El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Comunitat Valenciana (Cosital) exige a las administraciones públicas que eliminen los sistemas de provisión de puestos de libre designación y que den «reconocimiento legal» a la capacidad de actuación de estos funcionarios públicos estatales en la gestión e implementación de las políticas públicas locales. Desde Cosital recuerdan que «si se hubieran atendido las reiteradas demandas del colectivo se hubieran podido prever y atajar en gran parte muchos de los males que han acaecido en nuestras entidades locales, municipales y provinciales», en referencia a los casos de corrupción y nepotismo que las han inundado en los últimos años.
El colectivo explica que se ha venido produciendo «durante muchos años un debilitamiento sistemático de los contrapoderes de carácter profesional, que en un Estado de Derecho son esenciales para equilibrar la balanza y articular un eficaz control del ejercicio del poder público». Es decir, una pérdida de libertad a la hora de ejercer sus labores que les han cercenado la capacidad de maniobra, argumentan. Además, añaden, «este debilitamiento se ha articulado con la pretendida excusa de una presunta mayor democratización de nuestras instituciones públicas y en especial las locales». El colectivo pide que la reforma de régimen local vaya más lejos en su capacidad de independencia respecto a los representantes políticos, de quienes en la actualidad depende, por ejemplo, su nombramiento.
Sentencia favorable
Como contó este periódico, Cosital consiguió tumbar el nombramiento por libre designación del interventor general de la Diputación de Valencia. En la sentencia, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano consideran que «en el procedimiento de libre designación rigen también los principios de mérito y capacidad». El ente provincial volvió a nombrar al interventor en su cargo, aunque ha vuelto a ser recurrido por Cosital.
Otra de las novedades que aporta el tribunal es que, el político que realiza la designación debe especificar «cuáles son las cualidades o condiciones personales y profesionales que han sido consideradas en el funcionario nombrado para apreciar que aquellos criterios concurren en él en mayor medida que en el resto de los solicitantes». Esta sentencia es pionera en España y ha abierto la puerta a colegios de toda España para recurrir procesos de libre designación donde no han primado los méritos y capacidad.
Desde Cosital apuestan por que las Administraciones estatal y autonómica, así como todas las demás deben implicarse, como instituciones públicas, «en la protección del ejercicio de una función pública que obedece a los más estrictos principios de mérito y capacidad; así como a los de neutralidad, independencia, objetividad y profesionalidad; y arbitrar los órganos y los mecanismos necesarios para ello».
«La democracia es esencialmente transparencia y control del poder. Solo así se previenen fenómenos como la corrupción, si tener que aplicar después curas urgentes y lamentar sus efectos», concluyen.
Fuente: Levante.com
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