Como ya se hiciera en relación con ejercicios anteriores, en esta fiscalización se han analizado de forma específica las cuentas anuales de las empresas municipales, que gestionan un amplio volumen de recursos, y que, como se ha verificado en años anteriores, existen en un número relevante sin actividad o con resultados negativos. Asimismo, se ha efectuado un examen más amplio del endeudamiento de las entidades locales.
En 2014 el sector público local se mantuvo con una estructura similar a ejercicios anteriores, sin que las variaciones anuales registradas en el número de entidades alcanzara porcentajes de representatividad significativos. Dicho sector se encontraba integrado por 13.521 entidades, constituyendo la estructura fundamental los ayuntamientos, 8.117, que representaban el 60% del total de las entidades locales, entre ellos un número muy elevado de muy pequeña población. Resultaba, asimismo, significativo el número de entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), 3.711, que representaba el 28% del total.
En cuanto a la rendición de cuentas
El 61% de las entidades locales -sin tener en cuenta consorcios- rindieron la cuenta del ejercicio 2014 en el plazo legalmente establecido. Este porcentaje resulta ligeramente inferior al registrado en 2013 (64%), habiéndose puesto en marcha por el Tribunal de Cuentas y los órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, como en años anteriores, planes de actuaciones para promover la rendición.
También el porcentaje de rendición de las cuentas de 2014 a31 de diciembre de 2015 –el 76%- fue inferior al de 2013 a la misma fecha -el 82%-, produciéndose una interrupción en la tendencia al alza que venía produciéndose en los últimos ejercicios. En ello tuvo una repercusión relevante la disminución de la rendición de las EATIM (15 puntos por debajo de 2013), al haberse vinculado normativamente la posibilidad de acordar la extinción de aquellas que no hubieran rendido las cuentas a una fecha concreta -31 de diciembre de 2014-, dando lugar, al no tener continuidad esta medida, a un importante descenso de la rendición de cuentas de las EATIM del ejercicio 2014.
A 31 de diciembre de 2015 no habían rendido la cuenta del ejercicio 2014, 2.758 entidades que correspondían a: 1.552 ayuntamientos, cuatro cabildos insulares, tres diputaciones provinciales, 410 mancomunidades, nueve agrupaciones de municipios, dos comarcas y 778 EATIM. El 26% de los ayuntamientos con población superior a 10.000 habitantes y el 19% de los ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes no habían rendido la cuenta del ejercicio 2014 dos meses y medio después del plazo legalmente establecido. Por Comunidades Autónomas, el menor grado de rendición, a 31 de diciembre de 2015, correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 38%. En el otro extremo, con índices superiores al 85%, se encontraban las entidades locales de Galicia, las Illes Balears, el Principado de Asturias, Cataluña y La Rioja.
Continúan existiendo algunas entidades locales que incumplen reiteradamente la obligación de rendir cuentas. A finales de 2015, un total de 3.175 entidades tenían pendiente de remitir, al menos, la cuenta general referida a alguno de los ejercicios 2012 a 2014. No habían rendido las cuentas de ninguno de los tres ejercicios indicados, 582 entidades; el 81% de las mismas se correspondía con entidades locales de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cantabria.
En relación con el cumplimiento de los plazos para la aprobación del presupuesto y para la formación y aprobación de las cuentas generales de las entidades locales
A pesar de que la prórroga presupuestaria se aplicó en menor medida que en ejercicios anteriores, las entidades locales la siguieron utilizando generalizadamente durante 2014, en que el 69% de ellas (excluidos los consorcios) operaron con presupuestos prorrogados, al menos, durante parte del ejercicio económico, frente al 78% que lo hicieron en 2013. Esta situación pone en evidencia una inadecuada planificación presupuestaria y económica, impidiendo que el presupuesto desarrolle su función esencial de servir de instrumento para una gestión municipal ordenada y transparente, que garantice el equilibrio y sostenibilidad financiera de las entidades.
En relación con el análisis presupuestario del ejercicio 2014
El gasto ejecutado en el ejercicio 2014 por las entidades locales de las que se dispone información presupuestaria, sin incluir consorcios, ascendió a 47.704 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% respecto al ejercicio anterior, limitándose así la progresiva reducción del gasto público iniciada en 2010. Los ayuntamientos gestionaron el 80% del total de dicho gasto, el 15% las diputaciones, cabildos y consejos insulares; las áreas metropolitanas el 2%, los consorcios y el resto de entidades un 3%.
Las entidades locales destinaron el 57% del gasto total de 2014 a personal (28%) y a bienes corrientes y prestación de servicios (29%). El gasto en transferencias, tanto corrientes como de capital, representó el 17% del total. El gasto de endeudamiento (tanto por intereses, como por amortización de la deuda) representó el 16%, y el gasto en inversiones (tanto reales como financieras) un 10% del gasto total. El periodo medio de pago de las entidades locales registrado fue de 62 días por término medio –lo que supone una ligera mejoría respecto de 2013-, superior en 22 días al plazo de 40 días fijado establecido por la normativa de contratación, indicador bastante dispar atendiendo a los distintos tipos de entidad.
Las áreas a las que más recursos destinaron las entidades locales en 2014 fueron: servicios básicos (34% del total) y programas de actividades de carácter general (19% del total).
El mayor peso del gasto en deuda pública queda reflejado en la evolución del mismo, que en 2014 fue un 55% superior al de 2013 y un 95% mayor que el devengado en 2012. La prioridad en el pago de la deuda de las Administraciones Públicas regulada por la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, junto con unos mayores niveles de endeudamiento por la transformación en deuda financiera de los acreedores presupuestarios por los planes de pago a proveedores ha motivado el incremento en el gasto del pago de la amortización y los intereses de la deuda en 2014.
En cuanto a los ingresos, se indica que las entidades locales se financiaron en el ejercicio 2014, fundamentalmente mediante ingresos tributarios, en un 53%, y transferencias corrientes, 35%. El endeudamiento supuso únicamente el 6% de la financiación local. Los ingresos del conjunto de las entidades locales incrementaron un 5%, situándose en importes más próximos a los del 2012. Los ingresos financieros aumentaron en un 58%, poniendo de manifiesto que el esfuerzo realizado por las entidades locales que han registrado superávit en sus cuentas desde 2012 les ha permitido un nuevo acceso al endeudamiento.
El resultado presupuestario del ejercicio 2014 reflejó un saldo positivo de 2.281 millones de euros, siguiendo la tendencia que se inició en el ejercicio 2012. La solvencia de las entidades locales mostró una situación agregada positiva.
El endeudamiento financiero en 2014, según datos obtenidos de las cuentas presentadas por las entidades locales que representaban al 85% de la población, fue de 29.107 millones de euros, lo que supone una disminución de un 12% respecto al ejercicio anterior y de un 14% en relación con las cifras de 2012. Los ayuntamientos representaron el 88% del total del endeudamiento de las entidades locales. La proporción de endeudamiento sobre el total de ingresos corrientes del conjunto de entidades de las que se dispone de información fue de un 65%. La carga financiera en 2014 se incrementó en un 43%, incremento motivado, para el conjunto de entidades locales, por la amortización de la deuda.
En relación con las entidades dependientes, en particular, con las sociedades mercantiles íntegramente dependientes y las entidades públicas empresariales
En 2014, las transferencias de fondos de las entidades locales a sus entidades dependientes representaron el 20% del total de las realizadas.
La financiación ajena de las sociedades mercantiles suponía en dicho ejercicio el 54% del total del patrimonio neto y pasivo del balance agregado. El 31% de las sociedades mercantiles íntegramente dependientes y las entidades públicas empresariales presentaron resultados negativos en sus cuentas de pérdidas y ganancias, poniendo de manifiesto la existencia de un sector público empresarial local constituido por un elevado número de sociedades con pérdidas. Como término medio, un 14% de las cuentas remitidas al Tribunal de Cuentas se encontraban en una situación de desequilibrio patrimonial y, consecuentemente, podrían hallarse en posible causa de disolución. Las sociedades pequeñas se encontraban por encima de dicha media, con un 19% de las mismas en la referida situación.
En relación con la contratación administrativa
Las entidades locales han incumplido mayoritariamente la obligación de remitir motu proprio al Tribunal de Cuentas, las relaciones certificadas de contratos o, en su caso, las certificaciones negativas que impone la normativa de contratación; sólo el 53% de las mismas lo hicieron. Tras el desarrollo por el Tribunal de un plan para promover su remisión en las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control Externo propio, lo llevó a cabo el 93% de las entidades locales de estas.
Entre las recomendaciones del Informe, en su mayoría reiteradas en informes y mociones anteriores y contenidas en resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se recogen las siguientes:
Debería procurarse la homogeneización en la normativa estatal y autonómica de los plazos de rendición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional, así como regularse plazos de tramitación y rendición más breves, de forma que se aproxime la rendición de cuentas y, por tanto, su control a la gestión a la que hacen referencia, con criterios de transparencia y oportunidad.
Resultaría conveniente promover las reformas legales oportunas para que la rendición de cuentas, tanto de las entidades locales principales como de las dependientes, sea considerada en todo el territorio nacional requisito indispensable para el acceso por las entidades locales a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas. Asimismo, debería instarse a la Administración estatal y autonómica a que hagan efectivas de manera oportuna las medidas que ofrece la normativa para impulsar la rendición de cuentas.
Habría de revisarse la normativa actual en relación al procedimiento de rendición de las cuentas generales de las entidades locales en el caso de no ser aprobadas por el Pleno de la correspondiente entidad. Habría de reforzarse, además, la capacidad de las Intervenciones Locales para la formación de la cuenta general de las entidades locales, facilitando así su rendición en plazo.
Sería conveniente fortalecer aún más el apoyo que las diputaciones provinciales y los servicios de asistencia de las comunidades autónomas uniprovinciales prestan a las entidades locales de su ámbito territorial para que estas den respuesta adecuada y en plazo al cumplimiento del deber de rendición de cuentas.
En el marco de la reorganización y racionalización del sector público local, deberían reforzarse los procedimientos necesarios para la reestructuración o disolución de las mancomunidades, los consorcios y las EATIM que no estén desarrollando actividad ni prestando servicio alguno, así como de las entidades del sector público local empresarial, de modo que su permanencia responda a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.
Las entidades locales deberían habilitar mecanismos que garanticen el envío regular al Tribunal de Cuentas de la información relativa a su actividad contractual.
El contenido íntegro de este informe (nº 1.163) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).
Fuente: Tribunal de Cuentas
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