La justicia califica de accidente laboral la baja de un secretario municipal que discutió con su alcalde

El alcalde y el secretario de Ausejo tuvieron en el Ayuntamiento una «acalorada» discusión tras la que el profesional sufrió una crisis de ansiedad.

Discutir con el jefe, con lo que ello implica, puede considerarse como un accidente laboral. Al menos si de esa discusión se deriva una situación de baja. Así lo ha determinado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que, tras revocar una sentencia del Juzgado de lo Social de Logroño, considera que la crisis de ansiedad que mantuvo al secretario-interventor del Ayuntamiento de Ausejo en situación de baja laboral después de una agria discusión con el alcalde (Rafael Fernández, del PSOE) -que vendría a ser su 'jefe'- fue consecuencia de un accidente laboral.

Los hechos que provocaron la baja del secretario-interventor tuvieron lugar el día 16 de julio del 2012, pero a juicio del afectado la tensión laboral, la tirantez entre él y el alcalde se fraguó en los meses previos después de que el primer edil le advirtiera, siempre según su versión, que debía ser «más flexible en la aplicación de la ley». Ante su negativa, asegura que se generó «un ambiente de trabajo hostil».

Y así llegaron uno y otro al 16 de julio. Hacia las 9 horas de aquel día -según los hechos probados del primer fallo que el TSJR no altera- tuvo lugar en el despacho del secretario una discusión «acalorada» entre él y el alcalde al negarse el primero a pagar la nómina de una de las trabajadoras (la sentencia no abunda más en los motivos). En un momento dado «el alcalde dio un golpe a la impresora que se encuentra en la oficina». Tras quince minutos de 'pelea dialéctica' el alcalde salió del despacho del secretario. Poco después lo hizo éste para dar una serie de instrucciones a los trabajadores sobre unos expedientes y abandonar el Consistorio de Ausejo. Tardó tres meses en regresar.

Su destino fue el servicio de Urgencias del San Pedro de Logroño en donde se le apreció «un leve eritema y erosión superficial lineal en cara lateral cervical» con impresión de «agresión física». Pese a ese informe médico la sentencia del juzgado apunta que no está probado «que por parte del alcalde se agrediera al actor ni que se le insultara o manifestara expresión vejatoria alguna».

«Ansiedad por agresión»

Ese mismo día su médico de cabecera, ante el cuadro de «ansiedad originado por la agresión», le firmó la baja laboral que fue renovando semanalmente hasta el 16 de octubre de ese año. El enredo entre uno y otro se completó con dos denuncias cruzadas: el alcalde le acusó de haberse llevado las claves de varias cuentas bancarias municipales; y el secretario, por sufrir «vejaciones, coacciones e incluso amenazas».

Y la puntilla la puso, ya en el 2013, la determinación de si la baja fue o no por accidente laboral. El primer médico evaluador dijo que sí; el equipo de valoración, que no; y la Seguridad Social hizo suya esta segunda idea para cargar el pago de las prestaciones a la mutua.

También el Juzgado de lo Social consideró que no era accidente laboral y valoró la discusión como «una incidencia de trabajo que no justifica la aparición del síndrome de ansiedad». Pero el TSJR le desautoriza, revoca su fallo y apunta que la discusión «mantenida en tiempo y lugar de trabajo» causó la crisis de ansiedad que necesitó atención médica y motivó su baja laboral. La Sala de lo Social profundiza en la importancia del lugar en que tuvo el enfrentamiento para recordar que la legislación considera accidente laboral «toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo». Además dice que así será salvo que se pruebe «de forma inequívoca» que no hay relación entre trabajo y enfermedad, algo que no ha quedado demostrado.

Así, la discusión entre alcalde (jefe) y secretario (trabajador) fue, además de acalorada, un accidente laboral.

Fuente: La Rioja.com

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Entidades catalanas piden al TC agilidad en el recurso sobre la reforma local

Las dos asociaciones de municipios más destacadas de Cataluña, ACM y FMC, han reclamado hoy al Tribunal Constitucional (TC) "agilidad" en la tramitación de los recursos presentados contra la Ley Estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración (LRSAL).

Así lo han constatado el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, en el marco de una sesión de trabajo que se ha realizado en el Consejo Comarcal del Vallès Occidental, junto a la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).

"Pido al Tribunal Constitucional que sea rápido en la respuesta del recurso de inconstitucionalidad que han presentado 2.500 ayuntamientos de toda España en contra de la LRSAL", ha señalado Buch.

"Esta ley afecta directamente a cuestiones como los servicios sociales, los servicios de promoción económica o de otros que prestan los ayuntamientos", ha añadido el representante municipal.

En este sentido, el presidente de la FMC, Xavier Amor, ha destacado el carácter injusto de la nueva ley, que tiene consecuencias muy negativas en la gestión y el día a día de los municipios.

"No soluciona, empeora y además provoca mucha incertidumbre porque si una misma ley es interpretada diferente por dos secretarios o interventores municipales es que no es lo suficientemente clara", ha señalado Amor.

Fuente: La Vanguardia

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ARAGÓN: Convocatoria del Diploma de Especialización en Derecho Local de Aragón

ORDEN de 20 de noviembre de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se convocan, en convenio con la Universidad de Zaragoza, tres ediciones del Diploma de Especialización en Derecho Local de Aragón, a celebrar en Zaragoza (ZA0002/2015), Huesca (HU 0003/2015) y Teruel (TE 0004/2015), durante el año 2015 (BOA 5/12/2014)

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Aprecia el TS que se ha producido una actuación discriminatoria en la baja de una analista de Jurisprudencia del CENDOJ, por causa exclusiva de su maternidad

Se revoca el acuerdo del Pleno del CGPJ que desestimó la pretensión de la demandante de resarcimiento de retribuciones económicas como analista de Jurisprudencia del CENDOJ referida al periodo de licencia de maternidad, restitución de derechos e indemnización. Considera el TS que la baja de la actora en el sistema de análisis de sentencias se produjo por causa exclusiva de su maternidad y no, como argumenta la Administración, “por no haberse prestado el trabajo de manera efectiva”.



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Habilitados nacionales y prevención de la corrupción

José Picado Carballeira

Consultor y profesor en la Escuela de Finanzas

El debate sobre la corrupción celebrado hace unos días en el Congreso de los Diputados cumplió, con creces, todas las expectativas: fue un desastre. Cargado de eufemismos, de reproches, de "yo no hablaré de esto, pero...", de "y tú más", etcétera. Vamos, lo habitual en los últimos tiempos. Pero de propuestas concretas y medidas ejecutables en el corto plazo que pudiesen frenar -o al menos paliar- la plaga de comportamientos corruptos y actividades delictivas, poco o casi nada. La negación de la premisa mayor de corrupción generalizada por parte del presidente Rajoy y la lectura de algunas medidas ya presentadas hace un año, con algún pequeño retoque, fueron sus argumentos. Entre ellas, modificaciones legislativas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cambios en los modelos de financiación de los partidos políticos, el estatuto propio para altos cargos de la Administración, nuevos modelos de funcionamiento operativo y democrático de los partidos y otras del mismo tenor. De entre todas tal vez las más concretas y aplicables de forma inminente sean las que tratan sobre la reforma de la Ley de Contratos y, en particular, la limitación de los casos en los que se puede usar el procedimiento negociado en las administraciones locales.

El debate en la calle, en las universidades y en los medios es mucho más rico y productivo. Escuchamos al fiscal superior de Galicia reclamando "medidas de prevención, como crear una entidad independiente para controlar la gestión pública". O a catedráticos de Derecho Administrativo, como Agustí Cerrillo, explicando que todas las medidas que se están tomando "son a toro pasado, cuando el delito ya se ha cometido", y poniendo el acento nuevamente en las medidas de prevención". Hasta el propio Pérez Rubalcaba, ahora que "habla sin presión", se acuerda de la necesidad de tomar medidas para prevenir la corrupción y, en cualquier caso, con la suficiente eficacia y ejemplaridad que convenzan al corrupto de que más pronto que tarde va a ser cazado por sus fechorías.

Más cambios legislativos, nuevos órganos controladores. Esta es la receta. Porque si hacemos una ley nueva, seguro que será eficaz. Seguro que, esta vez sí, se va a cumplir. ¿Y por qué no se cumplen las que están en vigor? En el caso de la Administración local por una clara razón: los órganos preventivos, conocedores de la legislación y encargados de que se cumpla, los habilitados nacionales, fueron desactivados, despojados de instrumentos de control por el propio poder político al que deben controlar, aunque luego se les reclame esta responsabilidad. Los habilitados nacionales, secretarios, interventores y tesoreros, tendrían que constituir aquello para lo que fueron creados: el mejor de los órganos para el control administrativo interno, para la ayuda y el control del poder político, y para garantizar el cumplimiento exacto de la ley y los procedimientos. Repasemos las funciones que tienen asignadas por ley en su tarea de apoyo a la clase política:

- Promover las operaciones económicas, eficientes y eficaces, para que se puedan prestar servicios de la calidad acorde con la misión que la institución debe cumplir.

- Preservar los recursos frente a pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, fraude o irregularidades.

- Respetar las leyes, reglamentaciones y directivas vigentes.

- Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables y presentarlos correctamente en los informes oportunos.

Ya ven. Aquí las tenemos, medidas eficaces, preventivas y de apoyo y control sobre la actividad del poder político, por lo demás legítimo (faltaría más) y democrático, pero desconocedor en la mayoría de las ocasiones del funcionamiento de la Administración. Únicamente haría falta devolver a los interventores y secretarios el importante papel que deberían desempeñar. Muchos alcaldes y concejales se lo pensarían dos veces antes de saltarse cualquier procedimiento de contratación, de destinar recursos públicos a tareas para los que no estaban presupuestados, o, como ha sucedido en Galicia, asistir a la creación en un ayuntamiento de una oficina de control presupuestario por parte de un alcalde al que el interventor no daba el visto bueno para la realización de gastos no previstos y con fondos no disponibles. Por no hablar del bochorno actual de la situación en Vigo, con un alcalde que mantiene contra la denuncia de la Dirección Xeral de Administración Local al jefe de contabilidad en el puesto de interventor cuando no posee ni el mérito ni la capacidad para ejercer esas funciones de rango superior. Lo de siempre, un político por encima del bien y del mal, por encima de la ley y los procedimientos, actuando en nombre de los votos que obtiene en cada contienda electoral y erigiéndose en el único valedor del buen hacer y buen gobierno de los dineros públicos. A un paso del caos, del descontrol y del juez.

Fuente: Economía Digital

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Al final, vamos a poder aportar a Elkarkidetza

Admitida la enmienda sobre este tema en el Senado. Eskerrik asko. http://ift.tt/1yLYe7p en: Cuestiones prácticas



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La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente subraya el "desafío" para la gestión ambiental que constituyen las ciudades y su alta concentración poblacional

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado este lunes el "desafío" para la gestión ambiental que constituyen las ciudades y ha destacado, en este sentido, que más de la mitad de la población mundial vive en ellas y, en algunos sitios como Europa, hasta el 80 por ciento.

La titular de Medio Ambiente ha hecho estas declaraciones durante la entrega de los Premios Ciudad Sostenible de Fórum Ambiental que, en esta XII edición, han reconocido la labor de los ayuntamientos de La Laguna, Ontinyent y Mataró, al Consejo Comarcal de Osona, al Consorcio Vallés Oriental, y, en especial, al Ayuntamiento de Pamplona, por su distinción como Ciudad más Sostenible.

Durante el acto, Tejerina ha recalcado que del mismo modo que supone un "desafío", las actuaciones para mejorar la sostenibilidad suponen del mismo modo una "una gran oportunidad para generar actividad económica y empleo duradero y de calidad". "Y, en definitiva, para que España avance hacia un modelo de desarrollo económico inteligente e integrador", ha apostillado.

La alta concentración poblacional en las ciudadades, ha indicado la ministra, es un factor que afecta "a la calidad del aire, a la gestión de residuos, a los niveles de ruido y a la calidad y disponibilidad del agua, así como a su posterior depuración antes de devolverla al medio natural". "Y en materia de energía, las ciudades representan entre el 60 y el 80 por ciento del consumo total; y generan cerca del 75 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera", ha añadido.

La titular de Medio Ambiente ha puesto en valor igualmente las medidas puestas en marcha por el Ministerio en eficiencia energética y reducción de emisiones; reducción del ruido; generación de residuos y garantía de abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente. "Trabajamos para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, protegiendo el medio ambiente, y fomentando la actividad económica sostenible", ha concluido.

Fuente: Europa Press

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