La decisión llega tras el dictamen del Consejo de Estado sobre el recurso que plantearon «más de 3.000 municipios españoles, en representación de 17 millones de ciudadanos» para evitar que se limite «su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía y la democracia sobe la que están sustentadas». Dicha reforma establece que serán las diputaciones provinciales quienes presten servicios mínimos en los municipios con menos de 20.000 habitantes, determinando también el coste económico o la determinación de servicios como la recogida y el tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua potable o el alcantarillado. Además, según Asencio, esta reforma también vulnera el principio de representación política al dar mayor poder de decisión a la junta de gobierno, excluyendo al pleno municipal.
Fuente: La Información
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