viernes, 12 de diciembre de 2014

El contrato de consultaría y asistencia técnica realizado en las dependencias de un Ayuntamiento, con la misma remuneración todos los meses, no es un contrato administrativo sino de naturaleza jurídico-laboral

Se estima el recurso interpuesto en el sentido de aumentar la indemnización establecida en la sentencia impugnada en virtud del despido improcedente comunicado por el Ayuntamiento demandado a la trabajadora demandante.



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Los primeros 44 días de la paga extraordinaria del 2012

Lo subrayado es lo que aparece en el informe de la ponencia del Senado sobre la ley de presupuestos generales del estado para 2015: Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la […]



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Los concellos gallegos gastan 242 millones en servicios sociales que son competencia de la Xunta


Uno de cada cinco ayuntamientos gallegos destina más del 20% de su presupuesto a competencias impropias


Una veintena de municipios reservan menos del 5% a planes para los más desfavorecidos.


31 de diciembre de 2015. Esa es la fecha que fija la reforma local diseñada por Hacienda para que los ayuntamientos transfieran a las comunidades los servicios sociales -competencias que pese a ser de titularidad autonómica asumen las administraciones locales- o, si así lo acuerdan, sigan en manos de los municipios pero con financiación del Ejecutivo autonómico. En poco más de un año, los concellos podrán deshacerse de los gastos en planes de asistencia social, áreas de atención a la mujer, drogodependencia, emigración o inmigración, psicólogos y educadores sociales o programas de fomento del empleo. En total, los ayuntamientos gallegos desembolsaron 241,7 millones de euros el año pasado para financiar actividades de competencia autonómica, una cantidad que supone el 14,2% de los presupuestos municipales, según el balance del Ministerio de Hacienda sobre el coste efectivo de los servicios locales.


Durante la negociación de los diez borradores de la reforma local, los alcaldes gallegos ya advirtieron en declaraciones a este periódico del "caos" que supondría delegar en las comunidades autónomas los servicios sociales que desde hace años prestan los ayuntamientos. Los "peor parados" si se produce ese traspaso, coinciden los regidores, serán los vecinos. ¿A quiénes se van a dirigir los ciudadanos cuando tengan que solicitar estos servicios, van a tener que ir a Santiago, a las delegaciones de la Xunta? ¿Qué va a pasar con el personal del concello dedicado a estas funciones? Son algunas de las preguntas que todavía hoy se hacen. Para evitar una merma en la calidad de estos servicios, los alcaldes defienden que las áreas sociales sigan en manos municipales y que sean costeados por la Administración autonómica.


Una vez aprobada la reforma local, el Ministerio de Hacienda dio una vez más la razón a los ayuntamientos. El propio ministro Cristóbal Montoro pedía hace un año a los ejecutivos autonómicos que delegasen en los ayuntamientos la red de prestaciones de proximidad sobre la que descansa el peso de la atención a los más desfavorecidos porque -aducía Montoro en una intervención en el Senado- son "los que mejor" lo hacen.


Ya el año pasado la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) manifestó su temor a que la Xunta se "viese forzada" a recurrir al Fondo de Cooperación Local -un plan que el próximo año superará los 113 millones y que permite a los concellos invertir estas partidas segundo sus prioridades- para hacer frente a estas nuevas obligaciones. Entonces, los alcaldes gallegos ya avisaban a la Xunta de su rechazo a un recorte de ayudas tras la reforma local.


Presupuestos


De los casi 242 millones de euros que salen de las arcas municipales en Galicia para servicios sociales, el 40% procede de ayuntamientos de la provincia de A Coruña (97,4 millones), seguido del gasto social en concellos de Pontevedra (70,9 millones), Lugo (45,5 millones) y finalmente Ourense (27,8 millones).


Los datos hechos públicos por Hacienda sobre el coste efectivo en 2013 de los servicios que prestan todas las entidades locales -a partir del próximo año tendrán que calcular el precio de los servicios los técnicos de los ayuntamientos- revelan que una quinta parte de los ayuntamientos gallegos (un total de 64 ) destinaron el año pasado más del 20% de su presupuesto a programas sociales pese a no ser de su competencia. De los 13 municipios de A Coruña que más dedicaron a gasto social destaca Boimorto (36,3%), seguido de lejos por Vedra (27,8%) y Vilasantar (25,6%).


Lugo concentra el mayor número de concellos que se dejan más del 20% de sus fondos en competencias impropias: hasta un total de 26. A la cabeza en la provincia lucense, con más de un 30% de su presupuesto total para servicios sociales, están As Nogais (36,5%), Xermade (35,2%) y Láncara (32,9%).


En Ourense, el gasto social en diez concellos supera la quinta parte de su presupuesto: Monterrei (27,7%), seguido de Ribadavia (23,5%) y Nogueira de Ramuín (22,51%). Finalmente, en Pontevedra son catorce los ayuntamientos con una inversión social por encima del 20%, con Moaña en el primer puesto de la lista (32,4%), seguido de Cerdedo y Cuntis (ambos con un 26,2%) y Mos (25,6%).


En el extremo opuesto, con menos de un 5% de su presupuesto reservado a programas sociales, están un total de 17 concellos: cinco de la provincia de A Coruña (San Sandurniño, Muros, Frades, Cee y Fisterra), diez de Ourense (Arnoia, Baltar, Beade, Os Blancos, Calvos de Randín, Carballeda de Valdeorras, Celanova, Cenlle, Lobeira y Verea) y dos de Pontevedra (Mondariz-Balneario y Nigrán).


De las ciudades, Lugo es la que más reserva de su presupuesto para servicios sociales (21,4%). Pero el resto de urbes están muy por debajo de esta media: Ferrol, 16,6%; Ourense, 11,3%; A Coruña 9,9%; Vigo, 9,2%; Santiago 6,6% y Pontevedra 6,1%. En inversión por habitante la partida asignada a gasto social en las ciudades gallegas es de 88,3 euros de media, un 14% por debajo de pequeños y medianos concellos (102,5 euros per cápita). En el caso del Ayuntamiento de Lugo la inversión social por vecino en 2013 fue de 157,1 euros, seguido de Ferrol (109,4) y A Coruña (95,1). Y muy de lejos se encuentran Vigo (66,7), Santiago (55,9) y Pontevedra (48,7).


Fuente: La Opinión A Coruña







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jueves, 11 de diciembre de 2014

La Administración autonómica no puede invocar sus competencias en materia de deslinde de vías pecuaria para despojar al Estado de bienes demaniales de su titularidad

Se discute en el presente litigio si es jurídicamente aceptable que una Comunidad Autónoma lleve a cabo una operación de deslinde de una vía pecuaria, que comporta la afección del bien a un uso incompatible con el que ya ostenta y que produce por sí misma un efecto traslativo de la propiedad, con la consecuencia de despojar al Estado de bienes demaniales -en cuanto afectos a la defensa nacional- de los que es titular, mediante un acto unilateral de la Comunidad Autónoma, y ello al margen de cualquier concertación con el Estado.



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El Portal de la Transparencia: mucho ruido y pocos datos


Examen de la nueva herramienta para acceder a información pública


Es necesario identificarse y conseguir una clave para solicitar información


Escasean los archivos descargables con formato reutilizable


La mayor parte de la información incluida ya estaba accesible en otros lugares de la Red


El nuevo Portal de la Transparencia, medida estrella de la puesta en vigor de la Ley del mismo nombre, abrió sus puertas poco después de las 12 del mediodía.


Prometía el acceso a más de medio millón de datos de la administración en un ejercicio modélico por parte del Gobierno. Sin embargo, tras un diseño limpio y aparentemente ordenado trufado de epígrafes que aluden a la 'transparencia' y el 'derecho a la información', no parece esconderse un gran caudal de datos que no fueran ya de dominio público.


Agrupada bajo los títulos 'Institucional', 'Normativa' y 'Económica' se encuentran los sets de datos disponibles. Entre los datos institucionales se encuentran, entre otros, los currículum de los altos cargos del gobierno. En el apartado de 'Normativa' nada nuevo: recoge textos legislativos que ya se publicaban en el Boletín Oficial del Estado o en la página del Congreso. Eso sí, estos documentos pueden descargarse en formato reutilizable. Quizás lo más interesante esté en la sección 'Económica', donde se pueden conocer contratos públicos, subvenciones o las retribuciones de los altos cargos del gobierno, entre otros. No obstante, la mayoría de esos datos ya eran públicos antes del lanzamiento del Portal de la Transparencia.


El acceso a la información, además, se ve limitado de entrada ante la escasez de ficheros descargables en formato reutilizable (xls o csv, por ejemplo, por citar los más comunes). Es preciso llegar a la información, con suerte tabulada, y rendirse al común 'copia-pega', con los inconvenientes que esto conlleva. No sólo eso, la información no está estructurada en documentos que agreguen información. Esto es, si uno desea revisar rápidamente los contratos cerrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, tendrá que ir pinchando uno a uno y extrayendo la información relevante: empresa contratada, concepto, importe y demás. Una información que, por otra parte, estaba ya disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.


El acceso a la información, además, se ve limitado de entrada ante la escasez de ficheros descargables en formato reutilizable (xls o csv, por ejemplo, por citar los más comunes). Es preciso llegar a la información, con suerte tabulada, y rendirse al común 'copia-pega', con los inconvenientes que esto conlleva. No sólo eso, la información no está estructurada en documentos que agreguen información. Esto es, si uno desea revisar rápidamente los contratos cerrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, tendrá que ir pinchando uno a uno y extrayendo la información relevante: empresa contratada, concepto, importe y demás. Una información que, por otra parte, estaba ya disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.


Fuente: El Mundo







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miércoles, 10 de diciembre de 2014

Procede la admisión del recurso contencioso-administrativo formulado al no impugnarse un acto que sea reproducción de otros anteriores definitivos y firmes

Se revoca el auto que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo deducido por la Diputación Provincial de Cuenca contra el acuerdo de la Dirección General de Coordinación y de Competencias de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, que versaba sobre valoración de la elegibilidad del gasto de actuaciones en bienes que no fueran titularidad de la Diputación.



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Las claves de la ley de Transparencia


La norma abre a los ciudadanos un portal con datos como los sueldos de los cargos públicos o las subvenciones del Gobierno


¿Qué es la Ley de Transparencia?


Una iniciativa impulsada por el Gobierno para «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho al acceso a la información». El objetivo es que los ciudadanos sepan en qué se gastan el dinero de sus impuestos.


¿Qué partidas económicas pueden conocerse?


Todas las subvenciones públicas superiores a los cien mil euros o cuando el 50 por ciento de los ingresos anuales de las instituciones tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros. Igualmente, se podrán conocer todos los sueldos de los altos cargos del Gobierno.


¿A cuántas instituciones y organismos afecta?


A esta ley están sometidos los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la Casa del Rey, las empresas que reciben un 50 por ciento de subvención pública, las iglesias, el Congreso y el Senado, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas, entre otros.


¿Cuáles son los límites a la información?


Las restricciones para facilitar la información solicitada son la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional. Igualmente, también se contemplan otras causas, como los intereses económicos o comerciales.


¿Qué es el Portal de la Transparencia?


La información se solicita a través de una web a la que los ciudadanos pueden dirigirse. Esta ventanilla única está permanentemente abierta las veinticuatro horas los siete días de la semana. En este portal se han invertido 1,4 millones de euros.


¿El Gobierno está obligado a dar la información?


No en todos los casos. En la norma se establece la figura del silencio administrativo. La Administración no está obligada a contestar y, al no hacerlo, se entiende que la petición ha sido rechazada.


¿Esta ley se extiende a autonomías y entes locales ?


Los ayuntamientos y las autonomías tienen una moratoria de dos años para aprobar sus propias leyes de transparencia.


Fuente: ABC







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Hoy entra en vigor la Ley de Transparencia. Normativa, vídeos, bibliografía, esquemas, etc.

http://contratodeobras.com/2014/12/hoy-entra-en-vigor-la-ley-de-transparencia-normativa-videos-bibliografia-esquemas-etc/

martes, 9 de diciembre de 2014

Control de la legalidad, pero sobre todo interiorización de la ética, La opinión de Víctor, blogs en Levante-emv.com

http://comunidades.levante-emv.com/blogs/victor_almonacid/control_de_la_legalidad_pero_sobre_todo_interiorizacin_de_la_tica-12296.html

El TS resuelve cuándo una entidad mercantil se entiende que está integrada en el sector público a los efectos de aplicar las limitaciones retributivas incorporadas por la Ley 2/2012, de PGE

La Sala acuerda desestimar el recurso interpuesto contra la sentencia de la AN que declaró no haber lugar a la demanda de conflicto colectivo relativo al derecho al incremento salarial en los términos pactados en el Acuerdo colectivo de revisión salarial entre la empresa demandada y la representación de los trabajadores; el fallo recurrido se basó en que la demandada estaba incluida en el sector público por lo que eran aplicables las limitaciones retributivas incorporadas por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de PGE.



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Costes de valorización energética de residuos solidos urbanos

La Directiva 98/2008, sobre residuos, con el fin de proteger el medio ambiente, establece que los Estados miembros deberán adoptar medidas para tratar los residuos de conformidad con una jerarquía de prioridades destinadas a fomentar diferentes formas de valorización, entre ellas la valorización energética. Como consecuencia surge la necesidad de implementar tecnologías de valorización energética de residuos sólidos urbanos que constituyan una vía de gestión complementaria al reciclaje material previo y que sean prioritarias a cualquier actividad de eliminación mediante incineración o a través de vertedero. Son diferentes las tecnologías que pueden aplicarse con la finalidad de llevar a cabo una valorización energética de los residuos, mediante procesos químicos, termoquímicos, bioquímicos, termomecánicos, mecánicos y biológicos, entre ellas la biometanización, la gasificación, la transesterificación, la fabricación de hidrocarburos, etc. Cada unos de estos sistemas presenta una serie de características que se adaptan a diferentes condicionantes sociales, ambientales, territoriales y económicos.


La posibilidad de escalar estos sistemas, unida a la menor dependencia de los vertederos de cola y al rechazo social que genera la eliminación mediante incineración, contribuye al acercamiento de los centros de tratamiento y valorización a los de producción de los residuos, minimizando los costes de transporte y transferencia y estableciendo el control de la trazabilidad como medida para implementar un sistema de pago acorde al principio de la directiva marco de residuos de “quien contamina paga”, consiguiendo además que la gestión de los residuos sea menos gravosa para los ciudadanos.


Tras una revisión bibliográfica de los sistemas aplicados para la valorización energética, se ha realizado un análisis de costes e ingresos para un ámbito territorial que incluye 13 municipios de la provincia de Granada (España) de entre 300 y 21.500 habitantes, agrupando una población de 93.300 habitantes con una generación de residuos urbanos de 45.000 t/año y una caracterización en torno al 50% de materia orgánica.


Las tecnologías analizadas en este estudio han sido la biometanización, la producción de CSR, la producción de combustibles hidrocarburados y la gasificación. La valoración de los criterios económicos asociados a cada alternativa ha incluido los costes de construcción e implantación, explotación y mantenimiento, así como los ingresos obtenidos por la venta del subproducto valorizable energéticamente. La aplicación de los diferentes sistemas analizados implica un coste que varía entre los 22,11 €/t en el caso de la fabricación de ecodiesel y 35,96 €/t para la tecnología de producción de CSR. Estos costes se consideran inferiores a sistemas tradicionales de eliminación mediante incineración con o sin recuperación energética o depósito en vertedero, que en ningún caso bajan de los 40 €/t. Se puede concluir que, para la zona de estudio, los sistemas más adecuados son la fabricación de ecodiesel y la gasificación.


Recientemente, el Senado ha aprobado la creación de una Ponencia de Estudio, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que evalúe la prevención, recogida, reciclaje, valorización y eliminación de residuos y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por la UE en esta materia. Igualmente, analizará la estrategia a seguir en el futuro en materia de residuos.


La iniciativa responde al cumplimiento de los objetivos de reducción del vertido y pretenden “abordar sin prejuicios el tema de la valorización energética de los residuos no reciclables, que actualmente van al vertedero, intentando llegar al mayor consenso posible que evite los conflictos políticos en cada territorio y defina el número de plantas que cada territorio necesita en función del cumplimiento de los objetivos de gestión de residuos”.


Estaremos pendientes a las conclusiones del estudio aunque lo importante es que las administraciones públicas empiezan a entender que hay alternativas, mediante valorización energética, al problema de la eliminación de los residuos en vertederos o mediante incineración.








via El blog de ACAL http://ift.tt/1G8Z8gz

San Sebastián y Barcelona lideran el gasto por habitante en servicios municipales básicos


Zaragoza, con medio millón más de habitantes que la capital guipuzcoana gastó 20 millones de euros menos, y se sitúa en el último lugar de la lista en gasto de este tipo.


La información de Hacienda y Administraciones Públicas también recoge el gasto de las entidades locales en actuaciones de protección y promoción social.


San Sebastián, Barcelona, Madrid, Tarragona y Granada son las cinco capitales de provincia que más gastan por habitante en servicios municipales básicos, como la limpieza viaria, el saneamiento, el agua o las basuras. En el otro extremo se encuentran Ávila, Valladolid, Cuenca, Mérida y Zaragoza.


Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el coste efectivo en 2013 de los servicios que prestan todas las entidades locales del país, según las liquidaciones de sus presupuestos. De la lista faltan los municipios vascos y navarros, con la excepción de la capital guipuzcoana; siguen otro cauce de información a Hacienda por el régimen foral, pero sus datos aparecerán también en el futuro.


La reforma local obliga a los municipios a calcular el coste de los servicios que prestan. Este mes se ha dado a conocer la primera oleada, aunque la información no está detallada sino distribuida en grandes capítulos de gasto. Todos los datos serán publicados anualmente por Hacienda para que los vecinos puedan consultar los de sus ayuntamientos.


Basuras y saneamiento


Uno de ellos, es el que recoge el gasto en los servicios propios de los ayuntamientos, es decir, el saneamiento, la luz, la gestión de residuos y basuras, vivienda y urbanismo o la limpieza viaria.


Distribuido este coste por habitante, la capital guipuzcoana es la que más dinero dedicó a estos servicios según los datos de 2013, 854 euros por vecino (128 millones de euros). Son 20 millones más de lo que gastó en estos mismos capítulos Zaragoza, con medio millón más de habitantes y un gasto per cápita de 158 euros, la cifra más baja del país.


La segunda capital de provincia que más dedica a estos servicios básicos por vecino es Barcelona (674 euros anuales en 2013), seguida de Madrid (592 euros), Tarragona (574), Granada (561), Córdoba (516) y Málaga (507).


Justo por encima de Zaragoza se sitúan Mérida (187 euros por habitante), Cuenca (278 euros), Valladolid (285) y Ávila (295). Casi la mitad de las capitales gastan entre 300 y 400 euros, 26 de ellas en total, y otras once invierten entre 400 y 500 euros per cápita al año.


Protección social


La información de Hacienda y Administraciones Públicas también recoge el gasto de las entidades locales en actuaciones de protección y promoción social, que incluye el gasto en atención y asistencia a jóvenes, infancia, mayores, minusválidos o fomento del empleo.


En este ranking, y también calculando el gasto por habitante según las cifras de 2013, Sevilla es la primera capital de provincia (191 euros por vecino), seguda por Lleida (185), Ávila (177 euros), Lugo (157), Logroño (151) y Soria (150 euros por habitante).


La mayoría de ciudades dedica entre 60 y 100 euros per cápita y por debajo de estas cifras se sitúan solo Murcia (58 euros), Santiago de Compostela y Badajoz (55 euros cada una), Alicante (52) y Toledo (50) y cierran la lista Teruel y Pontevedra (48 euros por habitante, respectivamente).


También ha incluido el Ministerio la información de la deuda pública de las entidades locales. Madrid ocupa el primer lugar en deuda por habitante (414 euros) y Badajoz, el último (35 euros).


Además de estos tres grandes grupos, Hacienda incluye otros tres. El denominado 'producción de bienes públicos de carácter preferente' se incluyen capítulos de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, como tiempo libre, ocio, cultura o deporte.


Como actuaciones de carácter económico Hacienda considera los gastos en desarrollo de actividad económica, como agricultura, ganadería o pesca, inversión en infraestructuras básicas y transportes, comunicaciones o I+D+I.


Por último, en el capítulo de actuaciones generales se incluyen los gastos en constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno, servicios información, participación ciudadana o administración.


Fuente: Lainformacion.com







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Secretarios e Interventores exigen la eliminación de los puestos de libre designación para controlar a los políticos


El colectivo denuncia que se ha producido durante años «un debilitamiento sistemático de los contrapoderes».


El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Comunitat Valenciana (Cosital) exige a las administraciones públicas que eliminen los sistemas de provisión de puestos de libre designación y que den «reconocimiento legal» a la capacidad de actuación de estos funcionarios públicos estatales en la gestión e implementación de las políticas públicas locales. Desde Cosital recuerdan que «si se hubieran atendido las reiteradas demandas del colectivo se hubieran podido prever y atajar en gran parte muchos de los males que han acaecido en nuestras entidades locales, municipales y provinciales», en referencia a los casos de corrupción y nepotismo que las han inundado en los últimos años.


El colectivo explica que se ha venido produciendo «durante muchos años un debilitamiento sistemático de los contrapoderes de carácter profesional, que en un Estado de Derecho son esenciales para equilibrar la balanza y articular un eficaz control del ejercicio del poder público». Es decir, una pérdida de libertad a la hora de ejercer sus labores que les han cercenado la capacidad de maniobra, argumentan. Además, añaden, «este debilitamiento se ha articulado con la pretendida excusa de una presunta mayor democratización de nuestras instituciones públicas y en especial las locales». El colectivo pide que la reforma de régimen local vaya más lejos en su capacidad de independencia respecto a los representantes políticos, de quienes en la actualidad depende, por ejemplo, su nombramiento.


Sentencia favorable


Como contó este periódico, Cosital consiguió tumbar el nombramiento por libre designación del interventor general de la Diputación de Valencia. En la sentencia, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano consideran que «en el procedimiento de libre designación rigen también los principios de mérito y capacidad». El ente provincial volvió a nombrar al interventor en su cargo, aunque ha vuelto a ser recurrido por Cosital.


Otra de las novedades que aporta el tribunal es que, el político que realiza la designación debe especificar «cuáles son las cualidades o condiciones personales y profesionales que han sido consideradas en el funcionario nombrado para apreciar que aquellos criterios concurren en él en mayor medida que en el resto de los solicitantes». Esta sentencia es pionera en España y ha abierto la puerta a colegios de toda España para recurrir procesos de libre designación donde no han primado los méritos y capacidad.


Desde Cosital apuestan por que las Administraciones estatal y autonómica, así como todas las demás deben implicarse, como instituciones públicas, «en la protección del ejercicio de una función pública que obedece a los más estrictos principios de mérito y capacidad; así como a los de neutralidad, independencia, objetividad y profesionalidad; y arbitrar los órganos y los mecanismos necesarios para ello».


«La democracia es esencialmente transparencia y control del poder. Solo así se previenen fenómenos como la corrupción, si tener que aplicar después curas urgentes y lamentar sus efectos», concluyen.


Fuente: Levante.com







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