y Zaragoza son las que más han subido su pasivo desde 2011; Vigo y Fuenlabrada, son las que más lo han bajado.

Los municipios son las Administraciones Públicas más saneadas. Han acometido un duro proceso de ajuste en sus finanzas desde 2011, cuando registraron un déficit del 0,4%. El año pasado presentaron un superávit de medio punto del PIB que contribuyó a que España cumpliera con los compromisos presupuestarios pactados con Bruselas. Incluso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo público que vela por la salud de las cuentas públicas, alabó el pasado viernes el estado de forma de los Ayuntamientos y predijo que cerrarán 2015 con un superávit mayor que el del pasado.

Pero las cosas no parecían tan fáciles hace cuatro años. Muchas localidades estuvieron al borde del colapso. Las facturas se agolpaban en los cajones porque no tenían recursos para pagarlas. La crisis, la secuela del pinchazo inmobiliario y la mala gestión en algunos casos, tiñeron de rojo las cuentas municipales con independencia de las siglas de sus gobernantes. La situación ha cambiado. Los Ayuntamientos acometieron el año pasado la mayor reducción de la deuda del siglo XXI y probablemente de su historia.

Un duro ajuste

Los grandes municipios como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Zaragoza son los que más han contribuido a esta reducción de los compromisos financieros. Aunque también son los que más deben. Es de sobra conocido que la deuda de Madrid es superior al del resto de grandes municipios juntos. Entre las grandes ciudades se cuela una pequeña localidad balear, de apenas 25.000 habitantes, Sant Josep de sa Talaia, que redujo su endeudamiento el año pasado en algo más de 30 millones de euros, según los registros de Hacienda.

El gran agujero de las entidades locales afloró en 2012 con el plan de pago a proveedores —una línea de crédito abierta por el Gobierno ante la situación de asfixia de muchas administraciones—. Esta medida permitió pagar facturas por importe de 10.000 millones de euros, muchas de ellas estaban sin contabilizar y provocó un aumento de la deuda municipal de casi 7.000 millones. Ese año los Ayuntamientos alcanzaron el récord, con un pasivo acumulado de 35.290 millones.

Desde entonces, ese lastre se ha ido reduciendo en paralelo al ajuste que han acometido los municipios. Son las administraciones que más han recortado también el número de empleados públicos. En la última legislatura los alcaldes de los 8.115 Ayuntamientos de España despidieron a cerca de 100.000 trabajadores. El saneamiento de las cuentas municipales se profundizó a raíz de la ley de racionalización y sostenibilidad local, por la que Hacienda limitaba las competencias municipales, el sueldo de los alcaldes y concejales, fijaba un máximo de asesores y, en general, acotaba el gasto de los Consistorios.

Esto provocó que entre 2011 y 2014, dos tercios de los Ayuntamientos disminuyeran sus compromisos. Además de las grandes ciudades, otras como Salamanca, Roquetas de Mar (Almería), San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) y El Prat de Llobregat (Barcelona), son las entidades locales de menos de 150.000 habitantes que más enjugaron sus compromisos. Por el contrario, Parla, Jaen, León, Reus y Gandía, fueron las peor gestionadas en la legislatura pasada. Son las que más engordaron su pasivo.

Proyectos fracasados

De hecho, Gandía, Parla y Jaen, Ceuta y Jerez de la Frontera tienen el dudoso honor de ser los municipios con más deuda por habitante de España. Estas ciudades han sido rescatadas por Hacienda que les ha obligado a presentar estrictos planes de ajuste para tratar de taponar la sangría de números rojos que nutren su deuda.

El rastro de la deuda dibuja un perfil similar entre los municipios más asfixiados: alcaldes que se embarcaron en grandes proyectos urbanísticos al calor del boom inmobiliario junto con una gestión poco cuidadosa. Es el caso de Santa Cruz del Valle (Ávila) o Monasterio de la Sierra (Burgos), son los dos municipios españoles con más deuda por vecino.

En el extremo contrario, Bilbao, Vigo, Fuenlabrada y Badajoz, son las grandes ciudades, con más de 150.000 habitantes, más saneadas y con menos deuda por vecino. Precisamente, Bilbao, uno de los municipios con menos pasivo (solo debe 8,6 millones), es, sin embargo, el que más ha aumentado sus compromisos en el último año proporcionalmente.

Fuente: El País



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De la Serna: Las Entidades Locales sacan sobresaliente en gestión y tiran del carro de la recuperación

El Presidente de la FEMP enfatiza la labor de los Ayuntamientos y destaca que con menos recursos prestan los mismos servicios a los ciudadanos. La Junta de Gobierno, celebrada hoy, aprueba sus cuentas y convoca el XI Pleno Ordinario de la FEMP. Se aprueba el Convenio de Colaboración entre la FEMP y SEO/BirdLife y se informa del convenio con la SGAE que permite a los Ayuntamientos aplicarse una tarifa plana de derechos de autor.

El Presidente de la FEMP y Alcalde de Santander ha puesto de manifiesto en la Junta de Gobierno que las Entidades Locales han sacado sobresaliente en gestión y son las Administraciones que tiran del carro de la recuperación económica. Asimismo ha puesto de relieve la gran labor que realizan los Ayuntamientos y destaca que con menos recursos prestan los mismos servicios a los ciudadanos, especialmente los de carácter social.

De la Serna ha informado a los miembros de la Junta de Gobierno de la petición efectuada en la última Comisión Nacional de Administración Local de flexibilizar el techo de gasto poniendo en valor la consolidación de la Administración Local española como el sector económicamente más saneado; así recordó que la evolución de los datos económicos de municipios y provincias es la muestra más clara de que a lo largo de los últimos ejercicios “han desarrollado una gestión ejemplar, controlando sus economías sin descuidar la prestación de los servicios a los ciudadanos”.

En este marco, recordó que, a cierre de 2014, más del 90% de los Gobiernos Locales cerraron sus cuentas con superávit, sumando en su conjunto un balance positivo de 0,52% del PIB, y contribuyendo así a que el déficit del sector público se acercase a las exigencias comunitarias para nuestro país.

Y recordó también que la deuda financiera local se ha ido ajustando a lo largo de los últimos tres años, hasta el punto que son ya 3.500 los municipios los municipios cuya deuda viva era de cero euros a cierre de 2014.

Cuentas y Pleno Ordinario

En el transcurso de la Junta de Gobierno se ha procedido a convocar el XI Pleno Ordinario de la FEMP, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre. Asimismo, se han aprobado las cuentas de la institución que se han liquidado con un superávit de 329.030 euros. Éste ha sido el año, según ha quedado patente, de la consolidación de toda la política de reducción de gastos y potenciación de ingresos de colaboración público-privada por el que apostó la Federación al inicio de este mandato.

Buena prueba de ello, es la creación en 2014 de la Central de Contratación de la FEMP que en tan sólo un año ya cuenta con 490 Entidades Locales adheridas que representan a más de 17 millones de habitantes; cuatro contratos formalizados, dos de combustible calefacción  dos de asistencia para la gestión de multas de tráfico; cinco acuerdos marco en funcionamiento (suministro de combustible para calefacción, asistencia para la gestión de multas de tráfico, suministro de electricidad, suministro de combustible automoción para Canarias, Ceuta y Melilla, suministro de gas natural), y dos acuerdos marco en licitación (asistencia para la gestión tributaria en vía ejecutiva y prevención de riesgos laborales).

Convenios

La Junta de Gobierno también ha aprobado la firma de un convenio marco de colaboración con la Sociedad Española de Ornitología (Seo/BirdLife) con el fin de fomentar la conservación y mejora del patrimonio natural y la biodiversidad urbana en los municipios, especialmente, aquellos adheridos a la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad.

Por otra parte, el Presidente ha informado sobre el acuerdo alcanzado con la SGAE para actualizar las tarifas de aplicación a las Entidades Locales en el periodo 2015-2017, minorando en todas ellas la cuantía para el conjunto de las actividades de promoción de la cultura, incrementa las deducciones actuales y habilita la adhesión opcional a un régimen simplificado –tarifa plana- para las localidades con menos de 3.000 habitantes.

Asimismo, se ha puesto de relieve que el Gobierno ha adoptado una medida, respondiendo a una petición de la FEMP, para que las Entidades Locales puedan hacer frente a las obligaciones financieras derivadas del cumplimiento de sentencias firmes. Así, aquéllas que estén en esta situación podrán acogerse al Fondo de Ordenación e Impulso Económico, que se ha dotado para este fin con 300 millones más.

Fuente: FEMP



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