Las claves de la ley de Transparencia

La norma abre a los ciudadanos un portal con datos como los sueldos de los cargos públicos o las subvenciones del Gobierno

¿Qué es la Ley de Transparencia?

Una iniciativa impulsada por el Gobierno para «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho al acceso a la información». El objetivo es que los ciudadanos sepan en qué se gastan el dinero de sus impuestos.

¿Qué partidas económicas pueden conocerse?

Todas las subvenciones públicas superiores a los cien mil euros o cuando el 50 por ciento de los ingresos anuales de las instituciones tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros. Igualmente, se podrán conocer todos los sueldos de los altos cargos del Gobierno.

¿A cuántas instituciones y organismos afecta?

A esta ley están sometidos los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la Casa del Rey, las empresas que reciben un 50 por ciento de subvención pública, las iglesias, el Congreso y el Senado, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas, entre otros.

¿Cuáles son los límites a la información?

Las restricciones para facilitar la información solicitada son la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional. Igualmente, también se contemplan otras causas, como los intereses económicos o comerciales.

¿Qué es el Portal de la Transparencia?

La información se solicita a través de una web a la que los ciudadanos pueden dirigirse. Esta ventanilla única está permanentemente abierta las veinticuatro horas los siete días de la semana. En este portal se han invertido 1,4 millones de euros.

¿El Gobierno está obligado a dar la información?

No en todos los casos. En la norma se establece la figura del silencio administrativo. La Administración no está obligada a contestar y, al no hacerlo, se entiende que la petición ha sido rechazada.

¿Esta ley se extiende a autonomías y entes locales ?

Los ayuntamientos y las autonomías tienen una moratoria de dos años para aprobar sus propias leyes de transparencia.

Fuente: ABC

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