sábado, 7 de junio de 2014

UGT realizará propuestas a la Ley de ordenación del territorio en busca de un desarrollo rural efectivo - Provincia - Salamanca24horas.com - Periódico líder digital de Salamanca

De Santiago: «¿De verdad son en el PSCL tan vengativos como aparentan?» - ABC.es

La Ley de Ordenación del Territorio está bloqueando el Plan de Convergencia - La Opinión de Zamora

Estrategia del Gobierno vasco en materia de innovación pública con horizonte 2016

ERKOREKA-


El Gobierno vasco ha diseñado una estrategia en materia de innovación pública con 6 ejes de actuación, 28 proyectos concretos y 46 acciones que irá desarrollando con un horizonte de trabajo y evaluación de cara al año 2016.


Los seis ejes de actuación son:


• Transparencia y buen Gobierno.

• Interacción con la ciudadanía.

• Adecuación organizativa.

• Mejora de la gestión.

• Administración electrónica.

• Innovación desde la co-creación.


Entre los 28 proyectos y 46 acciones concretas, destaca la apuesta del Gobierno vasco por el teléfono móvil y las tabletas como herramientas de comunicación cercanas, rápidas y eficaces para atender a la ciudadanía. De esta manera:


• El Gobierno comenzará a atender las dudas y consultas de la ciudadanía a través de la aplicación Whatsapp. Euskadi se convertirá así en la primera Comunidad Autónoma en utilizar esta popular aplicación en su comunicación con las personas.

• El Gobierno creará una aplicación móvil para que la ciudadanía acceda a los servicios públicos disponibles online a través del teléfono móvil.

• El Gobierno incorporará el teléfono a los canales posibles para poder realizar trámites que en la actualidad sólo pueden realizarse manera online o presencial.


Otro de los retos que recoge la estrategia en innovación pública tiene que ver con la desaparición del papel en la gestión y tramitación de la Administración Pública de manera que para 2016:


• El Gobierno eliminará la entrada de papel en la Administración. En 2016, toda la documentación que entre en la Administración Pública vasca deberá ser digital. Aunque las personas a las que se atienda de manera presencial opten por entregar la documentación en papel, el Gobierno la escaneará y devolverá el papel a quién realice los trámites.

• El Gobierno ofrecerá online la posibilidad de realizar todos los trámites que la ciudadanía tenga que realizar con la Administración.


Noticia completa y videos:


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La Asociación Española para la Calidad (AEC) ultima un proyecto de certificación de Directivos Públicos Profesionales (Blog gestores públicos)

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Del blog http://ift.tt/SlFtFS


Según declaró la representante de la Asociación Española para la Calidad (AEC), Diana Tallo, en el transcurso de la I Jornada sobre la situación de la Dirección Pública Profesional en España, celebrada el pasado miércoles en el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, en los próximos meses esa entidad privada e independiente estará en disposición de certificar Directivos Públicos Profesionales.



La certificación se efectuará a partir de un proyecto diseñado por Fundación para los Compromisos de la Calidad , que preside Fernando Monar , y que se implementa a partir de la verificación de competencias profesionales de los aspirantes (requisitos de titulación de grado, experiencia profesional, habilidades o competencias directivas, etc. ).


Noticia completa:









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¿“RÉQUIEM” POR LOS CONSORCIOS? Notas sobre el nuevo régimen jurídico de los Consorcios tras la LERSAL.

RJA



La fórmula de los Consorcios ha sido profusamente utilizada por las diferentes Administraciones Públicas. En el ámbito local, que es el objeto de análisis de estas líneas, el Consorcio se ha transformado en una entidad prestadora de servicios públicos locales y ha sido utilizada asimismo para incorporar en algunos casos a entidades privadas sin ánimo de lucro en la gestión de intereses públicos locales. En alguna legislación los Consorcios han sido incluso caracterizados como entidades locales. La naturaleza jurídica de estas entidades siempre ha estado sometida a debate.





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viernes, 6 de junio de 2014

Los alcaldes del PP asturiano rechazan el decreto para adaptar la reforma local


Según el Gobierno regional, el texto busca garantizar la continuidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.


La Comisión Asturiana de Administración Local (CAAL) ha dado el visto bueno hoy al proyecto de decreto para avanzar en la aplicación en el Principado de la reforma local con los votos en contra de los representantes de Oviedo y Cangas del Narcea, ambos del PP, y la abstención de Siero, donde gobierna Foro.


Según el Gobierno regional, el texto busca evitar disfuncionalidades que pueda originar la aplicación de la reforma local, facilitar el ejercicio de las competencias en los distintos niveles de gobierno y garantizar la continuidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.


La reforma local establece que las comunidades autónomas deben elaborar informes que, en determinados casos, verifiquen que los ayuntamientos puedan seguir ejerciendo competencias que no son propias ni delegadas.


De esta forma el decreto regula cómo se deben realizar estos informes, que deberán acreditar que los concejos pueden soportar financieramente la asunción de las competencias y descartar que existan duplicidades de servicios entre las administraciones municipal y autonómica.


Dichos informes se realizarán a petición municipal y todas las solicitudes se centralizarán en la Dirección General de Administración Local, que actuará de órgano coordinador.


Asimismo, el texto regula los convenios de colaboración entre municipios y Principado para la financiación de servicios que se prestan de manera conjunta, garantizando su continuidad y el cobro para los ayuntamientos de forma que se da continuidad a la prestación de servicios por parte de los concejos, "paliando los efectos de la aplicación de la reforma", según el Gobierno.


Tras su paso por la Comisión de Administración Local, un órgano consultivo formada por 26 miembros -13 del Principado y 13 de los municipios-, el texto del decreto se someterá a informe del Consejo Consultivo antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno.


Fuente: Europa Press







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El BNG pide que Montoro explique al Congreso si frenará la reforma local hasta que el TC resuelva los recursos


Y tras las pegas que ha puesto el Consejo de Estado


El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que aclare si va a suspender la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local hasta que el Tribunal Constitucional resuelva los numerosos recursos que se han presentado contra la norma y teniendo en cuenta que el propio Consejo de Estado ha alertado de que algunos de sus preceptos presentan dudas de constitucionalidad.


Además de solicitar la presencia en la Cámara del titular de Hacienda, la portavoz de los nacionalistas gallegos, Olaia Fernández Davila, ha presentado una batería de preguntas para saber qué piensa hacer el Ejecutivo después de que el máximo órgano consultivo del Gobierno haya dejado claro que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para que los afectados por la reforma "planteen conflicto en defensa de la autonomía local".


El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció este miércoles que el Gobierno modificará la ley teniendo en cuenta el dictamen del Consejo de Estado, pero para el BNG esto no es suficiente y reclama la suspensión de su aplicación hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el conjunto de la ley.


El Alto Tribunal tiene pendiente resolver los nueve recursos o conflictos de competencias planteados por distintas administraciones y partidos -entre ellos la mayor parte de la oposición y los Parlamentos de Extremadura, Cataluña, Navarra y Andalucía-. A ellos se sumará el que preparan casi 2.400 municipios que representan a unos 17 millones de ciudadanos.


DOS ARTÍCULOS DUDOSOS


De momento, la modificación anunciada por Hacienda tiene como objetivo retirar a los equipos de gobierno de los Ayuntamientos la capacidad de aprobar planes de ajuste sin el consentimiento del Pleno, uno de los puntos censurados por el Consejo de Estado.


Además de esta cuestión, el dictamen también advertía de que el artículo que establece la prestación por parte de la Diputaciones Provinciales de servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes y el que determina el coste efectivo de los servicios, también pueden lesionar la autonomía local.


Fuente: Europa Press







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La Diputación de Sevilla replica al PP que lo que "maniata" el reparto del superávit es la reforma local


El portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Sevilla, Manuel Domínguez, ha rechazado tajantemente la acusación de falta de claridad y de transparencia que argumenta el portavoz del Partido Popular de la Diputación, Eloy Carmona, para exigir al Gobierno Provincial que revoque el replanteamiento de los 132 proyectos propuestos por ayuntamientos para ser financiados con los 39,3 millones de euros procedentes de la liquidación del ejercicio presupuestario 2012.


Hay que recordar que, según el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, estos proyectos, que son los que reflejan "las prioridades y voluntades" de los alcaldes y alcaldesas de la provincia, no pueden ser financiados a cargo del superávit al no ajustarse a la definición de iniciativa 'financieramente sostenible' que marca el Ministerio de Hacienda, como defiende el Gobierno provincial socialista, extremo este último que no convence al PP.


Manolo Domínguez asegura, de cualquier modo, que "lo que el presidente de la Diputación ha intentado, por encima de todo, ha sido poner en carga estos 39,3 millones del superávit de 2012 para financiar aquellos proyectos que constituyen las prioridades marcadas por los alcaldes de la provincia y que Villalobos se ha encontrado con el hándicap de que sea el Ministerio el que esté reconduciendo a qué partidas hay que destinar este dinero, frente a la voluntad y autonomía de los ayuntamientos sevillanos".


"Esto es así --explica Domínguez-- hasta el punto de que la intención del presidente era satisfacer las demandas expresadas por la mayoría de alcaldes sevillanos, de que estas inversiones fueran destinadas a fomentar empleo, dadas las repercusiones de la crisis en sus municipios. Sin embargo, esto no ha sido posible por una Ley de Reforma Local que maniata esa autonomía y tuerce las voluntades de los alcaldes, a los que obliga a realizar las inversiones que el Ministerio considera 'financieramente sostenibles".


Con respecto a la presunta falta de transparencia en los criterios del presidente, Domínguez asegura que "no es Villalobos quien marca dichos criterios, sino que son los expertos, en este caso el secretario general y el interventor, quiénes informan sobre los márgenes de actuación del Equipo de Gobierno, en función de las especificaciones al respecto de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y las indicaciones posteriores procedentes del Ministerio de Hacienda". Un informe al que, según Domínguez, "todos los grupos políticos con representación provincial van a tener acceso por el cauce reglamentario: las comisiones informativas".


"Lo único cierto de esta Ley - continúa Domínguez - es su interés por conculcar la autonomía local y la voluntad de los alcaldes y alcaldesas. Pero, en todo lo demás, deja tantos resquicios, que es posible que otras instituciones estén realizando interpretaciones en otra línea. La Diputación de Sevilla se está ateniendo a las respuestas que el Ministerio de Hacienda ha ofrecido a las consultas que le hemos realizado. Si el Ministerio ha contestado en otro sentido a otras instituciones, y el señor Carmona tiene información que no tengamos, sería bueno que la compartiera para beneficio de todos esos alcaldes a los que hace alusión".


Fuente: Europa Press







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El presidente de la Diputación de Sevilla pide una gestión del agua centrada en las personas frente a la visión de costes de la reforma local


El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha defendido este jueves una gestión de los recursos hídricos desde lo público y siempre "centrada en las personas", frente al prisma de costes implícito en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, según avisa.


Rodríguez Villalobos ha participado este jueves en los actos del Día Mundial del Medio Ambiente celebrados en el campus Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza (Jaén), un lugar en el que ha tratado el papel de las instituciones en la gestión de los recursos hídricos, pues "aquí, como en otras cuestiones, también está latente el debate de una gestión pública o privada de los recursos", aunque "con un gran matiz que no se nos puede pasar por alto. Que en este caso estamos hablando de agua".


"Es un recurso sin el que la vida no es posible. Un elemento estratégico que ya está siendo objeto de todo tipo de especulaciones a nivel mundial", dice Villalobos, quien en este marco señala la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, porque "como ya hemos dicho en repetidas ocasiones desde el municipalismo, abre la puerta a las privatizaciones, a base de colapsar a las diputaciones en su trabajo y cometido diario".


"Con la ley en la mano, nos tocará ser los guardianes del coste efectivo del servicio de suministro y depuración de aguas en los pueblos de nuestra provincia", dice respecto al papel de las Diputaciones. "Si nos quedamos en esa visión reduccionista, nuestra tarea pasa, efectivamente, por vigilar los costes y hacernos cargo del servicio en aquellos casos en que sea más caro que en la media, pero la función de coordinación de las diputaciones aquí no pasa por embridar en corto a aquellos que no cumplan el coste efectivo, porque las personas deben ser y continuar siendo el centro de nuestras políticas hídricas".


"La tarea no es dar azotes y hacer propuestas para abaratar ese servicio. Nuestra gestión debe ser una gestión centrada en las personas, no en el coste", enfatiza el presidente de la Diputación de Sevilla, quien ha defendido que "esas familias que no tienen para pagar el agua y les garantizamos el suministro desde Aljarafesa o el Huesna, tarde o temprano saldrán de su escollo".


"No se trata de coordinar para cuadrar las cuentas. Hay que coordinar para regular la prestación del servicio en clave pública y, desde ahí, garantizar el agua a nuestros vecinos y vecinas".


"Lo más importante no es a cuánto prestamos el servicio, sino cómo y bajo qué estándares ofrecemos ese servicio a unos ciudadanos que, en principio, no deben ser discriminados en calidad del agua por el solo hecho de vivir en un pueblo o en otro, en una comarca o en otra, en una provincia o en otra", ha defendido.


Fuente: Europa Press







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jueves, 5 de junio de 2014

El TS reconoce a las mujeres que estén próximas a dar a luz a que los tribunales de oposición logren hacer efectiva la igualdad para el acceso a las pruebas en las mismas condiciones que el resto de los aspirantes

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra la sentencia que estimó la pretensión de la demandante, aspirante admitida al proceso selectivo convocado para la provisión de dos plazas de Diplomado en Enfermería, y le reconoció el derecho a participar en el ejercicio de la oposición, bien en su domicilio o en el centro sanitario en el que estuviera ingresada, dado el avanzado estado de gestación en el que se encontraba y ante la previsión de que en la fecha del examen estuviera de parto.



via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://ift.tt/1j0Tksi

El Parlamento aprueba la próxima semana la Ley de Transparencia pública de Andalucía


El Pleno del Parlamento tiene previsto aprobar la próxima semana, en virtud de la mayoría que ostentan PSOE-A e IULV-CA, socios en la Junta, la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.


La Junta de Portavoces del Parlamento ha aprobado este miércoles el orden del día del Pleno, que se celebrará los días 11 y 12, en el que se recoge el debate final del proyecto de Ley de Transparencia Pública.


Los grupos parlamentarios han presentado un total de 132 enmiendas parciales al citado proyecto de ley. El grupo popular ha sido el que más enmiendas parciales ha registrado, con un total de 92; seguido del grupo socialista, con 21, y de Izquierda Unida, con 19 enmiendas.


El portavoz del grupo popular, Carlos Rojas, se ha mostrado este miércoles confiado en llegar a "acuerdos fundamentalmente con el PSOE-A" sobre la Ley de Transparencia antes del Pleno del Parlamento.


Tras el debate de esta norma, que se producirá el miércoles 11, el Pleno debatirá sobre la convalidación o derogación del decreto ley por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.


Entre las comparecencias del Consejo de Gobierno, se encuentra una relativa a medidas en materia de personal y retribuciones de empleados públicos, a petición del PP-A, y otra de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, sobre las previsiones del Plan Infoca verano 2014.


Asimismo, el Pleno incluye el debate de totalidad del proyecto de ley por el que se modifica la Ley por la que se regula la investigación con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro y la Ley por la que se reguña la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.


En cuanto a las preguntas a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la sesión de control al Consejo de Gobierno, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castrol, le preguntará acerca del estado del proyecto de Ley para la creación del Instituto Público de Crédito Andaluz y de las medidas para la reforma del sector público; el del Grupo Socialista, Mario Jiménez, sobre los datos del paro y el del Grupo Popular, Carlos Rojas, acerca de un balance de la lucha contra el desempleo.


Respecto a las proposiciones no de ley que serán objeto de debate, se encuentra una de IULV-CA sobre convocatoria de un referéndum acerca de la forma política del estado español y la apertura de un proceso constituyente; dos del grupo popular relativas a la construcción de infraestructuras educativas en la ciudad de Jaén y a pacto por el empleo en Andalucía; y una del grupo socialista sobre medidas a favor del empleo en Andalucía.


El Pleno también incluye el debate de una moción del PP-A sobre política general en materia de autónomos, mientras que ese grupo también interpelará al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de justicia.


Fuente: Europa Press







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miércoles, 4 de junio de 2014

El juez avala el pago de la "extra" en el Ayuntamiento de Alar del Rey - Diario Palentino

Las Administraciones Públicas sólo crean empleos de carácter interino - Local - Salamanca24horas.com - Periódico líder digital de Salamanca

La Consejera de Presidencia y Justicia de Cantabria rechaza el "cataclismo" de PRC sobre la reforma local porque no se ha "cerrado ningún servicio"


La consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, ha rechazado este lunes en el Pleno del Parlamento el "cataclismo" del PRC en torno a la reforma local, a raíz de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, porque desde la entrada en vigor de la nueva norma, hace casi seis meses, no se ha "cerrado ningún servicio".


"Su cataclismo no acaba de llegar", ha indicado Díaz al portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, que ha hablado de "destrozos" en los servicios públicos a raíz de esta reforma, y ha puesto como ejemplos el "escándalo" de la Renta Social Básica o el cierre del Centro de Igualdad de Torrelavega. El regionalista ha vaticinado nuevos problemas y ha acusado al Ejecutivo regional de no estar adoptando ninguna medida, a diferencia de otras comunidades autónomas, ha apuntado.


Sin embargo, la titular de Presidencia ha asegurado que estos "cataclismos" no llegan "ni a resfriado", y ha censurado la "irresponsabilidad" del regionalista, al que ha acusado de "jugar a la confusión".


Así, ha indicado que pese a la reforma los ayuntamientos podrán desarrollar cualquier servicio siempre y cuando no afecte a la sostenibilidad financiera local y no existan duplicidades, de modo que -según ha asegurado- no se reducen ni pierden competencias municipales, sino que se mejora su gestión.


Tras tachar de "catastrofistas" a los regionalistas, a los que también ha acusado de estar "leyendo a parches" la norma, Díaz ha asegurado que el Gobierno cántabro no ha estado "de brazos cruzados", ya que todas las comunidades trabajan de manera coordinada con el Estado para una interpretación y desarrollo conjuntos de la norma. Además, el Ejecutivo regional ha atendido "todas" las cuestiones planteadas en torno a este asunto por los distintos ayuntamientos "con la máxima celeridad".


En este punto, la consejera se ha referido al Centro de Igualdad de Torrelavega, cuyo cierre está previsto para el próximo 6 de junio, fecha en la que concluye el contrato de adjudicación del servicio. Ha señalado que el Ayuntamiento planteó la "primera" consulta en torno a este centro el 19 de mayo, y ha subrayado que el Ejecutivo le dio "diez días después" la oportuna respuesta.


Después de preguntarse por qué el Consistorio no empezó a realizar las oportunas gestiones "en enero", Díaz ha acusado a PRC de "revolver" para generar "incertidumbre". El portavoz del Grupo Regionalista ha asegurado por su parte que la consejera no ha hecho "nada" en Torrelavega, salvo "echar la culpa al Ayuntamiento", de modo que si finalmente se cierra el centro, la "culpa" será de la consejera, le ha reprochado.


Fuente: Europa Press







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martes, 3 de junio de 2014

Medidas de redimensionamiento del sector público instrumental local antes y después de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

El estudio se centra en el redimensionamiento de los entes instrumentales de la Administración local, concepto que comprende la multiplicidad de entes personificados de la Administración que con independencia de su forma y régimen jurídico forman parte del sector público. Se lleva a cabo un análisis de las medidas adoptadas como consecuencia de la crisis económica anteriores a la reforma local, así como las medidas que contempla la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. Para ello se examina el nuevo régimen de las competencias locales, la reforma de los modos de gestión de los servicios públicos así como las novedades introducidas en la iniciativa económica y la resera der cursos y servicios esenciales en el ámbito local.



via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios http://ift.tt/1l2m1JK

PP dice que el Consejo de Estado "desacredita la estrategia de Susana Díaz contra la reforma local"


La portavoz del PP de Cádiz, Ana Mestre, ha afirmado que el Consejo de Estado "desacredita la estrategia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, contra la Ley de Administración Local".


En una nota de prensa, Mestre ha señalado que "el propio Consejo de Estado avala y refrenda de manera definitiva la idoneidad de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en su dictamen y, por tanto, pone de manifiesto que la estrategia socialista en contra de esta Ley es una estrategia errática, que hace aguas y que solo tiene una traducción: que la ha puesto en marcha un Gobierno del PP".


La dirigente 'popular' critica la actitud de la Junta, asegurando que "lo que debe primar es el diálogo abierto y fluido con el Gobierno de Rajoy, máxime cuando es el propio Consejo de Estado el que avala esta Ley que, además, habla de nueve de doce artículos que estaban cuestionados por un posible conflicto sobre la autonomía local ante el Tribunal Constitucional y que han sido apoyados por el Alto Consejo Consultivo y sólo en tres artículos el Consejo de Estado matiza la redacción".


Mestre subraya que "el grado de afección sobre la capacidad de decisión de las entidades locales no sería incompatible con la autonomía local" y manifiesta que "la Ley de Administración Local es una norma que acaba con desigualdades, con las duplicidades y que salva a los ayuntamientos, apostando por la autonomía local y acabando con las competencias impropias sin financiación, tan injustas para las corporaciones locales".


En este sentido, la portavoz del PP de Cádiz ha apuntado que "con la nueva Ley se garantizan que las competencias impropias y unos acuerdos, tengan financiación garantizada para que los ayuntamientos y otras administraciones que las desarrollan puedan hacerlo con total garantía financiera".


Asimismo, Mestre ha asegurado que esta Ley "apuesta por unas corporaciones locales saneadas para garantizar la prestación de los servicios básicos obligatorios a todos los ciudadanos sin importar su lugar de residencia".


"Por tanto, el Consejo de Estado viene a garantizar el ejercicio de las competencias impropias siempre que la competencia no esté duplicada y no se ponga en riesgo la hacienda pública local", ha aseverado.


La dirigente 'popular' expone que "de igual manera, el Consejo de Estado también avala el desarrollo de competencias sectoriales estatales y autonómicas que recoge la propia norma, y esto es importante porque estamos en unos momentos complicados en los que Susana Díaz alardea de que es la Junta la que blinda a los ayuntamientos y sus competencias, cuando la realidad es que, una vez más, el Gobierno andaluz utiliza una reforma del Gobierno de la Nación para confrontar con el mismo".


Así, considera "importante" que el PSOE "tome buena nota de esto y deje de echar balones fuera y de tener un discurso de defensa del municipalismo cuando la realidad es totalmente opuesta, ya que asfixian a los ayuntamientos, recortan notablemente el Plan de Cooperación Municipal, no cumplen y no transfieren la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) a los ayuntamientos".


"Frente a un Gobierno que ha mostrado prioridades y buena disposición hacia las corporaciones locales y hacia la prestación de los servicios que desarrollan, tenemos a un Gobierno andaluz que ha preferido confrontar y no poner ni una sola medida nueva para la mejor situación financiera de los ayuntamientos", ha apostillado Mestre.


Además, ha reiterado que el PP va a llevar una iniciativa al Parlamento andaluz instando a Susana Díaz y al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, así como al Gobierno andaluz, "a que acelere el pago de las transferencias condicionadas del Plan de Cooperación Municipal, así como la ejecución del propio plan".


Mestre ha asegurado que "es necesario adelantar esas transferencias condicionadas porque son las que permiten y garantizan los servicios públicos como por ejemplo el Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios, y por ello el PP va a llevar esta iniciativa para ver si es cierto que el Gobierno andaluz blinda y defiende a los ayuntamientos como dice que hace, pero con hechos, no sólo de palabra".


"La realidad hasta el momento es que, desde que gobierna Rajoy, solo el Gobierno de la Nación se ha preocupado por proteger a las entidades locales frente a un Gobierno andaluz que solo vocea y confronta contra el Gobierno de la Nación", ha dicho Mestre, que ha pedido a la Junta "menos palabrería y más acción".


El Gobierno andaluz ha optado, según la portavoz del PP de Cádiz, por "tergiversar la realidad de la Ley de Administración Local en detrimento de los ciudadanos y las corporaciones locales".


Fuente: Europa Press







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El PSOE llevará la Reforma Local al Constitucional tras el dictamen del Consejo de Estado


La secretaria provincial de Grandes Ciudades del Partido Socialista, María Dolores Asencio, anunció ayer que su grupo presentará un recurso contra la Reforma Local ante el Tribunal Constitucional, ya que a su juicio «lesionan la autonomía de los municipios» en su gestión.


La decisión llega tras el dictamen del Consejo de Estado sobre el recurso que plantearon «más de 3.000 municipios españoles, en representación de 17 millones de ciudadanos» para evitar que se limite «su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía y la democracia sobe la que están sustentadas». Dicha reforma establece que serán las diputaciones provinciales quienes presten servicios mínimos en los municipios con menos de 20.000 habitantes, determinando también el coste económico o la determinación de servicios como la recogida y el tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua potable o el alcantarillado. Además, según Asencio, esta reforma también vulnera el principio de representación política al dar mayor poder de decisión a la junta de gobierno, excluyendo al pleno municipal.


Fuente: La Información







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GALICIA: Subvenciones a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de Risga


ORDEN de 30 de mayo de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de Risga, y se aprueba la convocatoria para el año 2014 (DOG 3/6/2014)


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lunes, 2 de junio de 2014

Observatorio de Contratación de Cositalnetwork


Da comienzo la Jornada del Observatorio de Contratación de Cositalnetwork, en el Despacho de Abogados Gómez-Acebo y Pombo, en las Torres kio. Presentan Rocío Claros y Jesús Colás.







via Noticias Cosital http://ift.tt/1wSFBxd

No se accede a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía por los gastos ocasionados a los Colegios de Procuradores en la prestación del servicio de traslado de copias de escritos y documentos

Declara la Sala haber lugar al recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia que accedió a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por actos legislativos, deducida por el Consejo Andaluz del Colegio de Procuradores en relación a los gastos soportados por la organización del servicio de notificaciones y traslados de copias de documentos y escritos en los edificios donde tienen sus sedes los tribunales civiles de justicia.



via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://ift.tt/1n3lRSc

El PP de Andalucía acusa a la Junta de estar "asfixiando" al municipalismo andaluz con "sus recortes"


La vicesecretaria de Política Municipal del PP andaluz, Ana Mestre, ha criticado que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, "haya recortado" 680 millones de euros a los ayuntamientos andaluces "en solo dos años al frente de la Consejería que dirige", y ha acusado al gobierno de la Administración andaluza de estar "asfixiando al municipalismo andaluz".


En una rueda de prensa en Cádiz, la dirigente popular ha afirmado que en 2014 los ayuntamientos de Andalucía "han perdido y perderán" más de 142,4 millones de euros, "solo teniendo en cuenta los datos de la Patrica y los 42,4 millones que se han recortado en el Plan de Cooperación Municipal".


Asimismo, ha indicado que "son muchos millones que los ciudadanos no pueden perder y que deben conocer". "Es inconcebible que el gobierno del bipartito le de la vuelta a los datos y quiera hacer una lavado de cara", ha señalado Mestre, al tiempo que ha acusado a la Junta de "los recortes" en los ayuntamientos y de "pintar los presupuestos para después no ejecutarlos".


Para la vicesecretaria, estos datos "demuestran la verdadera cara de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de su gobierno, que, a la vez que mantienen una actitud contraria a la reforma de la Administración Local planteada por el Gobierno central, están asfixiando a los ayuntamientos y eso hace difícil que se puedan mantener los servicios públicos".


Mestre entiende que el decreto que ha presentado la Junta contra la reforma de los consistorios "es un motivo más para confrontar con el Gobierno de la Nación". "Ellos se han dedicado a confrontar, pues llevan doce recursos en dos años contra reformas del presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y, sin embargo, solo han aprobado diez leyes. Eso es lo que hace la Junta en vez de a legislar", ha añadido la dirigente popular.


Además, según señala la nota, la vicesecretaria ofreció datos "para demostrar el lavado de cara de la Junta", ya que aseguró que entre 2010 y 2014 el presupuesto del Plan de Cooperación Municipal se ha reducido en 560 millones de euros.


"También se han dejado de ejecutar 1.028 millones de euros, lo que provoca que los ayuntamientos hayan dejado de percibir un total de 1.587 euros menos", ha añadido. "Con estas cifras qué menos que Valderas se sonroje y de pasos al frente para invertir la situación", apunta.


De igual modo, ha indicado que la parte que financia la Junta del Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios, se ha reducido en un nueve por ciento, en algo más de tres millones de euros, mientras que, asegura, la previsión que hay de financiación por parte del Estado va a aumentar en un tres por ciento.


"Esa es la auténtica política social del la Junta. Cómo nos engañan y cómo amparan sus recortes en los recortes ficticios del Gobierno central", ha afirmado la vicesecretaria.


Según Mestre, las transferencias a las corporaciones locales para actividades de interés social en zonas de especial problemática social "se recortan", en un 41,3 por ciento; las transferencias a las corporaciones locales para la construcción, mejora y equipamiento de enseñanza secundaria y formación profesional, en un 95,4 por ciento; las transferencias a los ayuntamientos para escuelas infantiles, en un 48,3 por ciento; y para centros infantiles y primaria, en un 52 por ciento.


Por ello, desde el PP han anunciado que van a presentar un iniciativa en el Parlamento de Andalucía para instar a la Junta a que "acelere el pago de Plan de Cooperación Municipal y para que cumpla con la ejecución del presupuesto previsto", además de exigir que "se agilicen las transferencias condicionadas que financian servicios básicos como es el Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios".


Fuente: Europa Press







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La Associació Catalana de Municipis (ACM) avisa de que frenarán la reforma local tras el dictamen del Consejo de Estado


El presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha avisado este viernes al Gobierno de que conseguirán que echen atrás la "retrógada y centralista" ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL), tras el dictamen del Consejo de Estado que concluye que ataca la autonomía local en diversos aspectos.


En un comunicado, ha expuesto que seguirán todo el proceso jurídico necesario para lograrlo con el objetivo de que los ayuntamientos puedan continuar prestando a los ciudadanos servicios "de calidad y de la mejor manera posible".


Además, el Ayuntamiento de Barcelona, en nombre de 2.393 municipios –850 catalanes– presentaron un recurso al Tribunal Constitucional contra la norma, representando una población de casi 17 millones de personas.


Fuente: Europa Press







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La Diputación de Lleida celebra el informe del Consejo de Estado sobre la reforma local


El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé (CiU), ha celebrado este viernes que el dictamen del Consejo de Estado dé la razón a los ayuntamientos contrarios a la reforma local, por lo que ha confiado en que los tribunales atiendan a sus demandas.


Según un comunicado, Reñé ha considerado que el informe demuestra que la reforma local no es más que la intención de "desahuciar" a los Ayuntamientos de sus competencias a través de los mecanismos de los costes.


También ha recordado que la Diputación está trabajando en un segundo estudio para defender la viabilidad de los pueblos pequeños.


En concreto, ha precisado que la institución hará una muestra de evaluación de una treintena de municipios para concretar la realidad económica y de prestación de los pequeños municipios.


El informe pretende demostrar que los servicios se dan con un nivel de costes adecuado y saneado y poner en valor, según Reñé, que no todo en la vida se puede valorar con eficiencia económica; "Hay que atender la diversidad territorial del país".


Reñé ha hecho estas declaraciones tras hacerse público el dictamen del Consejo de Estado motivado por el recurso de inconstitucionalidad presentado en nombre de casi 2.400 municipios de toda España.


Fuente: Europa Press







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