José Picado Carballeira
Consultor y profesor en la Escuela de Finanzas
El debate sobre la corrupción celebrado hace unos días en el Congreso de los Diputados cumplió, con creces, todas las expectativas: fue un desastre. Cargado de eufemismos, de reproches, de "yo no hablaré de esto, pero...", de "y tú más", etcétera. Vamos, lo habitual en los últimos tiempos. Pero de propuestas concretas y medidas ejecutables en el corto plazo que pudiesen frenar -o al menos paliar- la plaga de comportamientos corruptos y actividades delictivas, poco o casi nada. La negación de la premisa mayor de corrupción generalizada por parte del presidente Rajoy y la lectura de algunas medidas ya presentadas hace un año, con algún pequeño retoque, fueron sus argumentos. Entre ellas, modificaciones legislativas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cambios en los modelos de financiación de los partidos políticos, el estatuto propio para altos cargos de la Administración, nuevos modelos de funcionamiento operativo y democrático de los partidos y otras del mismo tenor. De entre todas tal vez las más concretas y aplicables de forma inminente sean las que tratan sobre la reforma de la Ley de Contratos y, en particular, la limitación de los casos en los que se puede usar el procedimiento negociado en las administraciones locales.
El debate en la calle, en las universidades y en los medios es mucho más rico y productivo. Escuchamos al fiscal superior de Galicia reclamando "medidas de prevención, como crear una entidad independiente para controlar la gestión pública". O a catedráticos de Derecho Administrativo, como Agustí Cerrillo, explicando que todas las medidas que se están tomando "son a toro pasado, cuando el delito ya se ha cometido", y poniendo el acento nuevamente en las medidas de prevención". Hasta el propio Pérez Rubalcaba, ahora que "habla sin presión", se acuerda de la necesidad de tomar medidas para prevenir la corrupción y, en cualquier caso, con la suficiente eficacia y ejemplaridad que convenzan al corrupto de que más pronto que tarde va a ser cazado por sus fechorías.
Más cambios legislativos, nuevos órganos controladores. Esta es la receta. Porque si hacemos una ley nueva, seguro que será eficaz. Seguro que, esta vez sí, se va a cumplir. ¿Y por qué no se cumplen las que están en vigor? En el caso de la Administración local por una clara razón: los órganos preventivos, conocedores de la legislación y encargados de que se cumpla, los habilitados nacionales, fueron desactivados, despojados de instrumentos de control por el propio poder político al que deben controlar, aunque luego se les reclame esta responsabilidad. Los habilitados nacionales, secretarios, interventores y tesoreros, tendrían que constituir aquello para lo que fueron creados: el mejor de los órganos para el control administrativo interno, para la ayuda y el control del poder político, y para garantizar el cumplimiento exacto de la ley y los procedimientos. Repasemos las funciones que tienen asignadas por ley en su tarea de apoyo a la clase política:
- Promover las operaciones económicas, eficientes y eficaces, para que se puedan prestar servicios de la calidad acorde con la misión que la institución debe cumplir.
- Preservar los recursos frente a pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, fraude o irregularidades.
- Respetar las leyes, reglamentaciones y directivas vigentes.
- Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables y presentarlos correctamente en los informes oportunos.
Ya ven. Aquí las tenemos, medidas eficaces, preventivas y de apoyo y control sobre la actividad del poder político, por lo demás legítimo (faltaría más) y democrático, pero desconocedor en la mayoría de las ocasiones del funcionamiento de la Administración. Únicamente haría falta devolver a los interventores y secretarios el importante papel que deberían desempeñar. Muchos alcaldes y concejales se lo pensarían dos veces antes de saltarse cualquier procedimiento de contratación, de destinar recursos públicos a tareas para los que no estaban presupuestados, o, como ha sucedido en Galicia, asistir a la creación en un ayuntamiento de una oficina de control presupuestario por parte de un alcalde al que el interventor no daba el visto bueno para la realización de gastos no previstos y con fondos no disponibles. Por no hablar del bochorno actual de la situación en Vigo, con un alcalde que mantiene contra la denuncia de la Dirección Xeral de Administración Local al jefe de contabilidad en el puesto de interventor cuando no posee ni el mérito ni la capacidad para ejercer esas funciones de rango superior. Lo de siempre, un político por encima del bien y del mal, por encima de la ley y los procedimientos, actuando en nombre de los votos que obtiene en cada contienda electoral y erigiéndose en el único valedor del buen hacer y buen gobierno de los dineros públicos. A un paso del caos, del descontrol y del juez.
Fuente: Economía Digital
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