sábado, 29 de marzo de 2014
Está celebrándose ahora la Asamblea General Ordinaria del Consejo General de COSITAL
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Observatorio Vasco de Derecho Local
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viernes, 28 de marzo de 2014
Dos comunidades del PP legislan para contrarrestar la reforma local
Primero fueron los alcaldes y ahora son las comunidades autónomas las que dan el paso para contener el desbarajuste que ha provocado la reforma municipal. La ley, que aspiraba a convertirse en una de las de mayor calado del PP en esta legislatura, ha sembrado incendios hasta en las autonomías gobernadas por el partido conservador, aunque formalmente los parches se presentan como lecturas “positivas” de la reforma para evitar recursos de inconstitucionalidad de Gobiernos amigos.
Galicia y Castilla y León han aprobado reformas urgentes para intentar proteger sus competencias estatutarias sobre sus municipios. Ayer, el Consejo de Gobierno castellanoleonés anunció un decreto ley para “garantizar la continuidad de los servicios públicos”, en los 2.248 Ayuntamientos y más de 2.000 entidades locales menores de su territorio. El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, recuerda que la suya fue la comunidad del PP “más crítica” durante la tramitación de la norma y admite que era necesario legislar para evitar “resultados indeseables o disfuncionalidades en la prestación de servicios públicos”, especialmente en materias como la educación, donde los Ayuntamientos dejan de hacerse cargo de escuelas infantiles. Pero niega que se trate de enmendar la norma estatal: “Es una ley compleja, el propio Gobierno central ha elaborado una guía aclaratoria. Después de estudiarla detenidamente, hemos hecho una lectura constitucional, estatutaria y por tanto municipalista. Esta lectura nos ha llevado a aprobar una norma con medidas urgentes para garantizar los servicios públicos”, asegura Santiago-Juárez.
En su opinión, “la norma no vacía de competencias los municipios porque el Estado solo fija las competencias mínimas, no máximas”. Esta interpretación extensiva que casi ningún partido político comparte le da pie para asegurar que, en materia de educación, salud y servicios sociales, los alcaldes podrán seguir ofreciendo servicios “en tanto no hayan sido asumidos por parte de la Comunidad de Castilla y León”. Desde la oposición, el diputado en las Cortes Francisco Ramos (PSOE) aplaude la iniciativa del Gobierno de Juan Vicente Herrera y califica el decreto ley como “defensivo” para “minimizar los graves daños que está provocando la ley”.
Con el texto en la mano, secretarios e interventores municipales tienen muy difícil autorizar cualquier gasto en servicios sociales que planteen los Ayuntamientos, la primera institución a la que llaman los ciudadanos en plena espiral de crisis y recortes. “Los problemas se están dando, los alcaldes están perplejos porque esta norma no se sostiene por ninguna parte”, insiste Ramos, que además de diputado es funcionario municipal.
En Galicia, la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP) también ha aprobado un anteproyecto de ley para devolver a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes las competencias en política social que les arrebata la reforma y evitar así un caos en la prestación de los servicios a partir de enero de 2016, cuando expira el plazo impuesto por el ministerio para recentralizar las competencias. El Gobierno gallego no oculta su irritación con las decisiones de Madrid tras la amenaza de rebelión de sus propios alcaldes (la mayoría del PP). Esa irritación se refuerza con el hecho de que los municipios han conseguido embridar sus deudas y han cerrado por segundo año consecutivo con superávit.
La contestación parlamentaria a la ley apadrinada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, continuará hoy con la presentación, por parte de la mayoría de los grupos representados en el Congreso de un nuevo recurso de inconstitucionalidad. Se suma al que el pasado sábado tramitaron más de 2.000 municipios de toda España y a los que están tramitando seis comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Canarias, Asturias, Extremadura y Navarra.
Fuente: El País
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Andalucía recurre 23 artículos de la norma en el Constitucional
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, cree que, lejos del ahorro previsto por el Gobierno (de 8.000 millones), la ley puede costar a las arcas públicas solo en esa comunidad 600 millones. La objeción jurídica principal, explica Valderas, se centra en “la invasión de competencias autonómicas”. El Estatuto andaluz determina que es la autonomía quien tiene “competencias exclusivas”, en materia local. A su amparo se han dictado hasta tres leyes reguladoras que, con la nueva norma estatal, “quedarían prácticamente derogadas”, según Valderas.
“El Estatuto es una norma básica y esta ley ha nacido con la oposición de la práctica totalidad del arco parlamentario. Políticamente nace agónica. No alcanzará sus objetivos”, pronostica, y advierte de que tres meses después de su entrada en vigor “ni siquiera los secretarios e interventores tienen clara su aplicación”. Valderas, que ha acudido personalmente a Madrid para entregar en el registro del TC el recurso, pide a los magistrados que “resuelvan cuanto antes”, la impugnación, ya que legalmente no pueden ordenar una paralización cautelar de los artículos en discordia.
Tras este recurso está previsto que el resto de comunidades donde no gobierna el PP (Cataluña, Canarias y Asturias) presenten los suyos. También lo harán dos Parlamentos autonómicos donde los populares están en minoría: Extremadura y Navarra. En la comunidad gobernada por Yolanda Barcina en minoría (con 19 escaños de 50), ayer se anunció un acuerdo propuesto por los socialistas del PSN con el apoyo de Bildu, Aralar-NaBai e Izquierda-Ezkerra, para impugnar la norma con los votos en contra de UPN y PP. De nada le ha servido a UPN negociar con el PP en el Congreso de los Diputados una disposición adicional contenida en la ley que minimiza el impacto en la comunidad foral.
Fuente: El País
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Castilla y León elevará a rango de ley el mantenimiento de las competencias en los municipios y clarifica la norma estatal
Además, este decreto-ley, que será publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el próximo lunes, 31 de marzo, tiene como principal objetivo evitar "resultados indeseables" o disfunciones en la prestación de servicios públicos, con la correspondiente repercusión en los ciudadanos, evitar vacíos competenciales, especialmente en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y asegurar que no se incrementa el coste para las administraciones.
Así lo ha explicado el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien, tras aclarar que este decreto-ley no es una alternativa al recurso de inconstitucional planteado por otros ayuntamientos e, incluso, gobiernos autonómicos, ha reivindicado la conveniencia de esta "medida urgente" ante el "ruido y mucha farfolla" que se ha producido en torno a la aplicación efectiva de la Reforma Local, en lo que ha llegado a calificar como el "espectáculo de la confusión".
"Las leyes es bueno leerlas, ganan mucho cuando se leen", ha ironizado el consejero de la Presidencia, quien ha explicado también que el decreto-ley de la Junta, que se tendrá que convalidar en las Cortes en el próximo mes, lo que asegura de nuevo el debate parlamentario sobre este asunto, está basado en una lectura "constitucional, estatutaria y municipalista" de la Reforma Local del Gobierno, a diferencia de lo que mantienen "otros" en un planteamiento "equivocado".
En una "lección de Derecho", como ha calificado el propio portavoz, De Santiago-Juárez ha rechazado en diversas ocasiones que la norma estatal que entró en vigor el pasado 1 de enero vacíe de competencias a los municipios ya que "la clave" está en que la Reforma Local del Gobierno garantiza unos "mínimos competenciales" y no unos máximos, que sí hubiese sido inconstitucional.
El decreto-ley está estructurado en cinco artículos en los que se regulan las competencias de los municipios de Castilla y León y que contemplan, no sólo esos "mínimos" que regula la Reforma Local del Gobierno, sino las competencias atribuidas por otras leyes sectoriales del Estado, como es el caso de la Dependencia, y las conocidas como "competencias impropias" reguladas por las leyes autonómicas.
El portavoz ha explicado que la nueva legislación de la Junta recoge el requisito del Gobierno para los casos en los que las entidades locales pretendan desarrollar competencias complementarias, las que no son propias ni delegadas, en los que será necesario un informe que acredite la inexistencia de duplicidades y que será emitido por la Consejería de la Presidencia, y un segundo informe sobre el riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda local que será emitido en este caso por el departamento de Hacienda.
De Santiago-Juárez ha recordado en este punto la competencia financiera que tiene la Junta de Castilla y León --sólo seis autonomías tienen reconocida esta prerrogativa en sus estatutos-- lo que da carácter "vinculante" a ese informe. "Cómo se puede decir que se vacía de contenido a los municipios", se ha preguntado a este respecto.
GARANTÍA DE PAGO DE LA JUNTA
El decreto-ley establece también cómo debe realizarse la adaptación antes del próximo 31 de diciembre de los convenios entre la Junta y los ayuntamientos, los acuerdos y los demás instrumentos de cooperación para esas competencias complementarias que incluirán como novedad una "garantía de pago" por parte del Gobierno autonómico con compromiso de fecha que, de no satisfacerse en tiempo, se quitará de las entregas a cuenta a la Comunidad.
Cuando una consejería quiera adaptar los convenios de delegación de competencias también habrá que contar con el visto bueno del Departamento de Hacienda.
La norma dedica un artículo a las competencias en materia de educación, salud y servicios sociales que, en el caso de las previas a la entrada en vigor de la Reforma Local, se mantendrán en los actuales términos hasta que sean asumidas por parte de la Comunidad, para lo que habrá que modificar antes los modelos de financiación autonómica y local.
El resto de competencias en educación, salud y servicios sociales atribuidas a las entidades locales, como el mantenimiento y limpieza de consultorios, seguirán siendo ejercidas por estas, "sin perjuicio de las competencias atribuidas a las diputaciones provinciales en orden a la coordinación del servicio de mantenimiento y limpieza de los mismos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y de las competencias que corresponden a la Comunidad en orden a la planificación general, prestación y dotación de medios sanitarios en todos ellos".
Este decreto-ley se completará la próxima semana --previsiblemente el próximo miércoles-- con una Circular de la Consejería de la Presidencia relativa al sistema competencial y otras cuestiones relacionadas con este asunto que, a diferencia del carácter imperativo de la nueva ley, tendrá carácter "explicativo, aclaratorio y homogeneizador".
El objetivo de la Consejería con esta circular, que ha sido explicada el pasado lunes en el Consejo de Cooperación Local, donde participa la Federación Regional de Municipios y Provincias, es dejar claro a todos los ayuntamientos que las atribuciones de competencias efectuadas a las entidades locales de Castilla y León "siguen plenamente vigentes y su ejercicio sigue estando sometido a aquellas normas de atribución".
De Santiago-Juárez ha asumido al respecto que la Reforma Local del Gobierno necesita "criterios interpretativos" para armonizar y homegeneizar su aplicación desde la premisa, en todo momento, de evitar resultados indeseables o disfunciones, incrementos del coste o vacíos legales y de garantizar el mantenimiento de materias "tan sensibles" como la educación o la sanidad.
"Hay que dar garantía y continuidad a los servicios públicos que se prestan", ha resumido el consejero, quien ha abogado también por dar una guía a los ayuntamientos para facilitar su propia gestión y la gestión de los fondos que la Junta dedica a la cooperación local, que se rubricará de forma "inmediata" con diputaciones y municipios de más de 20.000 habitantes.
Según ha informado el consejero, el País Vasco ha editado hace unos pocos días una circular en el mismo sentido mientras que el Gobierno gallego ha optado por regular este asunto a través de un Proyecto de Ley.
Fuente: Europa Press
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El PP rechaza en el Congreso las enmiendas a la totalidad contra la ley de racionalización del sector público
PSOE dice que es un "parche" que "profundiza en el desmantelamiento de lo público" y CiU habla de "traición constitucional".
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las siete enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición parlamentaria contra el proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que seguirá así su tramitación parlamentaria.
El proyecto de ley persigue la supresión e integración de organismos de la administración, para aligerar su peso, y también servirá para simplificar trámites administrativos, de forma que prevé por ejemplo que haya una única licencia deportiva para todo el país o que el BOE sea el lugar en el que los ciudadanos consulten cualquier notificación pública que les afecte, como tablón edictal único.
El PSOE, CiU, UPyD, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, BNG y ERC habían pedido la retirada del proyecto, pero el PP ha rechazado todas las enmiendas a la totalidad (174 votos en contra frente a 128 síes). El diputado de UPN y el de Foro Asturias han votado con el Grupo Popular.
MONTORO: LUCHAR CONTRA LA "INEFICIENCIA" EN LA AA.PP.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido el proyecto dentro del trabajo del Gobierno de reforma del sector público, de lucha contra las duplicidades y la "ineficiencia" en el funcionamiento de la administración.
Montoro ha explicado que en esta norma se incluyen los organismos públicos que requieren una ley para ser reordenados, bien para integrarse o para desaparecer, y que no tiene "ningún carácter centralizador". Ha expresado además su "mejor disposición" para negociar este proyecto, que cuenta de entrada con el rechazado de todos los grupos de la oposición.
El ministro ha citado los cambios que se introducen en la Agencia de evaluación de la calidad del sistema universitario o en el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música, que permitirá la colaboración de los coros públicos, la creación de una gran Agencia de consumo y seguridad alimentaria o el refuerzo del Instituto de la Mujer.
El responsable de Administraciones Públicas ha citado también la introducción de la "unidad de mercado también para el deporte", al permitir que las licencias sean válidas en todo el país. Sobre este asunto, ha asegurado que se buscará evitar que las federaciones autonómicas sufran una bajada de ingresos por el pago de licencias.
TODOS EN CONTRA
Sin embargo, la portavoz socialista, Meritxell Batet, ha calificado la reforma de "mero parche" alegando que "solo persigue el adelgazamiento de las estructuras" sin que cumpla el "objetivo constitucional" de servir a los intereses generales. A su entender, se trata de un "envoltorio ampuloso para una caja vacía" y persigue convertir el sector público en "mera anécdota".
“Todo se reduce a la reducción: menos servicios, menos derechos y la calidad ha caído en picado. Y el ahorro del que presumen no sé donde está. Desde luego inexistente con lo que proponen en este proyecto de ley", ha espetado al ministro, tras quejarse de que no haya habido diálogo, "ni político ni institucional", con CCAA, ayuntamientos o demás partidos.
Es más, Batet ha calificado de "revelador" que el orden de prioridades del Gobierno pase por "suprimir órganos con fines sociales", algo que, a su juicio, "no es ahorro sino ideología". Igualmente, ha recalcado que "profundizar en el desmantelamiento de lo público" es también "más ideología". "Bajo criterios economicistas se quiere dar la espalda a la sociedad o quitar los organismos incómodos para la administración", ha lamentado, citando como ejemplo el Consejo de la Juventud.
CiU: "ANTE UNA TRAICIÓN CONSTITUCIONAL"
Desde CiU, Carles Páramo, ha asegurado que el texto del Gobierno es una "nueva vuelta de tuerca en el proceso de recentralización del Estado" y una "loapa manifiestamente inconstitucional", máxime cuando hay "escasa ambición" de reducir gasto en el ámbito de la Administración General del Estado. "Nos enfrentamos a la reforma encubierta de la Constitución y la promueven precisamente aquellos que dicen defenderla. Es un acto de traición constitucional", ha enfatizado.
Tras recordar que la reforma local aprobada por el PP y que entró en vigor hace tres meses supone un "menosprecio a la autonomía municipal", ha dicho que "nunca" antes los representantes catalanes habían estaban "tan alejados" del Estado y "nunca la fractura había estado tan abierta y lamentablemente va a más". Además, ha defendido la consulta que promueve el Gobierno catalán: "El camino está en la libertad para votar".
Por la Izquierda Plural, Alberto Garzón ha dicho que cuando se habla de racionalización se piensa en un cambio radical de la estructura pública del país, "pero no se trata de eso, es una reordenación caótica, descontrolada", ha criticado. A su juicio, el Gobierno persigue con proyectos como este devaluar las estructuras públicas y ha rechazado algunos aspectos concretos de este proyecto, como la reforma del Instituto de la Mujer.
Rosa Díez (UPyD) ha criticado el proyecto y ha dicho que cree que el Gobierno abandona el objetivo de la reforma de las administraciones públicas, pero aparenta que lo persigue. "El uso de la legislación como propaganda y cosmética se constata en esta ley, que deja fuera los asuntos esenciales. El Gobierno no quiere cambios profundos, sino retoques", ha agregado.
La portavoz ha calificado de "escandaloso" que se esté saliendo de la crisis sin abordar la reforma profunda de la estructura política y administrativa del país, lo que además permite que persista la corrupción, ha dicho. "El coste del mal gobierno superaría los 100.000 millones de euros desde que comenzó la crisis", ha apuntado.
Por el PNV, Pedro Azpiazu, ha admitido que es bueno reorganizar, "pero no a costa de romper las reglas del juego e invadir competencias". Como otros portavoces, ha sido especialmente crítico con cómo se regula la licencia deportiva única y también, que el BOE se convierta en tablón edictal único.
Joan Baldoví (Compromís-Equo) ha criticado el proyecto por la disminución del sector público que supone, que no aumenta la eficacia. Y con respecto a las licencias deportivas, el diputado le ha dicho al ministro que estará pendiente de que efectivamente las federaciones autonómicas no pierdan ingresos.
ERC ha rechazado también este asunto de la licencia deportiva única, que pretende hacer desaparecer, ha dicho, las federaciones autonómicas. El BNG cree que este proyecto forma parte de la "contrareforma ansiada" por la derecha española.
PP: INVITA AL CONSENSO A LOS GRUPOS
Desde el PP, su portavoz Rafael Merino, ha recalcado que con este proyecto el Gobierno pretende "verdaderamente" modernizar la Administración Pública y hacerla "más eficaz". A renglón seguido, ha negado que el texto vulnere el sistema de distribución de competencias o el principio de autonomía que han esgrimido algunos grupos. "No existe extralimitación", ha afirmado rotundo.
Tras esgrimir argumentos para desmontar las críticas de la oposición al tablón edictal único, la licencia deportiva única, la unificación de la Aneca o la "redefinición" del Consejo de la Juventud, Merino ha animado a los grupos a retirar las enmiendas de totalidad y trabajar por el consenso. "Les invitamos a un diálogo sincero, fructífero y de consenso para lograr una administración pública del siglo XXI", ha manifestado.
Fuente: Europa Press
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jueves, 27 de marzo de 2014
Requerimiento dirigido a una entidad bancaria, por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, a fin de conocer con detalle determinadas operaciones realizadas con billetes de 500 euros
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El Presidente de Canarias espera que la Ley de Cabildos y la Ley de municipios se puedan cerrar en esta legislatura
Así lo ha manifestado en el Pleno del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, donde Paulino Rivero ha destacado la importancia de cerrar "de una vez por todas" el marco competencial entre las distintas administraciones canarias, más si cabe tras la aprobación de la Reforma de la Administración Local.
En este sentido, el presidente canario recordó que el Ejecutivo ya ha mantenido los primeros contactos con la Fecai y la Fecam para empezar a "caminar de la mano", ya que reformas de este calado, dijo, "exigen un consenso entre el conjunto de las administraciones".
Al mismo tiempo, consideró necesario que se produzca un reajuste de la financiación de las administraciones canarias acorde a las competencias que tienen asignadas.
Fuente: Europa Press
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Moreno ve "necesaria" la reforma local del Gobierno para "racionalizar recursos públicos" y delimitar competencias
Así ha contestado en rueda de prensa a los periodistas que le han solicitado una valoración de esta normativa contra la que algunos ayuntamientos andaluces gobernados por el PP-A están posicionándose con distintas iniciativas.
Según Moreno, que ha recordado que los ayuntamientos son "órganos autónomos" que toman sus propias decisiones y que, por tanto, no ha habido "ningún tipo de consigna" por parte del PP-A para que se sumen o rechacen iniciativas contra la reforma local, lo importante es que estos consistorios saben de la "capacidad clara de diálogo" que los 'populares' andaluces mantienen con el Gobierno de la Nación para que éste tenga en cuenta sus peticiones.
En ese sentido, y tras insistir en que el Ejecutivo central siempre ha mostrado "una actitud positiva" sobre las recomendaciones que se han hecho llegar desde los ayuntamientos, Moreno ha resaltado que esta capacidad de diálogo y escucha es "precisamente la grandeza de nuestra arquitectura institucional y política: que no tenemos dogma de fe".
Pese a ello, ha asegurado que la reforma de la Administración local era "necesaria" en tanto en cuanto la "pedían los ciudadanos" y los ayuntamientos "han asumido competencias" que no les correspondían, "bien por la presión ciudadana o bien por la incapacidad de las Administraciones de no llegar".
Fuente: Europa Press
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Valderas cree que el Consultivo lleva "el paso cambiado" en algunas objeciones al recurso contra la reforma local
Las relativas a competencias de la Comunidad.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha considerado este miércoles que el Consejo Consultivo de Andalucía lleva "el paso cambiado" en algunas de las objeciones que ha plantado al recurso de la Junta al Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma local, en concreto, las relativas a las competencias de la Comunidad.
A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Valderas ha afirmado que el recurso de la Junta tiene una posición "muy clara" en defensa del Estatuto de Autonomía de Andalucía, de la Ley de Autonomía Local y de las normativas locales que han emanado del Estatuto de Autonomía. "Y esa es la mayor", ha afirmado.
A partir de ahí, según ha indicado el vicepresidente de la Junta, hay una serie de consideraciones que la Junta no puede compartir del Consultivo, aunque se ha respetado una "parte importante de ellas". Si bien, en las relativas a las competencias de Andalucía en materia local, "el Gobierno d la Junta ha dicho: vamos adelante".
Valderas, que presentará este jueves el citado recurso en la sede del Tribunal Constitucional en Madrid, ha destacado que el Gobierno andaluz "no lo ha dicho solo, sino con el Parlamento andaluz", con quien "coincide" en la necesidad de recurrir los artículos más importantes que hacen mención a las competencias.
"Y además, coincidimos con 2.000 ayuntamientos, con cuatro comunidades autónomas y con once fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, por lo que me da la impresión, con todos mis respetos, de que quien a lo mejor lleva el paso cambiado sea el Consejo Consultivo", ha concluido.
Fuente: Europa Press
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GALICIA: Convocatoria por la Escuela Gallega de Administración Pública las actividades de formación para el personal de la Administración local
RESOLUCIÓN de la Escuela Gallega de Administración Pública de 21 de marzo 2014, por la que se convocan las actividades de formación para el personal de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 27/3/2014)
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miércoles, 26 de marzo de 2014
Necesidad de que en la Memoria económico-financiera de las Ordenanzas Fiscales se contengan todas las precisiones y justificaciones del desarrollo articulado de las mismas
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Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
Resolución del Concurso Unitario
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (26/3/2014)
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El vicepresidente de la Junta de Andalucía llevará el jueves ante el TC la reforma local
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, presentará el próximo jueves ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha adaptado su contenido al informe del Consejo Consultivo de Andalucía.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que ha autorizado definitivamente este martes la interposición de este recurso, al que ya había dado luz verde inicialmente el pasado 25 de febrero.
El recurso, que mantiene los motivos de impugnación, se centra en 25 artículos y disposiciones que, a juicio de la Junta, "alteran el marco competencial vigente, vulneran el principio descentralizador recogido en la Constitución y dejan la mayor parte de los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en las elecciones locales".
"ATAQUE FRONTAL AL AUTOGOBIERNO"
El Gobierno andaluz toma esta decisión al interpretar que la norma estatal es un "ataque frontal a las competencias de la comunidad autónoma y a la capacidad de autogobierno de las entidades locales, ancladas en el Estatuto y su posterior desarrollo legislativo". A su juicio, la norma "supone una recentralización y un control por parte del Gobierno de la nación, de modo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el que evalúe el coste de todos los servicios", al tiempo que "abre las puertas a la privatización" al establecer que la competencia de los servicios será municipal sólo si las cuantías son "competitivas".
Según la Junta, los efectos de la reforma local "se notarán especialmente" en los 691 municipios de menos de 20.000 habitantes --el 89,5 por ciento del total con una población que supera los tres millones de personas-- que "podrían perder buena parte de sus competencias a favor de las diputaciones", mientras que los 509 municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes "quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral".
Junto a ello, el Gobierno andaluz recuerda que la norma estatal afecta directamente al desarrollo de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde 2010. La primera concede plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio y delimita sus 28 competencias propias y fija los procedimientos para la posible transferencia de gestión desde la Junta. Por su parte, la Patrica garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, es decir, respetando las decisiones y prioridades de gasto de los ayuntamientos.
40.000 EMPLEOS EN RIESGO
Respecto a los efectos económicos de la reforma, la Junta estima que su desarrollo pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia. En su opinión, los ámbitos de gestión "más amenazados" son los relativos a "educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo o consumo". Sólo en servicios sociales (guarderías, ayuda a domicilio y pequeñas residencias de mayores, entre otros), la cifra de puestos de trabajo en peligro asciende a 32.000 personas, de acuerdo con las previsiones del Ejecutivo andaluz.
Finalmente, la Junta advierte de que el impacto financiero de la reforma para las arcas autonómicas, que deberán asumir el coste de los servicios que se sustraen a las competencias municipales, se estima inicialmente en unos 600 millones (330 corresponden a educación, 162 a políticas sociales y 16 al transporte público).
Fuente: Europa Press
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El Parlament de Baleares no interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Administración Local
Durante el pleno, el diputado del PP Fernando Rubio ha dicho a los socialistas que, "si tuvieran un mínimo de vergüenza", retirarían este punto del orden del día y ha destacado que, incluso aunque el PP votase a favor de la propuesta, ya no se está a tiempo de recurrir.
Este hecho, ha opinado el PP, demuestra la "falta de seriedad y rigor" del PSIB, que pone de relieve este "paripé más de la oposición, que hace burla de las instituciones y un uso partidista" de la Cámara.
Ante estas críticas en cuanto a los plazos, la socialista Pilar Costa ha recordado que el Govern "en 60 minutos tuvo tiempo para hacer un decreto ley para saltarse un auto judicial" sobre el Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL). Asimismo, ha recordado que fue el PP quien se negó a que este punto se debatiera durante el pleno de la semana pasada, cuando hubieran tenido doce días y no cinco.
Costa ha defendido la necesidad de interponer este recurso porque la Ley "vulnera el Estatut d'Autonomia y la Constitución" y hace que los municipios inferiores a 20.000 habitantes -el 90 por ciento de los de Baleares- "pasen a ser subordinados menores de edad necesitados de tutelaje".
LA LEY REPRESENTA "UN NUEVO ATAQUE A LOS MUNICIPIOS"
La reforma de la administración local supone, así, "un nuevo ataque a los municipios" sobre la que "el propio Govern hizo duras alegaciones, pero que después han acabado bajando la cabeza ante los intereses del Gobierno central", ha dicho la socialista.
En este mismo sentido se ha manifestado el diputado de MÉS David Abril, quien ha preguntado al PP si considera que "con el talante de esta ley se podría haber hecho alguna transición democrática", ha indicado en alusión al expresidente, Adolfo Suárez.
De esta manera, el econacionalista ha incidido en el "carácter antidemocrático" de la ley, con la que, según su opinión, el Gobierno lleva a cabo una "maniobra maquiavélica" al haberse "inventado la falacia de las competencias impropias que, en la práctica, es para dejar en el limbo cuestiones de servicios básicos".
EL PP DEFIENDE LA LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DEL TEXTO
Sin embargo, el PP ha defendido la "constitucionalidad y legalidad" de la norma, que es "escrupulosamente respetuosa con el Estado de Derecho y con el principio de autonomía municipal, que no equivalente a la independencia".
Así, ha lamentado el "oportunismo político" de la oposición por ir contra de una ley "a la que se han hecho más de 40 modificaciones". "Posiblemente están centrados en las primarias y han dejado de lado su labor de oposición", ha dicho Rubio a los socialistas.
Rubio ha hecho hincapié en que el PP es "el partido más municipalista de las islas y por eso tenemos la representación que tenemos" y ha aclarado que los consistorios podrán ejercer competencias impropias si hay equilibrio presupuestario y tienen las cuentas "saneadas".
Fuente: Europa Press
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martes, 25 de marzo de 2014
lunes, 24 de marzo de 2014
Luto oficial con motivo del fallecimiento del excelentísimo señor don Adolfo Suárez González
Real Decreto 208/2014, de 23 de marzo, por el que se declara luto oficial con motivo del fallecimiento del excelentísimo señor don Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno y duque de Suárez (24/3/2014)
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La oposición defiende ante el Congreso el recurso "histórico" de 2.000 ayuntamientos contra la reforma local
Hasta 11 partidos escenifican su apoyo al recurso de inconstitucionalidad por vulnerar las competencias municipales.
Representantes de PSOE, PSC, IU, ICV, CHA, UPyD, CiU, ERC, BNG y CC-NC, Compromís-Equo, de la Confederación de Agrupaciones y Partidos Independientes (CAPI) y de la Federación de entidades Locales menores (FEEM) han escenificado este sábado frente al Congreso su rechazo a la reforma local, en un acto en el que han presentado el recurso que registrarán ante el Tribunal Constitucional más de 2.000 ayuntamientos, que representan a 15 millones de ciudadanos.
Según los promotores, se trata de la primera vez que se moviliza un número tan elevado de Ayuntamientos contra una ley del Gobierno. Asimismo, han confirmado que será el consistorio de Barcelona el que solicite el dictamen del Consejo de Estado, paso previo a la presentación de este tipo de recurso ante el Tribunal Constitucional que presentarán los 2.000 ayuntamientos que lo suscriben, cumpliendo "sobradamente" los requisitos.
Así, el portavoz de Constitucional del PSOE y número dos de la candidatura socialista a las elecciones europeas, Ramón Jáuregui, ha manifestado en declaraciones a los medios durante el acto que los promotores tiene la esperanza de que el recurso prospere "porque tiene una legitimación de ciudadanía enorme como no ha tenido ningún otro recurso en la historia democrática española". "Es imprescindible ganar este recurso", ha apostillado.
Además, ha destacado que el acto celebrado este sábado, en el que por parte del PSOE también han participado el secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, la portavoz de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, y 19 alcaldes socialistas, es "inédito en la política democrática española".
"Es la primera vez que millones de españoles representados por alcaldes y diputados recurren una ley gravísima contra la autonomía municipal, una ley que recorta servicios sociales muy importantes para los ciudadanos, que ya están sufriendo los efectos de la ley local, que recorta prestaciones básicas en la atención de los mayores, en educación, en sanidad", ha denunciado.
"AFRENTA A LA CONSTITUCIÓN"
En esta misma línea, el cabeza de lista de IU a las elecciones europeas y miembro de la dirección federal de la formación, Willy Meyer, ha celebrado que "en la historia de la democracia es la primera vez que 2.000 ayuntamientos se suman a este recurso de inconstitucionalidad", al tiempo que ha advertido de que la ley, aprobada a finales del año con el único apoyo del PP y el PNV, "persigue poner fin a la autonomía municipal".
"La ley del PP es una afrenta a la propia Constitución y va directamente en contra del interés de la ciudadanía, porque un ataque a la autonomía municipal es un ataque directo a la propia ciudadanía", ha denunciado Meyer, acompañado por la diputada de IU responsable de temas municipales, Ascensión De las Heras; la secretaria ejecutiva municipal, Montserrat Muñoz, el responsable de Política Municipal, Manuel Fuentes, y varias decenas de alcaldes y representantes municipales de esta formación.
Para el candidato de IU a los comicios europeos de mayo, la medida del Gobierno que va a ser desarrollada en los próximos meses "es un ataque más de los que estamos sufriendo en España para, en primer lugar, poner en cuestión la Constitución a través de una política pactada en Europa, que permite la actuación antidemocrática de la troika sobre la base del 'austericidio'".
Fuente: Europa Press
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El PP de Andalucía urge a la Junta a "aparcar estrategias partidistas" y atender las "dudas" de los municipios sobre la reforma local
El Partido Popular quiere que la Junta de Andalucía "aparque estrategias partidistas" y ponga en marcha de forma urgente todos los instrumentos necesarios al servicio de las entidades locales de la comunidad para atender las "consultas, dudas y problemas" derivados de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pese al anunciado recurso del Ejecutivo andaluz contra la norma ante el Tribunal Constitucional (TC).
Así lo reclama a través de una proposición no de Ley registrada para su debate en la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales del Parlamento andaluz y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A recuerda que la norma entró en vigor el pasado 30 de diciembre y subraya que "la gran cantidad de medidas y disposiciones que contempla para su aplicación obliga a que todas las administraciones competentes pongan a disposición de los centenares de entidades locales de Andalucía instrumentos de información y asesoramiento ante las dudas y consultas que pueda generar la entrada en vigor de una norma tan ambiciosa como esta".
Los 'populares' defienden que la reforma local aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy es una "ley reclamada desde hace años por las entidades locales" y lamenta que, aunque "desde el principio han sido muchas las ocasiones para aportar ideas positivas y constructivas que mejoraran el texto inicial, desgraciadamente el Ejecutivo andaluz ha preferido utilizar para confrontar lo que era una oportunidad para fortalecer los ayuntamientos".
RECURSO ANUNCIADO SIN "ANTEPROYECTO PRESENTADO"
En este sentido, el PP-A recuerda que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, anunció reiteradamente la intención de recurrir esta norma ante el TC "cuando ni tan siquiera se había presentado el anteproyecto de Ley ni se había tramitado documento alguno en el Congreso de los Diputados ni en el Senado".
En cualquier caso, el Grupo Popular deja claro que "la decisión de recurrir no exime a ningún gobernante serio y respetuoso con el Estado de Derecho de la obligación de cumplir la ley", por lo que considera que desde la entrada en vigor de la reforma local la Junta, "independientemente del posicionamiento político que adopte, debería aparcar sus estrategias partidistas y poner la administración al servicio de todos los ciudadanos y de las entidades locales de Andalucía".
Fuente: Europa Press
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Rubalcaba asegura que "muchos alcaldes del PP" estarían "encantados" de recurrir la reforma local
El líder de la oposición ha realizado estas declaraciones tras una visita que ha realizado a La Rioja --en concreto a los pueblos de Fuenmayor y Casalarreina-- y en donde ha visitado una escuela infantil y un centro de cultura que corren, en palabras de Rubalcaba, "cierto riesgo de desaparecer" con dicha reforma.
Para Rubalcaba, esta Ley tiene como objetivo "sacar de estos pequeños pueblos su capacidad para hacer políticas sociales y que estos pueblos que dan servicios sociales a los ciudadanos -y que solo ellos pueden dar- dejen de hacerlo".
Rubalcaba ha recordado que irán al TC "prácticamente todos los grupos políticos de la Cámara para presentar un recurso insólito ya que es respaldado por millones de españoles por sus Ayuntamientos". Un recurso que, ha asegurado el socialista, "muchos alcaldes del PP estarían encantados de poder firmarlo".
Se trata de un recurso "en defensa de las escuelas infantiles de nuestros ayuntamientos, de las Casas de Cultura, de los jubilados y en defensa, en definitiva, de las políticas sociales de los ayuntamientos pequeños de nuestro país".
El líder de la oposición ha realizado estas declaraciones acompañado por el secretario general del PSOE de La Rioja, César Luena, y el alcalde de Casalarreina, Félix Caperos. Previamente, el secretario general se había desplazado a Fuenmayor en donde se ha reunido con su alcaldesa y ha mantenido un encuentro con militantes de la zona.
Ante la actitud de la FEMP, Rubalcaba ha considerado que, ante la Reforma Local, la FEMP "hizo una defensa del conjunto de los municipios pero al final terminó ganando el Gobierno del PP". Por ello, la federación de municipios "ha actuado más en defensa de una Ley del Gobierno Popular que en defensa de los municipios españoles".
PREOCUPACIONES DEL PSOE
En otro orden de asuntos, y a preguntas de los medios de comunicación, Alfredo Pérez Rubalcaba ha indicado que el PSOE "recoge las preocupaciones de los ciudadanos españoles" y ha recordado que durante sus cuatro intervenciones en la Cámara en este último mes "siempre le he dicho al Gobierno que hay muchos españoles para los que lo peor de la crisis está por llegar".
Además, el secretario general socialista se ha querido referir también a la 'Ley Wert' de la que ha destacado que es "un desastre para la escuela pública española que no tiene recursos". Además, considera, "se está intentando aplicar apresuradamente porque en la próxima legislatura se cambiará".
Rubalcaba también se ha referido al IVA de la Cultura que, según sus palabras, "está arrasando con ella". Intervenciones en las que se demuestra que "a mí me preocupan las situaciones de los españoles y hablar de ellas".
CEUTA
En relación con la situación de Ceuta, Rubalcaba ha recordado que en políticas sobre inmigración aboga por "política de estado y política europea" pero, ha añadido, "sucesos que acaban como el de Ceuta no pueden pasar sin más" y por ello "hay que conocer la verdad de lo que pasó y exigir responsabilidades".
Ante ello, Rubalcaba ha reiterado que el director general de la Guardia Civil "no debe seguir un minuto más al frente del instituto armado por todo lo que hizo y por todo lo que no hizo, tiene que marcharse".
SITUACIÓN DEL "CHALÉ" DE PEDRO SANZ
Durante su intervención, el secretario general del PSOE se ha referido también a la situación "del chalé" del presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz.
Ante las últimas noticias conocidas esta semana en relación con la dimisión del director general de la Agencia de Energía de la Junta de Andalucía, Luciano González, por tener "presuntamente una vivienda en suelo no urbanizable en Yunquera (Málaga)", Rubalcaba le ha pedido a Sanz que "viendo la situación, se aplique el cuento".
Finalmente y sobre la "supuesta financiación irregular del PP en La Rioja", el líder de la oposición ha indicado que "éste es el modus operandi del PP" ya que "lo que ha pasado en La Rioja también ha pasado en muchas comunidades autónomas, comenzando desde Génova, porque es la forma de operar del Partido Popular".
Fuente: Europa Press
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