viernes, 20 de marzo de 2015

La AN accede a la supresión de los datos personales del reclamante que aparecen en internet, en aplicación de la doctrina del TJUE sobre el “derecho al olvido”.

Se desestima el recurso de Google contra la resolución del Director de la AEPD que accedió a la reclamación de que los datos personales del solicitante no siguieran apareciendo en los resultados de búsqueda en internet, en concreto la información sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas de la Seguridad Social.



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Una invitación a romper la 'omertà'


Estreno de 'Corrupción: el organismo nocivo', financiado por 451 donantes.


Fernando Urruticoechea ha trabajado en numerosos consistorios. Es interventor, quien supervisa si las contrataciones y el gasto de dinero público se ajustan a la ley, un eslabón frágil en la renqueante cadena de control de la Administración. Y lo evidencia con un tipo de soborno que no deja de ser de libro: «Siempre que llego a un ayuntamiento, empiezo a recibir botellas de vino». En alguna ocasión ha pagado para devolver el obsequio al remitente que pretendía ser favorecido.


A Urruticoechea se le quiebra la voz al dolerse por no haber olisqueado antes una perversión de sus superiores. Su compromiso es minucioso y severo con él mismo porque, en realidad, sus informes han servido para enjuiciar irregularidades. Es uno de los testimonios de Corrupción: el organismo nocivo, un documental que se estrena este viernes en el cine Girona de Barcelona y se ha sufragado con algo más de 20.000 euros aportados por 451 donantes.


Antes de llegar a las salas, no ha sido poco el esfuerzo de los directores, Albert Sanfeliu y Teresa Soler, para ajustar los costes y no abandonar un proyecto que califican de «pedagógico», con el que encomian a quienes se han enfrentado a ser depurados de una institución por señalar su podredumbre.


«Hablamos de la corrupción de proximidad», comenta Sanfeliu, «la ciudadanía percibe un exceso de información sobre Bárcenas y miles de cifras que no sabe cómo abordar, pero hay herramientas potentes para encarar al problema». Para el director, la respuesta pasa por que la sociedad «se active» y menciona los observatorios ciudadanos que han brotado para desmenuzar en qué consumen las alcaldías el dinero de los vecinos.


«Queremos hacer concienciar de que, como se dice en el documental, no hay que ser un héroe para denunciar la corrupción. Es de sentido común y cada vez se hace más», resalta Sanfeliu, que pretende que la película propicie el debate y aliente el activismo contra un mal que se cita entre las mayores preocupaciones. Además de las seis proyecciones programadas en Barcelona, se difundirá en abril en Girona, Reus, Santa Perpètua y Madrid.


En el filme, se alude a los casos Palau y Pretoria. Sin embargo, la intención no es relatar investigaciones mediáticas, sino ojear la estulticia y la crueldad que aflora cuando se perpetúa la omertà y, sobre todo, predicar con el ejemplo de los protagonistas. Combinadas con expertos como la catedrática Victoria Camps o el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, las vivencias de Itziar González (la ex concejal de Barcelona que se negó a facilitar la operación del hotel del Palau de la Música), Albert Gadea y Maite Carol (el ex directivo y la ex interventora de Santa Coloma de Gramenet que colaboraron con la Guardia Civil en el caso Pretoria) o Carlos Martínez (inspector que informó de fraudes en las subvenciones de cursos para parados en Cataluña) hilvanan un tratado de las malas artes. Desde el urbanismo regado con comisiones a los agujeros en la financiación de los partidos, del desamparo de quien descubre las cartas ocultas del juego a la falta de transparencia real en los gobiernos. «Es importante que un espectador, sea de un pueblo u otro, se diga que, si eso mismo pasa en su municipio, se debe denunciar», concluye Sanfeliu.


Fuente: El Mundo







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martes, 17 de marzo de 2015

La Junta de Castilla y León sólo disolverá las pedanías de León por no rendir cuentas si lo solicita el Gobierno central


El Consejo de Cuentas recomienda la supresión de las pedanías sin competencias.


La Junta de Castilla y León no iniciará los trámites para la disolución de las juntas vecinales que no rindieron las cuentas del ejercicio del 2013 antes del 31 de diciembre pasado, como contempla la reforma de la Administración local, mientras no lo inste el Gobierno, según informó la Consejería de Presidencia.


Según el Ejecutivo autonómico, corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas promover el proceso, que finaliza con la resolución correspondiente de la Consejería de Presidencia, que asume las competencias en materia de ordenación del territorio. Por el momento, el ministerio de Cristóbal Montoro no ha dado el paso que requiere el Ejecutivo de la Comunidad.


La entrada en vigor de la reforma local obligaba por primera vez a rendir las cuentas del último ejercicio cerrado a las entidades locales menores, advirtiendo que no cumplir este requisito suponía incurrir en causa de disolución. De esta manera, podrían suprimirse las juntas vecinales que no hubieran cumplido a 31 de diciembre, si bien el plazo legal para la rendición expira en octubre, tanto para entidades locales menores (ELM), como para ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades.


Pese a todo, pasados los plazos de octubre y fin de año, el Consejo de Cuentas de Castilla y León recibió las cuentas de diez pedanías leonesas, según datos registrados hasta el 8 de marzo. Las dos últimas figuran con fecha del 28 de febrero —dos meses de retraso—.


Este es así, indicaron fuentes del Consejo de Cuentas, porque el entorno digital de rendición de cuentas «no cierra la ventanilla». De hecho, muchas juntas vecinales presentaron el año pasado las cuentas de varios ejercicios ya que en un principio no estaba claro el periodo de rendición obligatorio que debía registrarse antes del 31 de diciembre de 2014 —finalmente se ciñó al último posible: el de 2013—.


Con las últimas diez rezagadas, son 1.217 las juntas vecinales de la provincia que a 8 de marzo han rendido cuentas y sólo se contabilizan 15 incumplidoras. Si finalmente el Ministerio de Hacienda opta por remitir a la Junta de Castilla y León la lista de pedanías díscolas habrá que ver si se ciñe al 31 de diciembre o si bien amplía el margen y admite las de los pueblos menos diligentes.


Modernización


En cualquier caso el nivel de rendición de cuentas se sitúa en León en el 98,78%, muy superior al 59,9% del ejercicio anterior, según los datos del Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas, presentado a principios de este mes.


Tras desglosar la fiscalización realizada a lo largo del 2014 por las entidades locales menores, el consejo recomienda a la Comunidad Autónoma la adopción de medidas normativas para el mantenimiento, organización y modernización de las juntas vecinales, que establecen «unos estándares económicos y administrativos mínimos de obligado cumplimiento.


El organismo aboga por disolver las ELM que «durante varios años consecutivos» no aprueben el presupuesto o incumplan la rendición de cuentas e indica la procedencia de disolver aquellas en las que concurren las causas de disolución contempladas en la Ley de Régimen Local de Castilla y León, de 1998, e igualmente, la de las que no ejerzan competencia alguna.


Gestión


La autonomía debe dotar a las ELM «de los medios administrativos adecuados, que les permitan cumplir sus obligaciones» como administraciones públicas.


También señala que las Cortes «deberían instar a la Administración del Estado la revisión del actual régimen jurídico relacionado con el desempeño [...] de las funciones públicas necesarias de secretaría, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, contabilidad y tesorería», así como regular esta materia de forma específica en el ámbito de Castilla y León.


Por otra parte, debería registrarse competencias que ejercen, tanto delegadas por los municipios como las asumidas.


Fuente: Diario de León







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lunes, 16 de marzo de 2015

El Empleo Público Local (Rafael Jimenez Asensio)

(Reflexiones en torno al libro de J. Javier Cuenca Cervera, El empleo público local en la España democrática. Una perspectiva institucional, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2014, 253 pp.) “No hay democracia local de calidad sin un sistema de mérito que garantice la disposición de un bien público esencial: una burocracia local que, además … Sigue leyendo



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La Administración Local reduce su deuda y la sitúa en el 3,6% del PIB, debajo del objetivo del 4% fijado para 2014


Para el Presidente de la Federación, los datos confirman “el buen trabajo que siguen haciendo las Entidades Locales españolas”. La deuda local fue de 31.811 millones de euros, según los datos publicados por el Banco de España. Los resultados conocidos hoy muestran la mejora sobre las cifras obtenidas en el ejercicio 2013, en el que también se cumplieron los objetivos


La Local ha sido la única Administración española que ha reducido su deuda en el cuarto trimestre de 2014, mejorando además los objetivos del 4% fijados para este ejercicio. Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares han cerrado el año con una deuda de 31.811 millones de euros que representan un 3,6% del PIB.


Estos valores, que aparecen recogidos en el último informe del Banco de España sobre deuda de las Administraciones publicado hoy, también muestran la mejora de los obtenidos en el trimestre precedente y vienen a consolidar, en palabras del Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, “el buen trabajo que siguen haciendo las Entidades Locales españolas” con sus finanzas. De hecho, la deuda local representa el 3,7% de la deuda total de las AAPP, que es de 1,03 billones de euros y supone un 97,7% del PIB.


Con los resultados obtenidos, el sector local español mantiene la tendencia de reducción que ya inició en ejercicios anteriores. También mantienen su tendencia, aunque en sentido contrario, las Administraciones Autonómica y Central del Estado. La primera ha subido 4 décimas en el PIB (con unos valores de 236.747 millones de euros) y la segunda se ha mantiene en el mismo porcentaje sobre PIB, aunque ha crecido en casi 4.000 millones de euros para situarse en 895.852 millones


Fuente: FEMP







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