El Ayuntamiento de Leganés ha recibido un serio contratiempo jurídico que compromete la gestión económica del presente ejercicio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula de pleno derecho la aprobación de los presupuestos de 2014 por la Junta de Gobierno del PP. Las cuentas estaban prorrogadas, por lo que la sentencia obliga a la actual Corporación, gobernada por el PSOE, a retrotraerse a los últimos presupuestos aprobados, de 2012. Esto supondrá que el Ayuntamiento deberá reducir unos 10 millones de euros su previsión de gasto corriente para este año.
Las cuentas de la polémica fueron acordadas en marzo de 2014 por la Junta del Gobierno anterior, presidida por Jesús Gómez (PP). Los populares se acogieron a la disposición adicional decimosexta de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que permitía, «excepcionalmente», sortear el bloqueo del Pleno para facilitar que los gobiernos municipales sin mayoría suficiente pudieran disponer de presupuestos.
Sin embargo, los grupos de la oposición –PSOE, ULEG e IU– presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnando el acuerdo de la Junta local por «fraude de ley». Esgrimieron que el Gobierno de Gómez «limitó el ejercicio democrático» de la oposición evitando la tramitación ordinaria en el Pleno, en la que podían haber enmendado las cuentas. Y denunciaron que se incumplió el principio de temporalidad previsto en la ley, ya que para acogerse a la disposición adicional los presupuestos de 2014 debían haberse aprobado necesariamente antes de diciembre, y no avanzado el nuevo ejercicio, como ocurrió.
La sentencia, de la que es magistrada ponente Elvira Adoración Rodríguez Martí, está fechada el 6 de julio, y da la razón a los recurrentes Carlos Delgado (ULEG), Rafael Gómez Montoya (PSOE) y Raúl Calle Gallardo (IU) al considerar que se quebranta el límite temporal previsto y, por tanto, «no sería de aplicación la excepcionalidad de que pueda ser aprobado por la Junta de Gobierno Local».
Contra la resolución del TSJM cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en el plazo de diez días a partir de su notificación. Pero desde el equipo de Gobierno rechazan esa opción, ya que fue el grupo socialista uno de los impulsores de este contencioso.
«Boomerang» envenenado
Sin embargo, el revés judicial contra el acuerdo del anterior gobierno del PPgolpea de lleno al actual ejecutivo del PSOE, presidido por Santiago Llorente, ya que al anular las cuentas de 2014, prorrogadas hasta este ejercicio, obliga a orientar el gasto a los límites de hace cuatro años. «La gestión se complica porque nos retrotrae a los presupuestos de 2012, mucho más restrictivos», reconoce el concejal de Hacienda, Pedro Atienza, que sin embargo no cree que el fallo «cause efecto» en el resto de acuerdos tomados sobre esos prespuestos.
En cifras redondeadas, la resolución judicial supone que la actual previsión de gasto corriente –que incluye los capítulos de nóminas del personal del Ayuntamiento, facturas de servicios básicos como agua o luz o las subvenciones municipales– deberá aminorarse de los 160 millones actuales a los 150 millones de 2012.
El portavoz de ULEG, Carlos Morales, censura que se aprobaran las cuentas «antidemocráticamente a puerta cerrada» y advierte de que lasentencia «deja en una maltrecha posición política al Gobierno de Leganés, que oficialmente integran PSOE e IU, pero que en realidad cuenta con el soporte del PP en todo lo relacionado con Urbanismo y con el apoyo genuflexo de un edil tránsfuga», que fue expulsado del grupo de Ciudadanos.
El anterior alcalde, Jesús Gómez, defiende la decisión tomada por su equipo de aprobar las cuentas de 2014 por acuerdo de la Junta de Gobierno. «La disposición no era, como quieren hacer ver, para vulnerar los derechos participación política en el Pleno de los concejales; sino para facilitar el cumplimiento de la regla de gasto y del plan económico-financiero, sin la excusa de que la oposición me bloquea los presupuestos», asegura el hoy diputado regional del PP en la Asamblea. Gómez critica que los grupos recurrentes «se agarraron a un clavo ardiendo», que ahora «se vuelve en su contra del Ayuntamiento». Y deja un recado a los jueces del TSJM: «Tienen bastante poca idea de cómo funciona la administración y la calidad de la sentencia va por ahí. Habrá que acatarla pero es un despropósito».
Fuente: ABC
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