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viernes, 14 de noviembre de 2014
Montoro y el concepto de desplazamiento de pago
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El vicepresidente de la Junta de Andalucía rechaza los "ajustes" que el Gobierno central pretende hacer en la administración local entre 2014 y 2020
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha rechazado los "ajustes presupuestarios" en la administración local que pretende llevar a cabo el Gobierno, según se desprende del plan para 2014-2020 que ha presentado ante la Unión Europea con el fin de ahorrar 8.024 millones.
Valderas ha respondido así en el Pleno del Parlamento a una pregunta formulada por el Grupo Socialista, asegurando que la propuesta supone una contradicción puesto que el propio Estado ha reconocido la "buena evolución" de las cuentas municipales, que consiguieron un superávit del 0,43 por ciento en 2013.
Por ello, ha denunciado el "doble discurso" del Gobierno que "de puertas para adentro" reconoce el superávit de los ayuntamientos y que el 90 por ciento presenta una situación presupuestaria "positiva". Por el contrario, ante las autoridades comunitarias promete "hacer ajustes" que se concentrarán especialmente en 2015 y 2016, con 3.523 millones y 2.604,9 millones respectivamente (76,3 por ciento sobre el ajuste total).
Respecto a los servicios y competencias afectadas, a modo de ejemplo, ha señalado una reducción a nivel estatal de 1.970,5 millones en servicios básicos que deben prestar las corporaciones y otra de 1.397,6 millones para redimensionar el sector público local.
En su intervención, el vicepresidente ha manifestado además que la propuesta resulta "más contradictoria si cabe", toda vez que hace unas semanas el Ministerio de Hacienda anunciaba que estaba valorando la posibilidad de permitir a los ayuntamientos destinar recursos a nuevas inversiones el próximo año, siempre que cumplan determinados requisitos y aunque estén endeudados.
A su juicio, los recortes previstos revelan "sumisión política a los dictados de las instituciones europeas" y representan uno de los "efectos más severos" de la reforma de la Constitución de septiembre de 2011, que prioriza el pago de deuda e intereses frente a otras necesidades.
Por su parte y frente a la reducción de recursos económicos, el Gobierno andaluz reforzará el "municipalismo y la autonomía local" con 1.013 millones de fondos propios, que se ejecutarán a través del Plan de Cooperación Municipal Andaluz para 2015.
En este orden de cosas, ha recalcado el compromiso con las entidades locales en defensa de su autonomía local como reconocen las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de los Tributos en la Comunidad Autónoma (Patrica). Del mismo modo se ha referido al decreto ley de la Junta que blinda las competencias de los ayuntamientos andaluces frente a la reforma de la Administración Local.
Ha asegurado que su departamento se pronunciará sobre el plan de ajuste remitido a Bruselas cuando tenga "más detalles". Hasta entonces, ha expresado su confianza en que las autoridades comunitarias se inclinen por la administración local y tenga en cuenta que, a pesar de los "duros ajustes", es la que "mejor ha respondido a la situación de emergencia social".
Fuente: Europa Press
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jueves, 13 de noviembre de 2014
Proyecto de ley Municipal: El Gobierno Vasco propone que Eudel sea un actor más en el Consejo de Finanzas
El texto regula 37 competencias y garantiza la financiación a los entes locales.
Satisfacción en Álava y Gipuzkoa no recurrirá el proyecto.
Los ayuntamientos vascos tendrán, si el trámite de enmiendas no lo cambia, tres representantes en el Consejo Vasco de Finanzas, el mismo número de miembros que tiene el Gobierno en ese foro, y las diputaciones. Es decir, dejarán de tener opinión con un representante, a disponer de capacidad de veto en aquellos todos los acuerdos relacionados con el listado de 37 competencias, que el proyecto de ley que ayer mismo empezó el trámite parlamentario, atribuye a los municipios.
Ese nuevo papel convierte a los ayuntamientos, después de 35 años de intentos de regular la actividad y la financiación municipal, en un actor más en el órgano fundamental que regula los flujos económicos entre administraciones, y por fin elimina la tutela que hasta ahora ejercían las diputaciones al decidir prácticamente sin contrapesos, las asignaciones económicas para los entes locales.
Las decisiones del CVF se adoptarán por mayoría absoluta, pero los votos tendrán que integrar por lo menos a un representante de cada nivel institucional representado, e incluso el Gobierno se retirará en aquellos asuntos de estricta negociación entre ayuntamientos y diputaciones.
Los ayuntamientos tendrán que elegir a los tres representantes de la asociación mayoritaria municipal, actualmente Eudel, pero no se cierra la puerta a que en el futuro pueda ser otra asociación la que tenga esa mayoría, y será después el lehendakari el que ratifique formalmente el nombramiento de los tres elegidos. Ese proceso interno agita también las aguas de la propia Eudel ya que el voto en el Consejo de Finanzas podría no ser colegiado. De momento la presidencia de Eudel está en manos del PNV, pero EH Bildu debiera de tener una importante representación en esa futura terna.
Erkoreka dijo ayer que el texto no invade competencias de los territorios históricos en cuanto al reparto de la financiación local, —en referencia a las críticas lanzadas por el diputado general de Álva, Javier de Andrés— algo que queda expresamente especificado en el proyecto.
Entre las competencias propias que el anteproyecto atribuye a los municipios, figura la gestión de la protección civil y emergencias, de las viviendas de protección pública, del tráfico, la seguridad vial, los servicios sociales, equipamientos, turismo, planes locales de empleo, políticas de igualdad de género o comercio interior, entre otras.
La financiación de las competencias municipales estará “garantizada”, aunque las cuantías dependerán, al igual que sucede con la financiación del Gobierno vasco, de los ingresos que recauden cada ejercicio las haciendas forales. En el apartado de instrumentos de participación ciudadana del anteproyecto se especifica que, de conformidad con la legislación estatal, los alcaldes, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos.
Fuente: El País
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miércoles, 12 de noviembre de 2014
El hecho de que el solicitante de una beca de estudios no figure en el contrato de arrendamiento de vivienda en la que convive con otro estudiante, no puede ser impedimento para su concesión
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martes, 11 de noviembre de 2014
Nuevo modelo de nóminas
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Provincia, lo importante no es el nombre, lo importante es la función: a propósito del debate entre los profesores Sosa Wagner y Rivero Ysern
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Premios Fernando Albi 2014
El BOP ha publicado las bases del concurso dotado con 10.000 euros y los trabajos podrán presentarse hasta el 1 de junio de 2015.
El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante publica las bases para la convocatoria de los Premios Fernando Albi 2014, que tienen la finalidad de fomentar la investigación sobre la Administración Local y están dotados con 10.000 euros para el ganador y 3.000 euros para un accésit. El plazo de presentación de los trabajos, que deben ser inéditos y escritos en lengua castellana, comenzará a partir de mañana y finalizará el 1 de junio de 2015.
La Diputación de Alicante convoca los premios Fernando Albi desde el año 1999 con el objetivo de estimular nuevas líneas de trabajo relacionadas con la Administración Local que contribuyan a mejorar la asistencia y cooperación técnica, económica y jurídica que la institución provincial ofrece a los municipios de la provincia.
Todas aquellas personas interesadas en participar en los premios Fernando Albi 2014 pueden consultar las bases de la convocatoria en la web de la Diputación de Alicante -http://ift.tt/1GKRbj2 y en la de los propios premios -premiosalbi.diputacionalicante.es-, y pueden contactar con el área de Servicios Jurídicos para resolver posibles dudas a través del teléfono 965988965 o el correo electrónico serviciosjuridicos@diputacionalicante.es
El fallo del certamen correrá a cargo de un jurado presidido por la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, e integrado por 9 expertos en Derecho Público.
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domingo, 9 de noviembre de 2014
Motivación en los nombramientos de libre designación
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