Gato funcionario

El gato Larry se queda en el 10 de Downing Street “Es un funcionario público y no pertenece a la familia Cameron, así que se quedará donde está”, ha explicado un portavoz del Gobierno británico   http://ift.tt/29HMobt en: Cajón desastre, Cuestiones prácticas Tagged: A ver como es la "cosa"

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Distinción en el derecho comunitario entre permiso por maternidad y permiso parental. Nota a la sentencia del TJUE de 16 de junio. (Blog Eduardo Rojo)

  Pues bien, el conflicto laboral (y utilizo ahora esta expresión sin tomar en consideración la naturaleza del vínculo jurídico entre las partes) se suscitó tras la finalización del período de maternidad de la socia trabajadora que había dado a luz un hijo el 19 de agosto de 2013. En efecto, al reincorporarse a su … Sigue leyendo →

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De héroes y villanos

Antonio Arias

Fiscalizacion.es

En las últimas píldoras grabadas para la Fundación Internacional OCU, entrevisto a la experta funcionaria Ana Isabel Caro Muñoz sobre el  acoso en la Administración, un tema cada vez más frecuente y del que Ana es especialista en muchas de sus vertientes: laboral, penal, administrativa o educativa. Os recomiendo echar una ojeada, a esta y otras.

Hoy quiero relacionarlo con las funciones reservadas a los habilitados locales, que suponen un trabajo de riesgo al que llevo tiempo queriendo dedicar una entrada en la bitácora. Los órganos de control analizan con detalle su relevante y creciente labor, cuyas debilidades tienen un efecto expansivo sobre el propio control interno de la Administración a la que sirven y cuyos ceses suponen una significativa incidencia de auditoría. Estas últimas semanas he ido coleccionando noticias de prensa sobre las tensiones entre los Alcaldes y los funcionarios responsables del cumplimiento de la legalidad en las corporaciones locales. Vamos a comentar algunas, a continuación.

“Descubrí corrupción e intentaron acabar conmigo”Una de las más conocidas sucesos del último lustro, en esta área, fue el hostigamiento sufrido por la secretaria municipal de Palas de Rei. El juzgado de primera instancia de Chantada (Lugo) ha abierto hace unos días, juicio oral a su alcalde, a cinco concejales de su equipo, a cuatro trabajadores municipales y al ex director general de Administración Local de la Xunta de Galicia por 15 delitos, entre ellos acoso, amenazas, trato degradante, falsedad, malversación y fraude de subvenciones.

Juzgan a un alcalde por 'mobbing' al interventorEl asunto parece no tener color político ni geográfico, porque en el otro lado del espectro y del territorio, este mismo mes de junio pasado, encontramos el juicio contra el ex alcalde de Ausejo (La Rioja), acusado de ‘mobbing’ al secretario-interventor del Ayuntamiento a quien “sometió, generalmente en su despacho, a una actitud vejatoria y humillante (… ) para que fuera menos riguroso en sus informes sobre la legalidad de la actuación”, según el escrito del Fiscal, que pide cinco años de prisión. La habilitada se vio obligada a hacer su trabajo en una mesa ubicada a la entrada del Ayuntamiento.

Interventora de Arganda

En el ámbito puramente administrativo destaca el caso de Margarita López, Interventora de Arganda (Madrid), que el 27 diciembre de 2013, emitió un informe desfavorable porque la prórroga del Presupuesto no recogía créditos y gastos que la ley señala como preferentes. Como, tras la LRSAL, había cambiado el status de los habilitados nacionales, en febrero de 2014 el MINHAP le abre expediente y la suspende provisionalmente durante seis meses: “Me suspenden sin expediente alguno y sin saber por qué, solo porque el alcalde decía que mi informe desfavorable paralizaba la gestión del Ayuntamiento. Nada más alejado de la verdad. ¡Si mi informe no era vinculante! Y lo más grave es que el ministerio no hizo nada para comprobar si yo tenía razón o no en mi informe”. La sentencia de 28 de diciembre de 2015 anula siete de las ocho faltas de la sanción del ministerio (y se recurre la otra) pero la plaza de interventora había sido convocada así que en marzo de este año el juzgado declara la ejecución forzosa de la sentencia en mayo de 2016, reincorporándose al Ayuntamiento que le debe la retribución de los 22 meses que estuvo sancionada.

No quiero terminar sin una referencia al caso de Beatriz Vigo, interventora del Ayuntamiento de Madrid, que sin eufemismos (cesar no es verbo reflexivo) ha sido destituida de su puesto de libre designación por la Junta de Gobierno, en su reunión del 23 de junio pasado. Sin perjuicio de la elegancia del proceso, donde no han trascendido malas formas, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena considera que ha cumplido de forma escrupulosa todos los pasos exigidos por la ley. Entre ellos, el informe preceptivo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/85 de 2 de abril, de la Administración General del Estado competente en materia de haciendas locales. El dictamen llegó haciendo hincapié en la necesidad de motivar los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales, como es el caso, para evitar conductas que rayen en la arbitrariedad o desviación de poder y concluyendo que debía instruirse un expediente en el que “se determinen las causas técnicas que motivan el cese”. Desconozco si se probaron esas razones técnicas. Lo cierto es que Beatriz Vigo, a quien casi no conozco más allá de unos correos electrónicos que le cursé de invitación para conferenciar en un curso de la Universidad de Salamanca que no se realizó, ya no es la interventora del Ayuntamiento, sin alegar ninguna razón profesional. Y eso no es bueno para la gestión pública.

Fuente. Fiscalizacion.es

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Abstenerse mujeres

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El despido colectivo del personal Alpe de la Junta de Andalucía

El 15 de octubre de 2015, el Tribunal Supremo dictó, con fallo de nulidad, la última sentencia relativa a los expedientes de despido colectivo del personal ALPE de la Junta de Andalucía, recurridos en casación contra las sentencias de instancia de las tres Salas del TSJ de Andalucía, devolviendo a la actualidad la serie relativa a los despidos realizados a la totalidad de la plantilla de los Consorcios de empleo UTEDLT de Andalucía y su motivadora causa económica, más bien inexistente por provocarse, según el Alto Tribunal casando doctrina, un alevoso fraude de Ley con desviación de poder y no por causas económicas u organizativas, como alegó la parte empleadora. Cuestiones de fondo no analizadas por el Alto Tribunal pero que consideramos de interés jurídico por cuanto afecta a la capacidad de gestión económica de los poderes públicos regionales, y estatal, nos llevan a analizar el iter histórico de esta causa.

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La FEMP y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas renuevan su convenio y desarrollarán acciones para prevenir el consumo y formar a profesionales y funcionarios locales

El Secretario General de la FEMP, Juan Avila, y el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, han firmado esta mañana el convenio que permitirá a los municipios españoles desarrollar actividades centradas en el campo de la prevención del consumo de drogas y en la formación de funcionarios y profesionales que desarrollan su trabajo en el ámbito local.

El convenio, que cada año desde 2001 han venido suscribiendo la FEMP y la citada Delegación del Gobierno del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuenta en 2016 con una dotación de 320.000 euros.

En el marco de la colaboración de ambas entidades, y a lo largo de los últimos años, ha sido posible impulsar y extender, entre otras actividades, el Programa “Agente Tutor”, que incluye seminarios de formación a agentes de la Policía Local en relación con sus actuaciones con menores. También se han puesto en marcha al programa “Servicio Responsable” (una de las iniciativas de mayor interés dentro del Programa Nacional de Prevención de las Drogodependencias en el Sector Hostelero), y las convocatorias de “Buenas prácticas en drogodependencias en el ámbito local”; e igualmente ha sido posible mantener y actualizar las bases de datos de Planes Municipales de Drogodependencias.

La dotación económica, que aporta la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, procede del Fondo de Bienes Decomisados y varía en función de los recursos disponibles cada año, así como de los criterios de distribución fijados por el Consejo de Ministros. La FEMP gestiona directamente estos recursos, bajo la supervisión de una Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio.

Las actuaciones en el ámbito de las drogodependencias que se realizan en virtud de este acuerdo las desarrollan principalmente (aunque no de modo exclusivo) municipios de tamaño pequeño y mediano y, en algún caso, Diputaciones.

Para los municipios con más de 100.000 habitantes y capitales de provincia o de Comunidad Autónoma, así como Cabildos y Consejos Insulares, la Delegación del Gobierno para el PNsD efectúa anualmente otra convocatoria de ayudas económicas para Corporaciones Locales.

Fuente:FEMP

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En las solicitudes de devolución de archivos requisados en la Guerra Civil rige el silencio positivo

Procede la estimación del recurso interpuesto y se reconoce el derecho del recurrente a la devolución de los documentos y libros incautados a su abuelo con motivo de la Guerra Civil.

via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://ift.tt/29ORG4q

Resultado de las Elecciones a la Comisión Ejecutiva y Presidencia del Consejo General de COSITAL

 

Efectuado el recuento de los votos emitidos en el proceso electoral de la Comisión Ejecutiva y Presidencia del Consejo General de COSITAL, celebrado el pasado sábado 9 de julio de 2016, el resultado de la votación ha sido el siguiente:

La única candidatura presentada, encabezada por José Luis Pérez López, Secretario General del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, obtuvo el respaldo unánime de la totalidad de los 69 votos emitidos en la votación.

Vea aquí la composición de la nueva Comisión Ejecutiva.

 

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“Descubrí corrupción e intentaron acabar conmigo”

Un alcalde del PP, cinco ediles y cuatro funcionarios de Palas de Rei (Lugo) son procesados por 15 delitos tras hostigar durante casi diez años a la secretaria municipal

Celia González, secretaria municipal de Palas de Rei (Lugo) y, por tanto, funcionaria habilitada por el Estado para vigilar el respeto a la legalidad en este Ayuntamiento gobernado desde siempre por el PP, trabajó durante años sin que sus compañeros le dirigieran la palabra, con el acceso restringido a ordenadores y documentación oficial, y escuchando a su paso insultos, desprecios y risotadas burlonas. “Me negué a firmar los chanchullos que hacían con subvenciones y contrataciones e intentaron acabar conmigo”, cuenta casi una década después de estallar la pesadilla. La justicia acaba de encausar al alcalde del PP, Pablo Taboada, a cinco concejales de su equipo, a cuatro trabajadores municipales y a un ex alto cargo de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo por 15 delitos, entre ellos acoso, amenazas, trato degradante, falsedad, malversación y fraude de subvenciones.

Con 20 años de profesión como equipaje, González llegó en 2007 a este municipio de 3.500 habitantes para ocupar la plaza de secretaria-interventora. Relata que su destino, territorio en el que se alza uno de los pocos castillos medievales que sobrevivieron en Galicia a las revueltas campesinas del siglo XV, resultó ser un “pueblo feudal" en el que alcalde y concejales del PP compaginaban la política con profesiones clave para la vida diaria de un pequeño y envejecido ayuntamiento.

El alcalde de entonces, que hoy ejerce de teniente de alcalde, Fernando Pensado Barbeira, a quien el fiscal pide dos años de cárcel y una década de inhabilitación por prevaricación y acoso, trabajaba como médico en el ambulatorio; su entonces número dos y actual regidor, encausado por los mismos delitos e idéntica condena, lucía placa de policía local; y otra edil era la administrativa que repartía las citas sanitarias. “Todos en Palas dependían de sus favores. Había que votarles porque no había nadie que no les debiera algo”, describe la funcionaria acosada.

Al empleado municipal que, sin titulación, hacía las labores de interventor hasta que González llegó al Ayuntamiento de Palas todos le llamaban Don Carlos. “Él nunca asumió que yo pasaba a realizar sus funciones. Durante los primeros 15 días se empeñó en seguir firmando como interventor y cuando le dije que no podía ser así, empezó la pesadilla”. Carlos Ouro Villamor está acusado de usurpación de funciones públicas, posesión ilegal de cargo público y acoso y el ministerio público pide para él cuatro años de cárcel.

La negativa de la secretaria municipal de Palas a pasar por el aro desató una brutal campaña de desprestigio contra ella. Asegura que los políticos del PP expandieron por el pueblo comentarios insidiosos sobre su vida personal. “Le decían a la gente que yo estaba loca, que mi marido me había dejado y que se había llevado a mis dos hijos por eso. Y en la prensa el alcalde llegó a decir que estaba ‘enferma’ y que era del PSOE”, recuerda González, en compañía de su marido. Cogió una baja por depresión y cuando volvió al Ayuntamiento, asesorada por su abogado, Rafael Arangüena, empezó a recopilar pruebas de todos los “chanchullos” del gobierno local que se negaba a amparar.

Armada con una grabadora y varias agendas en las que registró escrupulosamente su día a día durante años, incluidos desplantes, insultos y documentos incriminatorios, González halló decenas de certificaciones falsas de subvenciones recibidas de otras Administraciones, la principal vía de ingresos del Ayuntamiento. Cuenta cómo destapó que el gobierno local justificaba fraudulentamente el uso de ayudas públicas para obras o servicios que no se realizaban o en los que se gastaba menos de lo que se certificaba, mientras repartía gratificaciones económicas “arbitrarias” entre los empleados más fieles.

González encontró recibos de abonos, insecticidas y semillas para huertos inexistentes; facturas de banquetes en restaurantes a nombre de asociaciones vecinales; casos de trabajadores a los que se pagaba una sola nómina pero por los que el Ayuntamiento recibía doble subvención; técnicos que cobraban pluses por trabajos para los que no tenían competencia… Y también descubrió que Don Carlos utilizaba su nombre para firmar a sus espaldas certificaciones falsas. “Era la fiesta del gasto con subvenciones de otras Administraciones”, resume el abogado de González.

En 2011 presentó la querella que ha dado pie a que ahora la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Chantada (Lugo) haya abierto juicio oral a 11 personas, entre políticos del PP y trabajadores municipales. En estos cinco años, el actual alcalde, que tras su procesamiento se ha dado de baja en el PP pero sin perder el apoyo del partido, le impuso a González seis expedientes disciplinarios, anulados posteriormente por la justicia, con los que logró dejarla sin sueldo y sin Seguridad Social. El día en que aprobó por primera vez su destitución, rememora la funcionaria, Taboada hizo llamar a todos los empleados municipales de Palas para que asistieran al pleno de castigo. Sin saberlo, la plantilla fue testigo de uno de los actos que han llevado al político popular al banquillo en compañía de su equipo.

“El [actual] alcalde me decía: ‘Te tienes que ir sí o sí”, apunta González, unas palabras que el político del PP cargaba con amenazas, añade la funcionaria, y que volvió a escuchar en la Xunta cuando acudió a pedir ayuda. “Lo único que me ofrecieron fue cambiar de ayuntamiento”. El exdirector general de Administración Local del Gobierno gallego Norberto Uzal se sentará también en el banquillo acusado de prevaricación por suscribir un informe apoyando que la secretaria fuera suspendida de empleo y sueldo.

El PP gallego ha brindado en todo momento su amparo al regidor de Palas y sus ediles, que no han respondido a la invitación de este periódico para dar su versión. Cuando se les abrió juicio oral, Feijóo redujo la causa penal a una “cuestión de organización interna” del Ayuntamiento. “No tiene trascendencia desde el punto de vista de los ciudadanos”, zanjó el presidente de la Xunta sobre una década de pesadilla para Celia González sobre la que planean 15 presuntos delitos.

Fuente: El País

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