El Consejero de Administración Local de Navarra urge a retomar el Mapa Local y la oposición quiere dejarlo para 2015

PSN, Bildu, Aralar e I-E critican el "discurso del miedo" del consejero, que prevé una situación complicada si no se aprueba.

El consejero de Administración Local, José Javier Esparza, urgió ayer al Parlamento a retomar los trabajos para la reforma del Mapa Local de Navarra, paralizados desde hace tres meses, tras dibujar un panorama casi apocalíptico de las consecuencias que tendría para ayuntamientos y concejos "no hacer nada" después de que el Gobierno central del PP haya aprobado la ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Sin embargo, desde los grupos de la oposición se acusó al consejero de pretender "asustar" y abogaron por dejar la reforma para la próxima legislatura.

Esparza, en un discurso que por momentos pareció más una bronca a los parlamentarios, enumeró las consecuencias que, a su juicio, tendría que Navarra no legislase en esta materia ejerciendo así las competencias que le concede la propia ley estatal. Así, habló de que habrá concejos, e incluso ayuntamientos, que pueden desaparecer por no poder cumplir las exigencias económicas de la Ley estatal, no se podrán constituir las agrupaciones de servicios administrativos ni los distritos forales, quedará bloqueado todo el sistema de provisión de secretarios e interventores y tampoco se podrá acometer un nuevo sistema de financiación ni traspasar a los municipios o agrupaciones competencias en servicios sociales, salud o educación. También quedaría en manos de Madrid el cálculo del coste efectivo de los servicios. "Si quieren que decida Navarra y no Montoro, aún estamos a tiempo. Ustedes verán", espetó Esparza a los parlamentarios. "Nos queda un año, pero si nos vamos a septiembre terminaremos no haciendo nada", dijo.

De acuerdo con el consejero estuvieron Jesús Esparza (UPN), quien calificó la reforma de "vital", y Eloy Villanueva (PP), para quien "la obligación de este Parlamento es resolver las cuestiones que la reforma estatal ha puesto encima de la mesa".

Por el contrario, desde la oposición no se escatimaron críticas al consejero. La socialista Maite Esporrín recordó que la paralización de la ponencia "no fue un capricho" y criticó que "ahora apelen al consenso cuando nos echaron del Gobierno y nos dijeron de todo con ocasión de la fallida moción de censura". Aseguró que las prisas "no son buenas", mostró la disposición de su grupo a seguir trabajando pero rechazó el "discurso del miedo" de Esparza.

Víctor Rubio (Bildu) incidió también en que la ponencia la paralizó "el escándalo de la Hacienda Foral y no este Parlamento" y acusó a Esparza de "ponerse la bandera de la foralidad, pero nos dice a la vez que el gendarme es Montoro. Ya no vale engañar a la ciudadanía", señaló, y aseguró que a punto de finalizar el actual periodo de sesiones y con solo ocho meses de legislatura por delante no hay tiempo de aprobar la ley.

Txentxo Jiménez (Aralar) consideró que, al contrario de lo que dijo el consejero, "no hay ningún vacío legal porque está en vigor la Ley Foral de Administración Local que no ha sido derogada". Incidió en que el fracaso de la reforma local navarra tiene su origen en que "no se ha abierto un proceso de participación en tiempo y forma, y la gente lo que quiere es participar y tomar decisiones", y se mostró asimismo escéptico sobre que la ley pueda aprobarse esta legislatura.

Finalmente, Txema Mauleón (I-E) acusó al consejero de haber expuesto "un cuento que no es real" y rechazó que se acuse al Parlamento de paralizar la ley cuando "ustedes son el Gobierno y tienen que resolver esta cuestión". Tirando por elevación, Mauleón advirtió a Esparza de que UPN "tenía que haber convocado elecciones hace dos años" y le reprochó que se "atrinchere" en el Palacio de Navarra "y encima culpe al Parlamento de su fracaso". Abogó asimismo por aplazar la reforma del Mapa Local a la próxima legislatura.

HISTORIA

Desencuentro. El Parlamento lleva año y medio tramitando la reforma del Mapa Local. Para consensuar las posturas de los diferentes grupos se creó una ponencia que paralizó sus trabajos tras el escándalo en la Hacienda Foral y se prorrogó entonces durante tres meses. El plazo concluye este viernes, que es cuando deberá decidir si sigue adelante con los trabajos o se disuelve.

Fuente: Diario de Noticias

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"Alarmante reducción" de personal y prestaciones en servicios sociales por la reforma local, según El presidente de la Diputación de Sevilla

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha advertido este jueves de que las jornadas promovidas por su institución sobre el impacto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sobre los servicios sociales, ha puesto de manifiesto que la nueva regulación se traduce en una "alarmante reducción de personal" dedicado a esta tarea y una "supresión" de determinadas prestaciones y recursos que hasta ahora ofrecían estos dispositivos.

En rueda de prensa, Rodríguez Villalobos ha señalado, una vez más, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la conocida como 'reforma local', que incide especialmente en las competencias de los consistorios. La nueva ley reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano o la Policía Local, por ejemplo, pero por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias determinantes, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.

En ese sentido, Rodríguez Villalobos ha señalado la reciente jornada de análisis y debate celebrada por la Diputación con la participación de unos "300 técnicos" que han evaluado el impacto de la nueva regulación sobre los servicios sociales que prestan los ayuntamientos.

MALAS NOTICIAS

Y es que esta jornada, según Villalobos, ha puesto de relieve "la preocupación de los técnicos al haber caído en los últimos dos años un 17 por ciento las partidas de los ayuntamientos para las materias sociales", extremo que ha encuadrado en la asfixia financiera de las administraciones locales. En cuanto al fondo en sí de la nueva regulación de la administración local, ha manifestado que las "conclusiones" de tal jornada de trabajo reflejan que "la reforma local desvirtúa el sistema que tenemos, sustentado sobre unos servicios sociales locales que se pretenden destruir y la atención a la dependencia, que sufre una demolición para que sea privatizada en una derogación encubierta de la Ley de Dependencia".

Los técnicos, según Villalobos, concluyen que "el ahorro pretendido" que inspira la reforma de la administración local "se logra a costa de los servicios sociales" e implica "una alarmante reducción del personal dedicado a los servicios sociales, especialmente en lo que se refiere a la ayuda a domicilio, así como una supresión de determinados servicios". "Los servicios sociales locales son los peor parados de la reforma", enfatiza Villalobos.

"¿QUIÉN PAGA TODO ESTO?"

El presidente de la Diputación explica que en un escenario en el que los usuarios de los servicios sociales asumen el 5,8 por ciento del coste de los mismos, las comunidades autónomas el 22,7 por ciento y los ayuntamientos el 71,5 por ciento, "¿quién paga todo esto si se le pisa el pescuezo a los ayuntamientos?".

Fuente: El Economista

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La Cámara andaluza convalida el decreto ley que blinda las competencias municipales frente a reforma local del Gobierno

El Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con el apoyo de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, el decreto ley que blinda las competencias de los ayuntamientos de la comunidad frente a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local aprobada por el Gobierno de la Nación.

En defensa de este decreto ley, ha intervenido en la tribuna de la Cámara autonómica el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, quien ha vuelto a pedir al Ejecutivo de Mariano Rajoy que paralice su reforma de la administración local mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional (TC) al respecto del recurso del Gobierno andaluz.

En su opinión, es de "enorme importancia" tener en cuenta los pronunciamientos que en los últimos días han hecho tanto el Consejo de Estado como el propio TC porque, según ha recordado, el primero emitió el 29 de mayo "un dictamen negativo" sobre esta reforma local que sostiene que "existen fundamentos jurídicos suficientes para que los municipios planteen conflicto en defensa de la autonomías local ante el Tribunal Constitucional".

Según ha insistido el vicepresidente, son 87 páginas de dictamen que, pese a no tener carácter vinculante, "expresan en relación al 'coste estándar' que se trata de un cálculo de costes que supone una suerte de derecho de veto por parte de las diputaciones y que, según el documento referido, priva a los municipios de cualquier capacidad de decisión".

Del mismo modo, Valderas ha destacado que el documento del Consejo, en el articulado de la Ley de Reforma Local, señala que "el órgano de representación política de los municipios es el pleno formado por el alcalde y los concejales elegidos democráticamente" y que la junta de gobierno "sólo tiene carácter ejecutivo, con unos representantes elegidos libremente por ella, que no responden a la representatividad del plenario". También considera "contrario a la Constitución quitarle a los municipios menores de 20.000 habitantes sus competencias básicas y propias" como la recogida y tratamiento de residuos o la limpieza viaria.

Estas consideraciones, según Valderas, "confluyen con la tesis del Gobierno andaluz de que la Ley de Reforma Local constituye una injerencia hacia los municipios y ataca el principio de autonomía local que se refleja en la Constitución como la administración más cercana y más eficaz".

Además, según ha añadido el vicepresidente, también el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados contra esta Ley por los parlamentos de Andalucía, Extremadura, Cataluña y Navarra, así como por los gobiernos autonómicos de Asturias, Andalucía, Cataluña y Canarias y por diez partidos políticos.

"Esto indica que Andalucía está en el camino adecuado y parecería juicioso que cuando una alta magistratura como el Tribunal Constitucional admite estos recursos a trámite por conflictos de competencias, esto llevara al Gobierno central a la inmediata paralización de la reforma local, poniendo fin a las peligrosas consecuencias que tiene esta norma que ha llenado de duda e inseguridades el conjunto de los 772 municipios de Andalucía", ha argumentado.

Ante ello, ha pedido la convalidación del decreto ley con el objetivo de "proteger la arquitectura normativa andaluza, la autonomía de nuestros municipios y nuestra apuesta por la descentralización política y administrativa".

PP-A: EL "BIPARTITO MIENTE" A LOS ANDALUCES

La portavoz del PP-A Ana Mestre ha afeado al Gobierno andaluz su "sectarismo y arrogancia" por hacer de "su capa un sayo" y presentar "de forma unilateral" este decreto ley que propone "medidas cautelares" incluso antes de que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional al respecto del recurso de la Junta a la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local.

Según Mestre, este decreto ley demuestra que el "bipartito" gobierna "a golpe de decreto ley" y con la única intención de "confrontar permanentemente con el Gobierno de Mariano Rajoy" y de "mentir" a los ciudadanos, a los que "alarman" con "discursos y mentiras" como los de que la reforma local va a provocar despidos.

"Están jugando con los puestos de trabajo de cientos de miles de ciudadanos", ha reprochado a Valderas para lamentar también "el interés partidista del Gobierno de la señora Díaz", al que acusa de elaborar un texto "sin base legal y poco sostén jurídico" que "en nada tiene que ver con el blindaje que dicen que van a hacer".

PSOE E IU: "MENOS PATRIOTISMO DE SALÓN"

Frente a ello, la diputada socialista Clara Aguilera ha pedido al PP-A "menos patriotismo de salón" y más "defensa de los derechos de las personas" porque, en su opinión, el decreto ley de la Junta es el único que "salvaguarda las 29 competencias propias que están recogidas en el Estatuto andaluz para nuestros ayuntamientos mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad" que la Junta ha presentado ante el TC.

Entre los aspectos que Aguilera ha destacado de este decreto ley, ha considera "acertado y adecuado que se acote todo lo referido al concepto de duplicidad" para que el PP-A no pueda utilizar como argumento, "para manipular, eso de una administración una competencia". "¿Quién no va a estar de acuerdo con esto?", se ha preguntado para visibilizar dicha "manipulación".

Finalmente, el diputado de IULV-CA Juan Serrano ha señalado que este decreto ley "protege 40.000 empleos públicos que estaban en riesgo por la reforma local" del Gobierno, que se aprobó "en la más triste soledad y sin negociación del resto de grupos políticos".

También ha criticado que el PP-A se oponga a este decreto ley que pretende evitar una reforma local estatal que "abre la puerta a la privatización de los servicios públicos".

Fuente: Europa Press

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Las pedanías piden que el Estado garantice su financiación por Ley - Diario de Burgos

http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZB4C68445-D37B-7D13-8CDFE3DC4D73AEED/20140613/pedanias/piden/estado/garantice/financiacion/ley

REQUISITOS ESTUDIO INFORME SOSTENIBILIDAD ARTÍCULO 7.4 LRSAL .- MINHAP

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/000_Requisitos%20Competencias%20impropias%20articulo%207-4_WEB_20140611.pdf

El Gobierno da una semana más de plazo a los Ayuntamientos para acogerse al Plan de Proveedores

http://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-gobierno-da-una-semana-mas-de-plazo-a-los-ayuntamientos-para-acogerse-al-plan-de-proveedores/1402513679

El Parlamento de Andalucía aprueba por unanimidad la Ley de Transparencia

Se trata de la primera que sale adelante de las 28 normas incluidas en el pacto de gobierno suscrito por PSOE-A e IULV-CA.

El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles por unanimidad de los grupos la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, una norma que tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas, incluida la Iglesia, que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos. Se trata de la primera que sale adelante de las 28 normas incluidas en el pacto de gobierno suscrito por PSOE-A e IULV-CA.

El Grupo Popular sólo ha rechazado un punto de un artículo de la norma, el 47.2, donde se indica que la designación del director del Consejo de Transparencia y Protección de datos corresponde al Parlamento, «por mayoría absoluta, y deberá recaer en una persona de reconocido prestigio y competencia profesional». Al texto definitivo se han incorporado cuatro de las 92 enmiendas que el PP-A que ha defendido en este debate final.

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha lamentado que en esta ley no se hayan incluido las enmiendas de su grupo que hacían referencia al buen gobierno y que se haya «perdido» así la oportunidad de que se «produzca un cambio de verdad» en materia de transparencia por parte del Gobierno andaluz.

Por eso, y pese a que el PP-A ha apoyado la Ley en la votación final, el portavoz 'popular' ha insistido en que «lo suyo hubiera sido abordar el buen gobierno de forma conjunta con la Ley de transparencia» para no ser transparentes «sólo de boquilla» y para evitar que se sigan produciendo «escándalos que abochornan a los andaluces» como los de «los ERE, los fondos de formación o los de la Faffe».

Raynaud, que ha lamentado que sólo se hayan incluido cuatro de las 92 enmiendas que su grupo ha presentado, ha aprovechado para pedir «independencia y profesionalidad» para el Consejo de Transparencia y protección de datos y para requerir al Gobierno andaluz que conteste a todas y cada una de las preguntas que realizan los diputados 'populares' en el Parlamento. «Votaremos que sí porque creemos en la transparencia, pero esta ley sin más transparencia ni buen gobierno, va a provocar que tengamos que seguir utilizando este Parlamento para saber la verdad», ha apostillado.

Por su parte, la portavoz del PSOE-A Verónica Pérez ha señalado que esta ley es la llave para abrir muchas de esas puertas y ventanas que hasta ahora habían permanecido cerradas para la ciudadanía», añadiendo que se trata de una norma «de vanguardia y de máximos que va a colocar a Andalucía como un ejemplo de transparencia a nivel internacional».

Pérez, que como el resto de portavoces ha agradecido las aportaciones de los colectivos sociales a este texto, ha considerado que esta norma «ha sido mejorada» a lo largo del trámite parlamentario llevado a cabo hasta el momento, ha valorado que con la ley se haga «posible que la gente conozca cómo se gestionan los recursos públicos» y se ha mostrado convencida de que esta ley es «una oportunidad para devolver la confianza a mucha gente en la política».

Además, ha puesto en valor que haya habido un «buen clima de diálogo» entre las tres fuerzas políticas para buscar un acuerdo de máximos, razón por la que ha el PSOE ha aceptado cuatro enmiendas del PP y ha transaccionado otras cuatro, las cuales, no han sido aceptadas por los 'populares'.

Finalmente, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, que llevaba una camiseta con los colores de la bandera de la República, ha indicado que la norma que aprueba esta Cámara es «mejor» que el proyecto de ley inicial, gracias a las enmiendas incorporadas, que han elevado «el nivel de exigencia» de un ley «útil» que hace avanzar «en la buena dirección» y que hará «saltar las alarmas y la liebre cada vez que alguien tenga la tentación de meter la mano».

Tras destacar que esta ley es «más exigente» respecto a lo ya legislado a nivel nacional, Castro se ha mostrado convencido de esta normativa será «más útil» si se cumple con el paquete de regeneración democrático que comprende las leyes de Participación Ciudadana, de Participación Institucional, de Buen Gobierno y la reforma de la Ley Electoral de Andalucía y de la Ley de la Cámara de Cuentas.

Fuente: ABC

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O. PRE/966/2014 de 10jun por la que se publican las características de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Boletín Oficial del Estado: miércoles 11 de junio de 2014, Núm. 141

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Medidas financieras

• Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

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CSI-F Central Sindical Independiente y de Funcionarios Justicia pospone la transferencia de la gestión del Registro Civil, tras la oposición de sindicatos y trabajadores

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Beteta destaca el esfuerzo de racionalización de las CCAA y las EELL en los dos últimos años

Intervención en el Fórum Nueva Economía

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha destacado el esfuerzo extraordinario realizado por las comunidades autónomas en los dos últimos años: “Que entre 2012y 2013 las comunidades autónomas hayan podido reducir su déficit del 3,41% al 1,54%, 1,87 puntos de PIB, casi 19.000 millones de euros, es la demostración palpable de que sí se han comprometido con la reducción del déficit y la sostenibilidad de los servicios públicos, lo que necesitan y demandan los ciudadanos”.

- Un ajuste presupuestario de19.000 millones en las CCAA y de 8.000 millones en las EELL

- Los mecanismos extraordinarios de financiación del Gobierno han dispuesto de 105.000 millones para las administraciones territoriales

10 de junio de 2014.- Beteta, que ha participado en el Fórum Nueva Economía, ha reconocido también el gran papel de las entidades locales en la contención del déficit público, “han pasado de un déficit del 0,39% en 2011 al superávit del 0,22% en 2012 y del 0,41% en 2013, constituyen un modelo a seguir”.

ESFUERZO DE RACIONALIZACIÓN

Las CCAA, ha señalado Beteta, aplicaron medidas por valor de 13.476 millones en 2012 y 9.280,7 millones en 2013. Medidas que supusieron 16.666,8 millones de reducción de gastos y 6.089,99 millones de incremento de ingresos. Las EELL, por su parte, aplicaron medidas por valor de unos 4.000 millones de euros en estos dos años, de los que 1.900 millones procedían del incremento de ingresos y 2.200 de la reducción de gastos.

También ha sido importante la reducción del sector público instrumental. Las CCAA ya han superado sus objetivos en más de un tercio y siguen reduciendo entes públicos. Han suprimido ya más de 750, con un ahorro en el período 2011-2013 de 4.083 millones de euros. Para las EELL, la reducción ha supuesto un 20% menos de sus empresas públicas.

LEY DE ESTABILIDAD

El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha recordado que desde que comenzó a trabajar el actual Gobierno tuvo que poner en marcha medidas correctoras, porque el déficit no era del 6% como se les comunicó, sino que superó el 9%. “En el segundo Consejo de Ministros tuvimos que tomar ya importantes decisiones para ahorrar 15.175 millones”.

El Gobierno diseñó el mejor instrumento jurídico para evitar que esa situación se pudiera repetir en el futuro: la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera. “Una Ley que ya impide que ninguna Administración tenga la tentación de gastar más de lo que ingresa cuando no se cuenta con la suficiente garantía de financiación presente o futura”. Una ley, ha añadido Beteta, que “consagra jurídicamente una nueva forma de gobernar”.

MECANISMOS EXTRAORDINARIOS DE FINANCIACIÓN

Beteta, que ha insistido en el esfuerzo de las administraciones territoriales, también ha subrayado la importante ayuda que han recibido del Gobierno de España, con dos mecanismos fundamentalmente, el Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

El Fondo de Pago a Proveedores, en sus tres fases, registra un balance extraordinario: se han pagado más de 8 millones de facturas a casi 200.000 proveedores, fundamentalmente pymes, por un importe de 41.815 millones de euros, consiguiendo el mantenimiento estimado de 400.000 puestos de trabajo. Más del 60% de las facturas de las administraciones territoriales estaban relacionadas con la Sanidad y casi el 9% con educación y servicios sociales.

El FLA, por otro lado, al que se adhirieron en 2012 nueve comunidades autónomas, financió en los dos últimos años a las CCAA adheridas con 39.586,8 millones, a los que hay que añadir 23.000 millones previstos en el FLA de 2014, de los que ya se han pagado hasta mayo 9.335 millones. A finales de 2014, el FLA habrá financiado más de 62.586 millones de euros.

En total, casi 105.000 millones que el Gobierno ha puesto a disposición de las administraciones territoriales, principalmente para pagar las facturas pendientes con sus proveedores.

EVITAR LA MOROSIDAD

Dos mecanismos jurídicos nuevos evitarán la morosidad en las administraciones públicas a partir de ahora: la Ley orgánica de control de la deuda comercial del sector público y la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. “Dos leyes antimorosidad-ha subrayado Beteta- complementarias, que establecen un control del período medio de pago de facturas y garantizan que esas facturas queden ya registradas y puedan someterse a un control riguroso por parte de las administraciones o de los proveedores”.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) se inspira en tres principios: la racionalización del sector público, la mejora de la eficiencia de las AAPP y facilitar las relaciones de la Administración con ciudadanos y empresas. De todas las propuestas realizadas, ha señalado el secretario de Estado, se han concluido ya a 31 de mayo de 2014 el 34%.“Medidas como la ampliación de la Administración electrónica, que sólo en 2013 ha producido un ahorro superior a 16.500 millones de euros, permitiendo más de 370 millones de trámites, un 70% del total, por vía telemática”.

También ha resaltado el secretario de Estado la racionalización del patrimonio inmobiliario, con un ahorro de 120 millones de euros; la reducción de vehículos del parque móvil en un 29%; y la reducción en un 40% en los dos últimos años de las asignaciones directas a sindicatos, organizaciones empresariales o partidos políticos.

Asimismo, ha destacado Beteta la reducción de altos cargos en un 20% y la disminución del personal eventual, así como la reducción, vía fusiones o enajenaciones, de más de 80 empresas o sociedades del sector público estatal, y la limitación de las pensiones indemnizatorias de los altos cargos.

Fuente: INAP

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INAP: Cursos incluidos en el plan de formación en colaboración con las entidades locales para el año 2014

Resolución de 5 de junio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas, incluidas en el plan de formación en colaboración con las entidades locales para el año 2014 (11/6/2014)

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El Consejo Consultivo de Canarias solo avala parte del recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local interpuesto por el Gobierno Canario

El Consejo Consultivo de Canarias solo avala parte del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración del Estado que fue interpuesto por el Gobierno canario.

En concreto, el Consultivo, en el dictamen referido al citado recurso, señala que solo ve aspectos inconstitucionales en tres artículos y una disposición transitoria, de la casi treintena de apartados que se denuncian.

El Ejecutivo regional se basa en tres aspectos para recurrir estos apartados: "la vulneración de las competencias autonómicas en materia de régimen local, la lesión de la garantía institucional de la autonomía local en los términos constitucionalmente reconocidos y la vulneración de la reserva de ley orgánica prevista en el art. 135 de la Constitución", detalla el dictamen del Consultivo.

Estas vulneraciones solo son contempladas en cuatro apartados. Uno de estos es el artículo referido a la coordinación por parte de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes (cabildos) de determinados servicios en relación con los municipios de población inferior a 20.000 habitantes. En este apartado se establece que, en el caso de que los consistorios no puedan prestar esos servicios, los cabildos deberán hacerlo, pero previa autorización de la forma de gestión del Ministerio de Hacienda. Este último requisito vulnera las competencias ejecutivas en materia de régimen local.

Otro de los artículos inconstitucional es el referido a la creación o supresión de municipios y la alteración de términos municipales, donde se establece la fusión de localidades de menos de 5.000 habitantes o que no son financieramente sostenibles. La norma "atribuye a las Diputaciones o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, la función de coordinación y supervisión de la integración de los servicios resultantes, algo, que juicio del Consultivo, es inconstitucional porque vulnera la competencia autonómica.

Avala también el Consultivo la consideración del Gobierno regional de que "requiere el rango de ley orgánica" establecer que los planes económico-financieros de las corporaciones, cuando incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de regla de gasto, deben cumplir los requisitos que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por último, la disposición transitoria por la que se restringe las competencias de las mancomunidades exclusivamente a la realización de obras y prestación de servicios públicos también resulta inconstitucional, ya que "vulnera las competencias autonómicas para atribuir otras finalidades a las mancomunidades", señala el dictamen del Consejo Consultivo.

Fuente: El Día

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Técnicos y responsables políticos analizan en Guadalajara las políticas locales de apoyo a las familias

Alrededor trescientos representantes políticos y técnicos de Entidades Locales participan desde hoy en Guadalajara las II Jornadas sobre Políticas Locales de Apoyo a las Familias, organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara.

Las Jornadas, que se prolongarán hasta el miércoles, se enmarcan en los actos conmemorativos del XX Aniversario del Año Internacional de la Familia y en ellas se analizará el papel y las respuestas ofrecidas por las Administraciones Locales en materia de apoyo a las familias para afrontar los retos más destacados a los que éstas se enfrentan en la actualidad: las intervenciones con familias en situación de dificultad socioeconómica, la mejora de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la solidaridad intergeneracional y los programas y servicios de apoyo a la parentalidad positiva. También se darán a conocer, además, experiencias exitosas de programas y servicios de intervención social con familias, realizadas en el ámbito local.

Asimismo, el miércoles, día 11, al término de las jornadas, se presentarán la “Guía de buenas prácticas en parentalidad positiva, un recurso para apoyar la práctica profesional con familias”, elaborada por un grupo de expertos de varias Universidades españolas.

En el acto inaugural, la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado la necesidad de que todas las Administraciones trabajen conjuntamente en la aplicación de las políticas de familia, porque afectan a numerosos ámbitos de actuación, una colaboración, que es efectiva en el caso de los Gobiernos Locales, a través de los numerosos convenios entre la FEMP y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Camarero aludió en su intervención al alto valor que conceden los ciudadanos a la familia como agente de estabilidad social, escuela de valores y solidaridad y como soporte amortiguador de problemas económicos y afectivos.

El Secretario General de la FEMP, Angel Fernández, ha hecho hincapié sobre el protagonismo de las Entidades Locales en la aplicación de políticas de apoyo a las familias, por su posición privilegiada de proximidad a la ciudadanía. “Gracias a esta relación tan directa”, ha dicho “los servicios sociales municipales pueden identificar, en su origen, las intervenciones necesarias en familias necesitadas, elaborar políticas de conciliación de la vida familiar y laboral o afrontar la solidaridad intergeneracional, ejes, que coinciden con lo establecido por Naciones Unidas para el trabajo de este año”.

Por su parte, el Alcalde de Guadalajara y Presidente de la Comisión de Bienestar Social de la FEMP, Antonio Román; se ha referido al carácter transversal que deben tener las políticas de familia, porque afectan a todas las áreas de gestión de los Ayuntamientos: conciliación, infancia, discapacidad, mayores, transporte etc. hasta las políticas económicas y la fiscalidad local.

Las II Jornadas sobre Políticas Locales de Apoyo a las Familias forman parte de las actividades previstas en el convenio de colaboración entre la FEMP y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad sobre parentalidad positiva.

Fuente: FEMP

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El TS rectifica su doctrina sobre el requisito de temporalidad de los contratos en régimen de colaboración social

Se discute si la relación que une a la trabajadora demandante en la instancia con la Administración demandada, reúne los requisitos legalmente exigidos para los denominados “trabajos temporales de colaboración social”, esto es, que el trabajo sea de utilidad social y redunde en beneficio de la comunidad, y que tenga carácter temporal.



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El presidente de la Diputación de La Coruña: «La reforma local no se atrevió a plantear más fusiones»

Reivindica haber reformado la institución desde 2011.

«La ley de reforma local no se atrevió a plantear más fusiones de ayuntamientos». Así de claro se mostró el presidente de la Diputación de La Coruña, Diego Calvo, al ser preguntado por el balance de la fusión Oza-Cesuras, que juzga como un éxito. «No tiene sentido el número de municipios que hay», afirmó, a la vez que recordó que Francia ya ha emprendido reformas orientadas a la simplificación administrativa. «Me alegra que en Oza-Cesuras —comentó Calvo— se hubiese visto que no hubo un terremoto, que la gente seguía caminando por la calle. Sirvió para aclarar el camino». «Queda pendiente que se hubiese contagiado mucho más», lamentó.

En un desayuno organizado por la Asociación de la Prensa de La Coruña, reivindicó la Diputación como «una buena institución» que, cuando tomó sus riendas en 2011, era «muy poco ágil, muy presidencialista, parecía un laberinto» y a la que cree que consiguió dar «un vuelco importante» hasta convertirla en «la institución de referencia para los Ayuntamientos».

Diego Calvo no pudo evitar responder sobre la situación del alcalde de Santiago, Ángel Currás, tras la dimisión de ocho miembros de su grupo de gobierno, siete de ellos inhabilitados. «Le pido que piense bien lo que quiere hacer y que decida», aseveró tras ser preguntado sobre si Currás debería reconsiderar su decisión de no dimitir.

Fuente: ABC

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CiU pide reponer la capacidad de administración local en servicios sociales

El diputado de CiU Carles Campuzano defenderá el próximo miércoles una proposición no de ley en Comisión, en la que se pide al Gobierno que restablezca las competencias de la administración local en materia de servicios sociales.

CiU considera necesario derogar las disposiciones de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que fijan una nueva distribución de las competencias en materia de servicios sociales, impidiendo ofrecer a los municipios un servicio de mayor proximidad a los ciudadanos.

El grupo parlamentario catalán ya denunció que la reforma local suponía una importante "laminación de las competencias municipales en materia de servicios sociales y sanidad", de manera que los municipios "se ven obligados a dejar de prestar numerosos servicios pasando a ser éstos una competencia autonómica".

En opinión de Campuzano, la reforma local supone "un ataque frontal" a la autonomía local y a su marco competencial, al "modificar el régimen y organización territorial de las comunidades autónomas" provocando "un gran impacto presupuestario en la financiación de los servicios sociales por parte de las comunidades".

Campuzano considera que el modelo propuesto por el Gobierno "retrotrae a un sistema público de servicios sociales ya superado y caduco".

Además, el diputado de CiU cree que la nueva Ley "impone unilateralmente obligaciones financieras a las autonomías y aleja a la administración de los ciudadanos".

Fuente: La Vanguardia

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El PSOE de Andalucía ve en la cumbre de alcaldes "un fraude partidista" y exige al PP que "ponga fin al secuestro de la FAMP"

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Rafaela Crespín, ha exigido este lunes al PP andaluz que "ponga fin al secuestro" de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias "y devuelva la voz a los pueblos y ciudades de Andalucía" toda vez que considera que la cumbre de alcaldes convocada por los del 'populares' para este sábado 14 de junio en Antequera (Málaga) es "un fraude partidista que ignora la realidad de 764 municipios y donde sólo se escuchará a las grandes capitales".

Así ha contestado Crespín, a través de un comunicado, al portavoz del PP-A, Elías Bendodo, quien este lunes a apelado a la "responsabilidad" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para que asista a esta cita con los alcaldes de las ocho capitales de la comunidad.

Según Crespín, "frente a quienes tratan de desmontar la democracia municipal, en Andalucía tenemos una presidenta que conoce perfectamente las necesidades de todos los alcaldes y alcaldesas, ya sea de grandes capitales o de municipios pequeños, que escucha y da respuestas a sus problemas". Por ello, ha defendido que Díaz "es la mayor defensora del municipalismo" como, a su juicio, "demuestra su acción en el Gobierno andaluz".

En esta línea, la socialista ha asegurado que "la cumbre de alcaldes del PP-A, de ningún modo, representa la voz del municipalismo" andaluz y ha criticado que "el órgano legitimado para ello" esté "sometido al bloqueo institucional impuesto por la presidenta interina, la alcaldesa de Marbella (Málaga)", la 'popular' Ángeles Muñoz.

Del mismo modo, la secretaria de Política Municipal del PSOE-A ha lamentado que el PP-A "trate de ocultar el tremendo daño que la reforma local puede provocar en los pueblos y ciudades de Andalucía". "Es muy triste que ocho alcaldes se reúnan para dar su aval a quienes quieren acabar con los servicios públicos y recortar la calidad de vida en los municipios andaluces", ha añadido para tachar de "auténtica traición al municipalismo" la cumbre de alcaldes convocada por el PP-A, al que ha recordado su "estrepitoso fracaso" en las elecciones europeas del 25 de mayo, "donde han perdido prácticamente en el 90 por ciento de los municipios".

Fuente: Europa Press

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Consejo de Gobierno de Aragón aprobará el proyecto de Ley de Transparencia en junio

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobará el proyecto de Ley de Transparencia en la última reunión que celebrará este mes de junio, ha avanzado la directora general de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, Isabel Cebrián, que ha comparecido en la Comisión Institucional de las Cortes autónomas este lunes.

Cebrián ha informado de que en la fase de anteproyecto ha habido varias modificaciones. Por ejemplo, las entidades locales recibirán apoyo en materia de participación ciudadana, las convocatorias de ayudas se realizarán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, no solo podrán participar en estos procesos los aragoneses, sino otros ciudadanos residentes en Aragón.

Asimismo, se incluirá un listado de temas cuyos procesos legislativos deberán realizarse contando con la participación ciudadana. Otras medidas son el reconocimiento de las encuestas y los paneles ciudadanos como parte de la transparencia y se cambiará la denominación del registro de participación.

REPER

La directora general ha informado, por otra parte, sobre el traslado de la oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas a la sede de la Representación Permanente de España ante la UE (REPER). Ha dicho que permanecerá en su ubicación actual hasta el mes de septiembre, cuando vence el contrato de alquiler.

El ahorro de gastos corrientes será del 70 por ciento, pero "lo importante es la relación que se va a generar con el resto de comunidades autónomas que allí están y la relación directa con el Estado", a lo que se suma la posibilidad de utilizar recursos materiales de la REPER como las salas de videoconferencias y los salones de actos.

"Lo vemos como una ventaja", ya que "tener al Estado cerca para poder negociar con ellos es más importante que tener que desplazarnos físicamente para poder trabajar con ellos", ha agregado.

Isabel Cebrián ha dado cuenta a la Comisión del trabajo llevado a cabo en las diferentes áreas de su Dirección General, comentando que se han creado Consejos Locales de Participación para niños y adolescentes y se ha impulsado la sensibilización de la sociedad realizando cursos sobre esta materia junto con la Fundación 'Manuel Giménez Abad', UNICEF y la UNED.

Además se ha creado un portal digital de participación, que permite al Gobierno recabar aportaciones ciudadanas on line de participación y responderlas.

En el área de cooperación al desarrollo se ha implementado el Plan Anual de Cooperación bajo el paraguas del Plan Director (2012-2015). Los países de intervención prioritaria son los iberoamericannos, en especial Nicaragua, así como la Autoridad Nacional Palestina, los campamentos de refugiados saharauis y, a causa de la aparición del tifón Haiyan, Filipinas.

Cebrián ha comentado que es necesario definir nuevas medidas contra la pobreza en el mundo, después de que en 2015 concluya la presente fase de los Objetivos del Milenio.

La cooperación al desarrollo está presupuestada este año, como en los anteriores, en dos millones de euros, ha continuado la directora general, añadiendo que se han firmado convenios con UNICEF y entidades representativas de la población palestina afectada por la guerra de Siria y del Sáhara.

En el apartado de Acción Exterior, además del traslado de la oficina de Bruselas, Isabel Cebrián ha comentado que Aragón pertenece a la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), donde la Comunidad Autónoma ha promovido una declaración de presidentes regionales por el transporte sostenible, y al Comité de las Regiones de la UE

GRUPOS

La portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Patricia Luquin, ha afirmado que la inclusión de la participación ciudadana en la Dirección General es, únicamente, una "declaración de intenciones", tras lo que ha considerado que este órgano del Departamento es un "totum revolutum".

Ha asegurado que "la gente demanda más participación, democracia de más calidad", quejándose de que "este Gobierno escucha poco". Ha puesto el ejemplo de la reforma legislativa del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), en la que el Ejecutivo no ha atendido "ninguna de las demandas". Ha dicho que el traslado de la oficina de Bruselas a la REPER es un "cierre".

En representación de CHA, Gregorio Briz, ha opinado que la participación debe hacerse "de otra forma" y ha lamentado que "se ha abortado" y "restringido" la realización de iniciativas legislativas populares.

Ha restado valor al trabajo en la CTP al recordar que recientemente se ha desconvocado una reunión con la región francesa de Aquitania para dialogar sobre la reapertura del paso ferroviario de Canfranc (Huesca) y ha lamentado el traslado de la oficina de Bruselas.

El diputado del PSOE, Carlos Tomás, ha aseverado que los "incumplimientos" del consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, en materia de participación "significan el menosprecio más absoluto con todo aquello que tenga que ver con la nueva gobernanza y deliberación democrática".

Ha advertido de que las ONG están en una situación "muy complicada" por la reducción presupuestaria de las ayudas a la cooperación y, por otra parte, ha dicho que la gestión de las relaciones con instituciones comunitarias ha sido "un fiasco". Como el resto de la oposición y el PAR, ha criticado el traslado de la delegación del Gobierno autonómico en Bruselas.

El portavoz del Grupo Parlamentario del PAR, Alfredo Boné, ha discrepado con Cebrián sobre el traslado de la oficina de Bruselas a la REPER, argumentando que "significa menos autonomía y más supeditación a Madrid", a lo que ha añadido que "la autonomía no se puede medir en términos económicos".

Asimismo, Boné ha defendido la participación ciudadana y ha comentado que algunos proyectos de ley se han aprobado solo con los votos de los Grupos que sustentan al Ejecutivo no por culpa de este.

Desde el PP, Fernando González ha afirmado que la participación ha experimentado una "clara evolución" en los ayuntamientos, comarcas y diputaciones, aumentando "de forma considerable". Ha defendido el traslado de la oficina de Bruselas a la REPER.

Fuente: Europa Press

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La provincia en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 27 de diciembre de 2013

El trabajo analiza la reforma de la provincia en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local. En particular se examina el fortalecimiento de las Diputaciones provinciales a través del nuevo régimen de competencias y funciones: competencias propias, las nuevas funciones coordinación o cooperación, la transferencia de competencias a las Diputaciones; la delegación de competencias en las Diputaciones; gestión ordinaria de servicios autonómicos a través de las Diputaciones. Se pone de relieve que el alcance de la reforma va a ser necesariamente escaso, al menos en cuanto a la Provincia se refiere si se considera la ausencia en esta reforma ( una vez más a lo largo de tantas reformas) de las ya imprescindibles modificaciones que deben llevarse a cabo en el sistema de financiación de las entidades locales y en la ley electoral.



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La presidenta del Consell de Mallorca: "La Ley de reforma de la Administración Local no trata de quitar competencias, sino de racionalizar los recursos"

La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, ha destacado este viernes que la Ley de reforma de la Administración Local "no trata de quitar competencias a nadie, sino de racionalizar los recursos".

Así lo ha destacado en la inauguración de una nueva jornada sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la que han participado alcaldes, concejales, secretarios, interventores y personal técnico de los ayuntamientos de Mallorca.

La jornada, que ha tenido lugar en el Parque de Tecnologías Ambientales de Son Reus y ha reunido a 150 personas, ha tratado la reordenación de las competencias locales, así como los cambios en los servicios públicos que prevé la nueva ley.

Salom ha explicado que los objetivos de esta normativa son "evitar duplicidades con otras administraciones, de manera que se haga efectivo el principio de una administración una competencia", así como "racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera".

Así, ha indicado desde la institución insular son "conscientes" del papel que se tiene que jugar, ya que la Ley viene a reforzar el papel de los consells y las diputaciones.

"La situación a la que hemos llegado en estos últimos años de crisis pone de manifiesto que es necesario tomar este tipo de medidas. Los ciudadanos deben continuar recibiendo los mejores servicios, pero aprovechando al máximo los recursos de las administraciones", ha aseverado.

Por su lado, el conseller Bernardí Coll, ha manifestado que estas jornadas tienen la finalidad de "poner las bases para resolver los problemas que tengan los ayuntamientos". "Desde Cooperación Local pondremos a disposición de los ayuntamientos cuatro técnicos para una buena aplicación de la Ley", ha finalizado.

Fuente: Europa Press

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El PSOE dice que el Consejo de Estado respalda su tesis sobre la reforma local y pide a Rajoy que la paralice

El PSOE de Sevilla ha manifestado este viernes que el reciente dictamen no vinculante del Consejo de Estado sobre la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, respalda la idea de los socialistas en cuanto a la supuesta "inconstitucionalidad" de esta regulación, reclamando así al Gobierno central del popular Mariano Rajoy que paralice su aplicación.

Todo se encuadra en la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que incide especialmente en las competencias de los ayuntamientos. La nueva ley reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano, el abastecimiento de agua, el viario público, la Policía Local, el tráfico urbano o la promoción turística, por ejemplo, pero por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias determinantes, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.

Frente a esta regulación, el Gobierno andaluz de PSOE e IU-CA ha promovido un decreto Ley que, merced a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), reserva para los ayuntamientos 29 competencias, toda vez que dicho decreto Ley surge en paralelo a la impugnación de la citada ley ante el Tribunal Constitucional.

Hace pocos días, el Constitucional admitía a trámite los nueve recursos presentados contra este ley por tres parlamentos (Extremadura, Cataluña y Navarra), cuatro gobiernos autonómicos (Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias) y varios partidos de la oposición, entre ellos el PSOE. Posteriormente, el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la nueva regulación censurando aspectos como que las juntas locales de gobierno puedan aprobar planes de ajuste sin el respaldo del pleno corporativo.

A tal efecto, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, y la secretaria de política municipal del PSOE Andalucía, Rafaela Crespín, han dado cuenta este viernes, en el seno del Consejo de Alcaldes del PSOE de Sevilla, de los avances logrados en la lucha contra esta regulación que supone "un duro golpe a la autonomía municipal" y que afecta a los "servicios" que los ciudadanos reciben, precisamente, "desde la administración más cercana, la local". "Fuimos los primeros en avisar de que esta ley era inconstitucional y parece que eso nos lo confirman el Consejo de Estado y la admisión a trámite de los recursos", ha dicho Verónica Pérez.

Crespín, de su lado, ha aplaudido el resultado del Consejo de Estado, porque pone de manifiesto que "las juntas locales de gobierno no pueden tomar decisiones de calado en temas presupuestarios sin el pleno, quitando la voz y el voto del resto de concejales, que las diputaciones no pueden sustituir a los ayuntamientos porque éstos tienen autonomía plena y la trampa del coste efectivo de los servicios públicos para justificar su privatización".

Dado el caso, los socialistas han reclamado al Gobierno central del popular Mariano Rajoy "que rectifique y que paralice la aplicación de esta ley hasta que el Tribunal Constitucional aclare aspectos como los que pone en duda el Consejo de Estado".

Fuente: Europa Press

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PRC pide suspender la reforma local hasta que resuelva el TC

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, defenderá en el Pleno del próximo martes una moción para instar al Gobierno de España a promover las acciones necesarias para suspender la aplicación de la nueva ley de régimen local hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos presentados en su contra.

De la Sierra urgirá además al Ejecutivo cántabro a tomar todas las medidas necesarias, incluida la aprobación de normas y presentación de proyectos de ley en el Parlamento, para garantizar la prestación a los ciudadanos de los mismos servicios y de la misma calidad que los que recibían con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.

La iniciativa reclama también la publicación de los informes que sean necesarios para que los ayuntamientos "sepan con seguridad y claridad" cuáles son sus competencias actuales, cuál es la forma en que pueden o deben prestar los servicios, cuál es la financiación con la que cuentan, cómo se van a regularizar los convenios sobre competencias delegadas y cómo se va a coordinar su ejercicio.

Del mismo modo, De la Sierra reivindica un sistema para la resolución "rápida y eficaz" de las dudas de los ayuntamientos, los ciudadanos y las organizaciones sociales sobre la aplicación de la nueva ley y reclama que sean garantizados los medios y la financiación "suficientes" para que los municipios, especialmente los menores de 5.000 habitantes, puedan ejercer adecuadamente tanto las competencias que les son propias como las delegadas.

DESIDIA E IRRESPONSABILIDAD

Esta iniciativa está encaminada a poner fin a "la desidia y la irresponsabilidad" que hasta ahora ha demostrado el Gobierno de Cantabria ante la aplicación de la nueva ley y que ha provocado problemas como los surgidos en torno a la renovación de la Renta Social Básica, que "puede dejar a los beneficiarios sin cobrar un mes", o el cierre del Centro de la Mujer de Torrelavega.

El portavoz del PRC espera que la moción sirva para que el Ejecutivo "reaccione de una vez", porque de no hacerlo "muy pronto surgirán nuevos problemas en la prestación de servicios básicos para el ciudadano", que podrían abocar incluso a la desaparición de algunos de ellos.

Y es que a su juicio, Cantabria es en este momento la Comunidad Autónoma "peor tratada en España", ya que es la única que aún no ha dictado disposición alguna para evitar que se interrumpa la prestación de los servicios públicos que hasta ahora correspondían a los ayuntamientos y que, en virtud de la nueva ley, pasan a depender de la Administración autonómica.

"En lugar de cumplir su papel básico y liderar la puesta en marcha de la nueva ley, el Gobierno se está ocultando, como si quisiera pasar de ello, con lo que está creando problemas, incertidumbres y dudas muy importantes", ha lamentado.

Asimismo, ha denunciado que los ayuntamientos "vuelven a estar abandonados a su suerte por la falta absoluta de actuación" del Ejecutivo, cuya "falta de previsión, incapacidad e incompetencia ya ha puesto en peligro la percepción de la Renta Social Básica por más de 1.000 familias".

CENTRO MUJER TORRELAVEGA

Del mismo modo, ha reiterado que el cierre del Centro de la Mujer de Torrelavega también es consecuencia de la falta de desarrollo de la reforma local y ha advertido que, de mantenerse el "vacío" actual, pueden verse afectados otros servicios en materia de educación, cultura, promoción de la mujer, defensa de usuarios y consumidores, vivienda, sanidad, atención primaria de la salud, de servicios sociales y protección del medio ambiente.

"Los ayuntamientos estaban llevando a cabo servicios fundamentales para los ciudadanos que dejan de ser competencia municipal y que debe asumir la Comunidad Autónoma o delegar en los municipios con la correspondiente financiación, pero a día de hoy no se sabe quién va a asumirlos en el futuro y probablemente muchos de ellos dejen de prestarse", ha advertido.

De la Sierra ha recalcado por todo ello la "gravísima incertidumbre" que suscita el Gobierno al permanecer "inactivo y callado" ante la necesidad de desarrollo de la ley de régimen local.

Fuente: Europa Press

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