El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, cree que, lejos del ahorro previsto por el Gobierno (de 8.000 millones), la ley puede costar a las arcas públicas solo en esa comunidad 600 millones. La objeción jurídica principal, explica Valderas, se centra en “la invasión de competencias autonómicas”. El Estatuto andaluz determina que es la autonomía quien tiene “competencias exclusivas”, en materia local. A su amparo se han dictado hasta tres leyes reguladoras que, con la nueva norma estatal, “quedarían prácticamente derogadas”, según Valderas.
“El Estatuto es una norma básica y esta ley ha nacido con la oposición de la práctica totalidad del arco parlamentario. Políticamente nace agónica. No alcanzará sus objetivos”, pronostica, y advierte de que tres meses después de su entrada en vigor “ni siquiera los secretarios e interventores tienen clara su aplicación”. Valderas, que ha acudido personalmente a Madrid para entregar en el registro del TC el recurso, pide a los magistrados que “resuelvan cuanto antes”, la impugnación, ya que legalmente no pueden ordenar una paralización cautelar de los artículos en discordia.
Tras este recurso está previsto que el resto de comunidades donde no gobierna el PP (Cataluña, Canarias y Asturias) presenten los suyos. También lo harán dos Parlamentos autonómicos donde los populares están en minoría: Extremadura y Navarra. En la comunidad gobernada por Yolanda Barcina en minoría (con 19 escaños de 50), ayer se anunció un acuerdo propuesto por los socialistas del PSN con el apoyo de Bildu, Aralar-NaBai e Izquierda-Ezkerra, para impugnar la norma con los votos en contra de UPN y PP. De nada le ha servido a UPN negociar con el PP en el Congreso de los Diputados una disposición adicional contenida en la ley que minimiza el impacto en la comunidad foral.
Fuente: El País
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