viernes, 22 de julio de 2016

Sentencia Social sobre la limitación de contratación de personal (Gracias @aingerulaguna)

La web de la Asociación de Letrados de Entidades Locales ha conseguido la sentencia de la OPE de Euskal Irrati Telebista: La Sentencia de instancia del Juzgado de lo Social n. 1 de Bilbao considera que la regularización de situaciones laborales preexistentes no vulnera la limitación de la contratación de personal establecida en los Presupuestos Generales … Sigue leyendo

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La Administración ha de justificar por qué la existencia de una condena penal constituye una amenaza actual para el orden público para poder expulsar a un familiar de ciudadano de la UE

Estima el TSJ el recurso interpuesto contra la resolución por la que se acordó la expulsión del recurrente, familiar de ciudadano de la UE.

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jueves, 21 de julio de 2016

Abogado de la UE avala que la edad límite de acceso a la Ertzaintza sea 35 años

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Paolo Mengozzi ha afirmado hoy que el límite de edad de acceso a la Ertzaintza, de 35 años, para garantizar su buen funcionamiento, es compatible con la directiva sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. BRUSELAS. La directiva para … Sigue leyendo

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TJUE: Un trabajador debe cobrar las vacaciones no disfrutadas si deja su puesto

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que, si un trabajador decide voluntariamente dejar un empleo, tiene derecho a recibir una compensación económica si no ha podido agotar total o parcialmente su derecho a vacaciones anuales retribuidas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha afirmado que cuando un trabajador … Sigue leyendo

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La policía local es policía judicial por lo que son válidas las pruebas obtenidas fuera de su ámbito territorial

Se revoca la sentencia que absolvió a los acusados del delito contra la salud pública que les fue imputado.

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La falta de mención del título de Graduado en una convocatoria no puede considerarse una exclusión del mismo sino una laguna a completar por art. 76 del EBEP

Estima el TS el recurso interpuesto, y revoca la sentencia que confirmó la resolución de la Comunidad Foral de Navarra que declaró la imposibilidad del recurrente de ser nombrado como funcionario, por no cumplir el requisito de titulación establecido en la convocatoria de cinco plazas de Ingeniero Industrial, al haber aportado el título de Graduado … Sigue leyendo

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Iniciativa del PSOE para derogar la ley sobre la reforma local

El grupo socialista en el Congreso ha presentado una proposición no de ley para derogar la norma sobre la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida como reforma local, aprobada en 2013.

Según la iniciativa, quieren aprobar una nueva que refuerce la autonomía local y garantice la financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales.

Las que no sean propias, añade, y previo convenio, las podrá desarrollar sin comprometer la estabilidad presupuestaria, con garantías de control y transparencia de la gestión pública.

Apuesta por impulsar, desde el consenso, una nueva ley de Haciendas Locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, que defina la participación de éstas en los tributos del Estado (PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAs).

Para el PSOE, la reforma local ha supuesto un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía.

Priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias, como sanidad, consumo, igualdad o políticas de empleo.

En la exposición de motivos, el PSOE recuerda que se opuso frontalmente a esta reforma porque "ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos".

Agrega que también se oponen el resto de los grupos de la oposición y alcaldes de toda España, incluidos muchos del PP, así como gobiernos autonómicos, que tiene presentados varios recursos ante el Tribunal Constitucional.

Fuente: EFE



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miércoles, 20 de julio de 2016

La falta de mención del título de Graduado en una convocatoria para el acceso a la función pública no puede considerarse una exclusión del mismo sino una laguna a completar por art. 76 del EBEP

Estima el TS el recurso interpuesto, y revoca la sentencia que confirmó la resolución de la Comunidad Foral de Navarra que declaró la imposibilidad del recurrente de ser nombrado como funcionario, por no cumplir el requisito de titulación establecido en la convocatoria de cinco plazas de Ingenio Industrial, al haber aportado el título de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

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La Justicia tumba los presupuestos de Leganés

El TSJM anula las cuentas que el PP aprobó en 2014 sin pasar por el Pleno; el Gobierno del PSM deberá recortar ahora 10 millones de gasto.

El Ayuntamiento de Leganés ha recibido un serio contratiempo jurídico que compromete la gestión económica del presente ejercicio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula de pleno derecho la aprobación de los presupuestos de 2014 por la Junta de Gobierno del PP. Las cuentas estaban prorrogadas, por lo que la sentencia obliga a la actual Corporación, gobernada por el PSOE, a retrotraerse a los últimos presupuestos aprobados, de 2012. Esto supondrá que el Ayuntamiento deberá reducir unos 10 millones de euros su previsión de gasto corriente para este año.

Las cuentas de la polémica fueron acordadas en marzo de 2014 por la Junta del Gobierno anterior, presidida por Jesús Gómez (PP). Los populares se acogieron a la disposición adicional decimosexta de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que permitía, «excepcionalmente», sortear el bloqueo del Pleno para facilitar que los gobiernos municipales sin mayoría suficiente pudieran disponer de presupuestos.

Sin embargo, los grupos de la oposición –PSOE, ULEG e IU– presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnando el acuerdo de la Junta local por «fraude de ley». Esgrimieron que el Gobierno de Gómez «limitó el ejercicio democrático» de la oposición evitando la tramitación ordinaria en el Pleno, en la que podían haber enmendado las cuentas. Y denunciaron que se incumplió el principio de temporalidad previsto en la ley, ya que para acogerse a la disposición adicional los presupuestos de 2014 debían haberse aprobado necesariamente antes de diciembre, y no avanzado el nuevo ejercicio, como ocurrió.

La sentencia, de la que es magistrada ponente Elvira Adoración Rodríguez Martí, está fechada el 6 de julio, y da la razón a los recurrentes Carlos Delgado (ULEG), Rafael Gómez Montoya (PSOE) y Raúl Calle Gallardo (IU) al considerar que se quebranta el límite temporal previsto y, por tanto, «no sería de aplicación la excepcionalidad de que pueda ser aprobado por la Junta de Gobierno Local».

Contra la resolución del TSJM cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en el plazo de diez días a partir de su notificación. Pero desde el equipo de Gobierno rechazan esa opción, ya que fue el grupo socialista uno de los impulsores de este contencioso.

«Boomerang» envenenado

Sin embargo, el revés judicial contra el acuerdo del anterior gobierno del PPgolpea de lleno al actual ejecutivo del PSOE, presidido por Santiago Llorente, ya que al anular las cuentas de 2014, prorrogadas hasta este ejercicio, obliga a orientar el gasto a los límites de hace cuatro años. «La gestión se complica porque nos retrotrae a los presupuestos de 2012, mucho más restrictivos», reconoce el concejal de Hacienda, Pedro Atienza, que sin embargo no cree que el fallo «cause efecto» en el resto de acuerdos tomados sobre esos prespuestos.

En cifras redondeadas, la resolución judicial supone que la actual previsión de gasto corriente –que incluye los capítulos de nóminas del personal del Ayuntamiento, facturas de servicios básicos como agua o luz o las subvenciones municipales– deberá aminorarse de los 160 millones actuales a los 150 millones de 2012.

El portavoz de ULEG, Carlos Morales, censura que se aprobaran las cuentas «antidemocráticamente a puerta cerrada» y advierte de que lasentencia «deja en una maltrecha posición política al Gobierno de Leganés, que oficialmente integran PSOE e IU, pero que en realidad cuenta con el soporte del PP en todo lo relacionado con Urbanismo y con el apoyo genuflexo de un edil tránsfuga», que fue expulsado del grupo de Ciudadanos.

El anterior alcalde, Jesús Gómez, defiende la decisión tomada por su equipo de aprobar las cuentas de 2014 por acuerdo de la Junta de Gobierno. «La disposición no era, como quieren hacer ver, para vulnerar los derechos participación política en el Pleno de los concejales; sino para facilitar el cumplimiento de la regla de gasto y del plan económico-financiero, sin la excusa de que la oposición me bloquea los presupuestos», asegura el hoy diputado regional del PP en la Asamblea. Gómez critica que los grupos recurrentes «se agarraron a un clavo ardiendo», que ahora «se vuelve en su contra del Ayuntamiento». Y deja un recado a los jueces del TSJM: «Tienen bastante poca idea de cómo funciona la administración y la calidad de la sentencia va por ahí. Habrá que acatarla pero es un despropósito».

Fuente: ABC



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Siete ciudades firman una Declaración para pedir más autonomía financiera

La FEMP y la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) han suscrito un acuerdo de colaboración para favorecer el cumplimiento de los ODS.

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, y su homólogo de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS), Miguel Angel Moratinos, han firmado esta mañana el convenio que establece la colaboración entre ambas entidades para impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer la gobernanza local y a las autoridades locales y promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La implicación de los responsables locales es fundamental para alcanzar los ODS, un conjunto de 17 retos marcados por Naciones Unidas, cuya consecución tiene como horizonte el año 2030. Sobre esta base, con la que la FEMP se haya fuertemente comprometida, se ha establecido ahora una línea de trabajo que el Presidente Caballero resumió en su intervención tras la firma del acuerdo en “intercambio de información, formación y conocimiento para buscar nuevos enfoques de trabajo que nos ayuden a construir ciudades más sostenibles”.

Sobre esta cuestión destacó que, “para que los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan, y avancemos en eficacia y eficiencia en las acciones que se adopten, debemos trabajar en asociación con otros actores y en coordinación con los distintos niveles de gobierno. De ahí nuestro compromiso con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (nuestra asociación de representación mundial) y con ONU-HABITAT, socio indispensable en el desarrollo urbano sostenible”.

Por su parte, Miguel Angel Moratinos, recordó que la misión de la REDS es movilizar y sensibilizar a la sociedad española, a las instituciones públicas y al mundo corporativo para dar a conocer los ODS e incorporarlos, en la medida de lo posible, a las políticas públicas.

En su intervención expresó su satisfacción por la firma de este acuerdo, recordando que las ciudades y los entes municipales constituyen el eslabón de más proximidad con la ciudadanía. "Si queremos que los ODS puedan aplicarse de forma eficaz, uno de sus mejores espacios es el espacio municipal, en donde las políticas concretas pueden demostrar su validez y la urgencia de su puesta en aplicación”. Asimismo, animó a las Entidades Locales a firmar la Declaración de compromiso de las ciudades con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

La REDS es una de las catorce redes nacionales de la Sustainable Development Solutions Network (Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible), una iniciativa global lanzada en 2012 por Ban Ki-moon, para movilizar la experiencia y los recursos técnicos y científicos de cara a aportar soluciones para el desarrollo sostenible.

En el marco del convenio suscrito hoy, la FEMP y la REDS compartirán experiencias, prácticas y herramientas relacionadas con el desarrollo urbano sostenible, buscando también fortalecer a los Gobiernos Locales y a sus autoridades de cara a la localización de los ODS. Y en consecuencia, promoverán intercambio de información, organización de jornadas, seminarios y cursos, y colaborarán en la elaboración de indicadores relativos a la implementación de los Objetivos. Asimismo impulsarán proyectos de colaboración entre Entidades Locales españolas y otras entidades municipales –especialmente de América Latina- para favorecer el desarrollo de la Nueva Agenda Urbana y la implantación de los ODS.

Fuente: FEMP



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El Gobierno vasco aprueba el “Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas”

Se aplicará en el ámbito de la CAE, territorial y municipal, con medidas especialmente ligadas a la gestión de edificios y vehículos.  Las administraciones, cada una en su ámbito, deberán alcanzar una reducción del consumo de energía del 25% en 2025.  Las administraciones deberán elaborar auditorias y planes, tanto de eficiencia como de … Sigue leyendo

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martes, 19 de julio de 2016

El nuevo Derecho Administrativo global como lex administrativa en el arbitraje internacional de inversiones

En el presente trabajo defendemos que el arbitraje internacional de inversiones es mucho más que un mero mecanismo de resolución de controversias que deba estar sometido exclusivamente a los principios y reglas del Derecho privado, ya que en tanto que el resultado del mismo influye y condiciona la acción de los Estados en relación con los inversores extranjeros, es también una forma de gobernanza global, de modo que al mismo deberían también aplicársele algunos de los principios e instituciones propios del incipiente acervo jurídico del nuevo Derecho Administrativo Global, a modo de “lex administrativa”. En las líneas siguientes tratamos pues de aportar nuestro pequeño grano de arena en la construcción doctrinal de esa “lex administrativa” del arbitraje internacional de inversiones, en similar sentido a la conocida como “lex mercatoria”.

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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de Fiscalización del Sector Público Local. Ejercicio 2014

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2014”. Esta fiscalización se realiza anualmente a partir de la información de las cuentas generales, en este caso las relativas a 2014, rendidas por las entidades locales del territorio nacional a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas (http://ift.tt/1Hpp7Dn), gestionada por el propio Tribunal y la gran mayoría de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX).

Como ya se hiciera en relación con ejercicios anteriores, en esta fiscalización se han analizado de forma específica las cuentas anuales de las empresas municipales, que gestionan un amplio volumen de recursos, y que, como se ha verificado en años anteriores, existen en un número relevante sin actividad o con resultados negativos. Asimismo, se ha efectuado un examen más amplio del endeudamiento de las entidades locales.

En 2014 el sector público local se mantuvo con una estructura similar a ejercicios anteriores, sin que las variaciones anuales registradas en el número de entidades alcanzara porcentajes de representatividad significativos. Dicho sector se encontraba integrado por 13.521 entidades, constituyendo la estructura fundamental los ayuntamientos, 8.117, que representaban el 60% del total de las entidades locales, entre ellos un número muy elevado de muy pequeña población. Resultaba, asimismo, significativo el número de entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), 3.711, que representaba el 28% del total.

En cuanto a la rendición de cuentas

El 61% de las entidades locales -sin tener en cuenta consorcios- rindieron la cuenta del ejercicio 2014 en el plazo legalmente establecido. Este porcentaje resulta ligeramente inferior al registrado en 2013 (64%), habiéndose puesto en marcha por el Tribunal de Cuentas y los órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, como en años anteriores, planes de actuaciones para promover la rendición.

También el porcentaje de rendición de las cuentas de 2014 a31 de diciembre de 2015 –el 76%- fue inferior al de 2013 a la misma fecha -el 82%-, produciéndose una interrupción en la tendencia al alza que venía produciéndose en los últimos ejercicios. En ello tuvo una repercusión relevante la disminución de la rendición de las EATIM (15 puntos por debajo de 2013), al haberse vinculado normativamente la posibilidad de acordar la extinción de aquellas que no hubieran rendido las cuentas a una fecha concreta -31 de diciembre de 2014-, dando lugar, al no tener continuidad esta medida, a un importante descenso de la rendición de cuentas de las EATIM del ejercicio 2014.

A 31 de diciembre de 2015 no habían rendido la cuenta del ejercicio 2014, 2.758 entidades que correspondían a: 1.552 ayuntamientos, cuatro cabildos insulares, tres diputaciones provinciales, 410 mancomunidades, nueve agrupaciones de municipios, dos comarcas y 778 EATIM. El 26% de los ayuntamientos con población superior a 10.000 habitantes y el 19% de los ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes no habían rendido la cuenta del ejercicio 2014 dos meses y medio después del plazo legalmente establecido. Por Comunidades Autónomas, el menor grado de rendición, a 31 de diciembre de 2015, correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 38%. En el otro extremo, con índices superiores al 85%, se encontraban las entidades locales de Galicia, las Illes Balears, el Principado de Asturias, Cataluña y La Rioja.

Continúan existiendo algunas entidades locales que incumplen reiteradamente la obligación de rendir cuentas. A finales de 2015, un total de 3.175 entidades tenían pendiente de remitir, al menos, la cuenta general referida a alguno de los ejercicios 2012 a 2014. No habían rendido las cuentas de ninguno de los tres ejercicios indicados, 582 entidades; el 81% de las mismas se correspondía con entidades locales de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cantabria.

En relación con el cumplimiento de los plazos para la aprobación del presupuesto y para la formación y aprobación de las cuentas generales de las entidades locales

A pesar de que la prórroga presupuestaria se aplicó en menor medida que en ejercicios anteriores, las entidades locales la siguieron utilizando generalizadamente durante 2014, en que el 69% de ellas (excluidos los consorcios) operaron con presupuestos prorrogados, al menos, durante parte del ejercicio económico, frente al 78% que lo hicieron en 2013. Esta situación pone en evidencia una inadecuada planificación presupuestaria y económica, impidiendo que el presupuesto desarrolle su función esencial de servir de instrumento para una gestión municipal ordenada y transparente, que garantice el equilibrio y sostenibilidad financiera de las entidades.

En relación con el análisis presupuestario del ejercicio 2014

El gasto ejecutado en el ejercicio 2014 por las entidades locales de las que se dispone información presupuestaria, sin incluir consorcios, ascendió a 47.704 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% respecto al ejercicio anterior, limitándose así la progresiva reducción del gasto público iniciada en 2010. Los ayuntamientos gestionaron el 80% del total de dicho gasto, el 15% las diputaciones, cabildos y consejos insulares; las áreas metropolitanas el 2%, los consorcios y el resto de entidades un 3%.

Las entidades locales destinaron el 57% del gasto total de 2014 a personal (28%) y a bienes corrientes y prestación de servicios (29%). El gasto en transferencias, tanto corrientes como de capital, representó el 17% del total. El gasto de endeudamiento (tanto por intereses, como por amortización de la deuda) representó el 16%, y el gasto en inversiones (tanto reales como financieras) un 10% del gasto total. El periodo medio de pago de las entidades locales registrado fue de 62 días por término medio –lo que supone una ligera mejoría respecto de 2013-, superior en 22 días al plazo de 40 días fijado establecido por la normativa de contratación, indicador bastante dispar atendiendo a los distintos tipos de entidad.

Las áreas a las que más recursos destinaron las entidades locales en 2014 fueron: servicios básicos (34% del total) y programas de actividades de carácter general (19% del total).

El mayor peso del gasto en deuda pública queda reflejado en la evolución del mismo, que en 2014 fue un 55% superior al de 2013 y un 95% mayor que el devengado en 2012. La prioridad en el pago de la deuda de las Administraciones Públicas regulada por la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, junto con unos mayores niveles de endeudamiento por la transformación en deuda financiera de los acreedores presupuestarios por los planes de pago a proveedores ha motivado el incremento en el gasto del pago de la amortización y los intereses de la deuda en 2014.

En cuanto a los ingresos, se indica que las entidades locales se financiaron en el ejercicio 2014, fundamentalmente mediante ingresos tributarios, en un 53%, y transferencias corrientes, 35%. El endeudamiento supuso únicamente el 6% de la financiación local. Los ingresos del conjunto de las entidades locales incrementaron un 5%, situándose en importes más próximos a los del 2012. Los ingresos financieros aumentaron en un 58%, poniendo de manifiesto que el esfuerzo realizado por las entidades locales que han registrado superávit en sus cuentas desde 2012 les ha permitido un nuevo acceso al endeudamiento.

El resultado presupuestario del ejercicio 2014 reflejó un saldo positivo de 2.281 millones de euros, siguiendo la tendencia que se inició en el ejercicio 2012. La solvencia de las entidades locales mostró una situación agregada positiva.

El endeudamiento financiero en 2014, según datos obtenidos de las cuentas presentadas por las entidades locales que representaban al 85% de la población, fue de 29.107 millones de euros, lo que supone una disminución de un 12% respecto al ejercicio anterior y de un 14% en relación con las cifras de 2012. Los ayuntamientos representaron el 88% del total del endeudamiento de las entidades locales. La proporción de endeudamiento sobre el total de ingresos corrientes del conjunto de entidades de las que se dispone de información fue de un 65%. La carga financiera en 2014 se incrementó en un 43%, incremento motivado, para el conjunto de entidades locales, por la amortización de la deuda.

En relación con las entidades dependientes, en particular, con las sociedades mercantiles íntegramente dependientes y las entidades públicas empresariales

En 2014, las transferencias de fondos de las entidades locales a sus entidades dependientes representaron el 20% del total de las realizadas.

La financiación ajena de las sociedades mercantiles suponía en dicho ejercicio el 54% del total del patrimonio neto y pasivo del balance agregado. El 31% de las sociedades mercantiles íntegramente dependientes y las entidades públicas empresariales presentaron resultados negativos en sus cuentas de pérdidas y ganancias, poniendo de manifiesto la existencia de un sector público empresarial local constituido por un elevado número de sociedades con pérdidas. Como término medio, un 14% de las cuentas remitidas al Tribunal de Cuentas se encontraban en una situación de desequilibrio patrimonial y, consecuentemente, podrían hallarse en posible causa de disolución. Las sociedades pequeñas se encontraban por encima de dicha media, con un 19% de las mismas en la referida situación.

En relación con la contratación administrativa

Las entidades locales han incumplido mayoritariamente la obligación de remitir motu proprio al Tribunal de Cuentas, las relaciones certificadas de contratos o, en su caso, las certificaciones negativas que impone la normativa de contratación; sólo el 53% de las mismas lo hicieron. Tras el desarrollo por el Tribunal de un plan para promover su remisión en las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control Externo propio, lo llevó a cabo el 93% de las entidades locales de estas.

Entre las recomendaciones del Informe, en su mayoría reiteradas en informes y mociones anteriores y contenidas en resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se recogen las siguientes:

Debería procurarse la homogeneización en la normativa estatal y autonómica de los plazos de rendición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional, así como regularse plazos de tramitación y rendición más breves, de forma que se aproxime la rendición de cuentas y, por tanto, su control a la gestión a la que hacen referencia, con criterios de transparencia y oportunidad.

Resultaría conveniente promover las reformas legales oportunas para que la rendición de cuentas, tanto de las entidades locales principales como de las dependientes, sea considerada en todo el territorio nacional requisito indispensable para el acceso por las entidades locales a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas. Asimismo, debería instarse a la Administración estatal y autonómica a que hagan efectivas de manera oportuna las medidas que ofrece la normativa para impulsar la rendición de cuentas.

Habría de revisarse la normativa actual en relación al procedimiento de rendición de las cuentas generales de las entidades locales en el caso de no ser aprobadas por el Pleno de la correspondiente entidad. Habría de reforzarse, además, la capacidad de las Intervenciones Locales para la formación de la cuenta general de las entidades locales, facilitando así su rendición en plazo.

Sería conveniente fortalecer aún más el apoyo que las diputaciones provinciales y los servicios de asistencia de las comunidades autónomas uniprovinciales prestan a las entidades locales de su ámbito territorial para que estas den respuesta adecuada y en plazo al cumplimiento del deber de rendición de cuentas.

En el marco de la reorganización y racionalización del sector público local, deberían reforzarse los procedimientos necesarios para la reestructuración o disolución de las mancomunidades, los consorcios y las EATIM que no estén desarrollando actividad ni prestando servicio alguno, así como de las entidades del sector público local empresarial, de modo que su permanencia responda a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.

Las entidades locales deberían habilitar mecanismos que garanticen el envío regular al Tribunal de Cuentas de la información relativa a su actividad contractual.

El contenido íntegro de este informe (nº 1.163) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Fuente: Tribunal de Cuentas



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lunes, 18 de julio de 2016

PROTECCIÓN DE DATOS EN LA EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE NÓMINAS (Blog Borja Medín)

De manera habitual y con la finalidad de reducir costes, cada vez son más las empresas que optan por la externalización de la gestión de las nóminas en asesorías o gestorías especializadas en ello que por consiguiente comienzan a acceder a datos personales de empleados o clientes. En concreto, en el caso en que la … Sigue leyendo

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Burgos.es /Diputación