viernes, 2 de diciembre de 2016

Hacia dónde va la formación corporativa en el sector público

Necesariamente he de empezar este post pidiendo disculpas a las personas seguidoras y lectoras de Al Trasaire. Ha pasado mucho tiempo desde la última publicación y bien que lo siento. Dificultades … Origen: Hacia dónde va la formación corporativa en el sector públicoArchivado en: Cuestiones prácticas

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El Gobierno marca a las Entidades Locales un objetivo de déficit 0 y los objetivos de deuda para 2017-2019

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha informado al Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) de la nueva senda de consolidación fiscal aprobada por el Gobierno. Esta revisión no afecta al objetivo de déficit de las Entidades Locales, que se mantiene en el 0%, previsto antes de la revisión. España mantiene su compromiso con la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit, que han sido fundamentales para que nuestro país lidere en Europa el crecimiento y la creación de empleo.

- Considera que la contribución de la Administración Local será decisiva para cumplir los nuevos objetivos de déficit compatibles con la consolidación del crecimiento y el empleo

- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha felicitado a los ayuntamientos por el esfuerzo de gestión realizado, que se ha traducido en cuatro años consecutivos de superávit presupuestario

- El objetivo de deuda pública del conjunto de las entidades locales será el 3,1% del PIB este año, el 2,9% en 2017, el 2,8% en 2018 y el 2,7% en 2019

30 de noviembre de 2016.- Este compromiso, que ha sido evidente en estos cuatro últimos años, con una reducción del déficit de cuatro puntos de PIB, permanece pero en una nueva senda de consolidación fiscal más suave, compatible con el afianzamiento del crecimiento económico y la creación de empleo.

Las Entidades Locales, cuya gestión ha sido elogiada por el ministro Montoro, seguirán con el objetivo del equilibrio presupuestario después de cuatro ejercicios consecutivos de superávit.

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DEUDA PÚBLICA

Así pues, el ministro ha presentado a las Entidades Locales la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las entidades locales que ha elaborado el Ministerio de Hacienda y Función Pública y que establece un objetivo de déficit del 0,0% del PIB para este año 2016 y para los tres ejercicios siguientes. De la misma manera, ha presentado a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) el objetivo de deuda pública del conjunto de las entidades locales, que es del 3,1% del PIB para 2016; del 2,9% para 2017, del 2,8% para 2018 y del 2,7% para 2019.

Además en la citada sesión se ha presentado un balance de los planes económico-financieros correspondientes al ejercicio presupuestario 2015, aprobados y previamente comunicados al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2015.

En 2015 se han presentado un total de 526 planes económico-financieros a los distintos órganos de tutela de las entidades locales (tutela estatal y autonómica); de los cuales 128 de ellos al anterior Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (que tiene la tutela de entidades locales de 9 Comunidades Autónomas). Del total de planes presentados, 398 se presentaron a las Comunidades Autónomas que tienen atribuida dicha tutela financiera.

19 de estos Planes Económico-Financieros, corresponden a entidades locales incluidas en el modelo de cesión de impuestos estatales.

Por otro lado, se crea un grupo de trabajo para análisis de la interpretación de la regla de gasto en la que tengan participación representantes de las entidades locales.

Fuente: INAP.es



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El PSOE pacta el techo de gasto con más liquidez para las autonomías

Los socialistas logran que las autonomías tengan un objetivo de déficit del 0,6% del PIB, en lugar del 0,5% que quería el Gobierno

El acuerdo entre el Gobierno y el PSOE sobre el techo de gasto (el tope de gasto público del que se parte para elaborar los Presupuestos del Estado) para 2017 y el reparto del déficit entre las comunidades estaban este miércoles a punto de cerrarse. Los socialistas han logrado que las autonomías tengan un objetivo de déficit del 0,6% del PIB, en lugar del 0,5% que quería el Gobierno. Esa décima supone cientos de millones para partidas sociales. Fuentes del PSOE han asegurado que, lejos de sentir “complejo” por el pacto, sus siete presidentes se felicitan por el éxito de tener más liquidez y que el déficit no se corrija con recortes sino con más ingresos.

Las negociaciones entre el Gobierno y el PSOE han llegado a buen fin, como se constatará durante la reunión que este jueves celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Antes, los consejeros económicos y de Hacienda de las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas se reunirán en la sede federal del PSOE en un almuerzo con el portavoz y número dos de la gestora de ese partido, Mario Jiménez.

El equipo negociador —entre cuyos miembros están el diputado responsable de Hacienda, Pedro Saura, y el exministro de Trabajo Valeriano Gómez— intercambiará y debatirá con los responsables de las autonomías el contenido del acuerdo. Los interlocutores de distintas comunidades consultados se han mostrado este miércoles altamente satisfechos de la evolución de la negociación y de su resultado. Los Gobiernos autónomos han presionado hasta el último minuto para conseguir la flexibilización en el objetivo de déficit para disponer de mayores recursos. Hubieran querido el 0,7% del PIB, pero con el 0,6% el saldo es muy beneficioso.

Techo de gasto

¿Ha claudicado el PSOE ante el Gobierno? Tanto desde las comunidades como en la dirección del grupo parlamentario se rechaza ese posible reproche. “¿Vamos a quejarnos de que tengamos más dinero para sanidad y educación porque en vez de tener un límite de déficit del 0,5% lo tengamos del 0,6%?”, se preguntaba un presidente regional. Dirigentes de la gestora se remitían a la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera para escuchar la opinión de los consejeros. “Resulta inimaginable que se dijera a los consejeros que rechazaran un acuerdo que va a reportar cientos de millones más para hacer frente a sus muchas necesidades”, indicaron estas fuentes.

La reunión “no va a ser conflictiva porque todos quieren sacar el máximo, no se plantea otra cosa”, ha señalado uno de los siete presidentes socialistas, a los que se suman otros dos, los de Canarias y Cantabria, con los que cogobierna el PSOE. Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura, Valencia, Castilla-La Mancha y Baleares son las comunidades socialistas que se sentarán este jueves en torno a la mesa del consejo, aunque en la petición del reparto del déficit no hay muchas diferencias con el sentir de las gobernadas por el PP o con Cataluña. El País Vasco y Navarra tienen su propio modelo y no entran en el régimen general.

Las declaraciones sobre la bondad del acuerdo con el Gobierno se ofrecen con las cautelas que impone la certeza de que se criticará al PSOE por este pacto. El reproche a la gestora, previsiblemente, llegará del sector crítico del PSOE y, con toda seguridad, de Podemos.

En la dirección interina del PSOE recuerdan con desagrado que el pasado sábado el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez instó a la gestora a que no apoyara ni el techo de gasto ni los Presupuestos.

Esta fue su demanda en el acto que protagonizó en la localidad valenciana de Xirivella, rodeado de un millar de militantes en su primera aparición pública tras dimitir. La dirección socialista insistía este miércoles en que no aprobará los Presupuestos, pero resulta imprescindible para las comunidades autónomas conseguir la flexibilidad del déficit. “Se vota el objetivo de déficit; el objetivo de deuda y su reparto vertical entre las Administraciones. ¿Cómo no nos vamos a involucrar?”. No están del todo disgustados por haberse quedado en el 0,6% de déficit, ya que la décima que pedían de más se pasa a la Seguridad Social, muy necesitada de algo más de margen, explican representantes autonómicos.

A partir de este jueves los socialistas explicarán los detalles del acuerdo en cada una de sus autonomías, que es donde tienen que dar explicaciones, señala un consejero regional. No obstante, este jueves en la reunión en la sede federal del PSOE cada cual expondrá su realidad. Desde la gestora se preguntan: ¿quién se puede oponer a que se apruebe una senda de déficit más flexible que la prevista? Y sostienen que esto no significa apoyar al Gobierno.

Sí esperaban este miércoles la crítica de Podemos y no se han equivocado. El secretario general de este partido, Pablo Iglesias, en un acto público, no ha parecido extrañarse de que las negociaciones entre el PSOE y el Gobierno para el techo de gasto estuvieran casi cerradas. “El no es no del PSOE se acaba convirtiendo en un sí”. Y ha añadido: “En España gobierna el PP con los apoyos del PSOE y de Ciudadanos: la triple alianza”.

Fuente: El País



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Los Tribunales de Cuentas fiscalizarán la extinción de organismos autonómicos y revisarán las decisiones en el ámbito local

El Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos se han comprometido a fiscalizar la extinción de entidades que están suprimiendo las comunidades autónomas y han ratificado su plan de revisar las decisiones que se adopten en el ámbito local pese a la opinión contraria de los interventores.

Se trata de dos de los asuntos que se han tratado este martes en una 'cumbre' de presidentes del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, y de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEx), que se ha celebrado en Palencia, sede del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Según informa el Tribunal de Cuentas, los presidentes han debatido sobre los respectivos programas anuales de fiscalización relativos al año 2017; así como sobre la realización de actuaciones conjuntas o coordinadas de fiscalización para potenciar el control de la gestión pública territorial y adaptarse a los requerimientos de la nueva realidad social.

La colaboración entre las Cámaras de Cuentas se materializa a través de Comisiones de Coordinación en los ámbitos del control sobre las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, y de la Comisión de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales; así como mediante la firma de convenios adoptados con el fin de aunar sus esfuerzos para reforzar el control de los fondos públicos con el objetivo de que estos sean utilizados bajo los principios de legalidad, economía, eficacia y eficiencia.

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

En su repaso de la situación de los trabajos en el ámbito autonómico, los presidentes han intercambiado impresiones sobre fiscalizaciones como la que actualmente están trabajando relativas a la utilización de la encomienda de gestión por parte de las entidades del sector público autonómico.

En cuanto al ámbito local, la puesta en común ha tratado, entre otros temas, la fiscalización que se está desarrollando de forma coordinada, con prácticamente la totalidad de los OCEx, sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los Interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

En el capítulo de proyectos, los responsables de las Instituciones de Control Externo han debatido la previsión de realizar una fiscalización sobre el proceso de extinción de entidades de las Comunidades Autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público.

Y en el ámbito local, el punto de atención se ha puesto en el fomento de actuaciones comunes para potenciar el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas por las entidades locales, así como en diversas iniciativas encaminadas a homogeneizar procedimientos, actuaciones y herramientas de trabajo para el desarrollo de la fiscalización en este ámbito; entre ellas, la revisión del documento de indicadores financieros y presupuestarios comunes ya adoptado y el análisis de una iniciativa para la elaboración de indicadores de transparencia.

MEJORAS EN LA PLATAFORMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

En la reunión se ha puesto también de relevancia el uso compartido de la Plataforma de Rendición de Cuentas y sus nuevas funcionalidades para la remisión de documentación por parte de las entidades locales. Esta Plataforma, creada en 2007, contribuye de manera significativa a la simplificación del proceso de rendición de cuentas y de envío de documentación por las entidades locales, a la mejora de la calidad de la información remitida y a favorecer la transparencia en la gestión.

Finalmente, se ha avanzado en la colaboración en la elaboración de los respectivos Programas o Planes Anuales de Fiscalización o de Actuación. Este aspecto constituyó un apartado específico en el orden del día de la reunión, antes de la aprobación, por cada una de las Instituciones de Control Externo, de su propio Programa o Plan de Fiscalización.

Fuente: INAP.es



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miércoles, 30 de noviembre de 2016

El TSJ de Madrid reconoce a una trabajadora interina del Ministerio de Defensa el derecho a percibir la misma indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo

La Sala, en aplicación de la STJUE de 14 de septiembre de 2015, que resolvió la cuestión prejudicial planteada en relación a la indemnización por finalización de contrato temporal, estima el recurso interpuesto por la actora, trabajadora interina del Ministerio de Defensa, y le reconoce la indemnización por despido procedente como si hubiera tenido contrato indefinido.

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Los Ayuntamientos recrudecen su enfrentamiento con el Gobierno

La FEMP se cita con Sáenz de Santamaría para pedir cambios legales y en financiación

La convocatoria, este miércoles, de la Comisión nacional de administración local servirá para recrudecer el enfrentamiento entre los Ayuntamientos y el Ejecutivo. Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha adelantado este martes que le reclamará a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, y a Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, que flexibilicen el techo de gasto para los Ayuntamientos; que les permitan reinvertir su superávit; y que prohíban que se pueda cortar el suministro energético a las familias sin un informe municipal. El conflicto entre las dos partes data de 2015, cuando la FEMP recurrió la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL) ante el Tribunal Constitucional.

"Vamos con la mejor disposición", ha dicho este martes en el Senado el ministro Montoro durante la sesión de control al Gobierno.

El enfrentamiento entre las dos partes está enquistado desde que la FEMP recurrió la LRSAL ante el Constitucional. A principios de este año, el tribunal declaró inconstitucionales y nulos algunos de los preceptos de la norma al considerar que el Estado invade competencias autonómicas en materias relativas a salud, servicios sociales o educación.

Caballero ha confirmado este martes que insistirá ante la vicepresidenta en la necesidad de que haya más cambios en el texto de la ley. Tiene una ventaja que nunca tuvo antes: tanto el ministro de Interior (Juan Ignacio Zoido) como el de Fomento (Íñigo de la Serna) han sido antes presidentes de la Federación de municipios.

Fuente: El País



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La reforma clave para evitar la corrupción en la contratación pública, tramitada de urgencia y sin pasar por el pleno del Congreso

La Mesa del Congreso ha aprobado hoy la tramitación de urgencia y con competencia legislativa plena por la Comisión de Hacienda de la reforma de la Ley de Contratos

Una norma tan importante y compleja debería pasar por el pleno y debatirse en profundidad entre todos los grupos y con la participación de la sociedad civil

La Mesa del Congreso ha aprobado hoy la tramitación de urgencia y con competencia legislativa plena por la Comisión de Hacienda de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así, la reforma clave para evitar la corrupción en la contratación pública pasará, después de un año y medio de retraso en su aplicación, de forma exprés por las cámaras y sin el imprescindible debate en pleno.

 

La Fundación Civio se declara totalmente de acuerdo con que la trasposición de la directiva europea, que debía haberse producido antes de abril de 2016, es urgente. En abril de 2017 finaliza el plazo para enviar los primeros informes de su aplicación a Europa, una fecha que previsiblemente España tampoco cumplirá. Sin embargo, la urgencia y necesidad de estas medidas no justifican que se ignore la necesidad de un debate y una reflexión profundos, que permitan aprovechar esta oportunidad para aprobar una reforma que frene el constante goteo de casos de corrupción vinculados a la contratación pública. Civio considera que esta ley no puede aprobarse sin apenas cambios ni pasar sin pena ni gloria por Las Cortes.

El viernes 25 de noviembre se aprobaron dos proyectos de ley en Consejo de Ministros afectados por la directiva europea pero, hasta el momento de la emisión de este comunicado, ninguno de estos textos se ha hecho público. La Fundación Civio recuerda que, de nuevo, el Gobierno anuncia medidas adoptadas sin proporcionar a la opinión pública el texto completo de las mismas, una dinámica que consideramos como publicidad de la acción de gobierno y no como auténtica rendición de cuentas.

Para matizar esa publicidad, desde la Fundación Civio queremos aclarar dos puntos:

La reforma planteada por Europa mejora algunos aspectos vinculados con la transparencia de la contratación pública, como el veto a los negociados solo por motivos de precio. Pero es importante matizar que esas medidas de mejora vienen determinadas obligadamente por Bruselas, y no por el Gobierno de España. Además, el texto que se propuso como anteproyecto no aprovecha la oportunidad para incluir mejoras claras en la norma más allá de lo obligado por las directivas europeas: las últimas grandes reformas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) han venido una vez más marcadas por Europa. La Fundación Civio lamenta esta oportunidad perdida de reformar, de forma consensuada y tras un debate profundo, un sector clave para la lucha contra la corrupción. Es un error.

El retraso en la aplicación de esta reforma no se debe únicamente al año que España ha pasado con un gobierno en funciones. Las directivas europeas se aprobaron en febrero de 2014. En abril de 2015, el Gobierno presentó el borrador del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público a un periodo de observaciones, que se cerró en mayo de ese mismo año. Desde entonces, y hasta que el Gobierno pasó a estar en funciones (siete meses después), no se anunciaron avances en la aprobación de esta normativa: ni pasó por Consejo de Ministros para convertirse en proyecto de ley y ni mucho menos llegó a debatirse en Las Cortes para su aprobación. Y ahora se tramita de urgencia.

La Ley de Contratos del Sector Público es norma muy compleja, que lleva año y medio parada y de la que los ciudadanos aún desconocemos qué aportaciones al anteproyecto se han incluido y cuáles no: a día de hoy, no contamos con el proyecto de ley. Civio considera imprescindibles estas mejoras, sobre todo en aspectos clave como poner límite al uso masivo del procedimiento negociado o la inclusión de determinadas obligaciones a los partidos políticos en materia de contratación. No obstante, insistimos en la necesidad de un debate parlamentario. Una reforma exprés en comisión no es suficiente.

Por estos motivos, desde la Fundación Civio reclamamos que se traslade el debate al pleno y que se permita un debate amplio, en el que la sociedad civil pueda participar y donde todos los grupos tengan tiempo para analizar a fondo el proyecto de ley y para presentar enmiendas que permitan conseguir el mejor texto posible de una ley clave.

En Civio hemos analizado a fondo las directivas, el anteproyecto que se presentó hace año y medio y la última proposición de ley del PP sobre este asunto, y haremos lo mismo con el texto del proyecto. Queremos trasladar a todos los partidos nuestras propuestas de mejora, basadas principalmente en dos puntos, y que ampliaremos una vez hayamos analizado a fondo el proyecto de ley:

CONTROL Y VIGILANCIA: es imprescindible que exista un organismo independiente y con capacidad sancionadora, que no dependa de un ministerio, que vigile la contratación pública de forma avanzada, sistemática y con los medios suficientes para ejercer esta importante tarea. Además, ese organismo debe permitir denuncias de cualquier ciudadano, incluso anónimas, que ayuden a investigar irregularidades. No podemos depender solo de que sean las propias empresas que participan en esos procesos de contratación las que denuncien irregularidades para destapar casos de corrupción, como ha pasado en muchos casos hasta la fecha.

TRANSPARENCIA EFECTIVA ORIENTADA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS: la trasposición es tibia en cuanto a las necesidades de transparencia. Es imprescindible que aprovechemos esta reforma para que la transparencia de la contratación no se limite a las posibles empresas participantes, a permitir la concurrencia, sino que se transforme en una auténtica rendición de cuentas ante los ciudadanos que incluya publicidad efectiva sobre todo el proceso (composición de las mesas de adjudicación, actas completas, ofertas de los participantes, participación de las empresas en cada UTE…) sin aplicar trabas basadas en intereses comerciales a bloques enteros de información. Y esa información debe estar en, unificada en una única web y estar disponible de forma permanente. La transparencia y el escrutinio público no pueden tener fecha de caducidad.

La Fundación Civio demanda, en suma, un debate serio, basado en datos y en hechos probados, con la importancia que esta reforma se merece. Y no un procedimiento urgente y sigiloso. Deseamos poder analizar el documento a fondo y que la oposición también pueda tener esa oportunidad.

Fuente: Fundación Civio



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COMUNIDAD VALENCIANA: Ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción

LEY 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (30/11/2016)

Ver aquí



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martes, 29 de noviembre de 2016

Las Leyes 39 y 40/2015. Su ámbito de aplicación y la regulación de los actos administrativos

La división de la Ley 30/92 en dos textos distintos es una de las principales novedades que depara la sustitución de la LPC por las Leyes 39/2015 (de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y 40/2015 (de Régimen Jurídico del Sector Público). Mientras que la LPC desarrollaba en un solo texto legal dos de los títulos competenciales que se enumeran en el art. 149.1.18ª CE (“bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas” y “procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas”), el legislador de 2015 ha preferido ejercerlos en dos Leyes diferentes […]

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lunes, 28 de noviembre de 2016

El TS reitera la doctrina que establece que las Corporaciones Locales tienen competencia para prohibir que las personas estén o transiten desnudas por los espacios públicos

Se declara conforme a derecho la Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales del Ayuntamiento de Valladolid, salvo la expresión contenida en su art. 16.6 “semidesnuda”, al tratarse de un concepto indeterminado. Tal y como la Sala declaró en relación a la impugnación de la Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona en la que se prohibía el nudismo o semidunismo en los espacios y vías de uso público, no se está condenando o limitando creencias u opiniones de los ciudadanos en relación con el naturismo, sino que se prohíbe la desnudez en los lugares de uso público general del municipio y se tipifica como infracción el incumplimiento de esa prohibición.

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Taller "Novedades e incidencia de las nuevas leyes administrativas en las entidades locales. Todas las preguntas y todas las respuestas". Madrid, 28 noviembre 2016

Da comienzo el taller, en la imagen los ponentes de derecha a izquierda: Jorge Pueyo Moy, Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Huesca, Antonio Serrano Pascual, Secretario General de la Diputación Provincial de Huesca, Julián Lucea Sáenz, Jefe de los Servicios Informáticos de la Diputación Provincial de Huesca y Alfonso Gella González, Asesor de Nuevas Tecnologías.



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